La Justicia fijó para el 4 de febrero de 2026, al reinicio de la actividad en Tribunales luego de la feria de enero, la audiencia para tratar el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el Ministerio Público Fiscal y la defensa de quien fuera director general de Ajustes y Liquidaciones de Haberes del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas durante del gobierno de Sergio Daniel Urribarri, Miguel Ángel Ulrich, imputado en la megacausa de las Coimas, va camino a cerrar un acuerdo de juicio abreviado, el segundo en esta investigación penal luego de la salida del extitular de Trabajo, Guillermo Smaldone.

Será ante el juez de juicio Juan Francisco Malvasio.

El acuerdo entre los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, que requiere ser refrendado por el juez de juicio Juan Francisco Malvasio, y los defensores de Ulrich, Gaspar Reca y Sebastián Ludi, ambos integrantes del Ministerio Público de la Defensa, contempla el reconocimiento de los delitos cometidos y la aplicación

“Que, conforme lo exige la ley ritual, el imputado Ulrich presta expresa conformidad con los términos del presente; esto es, con el hecho descrito en la acusación, la calificación legal dispuesta y la imposición de la pena admitiendo mediante el presente, lisa y llanamente su autoría material y responsabilidad penal en el hecho ilícito que se le imputa”, dice.

En el marco de la maegacausa de Coimas, en agosto último, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado el Ministerio Público Fiscal y la defensa del exministro de Trabajo del urribarrismo Guillermo Smaldone en el marco de la mecausa de las Coimas, que tiene pedido de condena a 10 años para el exgobernador Sergio Urribarri.

El Ministerio Público Fiscal acordó con Smaldone, que como abogado ejerció su propia defensa, la aplicación de una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua, y como norma de conducta, y por el plazo de tres años, las siguientes:  se le imponen al imputado las siguientes:

1. a) Fijar y mantener domicilio en calle Libertad Nº 59 de la ciudad de Paraná el que no podrá variar sin previo aviso a la autoridad judicial.
2. b) Prohibición de realizar actos molestos, violentos y perturbadores, por sí o por interpósita persona hacia los testigos del hecho.
3. c) Realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público que designe la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial por plazo 96 horas anuales. Además, al estar plenamente acreditado que los hechos atribuidos fueron cometidos con ánimo de lucro se solicitara la imposición de pena de multa para el imputado por la suma de $90.000.

El punto 9) del acuerdo de juicio abreviado tiene el siguiente título: “Confesión del imputado”, la aceptación por parte del exministro de Trabajo de haber cobrado coimas de parte Cardona Herreros y esa peculiaridad sella la suerte del resto de los imputados en la megacausa de las Coimas.

“Que, conforme lo exige la ley ritual, el imputado Smaldone presta expresa conformidad con los términos del presente; esto es, con el hecho descrito en la acusación, la calificación legal dispuesta y la imposición de la pena admitiendo mediante el presente, lisa y llanamente su autoría material y responsabilidad penal en el hecho ilícito que se le imputa”, aclara.

En el desarrollo de la imputación hecho por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano se menciona que “existe una correspondencia absoluta entre las intervenciones de Luis Alfonso Erbes para gestionar el pago de facturas, el cobro de ellas por parte de la firma Relevamientos Catastrales SA –propiedad de Cardona Herreros- durante cada uno de los 36 meses que duró la contratación realizada mediante Licitación Nº 84/13 del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos y el pago de las dádivas prometidas a los funcionarios de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, Luis Alfonso Erbes y Marcelo Haidar, todos involucrados directamente en la contratación”.

“Esto lo podemos afirmar no sólo a partir del contenido de los mensajes y correos intercambiados y que hemos consignado sino que también surge claro de confrontar éstos con las notas realizadas por Cardona Herreros en su teléfono celular, donde consigna los montos destinados a cada uno de los funcionarios y las registraciones que llevaban las secretarias de la empresa Laura Suarez y Emilce Naranjo. Como es habitual que ocurra, en la evidencia que se vincula a la investigación de hechos de corrupción, hemos encontrado anotaciones y registros de las entregas de dinero, que indudablemente los involucrados realizaban a fin de llevar cuentas claras y efectuar las rendiciones pertinentes”, puntea el abreviado.

La coima, su pago a funcionarios, así, quedó acreditado según la tesis de Fiscalía. Al respecto, señala que “los correos y mensajes analizados acreditan el circuito que realizaba el dinero una vez que ingresaba a la empresa hasta salir y ser entregados a los funcionarios, siendo Linares y Campitelli responsables de coordinar las maniobras para hacerse de dinero en efectivo, el que luego era entregado a las secretarias. Luego de ello era el propio empresario, Cardona Herreros el encargado de comunicar personalmente a los funcionarios la disponibilidad de la dádiva”.

Ese circuito de la coima, agrega “es explicado en forma circunstanciada por la contadora Romina Stepanic Pouey en su informe de fecha 30/06/21”.

Y agrega: “Si bien el presente acuerdo se ha realizado en relación a Guillermo Smaldone, es dable destacar los estrechos vínculos que existieron entre todos los imputados en la misma causa, los que quedan debidamente acreditados con la evidencia recolectada. Éstos vínculos excedieron lo meramente laboral tornándose, con el paso del tiempo y a partir de las distintas intervenciones que tuvieron en las contrataciones adjudicadas a la firma de Cardona Herreros, en relaciones personales, íntimas incluso de amistad. El trato cercano que se dispensan, los encuentros que mantenían, las comidas que compartían, así lo acreditan.

Cardona Herreros, además de ser el titular de la empresa adjudicataria de todas las licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios, y ponía a disposición la estructura de la empresa a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos”.

“En tal sentido resulta llamativa la adquisición de pasajes aéreos para el Ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, como así también para Mauro Urribarri, Franco Urribarri, Damián Urribarri y el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera”, apunta el abreviado. Y suma: “La asistencia asidua de los funcionarios mencionados a las oficinas del empresario contratista, fue confirmada por el relato coincidente de las dos secretarias de la empresa Emilce Naranjo y Laura Suarez y con la evidencia obtenida de la computadora de Cardona Herreros, identificada como efecto I0280_07, donde se hallaron fotografías de Luis Erbes en las oficinas de Cardona Herreros”.

La calificación legal de los hechos reprochados a Smaldone y al resto de los exfuncionarios fue de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; también “fraude a la Administración Pública”; y “cohecho pasivo”.

“Los funcionarios públicos provinciales involucrados, entre quienes se encontraba Guillermo Smaldone, desde el primer momento en el trámite, interesaban las contrataciones, direccionándolas a favor de la empresa de Cardona Herreros, Relevamientos Catastrales S.A., conforme las directivas impartidas por Sergio Daniel Uribarri. De hecho, esto fue reconocido por el propio empresario contratista quien a uno de sus empleados, Zanabone, le comunicó cómo estaba integrada la `mesa de negocios de la provincia de E.R.`, por orden del `amigo` (Urribarri) a fin de `manejar todos los ámbitos`; y fue en definitiva con estos funcionarios con quienes Cardona Herreros se contactó a lo largo de todo el período investigado para gestionar las millonarias contrataciones con las cuales resultó favorecida su empresa”, apunta.

Y destaca que los funcionarios provinciales “brindaban información anticipada para que desde la misma empresa se elaboraran los pliegos `a medida`, se les anticipaban fechas, se informaba a la contratista sobre la existencia de eventuales competidores, montos de dinero hasta donde podían extenderse las ofertas siempre claro está, previendo los porcentajes de ganancias extraordinarias para la contratista y aquellos montos destinados al pago de las dádivas prometidas a los funcionarios, cuyas intervenciones eran determinantes para destrabar los trámites, agilizar pagos e incluso mantener al tanto a la contratista del desarrollo de los expedientes, colaborando muchos de los funcionarios en darle a los trámites apariencia de regularidad para así sortear cualquier objeción u observación que pudieran merecer”.

“Todas estas intervenciones clave para el avance de las contrataciones estaban motivadas nada más y nada menos que en las importantes sumas de dinero con las que eran recompensados los funcionarios públicos provinciales entre los que se encuentra Smaldone”, añade el abreviado.

Más adelante señala: “Hemos corroborado que Guillermo Smaldone, en su calidad de ministro de Trabajo de la Provincia, tenía a su cargo la administración de fondos públicos, en este caso aquellos dedicados a abonar las contrataciones investigadas, los cuales fueron gestionados en miras a la obtención de beneficio personal de este alto funcionario, así como también del resto de los funcionarios provinciales involucrados y de los integrantes de la empresa contratista. Claramente estas acciones significaron una grave violación a los deberes y obligaciones que como funcionario público le incumbía, lo que derivó en que obligaran abusivamente al Estado Provincial a través del pago de sobreprecios en cada una de las contrataciones, que fueron destinados a generar ganancias extraordinarias para el empresario Cardona Herreros e integrantes de su firma, y al pago de dádivas a los funcionarios intervinientes”.

En función de las evidencias colectadas, los fiscales consideraron que “se encuentra sobradamente acreditada la comisión del delito de cohecho tanto en su modalidad pasiva como activa” y consideraron “que a Guillermo Smaldone cabe considerarlo autor de las de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude en perjuicio de la Administración Pública y cohecho pasivo pues al momento de los hechos era funcionario público, y en tal carácter acordaba y percibía las dádivas a efectos de llevar adelante actos relativos a sus funciones como Ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos y en relación a la Licitación Pública Nº 84/13”.