El senador provincial Gustavo Vergara sostuvo que el debate previsional que hoy atraviesa Entre Ríos “no apareció de un día para el otro” y recordó que durante más de dos décadas distintos gobiernos peronistas reconocieron públicamente los problemas estructurales de la Caja de Jubilaciones sin avanzar en una reforma de fondo.
“El sistema previsional provincial viene siendo diagnosticado desde hace años por los propios dirigentes del peronismo. Hubo advertencias, informes, discursos y hasta borradores de reforma. Lo que nunca hubo fue la decisión política de avanzar en una transformación estructural”, señaló.
Vergara recordó que parte de la problemática actual se remonta a los años noventa, cuando se sancionó la Ley 8.732, base del régimen previsional vigente, que fijó edades jubilatorias que prácticamente no se modificaron hasta la actualidad, en un contexto demográfico y económico muy diferente al actual.
“Con el paso de los años las advertencias fueron cada vez más explícitas. Durante la gestión de Sergio Urribarri, el entonces presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, ya alertaba sobre la sustentabilidad del sistema. Y durante el gobierno de Gustavo Bordet esas advertencias llegaron al máximo nivel”, afirmó.
En ese sentido, recordó que el propio Bordet sostuvo en la Asamblea Legislativa de 2020 que si no se abordaba el problema el sistema “iba a volar por los aires”.
“Lo llamativo es que quienes reconocían el problema nunca avanzaron en una solución. El diagnóstico estuvo durante años. Lo que faltó fue la decisión de actuar”, remarcó.
El legislador también señaló que la actual gestión recibió una situación financiera crítica.
“El último tramo del gobierno anterior transcurrió sin reformas de fondo, pese al creciente déficit de la Caja y a las reiteradas advertencias sobre su sustentabilidad. En algunos ejercicios, el rojo previsional llegó a equivaler a cerca de cuatro veces la inversión provincial en obra pública e infraestructura”, indicó.
Vergara agregó que la situación heredada también incluía importantes falencias administrativas vinculadas al financiamiento nacional del sistema.
“Entre 2017 y 2023 no se realizó un solo reclamo formal por las transferencias adeudadas por ANSES ni se solicitaron las auditorías previstas por ley para determinar los saldos definitivos. Había balances sin firma, ejercicios sin elaborar y un vínculo institucional con Nación prácticamente interrumpido desde hacía más de seis años”, afirmó.
Asimismo, destacó que la falta de gestión también tuvo consecuencias económicas concretas para la provincia.
“Sólo la diferencia determinada a favor de Entre Ríos por la auditoría correspondiente al año 2020 —que nunca había sido reclamada— ascendía a 2.500 millones de pesos de entonces. Actualizada a valores actuales, representa alrededor de 68.000 millones de pesos que la provincia dejó de reclamar oportunamente”, señaló.
Finalmente, el senador recordó declaraciones recientes del ex candidato a gobernador del peronismo, Adán Bahl, quien reconoció que el déficit de la Caja constituye un problema real que hoy se financia con recursos de todos los contribuyentes entrerrianos.
“La discusión previsional debe ser seria y responsable. Podemos debatir herramientas, mecanismos y alternativas. Lo que no podemos hacer es ignorar la historia. No se puede advertir durante 20 años que el sistema es inviable y actuar como si el problema hubiera empezado recién ahora”, concluyó.
El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Concordia abrió sus puertas este jueves para activar “el trabajo político de cara a 2027
La sede partidaria fue el escenario del primer gran encuentro de militantes y afines que marcó el comienzo de una nueva etapa para el espacio que acompaña al gobernador Rogelio Frigerio en Concordia.
Los convocantes fueron los dos hombres fuertes del MID local: Manuel Troncoso, actual ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, y Guillermo Marcone, referente del partido en la ciudad.
Durante el encuentro, los dirigentes analizaron el contexto político nacional y provincial, identificaron desafíos y pusieron el foco en sostener el rumbo de gestión trazado por Frigerio. El trasfondo electoral estuvo muy presente: acompañar la reelección del gobernador y consolidar la gestión de Francisco Azcué en Concordia, ciudad que en 2023 le arrebató al peronismo después de cuarenta años.
Troncoso expresó que “cuando el gobernador recorre la provincia siento que estamos bien. Hay mucha confianza en lo que venimos haciendo, intentando con una fuerza titánica reorientar Entre Ríos hacia una provincia productiva que genere empleo genuino”. Sobre Frigerio no dejó margen: “Es un convencido de que estamos transformando la provincia, y cuatro años no son suficientes para eso”.
Por su parte, Marcone resaltó que “en tiempos de transformaciones y tensiones, siempre hay que apostar a la política como herramienta de acuerdos” y destacó que “este tipo de espacios de debate político son necesarios para construir acuerdos y fortalecer gestiones”.
Más allá del anuncio de una nueva conducción partidaria, distintos dirigentes, consejeros y autoridades del justicialismo local comenzaron a plantear serios interrogantes sobre la validez institucional del procedimiento mediante el cual se proclamó al Dr. Agustín Cáceres como nuevo presidente del Partido Justicialista de Concordia.
Las observaciones no se limitan a diferencias políticas internas. Por el contrario, apuntan a posibles incumplimientos de requisitos estatutarios básicos que podrían derivar en impugnaciones formales y abrir una disputa sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas.
La controversia sobre las supuestas renuncias
El primer punto de conflicto surge de las declaraciones públicas de Facundo Ruiz Díaz, quien asegura no haber presentado su renuncia a la presidencia del Consejo Departamental. En la misma línea, la vicepresidenta Yanina Barbona afirmó que continúa en funciones y que jamás fue notificada sobre un proceso destinado a reemplazar autoridades.
De confirmarse estas versiones, surge una pregunta central: ¿sobre qué fundamento institucional se declaró la vacancia de los cargos y quién estaba facultado para hacerlo?
Cuestionamientos por la falta de convocatoria
Otro de los aspectos señalados por fuentes partidarias es la presunta ausencia de una convocatoria formal a la totalidad de los integrantes del Consejo Departamental.
Según estas versiones, tampoco habría existido una comunicación previa que incluyera un orden del día donde se anunciara el tratamiento de una eventual acefalía o la designación de nuevas autoridades.
En cualquier órgano colegiado, la convocatoria regular y la debida notificación de sus integrantes constituyen condiciones esenciales para garantizar la transparencia y la validez de las decisiones adoptadas.
Dudas sobre el quórum necesario
La reunión en la que se habría definido el recambio contó, según trascendió, con la participación de siete de los quince consejeros titulares que integran el organismo partidario.
Esa circunstancia abre otro foco de controversia: si la cantidad de asistentes resultó suficiente para habilitar el funcionamiento formal del cuerpo y para adoptar una resolución de semejante trascendencia institucional.
Una mayoría que también es discutida
A las dudas sobre el quórum se suma el debate respecto de la mayoría necesaria para modificar la conducción partidaria.
Dirigentes consultados sostienen que una decisión de esta naturaleza requeriría el respaldo de la mitad más uno de los integrantes del Consejo Departamental, es decir, al menos ocho votos afirmativos.
Si efectivamente participaron siete consejeros y existió al menos un voto negativo, como trascendió desde el propio encuentro, la decisión podría enfrentar nuevos cuestionamientos sobre su validez.
Representación y participación de las minorías
Las críticas también alcanzan a la falta de participación de autoridades partidarias que integran la estructura institucional del PJ local.
La ausencia de notificación a consejeros, vicepresidentes y otros dirigentes con representación formal podría ser interpretada como una vulneración de los mecanismos internos de participación y control previstos para la toma de decisiones relevantes.
Se trata de un aspecto especialmente sensible en organizaciones políticas donde la representación de las distintas corrientes internas constituye uno de los pilares de funcionamiento democrático.
Un conflicto con posible derivación institucional
Las discrepancias ya no parecen limitarse al terreno político. Si las irregularidades denunciadas son formalizadas, el conflicto podría escalar hacia los órganos partidarios provinciales e incluso derivar en actuaciones ante la Justicia Electoral.
En ese escenario, la discusión dejaría de ser exclusivamente política para transformarse en una controversia institucional destinada a determinar cuál es la conducción legítima del PJ Concordia.
Lo que no se dice
Detrás de la discusión reglamentaria emerge una disputa de mayor profundidad: el control de la estructura partidaria de cara a la reorganización del peronismo local y a la construcción electoral con vistas a 2027.
La batalla no parece centrarse únicamente en nombres propios ni en un simple relevo generacional. Lo que está en juego es quién conducirá el proceso de reconstrucción política de un espacio que viene atravesando años de derrotas electorales, divisiones internas y pérdida de representación social.
Por eso, la polémica trasciende la figura de Agustín Cáceres o de Facundo Ruiz Díaz. Lo que se discute es si la renovación puede construirse respetando las reglas internas o si la urgencia por modificar liderazgos terminó generando un conflicto que amenaza con profundizar aún más las fracturas existentes.
Mientras una parte del justicialismo habla de renovación, otra denuncia un intento de imponer autoridades por fuera de los mecanismos establecidos. Entre ambas posiciones, el PJ Concordia enfrenta una nueva prueba de legitimidad cuya resolución podría marcar el rumbo político del partido durante los próximos años.
CONCORDIA. La reciente designación de nuevas autoridades en el Partido Justicialista de Concordia, presentada oficialmente como una etapa de renovación y recambio generacional, comenzó a generar las primeras controversias internas. Esta vez fue la actual vicepresidenta del PJ Concordia, Yanina Barbona, quien salió públicamente a cuestionar la legitimidad del procedimiento mediante el cual se anunció la nueva conducción partidaria.
En declaraciones realizadas a Análisis Litoral, Barbona aseguró no haber recibido ninguna notificación formal por parte del Partido Justicialista Provincial sobre la decisión comunicada en las últimas horas, pese a encontrarse ejerciendo un cargo electivo vigente dentro de la estructura partidaria.
La dirigente fue más allá y advirtió que la situación no solo vulneraría derechos políticos adquiridos mediante el voto de los afiliados, sino que además se produce en un contexto donde existen denuncias administrativas y judiciales aún pendientes de resolución respecto de la situación institucional del partido en Concordia.
“No fui notificada de ninguna decisión”
“Quiero ser clara y hablo solamente por mí. Soy Yanina Barbona, vicepresidenta del PJ Concordia, y no recibí ninguna notificación sobre esta decisión por parte del PJ Provincial”, expresó.
Según manifestó, el conflicto institucional que atraviesa el justicialismo concordiense no es nuevo y actualmente es materia de denuncias tanto ante organismos partidarios como ante la Justicia.
La dirigente sostuvo además que durante la ausencia del entonces presidente partidario, cumplió con las responsabilidades que le correspondían estatutariamente, llevando adelante las actividades partidarias durante la campaña electoral de 2025.
“Cuando el presidente Ruiz Díaz estuvo ausente, fui quien sostuvo el funcionamiento del partido durante la campaña de la Lista 501 Fuerza Entre Ríos, encabezada por Adrián Bahl y Guillermo Michel. Cualquier compañero puede dar testimonio de que trabajamos para que el PJ Concordia siguiera siendo la casa de todos los militantes”, afirmó.
Denuncias por violencia política y restricciones internas
Uno de los aspectos más delicados de su exposición pública está vinculado a las denuncias que asegura haber realizado contra integrantes del sector que posteriormente tomó control de la sede partidaria.
Barbona señaló particularmente al dirigente Javier Orduna, a quien responsabiliza por situaciones de maltrato que derivaron en una denuncia formal.
Según su relato, los episodios no solo no cesaron, sino que se profundizaron con el tiempo.
“Priorizando mi integridad física y emocional, se me recomendó no concurrir sola al establecimiento partidario. Incluso cuando solicité las llaves o que se me permitiera ingresar para realizar reuniones con compañeros, se me negó el acceso”, denunció.
La vicepresidenta sostuvo además que jamás existió un intento de acercamiento o diálogo para resolver las diferencias internas y que, por el contrario, las acciones recientes profundizan la división dentro del movimiento.
El eje de la discusión: legitimidad y democracia interna
Más allá de las diferencias personales o sectoriales, el planteo de Barbona introduce un debate de fondo sobre la legalidad y legitimidad del procedimiento utilizado para modificar la conducción partidaria.
La dirigente recordó que su cargo fue obtenido mediante una elección interna y refrendado posteriormente por los órganos partidarios competentes.
“A mí me eligieron los afiliados. No llegué por designación de nadie. Mi función fue respaldada por una elección democrática y por el Consejo Departamental que ratificó lo que correspondía por voluntad de los afiliados”, expresó.
Sus declaraciones también contienen una crítica hacia los mecanismos internos que, según considera, terminan alejando al partido de los problemas reales de la sociedad.
“No tienen respeto por los afiliados, los militantes ni por los vecinos que hoy atraviesan una situación muy difícil. Solo generan odio y más distancia entre compañeros”, afirmó.
Una advertencia hacia el PJ Provincial
Las palabras de Barbona también pueden interpretarse como un mensaje directo hacia las autoridades provinciales del justicialismo.
Su reclamo apunta a que los organismos partidarios competentes revisen lo actuado, especialmente considerando que existen denuncias pendientes y que, según sostiene, no se habrían respetado los procedimientos estatutarios ni las garantías democráticas internas.
La controversia abre un nuevo capítulo dentro de la ya compleja realidad que atraviesa el peronismo concordiense, donde los debates sobre renovación, representación y legitimidad parecen estar lejos de resolverse.
Lo que no se dice
Mientras algunos sectores celebran el recambio generacional anunciado esta semana, otros advierten que ninguna renovación puede consolidarse si previamente no se despejan las dudas sobre los mecanismos utilizados para producirla.
Porque en política no alcanza con hablar de democracia interna: también hay que practicarla.
Y cuando una autoridad electa denuncia que fue desplazada sin notificación formal, que existen denuncias sin resolver y que se desconocieron derechos adquiridos por el voto de los afiliados, la discusión deja de ser exclusivamente política para convertirse en una cuestión institucional.
La pregunta que comienza a recorrer los pasillos del peronismo concordiense es tan sencilla como incómoda: ¿puede construirse una nueva etapa partidaria ignorando los procedimientos que le dan legitimidad?
Antecedentes del conflicto
Cómo quedó conformado el PJ Concordia tras las últimas elecciones internas.
El rol de la vicepresidencia cuando se ausentó el presidente.
Las denuncias mencionadas por Barbona.
La reciente presentación de Agustín Cáceres y Sabrina Mazariche Parody.
Qué puede pasar ahora
Posible intervención del PJ provincial.
Resolución de las denuncias pendientes.
Impacto en la unidad del peronismo de Concordia de cara a futuras elecciones.
El Congreso provincial de la UCR de Entre Ríos sesionará el sábado 6 de junio. Debe aprobar el acortamiento de los actuales mandatos partidarios. Se prevén elecciones internas para el 2 de agosto. Un punto de fricción: la suspensión de las PASO.
El Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos ha propuesto al domingo 2 de agosto como fecha de elecciones para la renovación de autoridades partidarias.
De este modo ratificó la decisión de que la UCR vuelva a votar cargos partidarios los años pares, a fin de separar la interna de los procesos electorales que tienen lugar los años impares. Es una tradición que se interrumpió en 2020, cuando las restricciones por la pandemia aplazaron la interna de 2020 para 2021.
Esto implica la reducción del mandato de la actual conducción, que preside la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, asumida en mayo de 2025 y, por lo tanto, con mandato hasta mayo de 2027.
Si las elecciones son efectivamente en agosto, el recambio de autoridades se producirá a más tardar en septiembre, con lo cual el mandato de Oviedo habrá durado 16 meses.
Pero este acortamiento de mandato debe ser aprobado por el Congreso provincial de la UCR. Con ese propósito se reunirá el sábado 6 de junio, probablemente en Paraná (el lugar no está aún definido).
La propuesta de votar el 2 de agosto cuentan “con el aval unánime de la totalidad de los integrantes del Comité Provincial”, según afirmó el senador Rubén Dal Molín en la nota que elevó al Congreso partidario en su carácter de vicepresidente de la UCR.
En marzo, la UCR Activa –el sector que el año pasado perdió la interna- emitió un documento en el que sostiene que un acortamiento en los mandatos de las autoridades partidarias podría derivar en una judicialización.
¿Sin PASO?
Aunque todavía no está en el orden del día, el Congreso radical podría meterse en otra discusión tal vez más caliente: emitir un mandato a los legisladores radicales para que, llegado el caso, no voten la suspensión de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Entre Ríos.
Aunque el grueso de la dirigencia radical quiere mantener las primarias –porque entienden que le daría más lugar en las listas de la alianza con LLA- por estos días nadie pone las manos en fuego por el voto de los senadores y diputados del radicalismo ante un eventual proyecto del Ejecutivo que disponga la suspensión en Entre Ríos de las PASO, que fueron mantenidas en la reforma electoral de 2024.
Los propios legisladores que votaron hace dos años esa reforma podrían ahora dar marcha atrás con las PASO para acompañar una posible estrategia electoral del Gobernador, o en función de los acuerdos que cierre cada diputado y senador del heterogéneo Juntos por Entre Ríos.
Lo que está claro es que para una suspensión de las PASO (para una reforma de la reforma política aún sin estrenar) Frigerio necesita del voto de los legisladores radicales, ya que el peronismo es el más interesado en mantenerlas a fin de ordenar su interna.
A la UCR pertenecen ocho de los 18 diputados y siete de los ocho senadores de Juntos por Entre Ríos. Muchos de ellos se enfrentaron en las internas de 2021 y 2023, a favor y en contra de Frigerio.
Dentro de la dirigencia de la UCR que acompaña a Frigerio predomina la idea de mantener las primarias, como una herramienta necesaria para cumplir una doble función: contener el frente interno de Juntos por Entre Ríos y ordenar la alianza con La Libertad Avanza, que muchos ven como inevitable para 2027.
Los radicales pretenden una lógica de armado distinta a la de 2025, cuando todo lo que había para ocupar era, como máximo, tres bancas en Diputados y dos en el Senado de la Nación. En 2027, en cambio, se votará el próximo gobernador, los próximos intendentes, senadores, diputados provinciales y concejales. Es decir, será una elección infinitamente más territorial que la intermedia de 2025. Y, con toda lógica, la UCR pretende hacer pesar su condición de único partido con capilaridad política dentro del oficialismo.
Para el grueso de los radicales el escenario ideal para la definición de la oferta electoral sería en elecciones provinciales separadas de las nacionales y con PASO.
Lo ven como el mejor antídoto para no volver a quedar a la cola en las listas de la esperada reedición de la alianza con LLA.
No van a competir por la gobernación, pero pretenden que ahora la oferta electoral que acompañe a la reelección de Frigerio (intendentes y senadores) no se defina por acuerdo de cúpulas, sino con el voto popular que permiten elecciones como las primarias: de carácter obligatorio, a padrón abierto y financiadas por el Estado.
El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Gustavo Bordet volvió a sacudir el tablero político y judicial entrerriano. Y ya no por especulaciones mediáticas o versiones cruzadas, sino por el contenido del escrito que el fiscal José Arias presentó ante el juez de Garantías para solicitar allanamientos y medidas de prueba.
En ese documento, al que accedió Diario Junio y cuya existencia fue reconocida por el propio fiscal en diálogo privado con este medio, Arias sostiene que existen elementos que “prueban la hipótesis delictiva” y deja planteadas sospechas de bienes y movimientos económicos en el exterior. El eje de la investigación apunta a inconsistencias patrimoniales, viajes reiterados fuera del país y consumos que, según la fiscalía, no encuentran correlato en las declaraciones oficiales ni en registros de compra de divisas.
El propio Arias confirmó el contexto del documento judicial y marcó distancia respecto del enfoque editorial de la publicación original. En una conversación mantenida con este medio, el fiscal señaló que “evidentemente accedieron a mi escrito” y aclaró que “hay consideraciones y adjetivaciones que son del editor”, dejando en claro que el contenido base surge de una presentación judicial existente, aunque no necesariamente comparte el tono utilizado por Diario Junio.
También explicó que no fue él quien difundió el escrito públicamente: “No por mi parte… es un escrito que llegó a la Cámara de Diputados de la provincia cuando el juez le pidió autorización para hacer los allanamientos”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de acceder al documento.
Viajes, Uruguay y la sospecha sobre fondos en el exterior
Uno de los puntos más sensibles del escrito fiscal es el análisis de los viajes al exterior realizados por Bordet y su familia durante el período investigado. Según detalla Arias, existen centenares de noches registradas fuera del país, especialmente en Uruguay, Estados Unidos y Europa, lo que para la fiscalía podría ser indicio de movimientos patrimoniales no declarados.
El escrito incluso plantea dudas sobre cómo se financiaban esos viajes y estadías, ya que —según la información incorporada a la causa— no existirían operaciones cambiarias suficientes ni consumos bancarios compatibles con ese nivel de gastos en el exterior.
Arias sostiene además que algunas compras de pasajes habrían sido realizadas por personas jurídicas o empresas, situación que incrementa la sospecha sobre una eventual estructura societaria no declarada.
El silencio político y el impacto institucional
Mientras la investigación avanza, en el peronismo entrerriano crece la incomodidad. La figura de Bordet fue durante años uno de los principales factores de orden interno dentro del PJ provincial, pero la acumulación de elementos judiciales y el tono cada vez más duro del expediente empiezan a generar ruido incluso en sectores que históricamente lo respaldaron.
El dato político más delicado no es solamente la investigación en sí, sino la sensación de desgaste institucional que deja la causa: un exgobernador, exintendente y exdiputado nacional investigado por presunto enriquecimiento ilícito, con sospechas sobre bienes en el exterior y medidas judiciales que incluyeron pedidos de allanamiento.
A eso se suma otro elemento que empieza a tomar fuerza en la discusión pública: la diferencia entre el discurso político y la postura judicial. Mientras Bordet sostuvo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia”, el fiscal remarcó en su escrito que la defensa dejó expresa oposición a determinadas medidas probatorias, entre ellas los allanamientos solicitados.
Una causa que recién empieza
Más allá del impacto político y mediático, la causa todavía se encuentra en etapa de investigación y no existe condena alguna contra Bordet. Sin embargo, el contenido del escrito fiscal marca un punto de inflexión: por primera vez aparecen sistematizadas sospechas concretas sobre patrimonio, viajes, consumos y posibles activos fuera del país.
Y en ese contexto, las propias palabras del fiscal Arias terminan siendo relevantes. No sólo porque reconoció la autenticidad del escrito que circuló en la web de Diario Junio, sino porque dejó entrever que la documentación judicial efectivamente contiene elementos sensibles que hoy ya forman parte del expediente.
El senador provincial Rubén Dal Molín cuestionó duramente las declaraciones de Victoria Tolosa Paz durante su visita a Federación y sostuvo que “resulta llamativo que una exministra del peor gobierno de la historia argentina venga ahora a dar lecciones sobre desarrollo, producción y turismo”.
“Hablan de federalismo y de oportunidades después de haber dejado un país con inflación récord, pobreza creciente, destrucción del salario y miles de jóvenes obligados a irse de sus pueblos porque ya no encontraban trabajo ni futuro”, expresó.
Dal Molín afirmó además que “el kirchnerismo pretende apropiarse políticamente de una historia de desarrollo que nació mucho antes y gracias a la visión de dirigentes locales de Federación”.
“Federación no nació turísticamente de un relato nacional ni de una ley anunciada en campaña. Federación se reinventó después de una tragedia histórica gracias al esfuerzo de su gente y a dirigentes radicales como Carlos Cecco, que tuvieron la visión y la valentía de apostar al termalismo cuando nadie creía en ese proyecto”, remarcó.
En ese sentido, consideró que “el peronismo debería tener un poco más de humildad y reconocer quiénes fueron realmente los protagonistas de la transformación de Federación”.
Pero además, el legislador apuntó contra la situación actual del turismo en la ciudad y responsabilizó a la gestión municipal del intendente Ricardo Bravo por “años de estancamiento, improvisación y pérdida de competitividad”.
“Resulta llamativo escuchar grandes discursos sobre turismo de parte de quienes gobiernan Federación hace años y no han podido resolver problemas básicos de infraestructura, planificación y promoción. El turismo termal no vive solamente del pasado ni de las fotos políticas. Necesita gestión todos los días”, señaló.
Dal Molín también recordó que la administración municipal de Bravo ha estado atravesada por cuestionamientos y denuncias públicas vinculadas al manejo de recursos y decisiones administrativas, “mientras la ciudad pierde dinamismo frente a otros destinos turísticos que sí entienden cómo evolucionar y modernizar la oferta”.
“Federación merece nuevos dirigentes que defiendan su historia con honestidad y que trabajen pensando en el futuro, no dirigentes nacionales que vienen a usar políticamente a la ciudad mientras representan el mismo modelo que empobreció a millones de argentinos”, concluyó.
Este miércoles 13 de mayo se llevó a cabo una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, en la que se definieron los pasos a seguir frente a la agenda legislativa y política actual y el proceso institucional partidario. El encuentro se desarrolló como una continuidad del marco de trabajo conjunto y mancomunado entre las autoridades partidarias, la Liga de Intendentes del PJ, los bloques legislativos peronistas y los consejos departamentales. Así mismo, se definió el llamado al Congreso Provincial para el 13 de junio de 2026. Además, se manifestó el rechazo ante la posibilidad de eliminación de las PASO
Entre los temas abordados por el Consejo Provincial para ser propuestos y tratados en el próximo Congreso Partidario, se analizó con preocupación el avance de diversas iniciativas políticas que afectan la calidad democrática de la provincia.
En particular, se manifestó el rechazo ante la posibilidad de eliminación de las PASO y se advirtió sobre artículos de la ley electoral que posibilitan la confusión electoral y vulneran la voluntad directa del elector.
En este sentido, desde el Consejo Provincial del PJ se advierte que “la eliminación de las PASO constituye un atropello a la Constitución de Entre Ríos y una muestra de improvisación alarmante. Resulta una falta de seriedad institucional que el gobernador Frigerio pretenda reformar o derogar el Código Electoral que él mismo impulsó hace menos de un año y medio”.
“Esta conducta evidencia que las reglas de juego democráticas son, para este oficialismo, herramientas de conveniencia electoral y no principios de Estado. Esta maniobra, diseñada a medida, pretende ignorar que la democracia no es un ‘gasto’ fiscal, sino una inversión fundamental en la convivencia social”, indicaron.
A su vez, se señaló “la situación que se plantea en el diseño de la Boleta Única de Papel, específicamente en el Artículo 102 del Código Electoral. Advertimos que pretender utilizar la imagen del Gobernador como ‘ícono’ en el casillero de Voto Lista Completa constituye un mecanismo que puede inducir al error del elector y afectar la calidad democrática. Esta maniobra atenta directamente contra el principio de no confusión electoral, estándar esencial en nuestra jurisprudencia electoral que prohíbe diseños que manipulen la percepción del votante para favorecer a quien detenta el poder”.
“El gobierno busca anular la reflexión crítica sobre legisladores e intendentes, subsumiendo categorías locales bajo una sola figura. Planteamos la necesidad de una interpretación que respete la transparencia e igualdad partidaria, con un diseño de la boleta que proteja la libertad y la claridad del sufragio de cada entrerriano”.
Otro de los temas que serán propuestos para el tratamiento del Congreso Provincial será el análisis y tratamiento de los expedientes elevados por el Tribunal de Disciplina, evaluando las conductas y situaciones concretas dictaminadas.
En otro orden de cosas, se planteó la necesidad de consolidar el avance de los equipos técnicos y establecer los lineamientos de unificación de las tareas territoriales. Esto incluye la coordinación de las mesas temáticas para la generación de una plataforma de gobierno sólida, moderna y profesional que sea ofrecida como alternativa real a la ciudadanía entrerriana.
Durante el encuentro, se realizó un exhaustivo análisis de la situación financiera y el estado de los balances del partido. Asimismo, se destacó el fuerte impulso a las agendas de capacitación y formación política para cuadros técnicos y militantes, subrayando que el fortalecimiento doctrinario es la base de nuestra propuesta.
Sobre el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobierno provincial y que estaría pronto a ingresar para su tratamiento, el Consejo Provincial del PJ expresó su rechazo, advirtiendo sobre el impacto negativo que podría tener sobre los trabajadores y sectores pasivos de la provincia.
En ese marco, desde el peronismo entrerriano se manifestó una profunda preocupación ante la posibilidad de avanzar en una reforma previsional en el actual contexto económico y social, especialmente si la misma implica una reducción de haberes, pérdida de derechos adquiridos o un mayor esfuerzo para jubilados y trabajadores. El Partido Justicialista considera que no resulta oportuno discutir una reforma de estas características en una coyuntura donde miles de jubilados ven deteriorado su poder adquisitivo y atraviesan crecientes dificultades económicas.
Por último, se reafirmó que cualquier debate previsional debe partir de la defensa irrestricta de los derechos de los jubilados y de la obligación del Estado de garantizar un sistema solidario, sustentable y justo, que no tenga como variable de ajuste a quienes trabajaron toda su vida.
Los allanamientos a Bordet en Concordia comenzaron este lunes por la mañana en tres propiedades del ex gobernador, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
A las 8 de la mañana de este lunes se iniciaron en Concordia los allanamientos a tres propiedades del ex gobernador Gustavo Bordet (PJ), en el marco de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Los procedimientos comenzaron en la histórica residencia del matrimonio de Bordet con la diputada provincial Mariel Ávila, en calle Urquiza 867 en el centro de la ciudad y en una casa lindera, en Salta 66. El trámite judicial alcanza también a la quinta que la pareja edificó en los últimos años, en el barrio cerrado Village Termal, en avenida Monseñor Rosch.
La casa de fin de semana de Gustavo Bordet, en el barrio cerrado Village Termal.
Las medidas fueron solicitadas por el fiscal de Concordia, José Emiliano Arias, que lleva adelante la pesquisa sobre el patrimonio del actual diputado nacional, que días atrás informó que renunciaba a la protección que le brindan los fueros parlamentarios para procedimientos de esta naturaleza.
Cabe recordar que hace dos semanas fue allanada en Paraná la casa de la hija mayor del ex gobernador, Florencia Gabriela Bordet, que no está protegida por los fueros legislativos. La vivienda está ubicada en calle Alsina en la capital provincial.
Los allanamientos tienen por objeto proceder al secuestro de documentación vinculada a cuestiones patrimoniales o comerciales, recibos de sueldo, libros contables, facturas, recibos, escrituras y boletos de compraventa, entre otros papeles. La pesquisa abarca a Bordet, a su esposa, a sus dos hijas mayores de edad, al ex secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, y a Sonia Alejandra Romero, allegada a la familia.
Otra de las propiedades allanadas queda en calle Santa y se conecta con la de calle Urquiza.
También se procederá al secuestro de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos informáticos y a la constatación de los inmuebles mediante fotos, videos y tareas de planimetría.
Además, se realizará una requisa personal de los individuos que se encuentren en los domicilios y también en los vehículos que estén en los lugares.
“Durante el período comprendido entre 2007 y 2023, Gustavo Eduardo Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia y gobernador de Entre Ríos, habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la adquisición de bienes muebles e inmuebles”, es la hipótesis de la investigación.
La investigación pone el foco también en los viajes del matrimonio.
También se considera que “a dicho fin habrían tomado intervención como personas interpuestas Silvia Mariel Ávila, María Alejandra Lanaro (primera esposa de Bordet), y sus hijas, sin perjuicio de otras personas físicas y jurídicas a determinar”.
La calificación legal es enriquecimiento ilícito, delito establecido en el artículo 268 del Código Penal.
Los argumentos del fiscal
“Se trata de un caso de suma gravedad en tanto se investiga un delito que habría sido cometido por el ex intendente de nuestra ciudad y ex gobernador de nuestra provincia, contra el patrimonio que debía proteger”, argumentó el fiscal Arias en los pedidos correspondientes. “La información que se viene recibiendo de diversos organismos respalda la hipótesis delictiva”, agregó, según la documentación a la que accedió ANÁLISIS.
En cuanto a inversiones inmobiliarias, la investigación apunta a al menos diez inmuebles adquiridos por el matrimonio Bordet – Ávila en el período establecido y pone el foco en presuntas omisiones y subvaluaciones por parte del diputado nacional en las sucesivas declaraciones juradas que presentó.
La pesquisa también refiere a viajes no oficiales al exterior realizados por la pareja “que no serían compatibles con el nivel de ingresos familiares” y a los gastos y consumos efectuados en esos periplos.
Otro punto investigado son una serie de transferencias bancarias realizadas por el ex funcionario Ferrari y por Sonia Romero, que fue integrante de la Secretaría Privada de Bordet durante su segundo mandato para luego pasar ambos a la planta permanente de la Cámara de Senadores de la provincia.
Las propiedades allanadas
En los procedimientos en Concordia intervienen funcionarios policiales, Policía Científica y delegados juidiciales.
En 2000 Bordet compró la casa de Concordia que en la ciudad se conoce como “la residencia”, ubicada en calle Urquiza al 867. Se trata de una casona antigua de 357 metros cuadrados ubicada en pleno centro, que perteneció a los abuelos del ex gobernador.
Uno de los móviles policiales en la cuadra de la casa de Bordet (Foto: Diario Río Uruguay).
En 2007, el 10 de diciembre, mismo día de su asunción como intendente de Concordia, Bordet compró la casa en calle Salta 66. La propiedad queda a la vuelta de su casa de calle Urquiza y las viviendas se conectan por el fondo.
La de calle Salta tiene 284 metros cuadrados y fue adquirida por Bordet con un crédito del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas.
La casa de fin de semana de los Bordet está ubicada en Villa Zorraquin en el marco de un proyecto inmobiliario y turístico que comenzó a gestarse en 1996, impulsado por los hermanos Anselmi y el empresario Jorge Aguirre que fue noticia en 2018 cuando murió en un incendio de una propiedad ubicada en la zona.
En el barrio Village Termal se paga el metro cúbico de agua termal a precio del litro de nafta.
El desarrollo, denominado Village Termal, incluye la perforacion termal, tres hoteles y el exclusivo barrio privado, el primero en su tipo. Los hoteles son H20, Mayim y Amanzi, que es propiedad de la sociedad denominada Innova Turismo, que integran Horacio Bechara, Jose Ostrosky y Sofia Riquelme, esposa del exfuncionario y exdiputado provincial Pedro Báez, actualmente con prisión domiciliaria por el denominado Megajuicio, por delitos de corrupción, por el que está también condenados Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera.
Bordet compró dos lotes en el predio. Primero uno de 1.225 metros cuadrados en septiembre de 2016. Luego adquirió otro en diciembre de 2020, de 1.184 metros cuadrados. En ellos edificó una casa de dos pisos con pileta, una de las primeras que se habitaron en el complejo.
Nota de Redacción: La escena abre más interrogantes que certezas. ¿Esta vez el fiscal irá a fondo o estaremos frente a un nuevo “ensayo simulado” destinado a entretener y calmar a las fieras? Cabe una pregunta inevitable: ¿qué puede encontrar un allanamiento previamente anunciado? Llama la atención, además, la ausencia de referencias a quienes serían señalados como principales recaudadores, identificados como “HB” y “PO”, sobre quienes no solo recaen versiones insistentes, sino también la necesidad de investigar sus cuantiosas inversiones tanto en Concordia como en el exterior. En ese contexto, la eventual capitalización atribuida a Bordet podría resultar incluso insignificante frente a una estructura de acumulación mucho más amplia y difícil de dimensionar. Si la Justicia decidió actuar en serio esta vez, tiene ante sí una oportunidad concreta de demostrar idoneidad y compromiso con la responsabilidad institucional que le delegan los ciudadanos, quienes la sostienen con sus impuestos y contribuciones.
El encuentro fue convocado por dirigentes como Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz con la intención de discutir ideas y renovar el discurso económico sin avanzar en candidaturas. Hubo más de mil participantes.
En un momento donde el peronismo atraviesa una profunda reconstrucción sin un liderazgo claro, este viernes se dieron cita distintos sectores del partido en Parque Norte. Según confiaron los organizadores a TN, hubo más de mil dirigentes.
“El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina, después de los gobiernos que han pensado un país para pocos, perjudicando la vida de millones de argentinos”, señalaron en un mensaje que hizo las veces de convocatoria. “Hoy más que nunca tenemos el deber de aportar en la construcción de una alternativa nacional”, remarcaron.
La convocatoria, impulsada por referentes como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Federico Achával y Guillermo Michel, apunta a discutir ideas y diagnósticos sin avanzar todavía en definiciones electorales.
Una corriente del peronismo con impronta federal reunirá este viernes en Parque Norte a unos mil dirigentes de distintas provincias bajo la consigna “El peronismo debate para una alternativa nacional” (Foto: Captura de X/@pablograssook).
El encuentro comenzó cerca de las 9:30 y se dio en un contexto en el que el peronismo exhibe fragmentación interna y no encuentra un liderazgo de síntesis. El nuevo espacio federal busca correrse de la discusión de candidaturas ya instaladas y abrir una instancia de debate más amplia, enfocada en la revisión del pasado y la construcción de una alternativa a futuro.
En ese listado de dirigentes no aparecen figuras de La Cámpora ni del sector que encabeza el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Desde abajo, con impronta federal y apertura real: un espacio de debate sobre las ideas que puedan ser el punto de partida de una alternativa nacional que recupere la representación de las mayorías”, apuntaron los organizadores.
“Más que un nuevo espacio dentro del PJ, lo que se está viendo es un intento de cambiar el lenguaje del peronismo. No es solo un armado político, es cómo se empieza a hablar de política hacia adentro y hacia afuera”, indicó a TN uno de los referentes que encabeza el encuentro. “Hay una idea muy fuerte de federalizar en serio: correr el eje del AMBA y darle centralidad a las provincias, a los intendentes, a los gobernadores, al interior productivo”, remarcó otro de los participantes.
Luego, hicieron hincapié en una renovación del discurso económico en el peronismo, para actualizarlo a los tiempos que corren. “Empiezan a aparecer palabras como equilibrio fiscal, superávit, previsibilidad. No como algo técnico, sino como una forma de volver a construir credibilidad, sobre todo hacia sectores más moderados y económicos”, manifestaron a este medio.
Este viernes no participarán ni Sergio Massa, ni Axel Kicillof ni Máximo Kirchner. (Foto: NA).
La intención es no poner el foco -al menos hoy- en la necesidad de definir candidaturas ni liderazgos, sino discutir ideas, programas y hacia dónde va el peronismo en los próximos años. Según pudo confirmar este medio, ni el Frente Renovador, de Sergio Massa; ni La Cámpora, de Máximo Kirchner; ni el Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, participaron institucionalmente del encuentro, aunque sí hubo dirigentes referenciados con esos espacios.
Entre los participantes estuvieron el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, Marcelo Lewandowski, el diputado nacional Juan Pablo Luque. La convocatoria incluye a legisladores nacionales, intendentes y dirigentes territoriales, con la expectativa de reunir representación de distintos distritos.
