Entre Ríos

La visita de jóvenes entrerrianos de La Libertad Avanza al Congreso de la Nación no fue un simple recorrido institucional ni una postal para redes sociales. En un escenario político atravesado por el descreimiento, el hartazgo y la ruptura generacional con los partidos tradicionales, la presencia de militantes jóvenes del espacio libertario en el corazón del poder legislativo adquiere una carga simbólica que va más allá de la agenda formal.

Se trata de una generación que no se formó al calor del Estado benefactor, ni bajo la lógica del empleo público como refugio, ni de la militancia rentada como vía de ascenso social. Por el contrario, muchos de estos jóvenes crecieron viendo cómo el sistema político se alejaba de la realidad productiva, mientras las provincias del interior —Entre Ríos incluida— quedaban atrapadas entre promesas incumplidas, estructuras partidarias cerradas y una dirigencia más preocupada por conservar privilegios que por generar oportunidades.

El paso por el Congreso funcionó, para ellos, como una instancia de contacto directo con el funcionamiento institucional, pero también como un contraste. Allí donde durante décadas se consolidaron acuerdos opacos, leyes hechas a medida y consensos de espaldas a la sociedad, hoy irrumpen jóvenes que interpelan ese orden desde una mirada crítica, disruptiva y, en muchos casos, incómoda para la política tradicional.

No es un dato menor que esta visita se produzca en un contexto de reconfiguración del mapa político nacional, con un oficialismo libertario que plantea una reducción drástica del Estado, la eliminación de privilegios corporativos y una revisión profunda del rol de la dirigencia. Para los jóvenes entrerrianos, el Congreso deja de ser un espacio lejano o intocable y pasa a ser un territorio a disputar, no desde la rosca, sino desde las ideas.

En una provincia históricamente marcada por el peso del peronismo y por una cultura política basada en el aparato, la emergencia de cuadros juveniles libertarios introduce una variable nueva: la politización sin intermediarios, la formación política por fuera de los partidos tradicionales y una narrativa que conecta con el cansancio social. No hay bombos, no hay sindicatos detrás, no hay promesas de cargos. Hay convicción, identidad y una lectura crítica del pasado reciente.

La visita al Congreso, en ese sentido, también expone una tensión latente: mientras muchos jóvenes siguen emigrando o resignándose a la precariedad, otros deciden involucrarse y disputar sentido desde adentro del sistema, con la intención explícita de cambiarlo. Resta saber si la política institucional estará a la altura de ese desafío o si, una vez más, intentará absorber, diluir o neutralizar a quienes llegan con una lógica distinta.

Por ahora, el dato es claro: los jóvenes entrerrianos de La Libertad Avanza no fueron al Congreso a mirar vitrinas. Fueron a marcar presencia, a aprender cómo funciona el poder y, sobre todo, a dejar en claro que una parte de la nueva generación ya no está dispuesta a aceptar que la política sea un club cerrado para los mismos de siempre.

En Concordia se discute hoy el síntoma, pero se evita el diagnóstico. Se llora el despido —siempre doloroso, siempre traumático— pero se esquiva la pregunta central: ¿por qué esas personas estaban ahí, bajo qué reglas ingresaron y quién se hizo cargo de advertirles que el Estado no es una beca vitalicia ni un botín electoral?

Porque hay una verdad incómoda que durante años nadie quiso decir en voz alta: el empleo público municipal fue utilizado como moneda de pago político, como retribución por militancia, como premio por lealtad partidaria. Un sistema perverso que no nació ayer, que no es patrimonio exclusivo de un nombre propio, pero que en Concordia alcanzó niveles obscenos durante las gestiones peronistas, particularmente en los últimos años.

El Estado benefactor… para la política

Muchos de los trabajadores hoy despedidos —no todos, pero sí una parte significativa— ingresaron al municipio no por concurso, no por idoneidad, no por planificación, sino por pertenencia política. Esa es una verdad que incomoda, pero ocultarla es una forma más de estafa social.

Existía una regla no escrita, conocida por los viejos militantes y deliberadamente ocultada a los más jóvenes: “el que entra con la política, se va con la política”. Una lógica injusta, sí, pero históricamente asumida dentro del propio sistema que hoy se pretende negar con lágrimas tardías y comunicados sindicales selectivos.

Cresto: el poder eterno y la tropa que no se llevó

El primer gran responsable de esta crisis tiene nombre y apellido: Enrique Cresto. No por los despidos actuales, sino por haber sobredimensionado la planta municipal, haber inflado contratos, haber jugado a ser eterno. Endulzado por el voto popular y convencido de que el sillón de Zorraquín era un trono hereditario, hizo y deshizo a libre albedrío, sin pensar en el día después.

Y cuando perdió el poder, no se llevó su tropa. No se hizo cargo. No ordenó la retirada. No asumió el costo político ni humano de su propio modelo clientelar. Dejó una bomba activada y se fue, como tantas veces lo hizo el peronismo en Concordia: dejando el problema al que viene.

Azcue: la motosierra sin relato y el miedo a mostrar los papeles

Pero el actual intendente Francisco Azcue tampoco puede esconderse detrás de la herencia recibida. Gobernar no es solo ajustar números; es explicar, transparentar y asumir el conflicto.

Azcue llegó sin un plantel técnico propio para reemplazar de inmediato a quienes debían ser desafectados. Llegó con temor —o cálculo— para no tocar de entrada la “cuota peronista” enquistada en el municipio. Y cuando finalmente lo hizo, lo hizo mal comunicado, mal explicado y tarde.

Peor aún: encargó una auditoría a la Universidad del Litoral con la expresa instrucción de no hacerla pública. Un dato gravísimo. Porque si el discurso oficial es “ordenar el desastre”, la pregunta es inevitable:

¿Qué es lo que no se debía saber?
¿Qué números, qué contratos, qué irregularidades no resistían la luz pública?

Como suele decirse: no aclare que oscurece. Los trabajadores, los contribuyentes y el pueblo de Concordia no necesitan relatos edulcorados, necesitan datos.

La ciudad más pobre del país: la gran hipocresía

Todo esto ocurre en la ciudad que ostenta un título vergonzoso: la más pobre de la Argentina. Un rótulo que ningún intendente peronista quiso asumir como fracaso propio. Gobernaron durante décadas y jamás cambiaron el perfil estructural de pobreza. Eso sí: supieron utilizar a los más humildes como base de sustentación electoral, como mano de obra militante, como número para la foto.

Nunca tomaron el toro por las astas. Nunca apostaron seriamente al desarrollo productivo, a la educación estratégica, al empleo privado genuino. Prefirieron el atajo: dependencia, contrato, plan, silencio.

El cambio de paradigma que nadie quiere explicar

Hoy, nos guste o no, estamos ante un cambio de paradigma. Brutal, incómodo, doloroso. Pero necesario. La Argentina —y Concordia en particular— ya no soporta un Estado inflado, ineficiente y utilizado como refugio político.

El mensaje que debe empezar a instalarse —y que nadie se anima a decir sin eufemismos— es que el futuro no está en el contrato municipal, sino en el estudio, la formación, el mérito, el emprendimiento individual. Un camino que sí debe ser acompañado por el Estado, con crédito, capacitación y reglas claras, cuando este logre recuperarse del desastre provocado por 20 años de desidia y corrupción estructural que hoy se intenta corregir a los hachazos.

La síntesis incómoda

Esta crisis tiene dos grandes responsables:

• Cresto, por no llevarse su tropa y por haber construido un Estado municipal como aparato político.
• Azcue, por no animarse a mostrar con claridad los desmanejos heredados, por comunicar mal, por administrar sin un plan visible y por dar señales de incapacidad para sacar a Concordia del ostracismo histórico.

La motosierra llegó, sí.
Pero llegó sin relato, sin verdad completa y sin horizonte claro.

Y cuando el ajuste no se explica, cuando la corrupción no se exhibe, cuando el pasado no se desnuda con nombres y cifras, la motosierra deja de ser una herramienta de saneamiento y se convierte, simplemente, en castigo para los de siempre.

La pregunta final queda abierta, como debe quedar en toda sociedad madura:

¿Concordia quiere seguir siendo rehén del clientelismo o está dispuesta a pagar el precio —bien explicado y con justicia— de salir, de una vez por todas, de la pobreza estructural?

Alejandro Monzón para https://www.analisislitoral.com.ar/

Según un relevamiento nacional de tarifas eléctricas residenciales realizado en diciembre pasado, Entre Ríos se posiciona como la provincia con la tarifa eléctrica más baja de la Región Centro y se ubica en la mitad de la tabla a nivel nacional.

El informe analiza la composición de la factura eléctrica a partir del precio de la energía, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la carga impositiva, y muestra que Entre Ríos presenta un nivel tarifario inferior al promedio nacional en los tres segmentos de usuarios considerados: ingresos altos, medios y bajos. Esta situación consolida un esquema de mayor equilibrio tarifario en comparación con otras jurisdicciones del país.

Asimismo, el relevamiento destaca que Entre Ríos se ubica por debajo de Santa Fe y Córdoba en los tres niveles de ingresos analizados, lo que confirma que la provincia cuenta con la tarifa eléctrica más baja dentro de la Región Centro, con un esquema más accesible para los hogares entrerrianos.

En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio anunció en octubre pasado la firma de acuerdos con municipios entrerrianos para reducir las tasas y contribuciones municipales incluidas en la boleta de electricidad, una medida orientada a aliviar el costo energético que afrontan las familias. A partir de estos acuerdos, la contribución municipal pasará del 8,69 al 6 por ciento, mientras que el tope de las tasas municipales se reducirá del 16 al 13 por ciento. Con esta iniciativa, la provincia busca reducir aún más la tarifa eléctrica final que pagan los usuarios.

Frigerio recordó además que, al asumir la gestión provincial, Entre Ríos encabezaba el ranking nacional como la provincia con la electricidad más cara del país. “Cuando asumimos, la provincia era la más cara del país en términos del costo de la boleta de luz”, expresó. En ese sentido, destacó que, mediante medidas como el congelamiento del VAD, la eliminación de impuestos provinciales, la reducción de la tasa de fiscalización del EPRE del 1,8 al 0,8 por ciento y el aumento de los subsidios a sectores vulnerables y productivos, se logró “pasar de ese triste primer lugar a ubicarnos en la mitad de la tabla nacional”.