El diputado nacional electo del peronismo, Guillermo Michel, participó de un encuentro reservado con los principales dirigentes de la central obrera, junto a Sergio Massa, por la reforma laboral que impulsa el gobierno.
Michel estuvo en la sede de Sanidad donde la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) que integran Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), recibió al ex ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, en una cena reservada. También estuvieron Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Hugo Moyano, Omar Lingieri y Gerardo Martínez (Uocra).
La avanzada del presidente Javier Milei con la reforma laboral fue uno de los temas de la conversación. Es un asunto delicado para el peronismo, porque podría atentar contra el poder de los gremios, pero a la vez los resultados de las últimas elecciones le imponen un cambio de estrategia: pasar del obstruccionismo a construir una alternativa.
Massa planteó la necesidad de discutir la reforma que enviará el gobierno al Congreso para las sesiones extraordinarias, sin rechazarla a libro cerrado. Es más, les dijo a los sindicalistas que él también hubiera decidido impulsarla si ganaba las elecciones presidenciales en 2023.
Para el ex ministro de Economía, los trabajadores “no se sienten representados ni por el peronismo ni por el sindicalismo”, por lo que resulta clave para el partido practicar lo que definió como “basismo”. Esto es, escuchar, analizar y transformar en propuestas “lo que está pasando en las asambleas”.
Massa les dijo a los sindicalistas que “hay que mirar el nuevo mundo del trabajo”, porque la inteligencia artificial y la robótica “son la nueva revolución y vienen años de cambios inimaginables”. “Hay que representar ese cambio”, postuló.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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