Este jueves el Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió un total de 16 desfibriladores externos automáticos (DEA), entregados por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), en el marco de una política de articulación interinstitucional orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante emergencias.
El presidente del Iafas, Carlos Moyano, hizo la entrega formal de los equipos al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, quien participó del acto formal junto al director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de CAPS, Santiago Romero Ayala.
En el encuentro, donde también estuvieron presentes Fabián Lossio -del Servicio Médico Laboral- y Carolina Molina -coordinadora de Responsabilidad Social- del Iafas, el ministro Blanzaco destacó la importancia de sumar equipamiento esencial para la atención oportuna de eventos cardíacos, tanto en establecimientos de salud como en espacios públicos.
En cuanto al origen de esta iniciativa, se indicó que en virtud de que el Iafas ha incorporado nuevos DEAs, se tomó la decisión de donar estos 16 equipos -que están dentro del período de su vida útil- a la cartera sanitaria, que ya tomó posesión de los mismos. “El siguiente paso será acondicionar estos dispositivos mediante la adquisición de nuevos parches y baterías, lo que nos posibilitará ponerlos en funcionamiento en distintos efectores de salud”, sostuvo Blanzaco.
Asimismo, recordó que la incorporación de estos dispositivos se enmarca en una estrategia sostenida de adquisición y distribución de desfibriladores, fundamentales para salvar vidas en situaciones de urgencia.
Por su parte, el presidente de Iafas, Carlos Moyano indicó: “Para nosotros es muy satisfactorio hacer este aporte al Ministerio de Salud. Ya venimos desarrollando diferentes acciones en conjunto, siempre pensando en contribuir en la atención sanitaria de los entrerrianos, así que cuando surgió esta posibilidad nos pusimos en contacto de inmediato para poner a disposición este equipamiento, que puede ser utilizado tanto por personal sanitario como por ciudadanos con un mínimo entrenamiento y que esperamos que contribuya a salvar vidas”.
Finalmente, cabe señalar que parte de los DEA recibidos serán destinados a establecimientos de salud del interior de la provincia, con el objetivo de reforzar una infraestructura que requiere permanente renovación y actualización del equipamiento médico. De esta manera, el trabajo conjunto entre organismos provinciales permite optimizar recursos y fortalecer la red de atención sanitaria en todo el territorio entrerriano.
El gobernador mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Francisco Azcué y reafirmó el acompañamiento a procesos de racionalización del gasto, fortalecimiento de la inversión en infraestructura y planificación a largo plazo.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo este martes una reunión de trabajo con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, en la que se analizaron los principales ejes del proceso de ordenamiento del Estado municipal, la racionalización del gasto público y la planificación de inversiones en infraestructura con una mirada de largo plazo.
Durante el encuentro, realizado en Casa de Gobierno, el intendente Azcué expuso el proceso de optimización del Estado municipal que se encuentra en marcha, orientado a equilibrar las cuentas públicas y fortalecer la capacidad de inversión del municipio. “Estamos llevando adelante el plan de infraestructura más importante de la historia de Concordia con fondos propios, gracias a una administración más eficiente del gasto. En 2026 destinaremos el 20 % del presupuesto a la inversión en obras. Nuestro objetivo es avanzar progresivamente hasta llegar al 35 %, un estándar similar al que aplican las ciudades más desarrolladas del país y la región”, señaló el jefe comunal.
Azcué remarcó que este cambio de paradigma resulta indispensable para transformar la realidad de numerosos barrios de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, a partir de una mayor inversión en infraestructura y servicios esenciales. En la reunión también se avanzó en el análisis de las obras y proyectos estratégicos que el municipio impulsa en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, así como en distintas iniciativas que se desarrollarán de manera articulada entre la provincia y el municipio.
En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio ratificó su respaldo a los procesos de ordenamiento del Estado, racionalización del gasto y equilibrio de las cuentas públicas como condiciones indispensables para el desarrollo. “No hay crecimiento posible sin un Estado ordenado, sin estructuras eficientes y sin cuentas públicas equilibradas. Achicar lo que no funciona y administrar con responsabilidad es lo que permite liberar recursos para invertir en infraestructura, mejorar servicios y planificar con visión de futuro”, afirmó el mandatario, al tiempo que destacó que se trata de un rumbo asumido desde el inicio de la gestión. Asimismo, Frigerio remarcó que este proceso forma parte de una concepción de Estado que valora a los trabajadores que lo integran y busca fortalecer su funcionamiento con reglas claras, previsibilidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
El encuentro ratificó la agenda de trabajo común entre la provincia y el municipio de Concordia, centrada en el ordenamiento del Estado, la inversión en infraestructura y una planificación estratégica de largo plazo para el desarrollo de la ciudad.
El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos manifiesta su firme respaldo al intendente Francisco Azcué y a todo su equipo de gestión frente a las presiones y maniobras que pretenden condicionar el proceso de ordenamiento institucional que se lleva adelante en la ciudad de Concordia.
Entendemos que transformar una realidad estancada por décadas no es tarea de un solo hombre, sino de un equipo técnico y político comprometido con la transparencia. Por ello, reivindicamos la labor de cada funcionario y trabajador municipal que, con valentía, está llevando a cabo las tareas de auditoría, revisión de contratos y optimización del gasto público.
Estas acciones son el pilar fundamental para devolverle a Concordia el futuro que sus ciudadanos eligieron en las urnas.
Hacemos un llamado a la cordura y a la madurez democrática de todos los sectores.
La responsabilidad de garantizar la paz social recae sobre todos los actores: políticos, gremiales y sociales. No es momento para la mezquindad ni para el uso de métodos que busquen entorpecer la administración pública bajo intereses particulares.
Desde la UCR Entre Ríos instamos a:
Garantizar la gobernabilidad: Respetar la autonomía del equipo municipal para tomar las decisiones necesarias que permitan sanear las cuentas públicas.
Actuar con altura cívica: Que el diálogo sea la herramienta exclusiva para la resolución de conflictos, dejando de lado cualquier intento de amedrentamiento hacia el Intendente o sus colaboradores.
Sostener el rumbo del cambio: Ratificar que el equipo de gobierno de Concordia cuenta con el apoyo orgánico de nuestro partido para seguir adelante con las reformas estructurales que la ciudad necesita.
La transparencia y el orden no son negociables. Acompañamos a Francisco Azcué y a su equipo en este desafío ético de gestionar con la verdad y la responsabilidad como banderas.
Durante el desarrollo de la 54° edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, el gobierno provincial puso en marcha su agenda de prevención y difusión contra la trata en eventos masivos, con el objetivo de dar visibilidad a la Línea 145 de denuncias, en el marco de la campaña Verano Seguro.
La actividad es impulsada por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, que trabaja de manera conjunta con la División de Trata de la Policía de Entre Ríos a través de un stand informativo y recreativo.
Durante las cinco noches del festival, que contó con una masiva afluencia de público, se entregó folletería específica sobre trata de personas y grooming. La coordinadora del Consejo Provincial, Silvina Calveyra, destacó el abordaje integral realizado; y explicó: “Dialogamos con los asistentes y compartimos un espacio pensado para la niñez y la adolescencia con juegos de mesa, dibujo y pintura. El fin es concientizar desde temprana edad sobre los riesgos y las nuevas modalidades de captación vinculadas al uso de la tecnología”.
Calveyra subrayó que para la gestión provincial es fundamental la permanencia en eventos de esta magnitud, que reciben a turistas de otras provincias y países vecinos. “Estar presentes nos permite visibilizar la complejidad de este delito y difundir los canales de denuncia para llegar a tiempo, evitando la explotación de seres humanos en cualquiera de sus formas”, concluyó.
El operativo contó también con el acompañamiento en el marco del festival, de la directora del Área de la Mujer de la municipalidad de Federal, de Flavia Molina, reforzando el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete, en la que se analizaron los objetivos cumplidos durante los dos primeros años de gestión y se plantearon las principales acciones planificadas para 2026.
Luego del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores, con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y miembros del gabinete, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, precisó que “se hizo un repaso de los objetivos cumplidos en estos dos primeros años de gestión, especialmente en materia de ordenamiento del gasto y eficientización del Estado, y se plantearon las acciones previstas para 2026, donde hay un trabajo importante por delante”.
Por otro lado, el funcionario comentó que también se realizó “una evaluación del desarrollo de las fiestas populares, que son numerosas en Entre Ríos, nos llenan de orgullo y cuentan con el acompañamiento de la provincia”. En ese sentido, destacó que “la evaluación fue muy positiva respecto de lo que viene sucediendo en cada una de ellas”. Además, señaló que el gobernador subrayó la importancia de la conmemoración del próximo 3 de febrero, en el contexto del homenaje a Justo José de Urquiza y a la Batalla de Caseros, un hecho histórico clave para los entrerrianos y muy significativo para la gestión provincial.
Asimismo, indicó que se abordaron “los temas vinculados a la infraestructura, el estado de las obras en marcha y las proyectadas, así como todas las cuestiones necesarias para avanzar con aquellas iniciativas para las que se está gestionando financiamiento internacional ante organismos multilaterales de crédito”.
En cuanto a las tareas previstas para 2026, Boleas señaló que “el eje central será continuar con el ordenamiento y la eficiencia del Estado, mejorar y brindar servicios de mayor calidad, cuidando el uso de los recursos, desde la licitación de medicamentos hasta la optimización de los contratos vigentes, entre otros aspectos”.
Finalmente, remarcó que se pondrá “un fuerte énfasis en la ejecución de la obra pública y en todos los proyectos en marcha, para los cuales ya contamos con autorización y sobre los que debemos seguir trabajando para asegurar el financiamiento internacional”.
En las instalaciones del Frigorífico Argentina Alimentos, de Gualeguay, se realiza la faena de un lote de 400 ovejas destinadas a Kuwait. Será el segundo embarque de carne ovina desde Entre Ríos a Medio Oriente en pocos días.
Tras la primera venta a Omán, ejecutada en últimos días de 2025; y luego de casi 20 años, Entre Ríos exhibe resultados de una política pública que resulta de la integración entre actores de los sectores público y privado. El frigorífico ahora cuenta con tránsito federal habilitado; lo mismo que para la ejecución del rito Halal de faena, necesario para el consumo de cortes ovinos y bovinos en el mercado musulmán.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, visitó la planta industrial desde donde contemplan ejecutar mayores inversiones. “Es un orgullo para la provincia el avance logrado en Gualeguay; tanto que ahora buscamos caminos para acompañar esta iniciativa 100% privada. Estos procesos comienzan con emprendedores que toman la decisión de avanzar y es nuestra tarea allanar el camino”.
El ministro, que concurrió acompañado del vice intendente de Gualeguay Efraín Martínez Epele; el senador Casiano Otaegui; y el director de Producción Animal, Martín Sieber, subrayó que “es muy importante cuando se arranca con este nivel de demanda de certificaciones como lo es el Halal, ya que se abren muchas puertas. Son pisos que se van fijando desde la calidad y la trazabilidad. Es sin dudas un gran activo el poder llegar a un país de Medio Oriente, cumpliendo todos los requisitos incluyendo esta certificación específica”.
El presidente de la empresa, Maximiliano Bellesi, es el responsable del proceso de transformación de la planta, que comenzó con el acompañamiento de la municipalidad para reactivar el exfrigorífico municipal de Gualeguay, renombrado Frigorífico Argentina Alimentos.
Tras informar que los negocios a Omán y Kuwait son los primeros de un encadenado de operaciones con cortes ovinos destinados a Medio Oriente, especificó que “todo comenzó a diseñarse hace un año, a partir de un productor que vende carne al mundo y le interesó tanto el frigorífico como Entre Ríos en general para desarrollar las operaciones con ovinos. Desde allí marchamos juntos, conseguimos la certificación Halal en cerca de ocho meses; y ya en diciembre hicimos el primer contenedor, ahora estamos haciendo el segundo. Esta acción genera un rédito para la provincia y vamos por más”.
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, tiene dos frentes abiertos en la Justicia tras el violento entredicho que protagonizó el sábado, durante la Maratón Internacional de Reyes, con la concejal peronista Claudia Villalba. Todo se orignó tras una intervención de la edil que le reclamó la jefe comunal por la caída de 130 contratos en la Municipalidad.
-Le quiero pedir para hablar el lunes por la gente que quedó afuera (del Municipio) -intervino Villalba.
-Ustedes les tienen que pedir disculpas a los concordienses porque en 2023 vos, (el exintendente del PJ) Enrique Cresto, tus compañeros del Concejo produjeron 900 altas… -la cortó Azcué.
-Usted sabe que no es así…
-No, vos sos una sinvergüenza. Ustedes defraudaron a los concordienses. Tienen que pedirles perdón.
-Ustedes son unos sinvergüenzas.
Lo que siguió fue una confusa situación, y el forcejeo con personal de seguridad de la Intendencia de Concordia. Como resultado de esa refriega, la concejal Villalba denunció golpes y violencia y acudió con una denuncia ante la Comisión del Menor y la Mujer.
El caso derivó en la intervención de la titular del Juzgado de Familia N° 3, Delfina Valeria Geist, quien dispuso medidas de protección hacia la concejal.
Pero además, según contó la abogada María de los Ángeles Petit, que asumió la representación de la edil, se promovió una denuncia penal por violencia de género, que recayó en el despacho del juez Civil y Comercial N° 1 Julio Cesar Marcogiuseppe.
La abogada Petit explicó al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 que la concejal Villalba, anoticiada de la caída de más de 100 contratos en la Municipalidad de Concordia, “trató de comunicarse con el intendente en varias oportunidades para pedir una audiencia, para dialogar, y analizar la razón de esa medida. Pero el intendente no quiso recibir ningún petitorio, no recibió a los gremios y no la recibió a la concejal. La primera aparición pública del intendente después de los despidos fue el sábado, en la Maratón de Reyes. Alrededor de las 20 del sábado la concejal lo encuentra, y pretende hablar con él. Lo sigue, y le pide una audiencia. Pero cuando intenta hablar con el intendente, empiezan los manotazos y empujones por parte de la seguridad. El intendente estaba rodeado de por lo menos cinco o seis personas de seguridad privada. Y cuando ella logra acercarse y le dice de la reunión, bueno, el intendente pierde los estribos y le empieza a gritar, le dice, ´sos una sinvergüenza, la gestión de Enrique Cristo es la responsable de esto, ustedes son los que tienen que pedir perdón a la sociedad´. Entonces, la concejal le contesta que no, que en realidad lo que pasa es que hay una ineficiencia en la gestión de gobierno del intendente. El tema es que cuando van, mientras sucede esto, el intendente se adelanta, habla con su gente de seguridad, específicamente con una expolicía o policía, todavía no sabemos bien cuál es su rango, Claudia Saucedo. Esta chica se vuelve y empieza a agredir a la concejal; también otra persona de seguridad la toma por atrás, y producto de eso, bueno, Claudia tiene arañazos en los brazos, tiene dedos marcados en la parte de los antebrazos superiores, y tiene algunos golpes en la espalda. Bueno, producto de eso hicimos una denuncia, en realidad son dos denuncias”.
La abogada Petit detalló: “Hicimos una denuncia penal por lesiones, que fueron constatadas por el médico policial de la jefatura departamental de Concordia, que dio lugar a que en la noche de ayer (por el domingo) la jueza de Garantías en turno de feria, la doctora Delfina Geist, dictaminara medidas de protección para la concejal, en contra de dos personas, Claudia Saucedo, parte del equipo de seguridad del intendente, y la directora de protocolo y ceremonial, Fátima Arce, que es una de las personas que la empieza a agredir cuando ella trata de acercarse a hablar con el intendente. Y, por el otro lado, se realizó una denuncia civil contra el intendente por violencia de género encuadrada en violencia simbólica verbal e ideológica. Esa segunda denuncia está siendo evaluada por el juez”.
La letrada entiende que la situación de Azcué puede verse comprometida en la Justicia porque es “reincidente”. Al respecto, recordó que el jefe comunal “tuvo una denuncia de violencia de género institucional, fue encontrado responsable en el hecho, se establecieron medidas de protección. Ahora, la situación se repite, y como prueba hemos entregado a la Justicia una serie de videos de lo que ocurrió el sábado”.
En Concordia se sigue discutiendo el síntoma y no la enfermedad. Se dramatiza el despido —siempre doloroso, siempre injusto cuando no hay reglas claras— pero se evita el diagnóstico profundo de un modelo que convirtió al Estado municipal en bolsa de trabajo militante, refugio político y botín electoral durante décadas.
La actual crisis, detonada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, no nació con Francisco Azcué, pero estalla en su gestión por una combinación explosiva: herencia irresponsable, falta de coraje político, comunicación errática y oportunismo opositor.
El dato que incomoda a todos: diez años contratados y nadie se hizo cargo
Entre los despedidos hay personas que llevaban cerca de diez años prestando servicios en el municipio. Diez años de contratos precarios, renovaciones discrecionales y promesas implícitas. Diez años en los que ningún intendente peronista —incluido Enrique Cresto— se ocupó de regularizar su situación, ni siquiera después de su primera gestión.
Ese solo dato deja al descubierto una verdad incómoda: no se trató de un olvido administrativo, sino de una decisión política. Mantenerlos contratados era funcional al control, a la obediencia, al “portate bien si querés que te renueven”.
Mientras tanto, conviven aún hoy empleados en planta permanente que no asisten a trabajar, según lo expresado por algunos municipales de vieja data, muchos de ellos incorporados durante las gestiones de Gustavo Bordet y del propio Enrique Cresto. Un cóctel de desidia, desprolijidad y desprecio por el trabajador real, típico de quienes se sintieron dueños eternos del Estado.
Cresto: el arquitecto del caos que nunca volvió a buscar su tropa
Hay un responsable político estructural de este desastre: Enrique Cresto. No por los despidos actuales, sino por haber sobredimensionado la planta, inflado contratos y consolidado un esquema clientelar sin salida.
Cuando perdió el poder, no se llevó su gente, no ordenó la retirada, no asumió el costo humano de su modelo. Dejó una bomba activada y se fue. Una práctica conocida del peronismo local: gobernar como si fuera para siempre y, cuando se pierde, abandonar a los propios.
Azcué: ajuste sin relato, auditoría sin luz y torpeza política
Francisco Azcué no puede esconderse eternamente detrás de la herencia recibida. Gobernar no es solo recortar: es explicar, transparentar y mostrar los papeles.
El actual intendente llegó sin un plantel técnico sólido, dudó en tocar de entrada la “cuota peronista” enquistada en el municipio y cuando lo hizo, lo hizo tarde y mal comunicado. Para colmo, encargó una auditoría a la Universidad del Litoral con la instrucción de no hacerla pública.
La pregunta es inevitable: ¿Qué es lo que no debía saberse? ¿Qué contratos, qué nombres, qué desmanejos no resistían la luz?
En política, el silencio también comunica. Y en este caso, grita.
Daniel Cedro: indignación selectiva y memoria frágil
En medio del conflicto aparece Daniel Cedro, vicepresidente del Frente Entrerriano Federal, rasgándose las vestiduras y calificando la gestión de Azcué como “deplorable” y “deshumanizada”.
La pregunta que nadie le hace —y que es imprescindible— es simple: ¿Dónde estaba Cedro cuando se sobredimensionaba la planta municipal con militantes? ¿Por qué nunca fijó posición contra el abuso estructural que hoy dice defender?
Resulta llamativo que quien fue parte del sistema, hoy se presente como fiscal moral aprovechando el “río revuelto”. No se lo escuchó denunciar el modelo que incubó el problema. Solo aparece ahora, cuando el costo político ya no lo paga el peronismo que gobernó, sino otro.
Villalba y Azcué: el espectáculo de la degradación institucional
El episodio entre el intendente y la concejal Claudia Villalba, en plena Maratón de Reyes, no es un hecho aislado: es el símbolo de la degradación del debate político en Concordia.
Gritos, insultos, acusaciones cruzadas, forcejeos, denuncias policiales, comunicados partidarios contradictorios. Todo en público, todo grabado, todo viralizado.
Villalba denuncia violencia e intimidación. El oficialismo habla de provocación y denuncia falsa. Lo cierto es que el Ejecutivo respondió a un reclamo político con descalificaciones y un operativo de seguridad, y la oposición eligió el show antes que el debate serio.
Ambos pierden. Y pierde la ciudad.
La ciudad más pobre del país y la hipocresía transversal
Todo esto ocurre en la ciudad más pobre de la Argentina, un título vergonzoso que ningún intendente peronista asumió como fracaso propio. Gobernaron durante décadas y jamás modificaron la estructura de pobreza, aunque sí supieron utilizarla como base electoral.
Hoy, el ajuste llega sin pedagogía, sin verdad completa y sin horizonte. Y cuando el ajuste no se explica y la corrupción no se exhibe, la motosierra deja de ser saneamiento y se convierte en castigo.
La pregunta final
Concordia está ante una encrucijada histórica:
¿Va a seguir atrapada en el clientelismo, el oportunismo y la violencia verbal, o va a animarse a desnudar el pasado con nombres, cifras y responsabilidades para construir algo distinto?
Porque sin verdad, no hay justicia social. Y sin memoria política, todo ajuste termina siendo una estafa más.
Los dos presuntos testaferros de Edgardo Kueider fueron excarcelados por una decisión de la Cámara Federal de San Martín. Se trata de Daniel González (alias Gonzalito o Pajarito), un empleado de la Biblioteca del Congreso, y Javier Ernesto Rubel, primo del exsenador entrerriano.
En distintas etapas, ambos fueron socios de Kueider en la empresa Betail SA. Esta firma figura como dueña de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en Paraná. Según consta en el expediente judicial, la empresa no tuvo nunca giro comercial, por lo tanto, no podía generar recursos. Además, ninguno de los socios tenía ingresos para justificar la integración del capital.
La presunción de la Justicia es que Betail, una empresa que se fundó para actividades agropecuarias, fue una fachada que le permitió a Kueider comprar inmuebles que no podía justificar. Asimismo, habría servido para ingresar en el circuito legal dinero que en el expediente judicial se considera ilegal.
“Su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”, puntualizó la investigación. La causa tramita en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y con Fernando Domínguez como fiscal.
Ambos socios de Kueider fueron detenidos en el Penal de Ezeiza por orden de Arroyo Salgado en marzo del año pasado. Unos meses después lograron el arresto domiciliario.
González fue el primer socio de Kueider en la firma que el exsenador compró en diciembre de 2019, a pocos días de asumir. Figuró como presidente de la sociedad durante unos meses.
Pasado este tiempo, hubo un traspaso de acciones de “Gonzalito” a Rubel. El nuevo presidente había sido albañil. Viajó a Europa a buscar suerte y no la encontró. Por eso su primo lo tentó con contratos en el Estado y con la empresa.
Sin embargo, a finales de 2022 saltó un escándalo que complicó la operación. M.E.L., por entonces pareja de Rubel, lo denunció por el abuso de sus dos hijas menores, frutos de una relación anterior. El caso avanzó con firmeza. Por lo tanto, en mayo de 2024 se revirtió el traspaso de acciones. En los papeles, “Pajarito” recompró el 50% de Betail. La causa por abuso fue elevada a juicio. Rubel será juzgado por un jurado popular.
Por otro lado, González figura como dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer negra en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay con USD 200 mil sin declarar. Su pareja es la abogada Adriana Crucitta, ex asesora de Kueider e involucrada en la causa como parte de la banda.
La letrada también recibió la excarcelación de la Cámara Federal de San Martín. Ella y González eran socios en Peninsular Americana SAS. En el expediente consta que esta firma fondeaba una cuenta de Iara Guinsel, pareja de Kueider. Ese dinero se utilizaba para cubrir gastos de los departamentos.
¿De qué se los acusa?
Tanto González como Rubel están imputados en el Juzgado Federal de San Isidro por varios delitos. Uno de ellos es el de lavado de activos, doblemente agravado.
La primera razón es que se cometió con habitualidad. La segunda, es que fueron miembros de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y con las intervenciones de funcionarios públicos. Estos habrían cometido el ilícito en ejercicio u ocasión de sus funciones.
A estas acusaciones se les sumó, en concurso real y con el carácter de partícipes necesarios, el ilícito de uso de instrumento privado falso. A Rubel, además, se le imputó haber falsificado un balance.
La confirmación oficial por parte del municipio de la existencia de “episodios” de contaminación vinculados a la empresa EGGER volvió a encender las alarmas en el barrio Las Tejas y zonas aledañas al Parque Industrial de Concordia . No se trata de un reclamo aislado ni reciente: los vecinos aseguran que la situación se repite desde hace tiempo y que, lejos de resolverse, se habría intensificado en las últimas semanas, exponiendo a la población a posibles riesgos sanitarios y ambientales.
La empresa EGGER —actual operadora de la planta que años atrás funcionó bajo la razón social Masisa— se dedica al procesamiento industrial de grandes volúmenes de madera, una actividad que implica el uso de calderas de gran porte, sistemas de combustión y procesos químicos asociados a resinas, adhesivos y secado industrial, cuyas emanaciones deben ser estrictamente controladas bajo normas ambientales nacionales, provinciales y municipales.
El reclamo vecinal: “No es la primera vez”
En diálogo con un diario local , Marcelo Fernández, vecino del barrio Las Tejas, explicó que la comunidad se encuentra organizada y movilizada para exigir respuestas concretas. “Nosotros estamos reunidos con la comunidad vecinal para reclamar por el tema de la contaminación que genera la empresa EGGER”, afirmó, subrayando que no se trata de un hecho aislado ni de una primera denuncia.
Según relató, este lunes se presentó una nota formal ante la Dirección de Saneamiento Ambiental, recibida por la División de Control de Ambiente, en la que se exige la activación de protocolos de control y monitoreo. “Se ve claramente la contaminación”, remarcó Fernández, aludiendo a la presencia constante de partículas en suspensión que se depositan en autos, viviendas, vidrios y espacios públicos, lo que tambien estaría siendo respirado en el entorno por los vecinos.
Respuestas informales y sin respaldo técnico
Uno de los puntos más preocupantes del conflicto es la falta de documentación oficial, firmada y con responsables técnicos identificables. Según el testimonio vecinal, la empresa habría enviado un archivo en formato PDF, sin firma ni aval profesional, en el que sostiene que el material que se dispersa en el aire sería “fibra de madera”, de carácter orgánico y “no respirable”.
Sin embargo, los vecinos ponen en duda esa explicación. “Estas condiciones se ven todo el tiempo y en los últimos 20 días incluso con mayor intensidad”, señalaron, alertando que lo que se respira no puede reducirse livianamente a polvo inofensivo, especialmente en una planta que trabaja con adhesivos industriales, resinas sintéticas y procesos térmicos de alta temperatura.
Aerial image of Wismar, Germany;
Fallas técnicas y ausencia de controles públicos
Desde la empresa se habría reconocido una falla en uno de los sistemas de captación de partículas, conocido como “ciclón”, que habría sido reemplazado el 2 de diciembre de 2025 pero sin funcionar correctamente. Actualmente, según indicaron, estarían a la espera de poner en marcha otro dispositivo.
Mientras tanto, la emisión de material particulado continúa, sin que exista —según los vecinos— una comunicación directa, clara y documentada por parte del municipio. “Hasta el día de la fecha, nadie de la municipalidad se ha comunicado con nosotros”, denunció Fernández.
Este dato no es menor: expone una posible falencia en los mecanismos de fiscalización ambiental, que son responsabilidad indelegable del Estado municipal, especialmente cuando se trata de industrias de alto impacto instaladas en zonas linderas a barrios residenciales.
Montículos de aserrín, chimeneas activas y dudas sobre lo que se respira
El reclamo vecinal va más allá de lo visible. Fernández describió la existencia de montículos gigantes de aserrín, “del tamaño de un edificio”, que al combinarse con viento y actividad industrial generan una nube constante de partículas. A esto se suma lo que emana de las chimeneas de la planta, cuya composición exacta —según afirman— nadie ha informado oficialmente.
“Estamos pidiendo a Medio Ambiente que active el protocolo y nos digan qué es lo que se está liberando”, reclamó. Según los vecinos, el material que se deposita en superficies “parece un tipo de pegamento”, ya que una vez adherido resulta difícil de remover, lo que refuerza las sospechas sobre la presencia de componentes químicos y no solo residuos orgánicos.
Antecedentes: una planta con historia de conflictos ambientales
La actual preocupación no puede analizarse de manera aislada. La planta, cuando operaba bajo la firma Masisa, ya había sido objeto de cuestionamientos ambientales en distintos puntos del país, relacionados con emisiones atmosféricas, manejo de residuos industriales y cercanía a zonas urbanas.
A nivel nacional e internacional, la industria de tableros MDF y aglomerados de madera ha sido señalada en múltiples estudios por la emisión de material particulado fino (PM10 y PM2.5), compuestos orgánicos volátiles y formaldehído, sustancias que pueden generar efectos adversos en el sistema respiratorio, irritaciones, alergias y, en exposiciones prolongadas, patologías más severas.
Posibles consecuencias legales
Ante la falta de respuestas claras y controles efectivos, algunos vecinos ya mencionan la posibilidad de avanzar por la vía legal para resguardar el derecho a la salud y a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. La eventual constatación de síntomas compatibles con exposición a contaminantes podría derivar en acciones judiciales, pedidos de peritajes independientes y medidas cautelares.
La reunión vecinal prevista para el 6 de enero, en la parroquia del barrio, será un nuevo punto de inflexión. El intendente fue invitado formalmente, aunque hasta el momento no confirmó su asistencia.
Lo que está en juego
Más allá del caso puntual, el conflicto expone una discusión de fondo: el equilibrio entre desarrollo industrial, control ambiental y calidad de vida urbana. La radicación de empresas en parques industriales no exime a los municipios de ejercer controles rigurosos, transparentes y permanentes, especialmente cuando la actividad involucra procesos potencialmente contaminantes y poblaciones directamente expuestas.
La confirmación oficial de “episodios” de contaminación no debería ser un punto final, sino el inicio de auditorías ambientales serias, monitoreos públicos y comunicación clara hacia la comunidad. De lo contrario, la desconfianza seguirá creciendo, al mismo ritmo que las partículas que, según los vecinos, continúan flotando en el aire.
Redacción Análisis Litoral, con info de Diario Rio Uruguay
