GRANJA TRES ARROYOS Y EL GOBIERNO DE ENTRE RÍOS SE REUNEN PARA ANALIZAR EL FUTURO DE LA PLANTA LA CHINA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

6 junio, 20266 junio, 2026 por Redacción

5 de junio de 2026- Autoridades de Granja Tres Arroyos mantuvieron esta semana reuniones con el gobernador Rogelio Frigerio y miembros de su equipo para analizar la situación generada por la suspensión de actividades en la planta La China de Concepción del Uruguay. El lunes próximo se reunirán con autoridades de la secretaría de trabajo y seguridad social local y dirigentes sindicales locales para iniciar un proceso de diálogo que les permita alcanzar las condiciones necesarias para evaluar una posible reapertura escalonada en el futuro.

Durante el encuentro, la empresa presentó un diagnóstico de la delicada situación financiera que atraviesa como consecuencia del cierre de mercados internacionales por la situación sanitaria internacional (gripe aviar). Informó además que en este contexto debió ingresar en un proceso preventivo de crisis y que se encuentra trabajando en una reestructuración financiera que espera tenga un impacto positivo en el mediano plazo.

A nivel local, la situación se agravó por medidas sindicales desproporcionadas que afectaron severamente los niveles de faena y la previsibilidad operativa en la región. Agotadas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado.

La compañía destacó la predisposición del Gobierno de Entre Ríos para acompañar institucionalmente las instancias de diálogo y trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones para superar la compleja situación y recomponer el circuito biológico para que se pueda comenzar parcialmente la producción. Esta iniciativa se alinea con las perspectivas de crecimiento que hoy presenta el sector en la provincia.

Granja Tres Arroyos es una empresa argentina con 65 años de trayectoria que, como muchas otras, hoy se encuentra abocada a la búsqueda de soluciones que le permitan continuar con sus actividades a nivel local, sostener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y tomar las medidas necesarias para consolidar el legado que ha construido con esfuerzo y compromiso con el país.

Contratos: ofrecieron evidencia sobre negocios inmobiliarios en Concordia y propusieron citar a Gustavo Bordet

6 junio, 2026 por Redacción

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro ofrecieron la incorporación de un legajo investigado en Concordia, que contiene información sobre numerosos negocios inmobiliarios en esa localidad y propusieron citar, entre otros testigos, al exgobernador Gustavo Bordet. Este viernes pidieron la incorporación de esa documental y testimonios, como prueba de las “relaciones” entre imputados de la causa “contratos trucos” de la Legislatura. Citaron casi una treintena de escrituras realizadas ante dos escribanas que probarían la compraventa de inmuebles por parte de Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos imputados en el legajo actual. Entre los compradores figura Bordet.

“La Fiscalía ofrece un expediente iniciado el 2 de julio de 2024, en Concordia. El legajo cuenta de dos cuerpos. Se inició a partir de una denuncia de Luis Ángel Sanabria, que aportó un correo electrónico entre el imputado Gustavo Hernán Pérez y la escribana Luján Orabona”, adelantó Aramberry. “El inicio del legajo lo dice todo. Nos parece sustancial en cuanto vuelve a acreditar relaciones entre los imputados, y da cuenta de operaciones inmobiliarias a través de personas que no son los verdaderos titulares de los inmuebles. El dinero sustraído era invertido en operaciones inmobiliarias. Operaciones de venta de un loteo, situado entre las calles Chajarí, San Lorenzo, Victorino Simón y Espejo. Cobra importancia a partir de una prueba agregada a la causa, y muestra un plan de cobertura. Este correo electrónico fue enviado el 5 de agosto de 2009”, agregó Yedro y leyó:

“Asunto: Datos del otro firmante por el tema lotes.-

Luján, buenos días:

Palito me pidió que te pase los datos de otra persona para que también aparezca como firmante en la operación por la compra del loteo, él me dijo que ya te llama para avisarte:

Nombre y apellido: Beckman, Flavia Marcela

Domicilio: Almeida N°— Paraná

DNI: ———

CUIT: —————–

Fecha de nacimiento: 07/12/1968

Estado civil. Divorciada.-

Saludos.

Gustavo Pérez”

Palito es Juan Domingo Orbona, jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado y amigo del exgobernador Gustavo Bordet.

Los fiscales señalaron que la compraventa de loteos en Concordia, ocurre desde 2009 a 2015. “La gestión de documentación de esos lotes y terrenos se realizaba en la Escribanía de Luján Orabona. Son negociaciones que se llevaron en la Escribanía, los lotes se registraron con precios de 15 mil a 20 mil dólares. Las inversiones se realizaron en efectivo, en su mayoría, figuran como vendedores Hugo Mena y Flavia Beckman. Esto está cotejado con información de AFIP de Mena y Beckman, donde aparecen en su totalidad las compras. Aparecen también los nombres de las escribanas Lujan Orabona y María Dolores Mouliá”.

Los representantes del MPF aseguraron que la escribana Mouliá actuó en representación de Mena y Beckman, y que le entregaban dinero a la escribana Orabona. “Estas personas que ofrecemos como testigos vendrán a contar como eran las operaciones. Claramente, para la hipótesis de Fiscalía esto es importante, atento a lo que manifiesta Pérez sobre ‘Palito’. Es un legajo que inició con esa denuncia y, desde entonces, el fiscal recopiló información con testimonios y registros notariales, de la Propiedad Inmueble e información fiscal”, aseguraron.

Y posteriormente nombraron a los compradores de terrenos que comparecieron a la Fiscalía de Concordia. “Circunscribimos el número de ellos, a aquellos que surgen de la información oficial y acreditan lo reflejado en el legajo oficial”, acotaron y enumeraron:

“Pascucchielo, Marcelo Fernando

Benchoa Pablo Adrián

Matés Guillermo Alejandro

Barrios Enrique Horacio

Andrea Francolini

Silvio Palmerola

José Alberto Fornasari

María Ana Galli

María Josefina Paredes

Pedro Arturo Berbauwede

Carlos Raponi

Gustavo Bordet

Cristina Alfredo Lasco

Del Río Guillermo

Andrich Joaquín

Lafourcade María Paz

Lafourcade Celia Olga

Juan Bautista Pedroni

Luis Gini”.

Yedro y Aramberry dijeron también que pretenden incorporar planos, escrituras y otros documentos que constituyen el legajo realizado en Concordia por el fiscal José Arias. Y enumeraron 29 escrituras de compraventa:

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Pasccuhielo.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena y Matés.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Compraventa entre Mena y Ferreyra.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena a María Delfina

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Roque Ramos.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Guillermo Liberatori.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Silvio Palmerola.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (18-6-2010). Transacción entre Mena y Rogero.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-6-2010). Compraventa entre Mena y Fornasari.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (12-7-2010). Compraventa entre Mena y Ana Galli.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-7-2010). Compraventa entre Mena y Josefina Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-8-2010). Transacción entre Mena y Ramos María Laura.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (4-8-2010). Transacción entre Mena y Pedro Suare.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (13-8-2010). Transacción entre Mena y Bervaweder.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-8-2010). Transacción entre Mena y Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-9-2010). Transacción entre Mena y Raúl Horacio Devoto.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (28-10-2010). Transacción entre Mena a Gustavo Leonardeli.

Escritura de compraventa entre Mena y Mouliá (8-6-2011)

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (25-10-2010). Transacción entre Mena y Bordet.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-5-2013). Transacción entre Mena y Zulma Patricia Torres.

Escritura de compraventa entre Beckman y Guillermo del Río (12-8-2010).

Escritura de compraventa entre Beckman y Raponi (23-8-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Andrich (15-10-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Paz Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Lafourcade (4-1-15).

Escritura de compraventa entre Beckman y Franton (12-6-17).

Los fiscales sugirieron también que se incorporen recibos de dinero ante escribanas, y las testimoniales de Evelin Dalinger de Catastro de Municipalidad de Concordia; Ignacio del Valle, subsecretario Legal y Técnico de Municipalidad para que informe sobre obras de pavimentación, cordón-cuneta y otras mejoras en loteo de calles Espejo, Chajarí, Av. San Lorenzo y Victorino Simón. Se ofrecieron, además, folios reales del Registro de la Propiedad.

Oposición

A la incorporación de la prueba se opuso el defensor Leopoldo Lambruschini con tres argumentos: la prueba (legajo de Concordia) no guarda relación con el objeto procesal de la causa contratos que está en etapa de remisión a juicio; lo que pretende probar el MPF es “irrelevante” porque el delito de peculado no requiere la acreditación de uso del dinero sustraído; y por último dijo que hay un problema procesal de non bis in ídem porque “esta causa inicia con el doctor Arias. Pero la Justicia competente es la Federal bajo la calificación de lavado de activos. Si incorporamos esta prueba a este proceso, estamos asignando esa relevancia jurídica a estos hechos en este proceso. Eso implica avanzar sobre una materia sometida en otra jurisdicción, e impide en cuanto recepta doble condena y doble persecución”.

A su oposición adhirió el abogado José Velázquez y agregó que “la causa que se investigó en Concordia fue archivada”. Y adhirió Miguel Cullen.
Fiscalía de Estado desistió de un ofrecimiento.

Por último, el actor civil Tulio Kamlofsky ofreció realizar una pericia por parte del Tribunal de Cuentas (TdC). La idea era aportar un nuevo análisis que “determine los montos individuales de los contratos, el monto global, el origen y proveniencia de los montos para atender las contrataciones, que actualice sumas, que conecte información y establezca si existió perjuicio derivado de las contrataciones. Y de ser posible identifique a los responsables”.

Todos los defensores rechazaron el ofrecimiento, incluso la Fiscalía. Finalmente, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes que se presentó en la audiencia, desistió del ofrecimiento.

El ofrecimiento de prueba de la acusación pública se agotó este viernes. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, tomará una decisión al final de la etapa sobre la propuesta de los fiscales, las oposiciones y las reservas de los defensores.

Desde el martes que viene, según lo previsto, será el momento de los abogados para pedir la incorporación de evidencia que sirve al ejercicio de las defensas.

Causa

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.Fuente: Análisis Digital

ENTRE RÍOS Y EL PELIGROSO MENSAJE DE LOS JUICIOS ABREVIADOS EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN

4 junio, 2026 por Redacción

En Entre Ríos, la llamada “Causa Contratos” dejó de ser solamente un expediente judicial. Hace tiempo se transformó en un símbolo. Un símbolo de cómo durante años el Estado pudo haber sido utilizado como una estructura de extracción de dinero público mientras la política miraba hacia otro lado, la Justicia avanzaba lentamente y gran parte de la sociedad asistía resignada a un espectáculo repetido: el de la impunidad administrada.

Lo más preocupante ya no es únicamente la magnitud del presunto desfalco. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje institucional que podría quedar instalado si la mayor causa de corrupción de la provincia termina resolviéndose, en gran parte, mediante juicios abreviados y acuerdos que dejan afuera a actores clave del entramado político y económico.

El juicio abreviado, técnicamente, es una herramienta legal válida. Existe en el sistema penal argentino para acelerar procesos y evitar juicios extensos. Pero cuando se aplica de manera masiva en delitos de corrupción estructural, aparece inevitablemente una pregunta incómoda: ¿la Justicia busca llegar a la verdad completa o simplemente cerrar expedientes?

Porque el sentido común indica algo elemental: quien acepta un juicio abreviado reconoce responsabilidad penal. Entonces, si hubo reconocimiento del delito, ¿por qué la sensación social es que muchos “la sacan barata”?

En delitos comunes, el peso de la ley suele caer con rapidez sobre el ciudadano común. Pero cuando se trata de corrupción política, aparecen negociaciones, reducciones de pena, demoras interminables y estrategias defensivas destinadas no tanto a esclarecer los hechos sino a limitar daños patrimoniales y políticos.

Y allí emerge otro punto sensible de la causa: el intento de excluir del proceso a esposas o cónyuges de varios imputados. Una discusión que, más allá de los tecnicismos jurídicos, genera un enorme ruido social. Resulta difícil para gran parte de la ciudadanía creer que durante años circularan sumas millonarias, propiedades, movimientos económicos y estructuras de enriquecimiento sin que los entornos familiares conocieran absolutamente nada.

La sociedad entrerriana observa cómo se discute quién queda adentro y quién queda afuera del juicio mientras todavía persiste una pregunta central: ¿quiénes fueron realmente los beneficiarios finales del sistema?

Porque si la “Causa Contratos” fue —como sostienen investigadores y fiscales— una de las maniobras más grandes contra el erario público provincial, cuesta creer que semejante estructura pudiera funcionar sin cobertura política, administrativa y legislativa de alto nivel.

Y allí aparecen inevitablemente nombres pesados de la política entrerriana. Durante años gobernaron la provincia dirigentes con enorme concentración de poder político y control del aparato estatal. Resulta, cuanto menos, difícil imaginar que figuras de enorme centralidad institucional desconocieran completamente lo que ocurría en distintas áreas del Estado.

La discusión pública no pasa únicamente por determinar responsabilidades penales individuales. También gira alrededor de las responsabilidades políticas y morales de quienes condujeron la provincia mientras se desarrollaban estas maniobras.

El problema de fondo es que Entre Ríos parece atrapada en un modelo donde las causas de corrupción nunca terminan de llegar al corazón del poder. Siempre aparecen “fusibles”, intermediarios, operadores administrativos o figuras secundarias. Pero rara vez se avanza con la misma intensidad sobre quienes diseñaron, permitieron o protegieron los mecanismos estructurales de saqueo.

Y mientras tanto, el tiempo judicial corre a favor de los acusados.

La lentitud de la Justicia termina funcionando como otra forma de desgaste social. Los años pasan, los expedientes envejecen, la indignación pública se diluye y la sensación de impunidad crece. El ciudadano común termina convencido de que existen dos sistemas: uno duro y veloz para el vecino común y otro lento, negociable y flexible para la dirigencia política.

El caso del ex diputado provincial José Allende también dejó interrogantes abiertos. Primero aceptó un juicio abreviado y luego esa posibilidad retrocedió en medio de versiones, especulaciones y sospechas políticas jamás aclaradas del todo. Como suele ocurrir en Entre Ríos, abundan las versiones, los rumores y los comentarios de pasillo, pero escasean las explicaciones contundentes que devuelvan credibilidad institucional.

Lo más peligroso de todo esto no es solamente el daño económico provocado al Estado. Lo verdaderamente grave es el precedente cultural que queda instalado.

Si un funcionario observa que, después de años de investigación, demoras judiciales y negociaciones, las consecuencias reales terminan siendo relativamente leves, el mensaje implícito es devastador: la corrupción puede valer la pena.

Ese es el verdadero riesgo institucional que enfrenta Entre Ríos.

Porque cuando la sociedad deja de creer en la Justicia, cuando percibe que el poder político siempre encuentra mecanismos para protegerse, aparece el descreimiento democrático, la apatía social y el enojo ciudadano que luego termina canalizándose en extremos políticos o discursos antisistema.

La “Causa Contratos” todavía puede transformarse en un punto de inflexión histórico para la provincia. Pero para eso no alcanza con condenas parciales ni acuerdos procesales rápidos. La sociedad necesita saber quiénes fueron los responsables reales, cómo operó el sistema, quiénes se beneficiaron y hasta dónde llegaba la red de protección política.

De lo contrario, Entre Ríos corre el riesgo de confirmar una vez más la peor de las sospechas populares: que en la Argentina el poder nunca cae completo, apenas sacrifica algunas piezas para garantizar la supervivencia del sistema.

FUERTE OPERATIVO EN LA VIA PUBLICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD

4 junio, 2026 por Redacción

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Dos detenidos y secuestro de cocaína lista para la venta

En la fecha, Personal y Móviles de la diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia en horas de la tarde dieron inicio a un Operativo Preventivo Saturación en diferentes Barrios siendo Villa Busti, El Sol, San Agustín-Torojal, María Goretti, Ex Molino, Gruta de Lourdes y Ex Aero Club.
Durante el Operativo procedieron a la identificación de 21 personas identificadas en la vía pública, tres motocicletas controladas.
Asimimos durante el Operativo en Inmediaciones de calles N. Garat y Maipú, Efectivos Policiales proceden a identificar a dos sujetos y uno de ellos al salir del interior de un kiosco se descarta de un efecto, siendo reducido por Personal Motorizado, tratándose de una media la que en su interior contenía 18 dosis de Clorhidrato de Cocaína lista para su venta.

El Fiscal Dr. Tscherning Tomas dispone la Aprehensión del sujeto por Tenencia de Estupefacientes para fines de Comercializacion y la correcta identificación del otro masculino.
Siguiendo el Operativo, en calles Chile y Pueyrredón, al identificar a un hombre que se encontraba con unos recortes de nylon a su alrededor, notaron que el sujeto presentó una actitud nerviosa al proceder al palpado de armas, ante ellos el Fiscal Dr. Tscherning dispone, previo a relato del procedimiento, tramita una Orden de requisa personal.
Dando cumplimiento a diligencia judicial otorgada por el Juez de Garantías Dr. Bastian Edwin, hallan en su bolsillo izquierdo un total de ocho envoltorios de Nylon con sustancia Clorhidrato de Cocaina.
Culminando el procedimiento el Fiscal Dr. Tscherning dispuso la correcta identificación del masculino en cuestión.

Frigerio anunció el plan de infraestructura vial más importante de las últimas décadas

3 junio, 2026 por Redacción

El gobernador Rogelio Frigerio anunció una inversión histórica en Vialidad de más de 12.000 millones de pesos para la compra de equipamiento y maquinarias y celebró la obtención de 322,5 millones de dólares en financiamiento internacional para el mejoramiento de la red vial provincial. Además, reiteró su compromiso de intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales antes de terminar su mandato.

Fue durante una conferencia de prensa en la que presentó los avances y el plan integral de infraestructura vial que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, destacando que en poco más de dos años de gestión se logró pasar de una situación crítica a una etapa de transformación estructural.

El mandatario hizo notar que al asumir su gestión encontró un panorama crítico, con “rutas en estado deplorable, abandonadas”; y una Dirección Provincial de Vialidad con “falta de transparencia en procesos y contrataciones”. Ante esto, se propuso un objetivo concreto: “Recuperar Vialidad y recuperar las rutas para nuestra provincia”, a pesar de las dificultades financieras heredadas.

Para lograrlo, se sanearon deudas recibidas de gestiones anteriores de más de 30.000 millones de pesos que mantenían las obras paralizadas. “Hoy la administración está al día” y bajo una directiva estricta: “Obra que se inicia, obra que se ejecuta en tiempo y forma”, dijo. Además, se fomentó la transparencia triplicando la cantidad de oferentes en licitaciones, lo que permitió hacer “muchas más obras, muchos más kilómetros, con muchos menos recursos”.

Un avance clave es la “compra histórica de maquinaria para Vialidad que será la más importante en varias décadas”. Con más de 70 unidades de equipamiento vial, el gobierno busca revertir la situación de un organismo que fue encontrado “desguazado, sin ningún tipo de herramientas para dar respuesta a los reclamos de los vecinos”. Además, destacó el reordenamiento del personal en la repartición, señalando que “la gente tiene que estar en territorio, en los campamentos”, por lo que se busca corregir la excesiva concentración de empleados en algunas dependencias.

En cuanto a la infraestructura, el plan estratégico contempla intervenir el 100 por ciento de la red vial en estos cuatro años. Según el gobernador, “estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de rutas ya intervenidas y de acá al fin del mandato vamos a intervenir todos los kilómetros restantes”, incluyendo un plan para los 25.000 kilómetros de caminos rurales.

Para las rutas que requieren una reconstrucción integral, se gestionó financiamiento externo tras obtener el aval soberano nacional, “y Entre Ríos fue la primera provincia”. En ese marco, se lograron créditos por más de 320 millones de dólares del BID, el BCIE y el FIDA, recursos a “larguísimo plazo, a tasas bajísimas, para poder hacer rutas de nuevo, desde cero”, subrayó el mandatario.

Asimismo, el gobierno implementó medidas como el decreto para eliminar Ingresos Brutos e impuesto a los Sellos para la obra pública; y el envío de un proyecto de Compre Provincial para priorizar a las empresas locales. Asimismo, se tomó la decisión política de que “el 100 por ciento del impuesto Inmobiliario Rural se destine a los caminos de la producción”, entre otras acciones.

Al finalizar, el gobernador subrayó que este cambio de paradigma es posible gracias a “reglas claras, transparencia y competencia”. Concluyó que, además de saldar una deuda histórica con los entrerrianos, esta inversión “genera empleo” y demuestra que se puede gestionar con “compromiso, decisión y coraje”.

También participaron de la actividad el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; y el director administrador de la Dirección provincial de Vialidad, Exequiel Donda.

Intentan dejar fuera de la causa los datos patrimoniales de las esposas

5 junio, 20263 junio, 2026 por Redacción

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El debate en torno a la “Causa Contratos” sumó un nuevo e intenso capítulo. Durante la continuidad de la audiencia de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores expusieron marcadas divergencias ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, respecto a la incorporación de pruebas clave que involucran los movimientos financieros y patrimoniales de personas no imputadas, específicamente las esposas de varios de los principales acusados.

Mientras los fiscales buscan consolidar la hipótesis de una organización delictiva que sustrajo sumas millonarias de las arcas del Estado entrerriano, las defensas argumentan que se trata de información “impertinente” y “sobreabundante”.

Los representantes de la Fiscalía fundamentaron la necesidad de admitir como evidencia los informes remitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), registros de inmuebles y automotores de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de documentación de diversas entidades bancarias (Banco Nación, HSBC, Hipotecario, Santander, Banco Provincia y Credicoop).

De acuerdo al planteo acusatorio, esta masa documental resulta indispensable para:

Determinar con precisión el estado patrimonial de los imputados.

Trazar operaciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles, transacciones en moneda extranjera y movimientos bancarios.

Detectar la participación de los acusados —y sus entornos íntimos— en fideicomisos inmobiliarios comerciales.

Los fiscales rechazaron las impugnaciones defensivas al sostener que estas pruebas permiten visibilizar vínculos que van más allá de las relaciones de pareja vigentes al momento de los hechos. En esa línea, argumentaron que se detectaron estructuras de fideicomisos donde confluyen no solo múltiples imputados, sino también sus respectivas cónyuges.

Por su parte, los abogados defensores articularon un rechazo general y particular a la inclusión de estas pruebas. Sostuvieron que gran parte de los datos se centran en mujeres que actualmente no están imputadas, algunas que fueron desvinculadas formalmente en los inicios de la investigación, personas sin relación directa con la maniobra o que resultaron beneficiadas con la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).

𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘 𝗧𝗘́𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗦𝗨𝗠𝗢́ 𝗥𝗜𝗕𝗘𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗦:

Planteo por Violencia de Género: El letrado que asumió recientemente la defensa de Jorge De Breuil argumentó que la exposición y el escrutinio de los datos financieros de la esposa de su cliente —quien fue investigada al inicio del proceso y luego apartada— configuraría un supuesto de violencia de género.

Cuentas Sueldo y Movimientos Cotidianos: Las defensas cuestionaron severamente el análisis fiscal sobre cuentas sueldo y cuentas compartidas de los matrimonios. Señalaron que los movimientos de fondos son habituales e instaron a la Fiscalía a precisar cuáles transacciones específicas revisten carácter “irregular” para sustentar la acusación.

Otro de los puntos de fricción durante la jornada fue la solicitud del Ministerio Público de incorporar documentación extraída de la investigación por presunto Enriquecimiento Ilícito que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri. El objetivo de Fiscalía es demostrar que uno de los imputados en la causa de los contratos legislativos figura allí como presunto testaferro de una propiedad de alto valor económico.

En cuanto a la situación procesal de los imputados, se mencionó al concordiense Juan Domingo Orabona. Su abogado defensor, Leopoldo Lambruschini, solicitó formalmente ausentarse de los tramos restantes de la audiencia de remisión tras manifestar que no formulará oposiciones a la evidencia presentada por los fiscales. No obstante, la magistrada Barbagelata notificó que el letrado será convocado de manera obligatoria cuando se traten elementos probatorios que aludan directamente a su defendido.

La resolución definitiva sobre la admisibilidad de todo este caudal probatorio quedó diferida. La jueza de Garantías dictaminará de manera integral sobre las impugnaciones al concluir formalmente la audiencia de remisión a juicio.

Fuente: APF Digital

Juampi Aguilera: condenado por corrupción, cuñado de Urribarri, exSecretario de la Legislatura ER gozando en un Jacuzzi junto a su esposa –

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Mauro Urribarri -exSecretario de la legislatura, al igual que su tío Aguilera, gozando las bondades de la vida de multimillonario inexplicable, en “Resort Altos de Arapey” -R.O.U.- junto a su esposa.

El diseño entrerriano se destacó en la muestra Río Vivo en Paraná

3 junio, 2026 por Redacción

Se desarrolló en la Casa de la Cultura de Entre Ríos la propuesta Río Vivo: diseño, identidad y sostenibilidad. El evento reunió a marcas locales con el objetivo de fortalecer el ecosistema creativo y promover la producción sostenible en torno al río Paraná.

Con una destacada convocatoria, se desarrolló en Paraná, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, el Pop Up de Diseño Río Vivo, un evento que reunió diseño, identidad territorial, sostenibilidad y participación comunitaria. La experiencia está inspirada en el río Paraná como fuente de vida y cultura.

La apertura contó con la presencia del secretario de Cultura, Julián Stoppello, junto a la directora general de Industrias Culturales y Creativas, Rocío Rezett, quienes acompañaron esta iniciativa que busca fortalecer el ecosistema creativo entrerriano.

La propuesta fue impulsada por un grupo de diseñadoras locales que trabajan de forma colaborativa. Como resultado de un proceso de investigación, presentaron la cápsula de diseño Río Vivo, inspirada en el paisaje y los desafíos ambientales vinculados al río.

Participaron las marcas Clandestina, Fugitiva, Idea Madera, Indra Hierros Deco, Ivana Ladner, Jarupkin, Malaza, Maurina Tejidos, Milu Kids, Niña Brócoli, Sanarte Artecuero y Santa Clorinda. Las marcas exhibieron piezas realizadas a partir de diversas técnicas, poniendo en valor la identidad local y la sostenibilidad.

Bajo el concepto de Cauce Creativo se transformó la Sala Expandida de la Casa de la Cultura. Uno de los espacios más destacados fue la Red Colectiva, una instalación artística participativa construida con materiales de descarte que invitó al público a reflexionar sobre el vínculo con el río.

Además de la exhibición y comercialización, la programación incluyó un conversatorio donde las diseñadoras compartieron sus procesos creativos y reflexionaron sobre el diseño como herramienta para generar conciencia ambiental.

EN MEDIOS NACIONALES: El lujoso imperio oculto en Entre Ríos que acorrala a Gustavo Bordet en la Justicia

3 junio, 20262 junio, 2026 por Redacción

Casas en countries termales declaradas a precio de ganga, sospechosos fideicomisos “de pozo”, misteriosas sociedades offshore y una frenética agenda de vuelos chárter privados al exterior configuran la investigación por enriquecimiento ilícito que desarma el relato del dos veces gobernador de Entre Ríos.

El patrimonio del actual diputado nacional por Entre Ríos y dos veces gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se encuentra bajo una severa y detallada lupa judicial.

Lo que comenzó como una denuncia impulsada por un particular en el inicio de 2024, tras la publicación de sus bienes al asumir su banca legislativa en diciembre de 2023, ha escalado hasta convertirse en una investigación penal formal por presunto enriquecimiento ilícito.

El proceso, capitaneado por el fiscal de Concordia, José Arias, desnuda una profunda brecha entre los valores fiscales que el exmandatario consignó en sus declaraciones juradas y los costos reales de mercado del sector inmobiliario, de la construcción y de un nivel de vida de alta gama que no condice con sus ingresos declarados.

La tensión institucional alcanzó su punto más álgido recientemente, a inicios de mayo de 2026, cuando la Justicia y la Policía de Entre Ríos ejecutaron una serie de procedimientos de constatación en las propiedades del exgobernador en la ciudad de Concordia (incluyendo su residencia habitual de la calle Urquiza y una lujosa casa de campo en un country termal), sumado a un operativo previo en el domicilio de su hija en Paraná.

Aunque Bordet y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, optaron por no refugiarse en sus fueros legislativos y entregaron sus teléfonos celulares de forma voluntaria, los datos que sustentan las sospechas de la fiscalía exigen un minucioso análisis crítico sobre la transparencia de la máxima autoridad entrerriana durante la última década.

Las inconsistencias en el valor de la tierra

El corazón de la acusación judicial radica en la presunta subvaluación sistemática de bienes raíces. La fiscalía ha contrastado los documentos presentados ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción con testimonios de corredores inmobiliarios y compradores de la zona, detectando desfasajes económicos difíciles de justificar mediante la simple devaluación monetaria.

Uno de los puntos más cuestionados se remonta a julio de 2011, cuando Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia, adquirió un terreno de 500 metros cuadrados en el Loteo Mena y Beckman.

En su presentación formal, el exgobernador declaró haber abonado un valor equivalente a 12,40 dólares por metro cuadrado (unos 25 mil pesos de la época por un total de 483 metros cuadrados).

Sin embargo, la investigación judicial corroboró que el precio mínimo de base en dicho loteo promediaba los 48 dólares por metro cuadrado, llegando a superar los 65 dólares en parcelas idénticas.

Para la fiscalía, la declaración de Bordet colisiona de frente con la realidad del mercado: un testigo civil que adquirió un lote lindero de las mismas características declaró ante la justicia haber pagado 32 mil dólares, exponiendo una maniobra para ocultar el verdadero flujo de divisas.

Esta metodología de tasación sospechosamente baja se habría repetido años más tarde en complejos de alta gama. En el exclusivo barrio cerrado Village Termal, un loteo residencial con acceso directo a aguas termales en Concordia, los terrenos de entre 850 y 1300 metros cuadrados se comercializaban a un valor de mercado de entre 60 y 80 dólares el metro cuadrado.

Bordet declaró que por el Lote 2 de ese predio, adquirido en el año 2021 y con una extensión de 1.183 metros cuadrados, pagó la suma de 7500 dólares (un promedio de 6,35 dólares por metro cuadrado).

El Ministerio Público Fiscal calificó esta cifra en sus dictámenes de mayo de 2026 como “francamente irreal”, señalando que el valor real de mercado de los dos lotes acumulados por el legislador en ese country termal se aproxima en la actualidad a los 200 mil dólares.

El costo oculto del metro cuadrado construido

La sospecha de enriquecimiento ilícito no se detiene en la adquisición del suelo, sino que se agrava de forma exponencial al auditar las mejoras y las construcciones edilicias.

El caso paradigmático dentro del expediente judicial es la edificación de la finca de campo o “quinta” de la familia Bordet en el Village Termal, una estructura que cuenta con una superficie cubierta de 409,18 metros cuadrados.

Al sumar el valor de los terrenos y las obras efectuadas en el lugar, el diputado nacional declaró una inversión total consolidada de poco más de 4 millones de pesos.

Sin embargo, los peritajes y las consultas técnicas arrojaron un escenario completamente distinto. De acuerdo con los índices oficiales provistos por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, el costo mínimo de construcción para una vivienda de categoría tipo “country” a enero de 2019 se ubicaba en 38.844 pesos por metro cuadrado.

Al multiplicar este parámetro básico por las dimensiones reales de la propiedad, la fiscalía determinó una brecha del 330 por ciento entre el monto blanqueado ante el fisco y el costo oculto de la edificación, configurando lo que el fiscal Arias define como una maniobra patente de subvaluación para encubrir la inyección de fondos de origen desconocido.

El mismo patrón de desvíos porcentuales se observa en las inversiones inmobiliarias denominadas “de pozo” en la localidad de Concordia. Respecto al Edificio San Juan, Bordet declaró un desembolso inicial de 22.688 dólares; no obstante, la justicia citó a declarar al arquitecto responsable de la obra, quien ratificó que el costo real final por las dimensiones adquiridas fue de 29.511 dólares (lo que representa un 30 por ciento de valor no declarado).

En tanto, en el Edificio Catamarca, el exgobernador notificó ante la AFIP una inversión de 83.051 pesos (equivalentes a 26.373 dólares de ese momento), pero el cruzamiento de datos bancarios permitió el secuestro de los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, los cuales sumaban 105.624 pesos (33.542 dólares), dejando al descubierto otra diferencia neta del 35 por ciento que omitió informar a los organismos de control.

Destinos VIP: vuelos chárter, destinos de lujo y gastos millonarios

Más allá de los ladrillos y la tierra, la justicia entrerriana avanza con paso firme sobre un flanco que expone de forma brutal las contradicciones de la retórica oficial: la frenética agenda de viajes al exterior realizados por Gustavo Bordet y su entorno íntimo.

La fiscalía ha logrado consolidar un pormenorizado registro migratorio que expone decenas de salidas del país orientadas hacia destinos paradisíacos de Europa, el Caribe, Estados Unidos y cruces recurrentes a la República Oriental del Uruguay, acumulando estadías que superan de forma holgada los seis meses fuera de la Argentina.

Lo que verdaderamente encendió las alarmas de los investigadores es la modalidad de contratación de estos traslados y el origen de los fondos para costearlos. El expediente penal bajo la lupa del fiscal José Arias detalla la utilización sistemática de vuelos privados y servicios de chárter VIP para los traslados de la familia del exmandatario.

Estos vuelos especiales, cuyos costos operativos se tasan en miles de dólares por hora de vuelo y exigen pagos al contado o transferencias desde cuentas de alta gama, contrastan de forma flagrante con los ingresos consolidados que un funcionario público percibe en la administración del Estado.

Para la justicia, el flujo de dinero invertido en estas travesías aéreas exclusivas delinea la existencia de un patrimonio en las sombras que nunca pasó por los registros de los organismos de control.

La opulencia de estos periplos internacionales no solo se limitó al transporte, sino al astronómico nivel de vida desplegado en destino. Hospedajes en cadenas hoteleras de cinco estrellas, consumos suntuosos y compras de bienes de lujo configuran un cuadro de gastos millonarios en moneda extranjera.

Al intentar justificar estos movimientos bajo el amparo de servicios financieros, la defensa técnica del exgobernador sufrió un duro revés.

La firma American Express remitió un informe oficial a la causa penal negando de forma tajante la existencia de tarjetas de crédito emitidas a nivel local a nombre de Gustavo Bordet.

El dictamen fiscal de mayo de 2026 infiere textualmente que semejante nivel de gasto solo pudo sostenerse mediante el uso de cuentas y plásticos emitidos por personas jurídicas en el extranjero, robusteciendo la hipótesis penal de que el diputado opera como beneficiario final de sociedades comerciales “offshore” radicadas fuera del país para canalizar fondos de origen ilícito.

La defensa oficial y el contraataque político

Frente al avance de las pericias de la fiscalía y el impacto público de los operativos policiales en sus propiedades de Concordia, Gustavo Bordet ha ensayado una estrategia defensiva bifronte, combinando argumentos técnicos de ajuste contable con denuncias de persecución política.

El ex gobernador insiste en que no posee bienes en el exterior, que carece de vinculación con sociedades irregulares y que toda la evolución de su patrimonio fue debidamente reportada a través de las declaraciones juradas resguardadas en la Contaduría General de la Provincia, cuya apertura solicitó de manera espontánea.

La narrativa de Bordet y su entorno técnico argumenta que las diferencias detectadas por el fiscal José Arias obedecen a distorsiones propias de los procesos inflacionarios del país y a los criterios técnicos de valuación fiscal versus valores de mercado.

Asimismo, como justificación de parte de sus ingresos, el legislador presentó documentación referida a una operación comercial efectuada por su hija, Florencia Bordet, quien el 31 de octubre de 2019 vendió un departamento de 33 metros cuadrados ubicado en la calle España al 1700, en la ciudad de Rosario, por un monto de 65 mil dólares; fondos que, según la defensa, sirvieron para apalancar inversiones familiares.

En el plano institucional, la estrategia de Bordet se ha centrado en desacreditar la imparcialidad del fiscal de la causa. El ex mandatario apuntó con duras críticas hacia Arias, señalando que el funcionario judicial arrastra antecedentes de apartamiento por falta de objetividad en causas de corrupción que involucran a otros dirigentes de la provincia de Entre Ríos.

Según el descargo público del diputado, la causa penal (que ya lleva más de dos años de tramitación) carece de elementos probatorios reales y busca estirar los tiempos procesales con el único fin de infligir un castigo mediático y erosionar su capital político en el armado opositor nacional.

HISTÓRICO: llegaron a destino los tres entrerrianos que cruzaron América en bicicleta para ver a la Selección Argentina

2 junio, 2026 por Redacción

Tras recorrer más de 17 mil kilómetros y atravesar 17 países, los ciclistas de Gualeguaychú finalmente arribaron este 2 de junio a Kansas City

Lo que comenzó como un sueño entre amigos terminó convirtiéndose en una de las historias más emocionantes y extraordinarias del Mundial 2026. Después de nueve meses de travesía, miles de kilómetros bajo el sol, la lluvia, el frío y el cansancio, los entrerrianos Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini finalmente llegaron este lunes 2 de junio a Kansas City, Estados Unidos, para cumplir el objetivo que parecía imposible: ver a la Selección Argentina en el Mundial… viajando en bicicleta desde Entre Ríos.

La aventura comenzó el 16 de agosto del año pasado en Gualeguaychú. Desde allí, los tres amigos emprendieron una travesía épica que los llevó a atravesar Sudamérica, Centroamérica, México y gran parte de Estados Unidos. En total recorrieron más de 17.000 kilómetros y pasaron por 17 países, enfrentando tormentas, caminos peligrosos, temperaturas extremas y noches durmiendo en carpas, iglesias, clubes y estaciones improvisadas.

El arribo a Kansas City fue celebrado por argentinos y ciclistas que los esperaban en una verdadera fiesta celeste y blanca cerca del hotel donde concentra la Selección Argentina. Hubo caravana, banderas, música, champagne y emoción. Porque no todos los días se presencia una locura semejante: cruzar el continente pedaleando para alentar a la Scaloneta.

El recibimiento a los ciclistas en Kansas.

“Los héroes están acá al lado, nosotros vinimos a verlos a ellos”, dijeron emocionados apenas llegaron. El sueño ahora es poder conocer a los jugadores y sacarse una foto con Lionel Messi y Lionel Scaloni. “Sería la frutilla del postre”, confesaron.

Nueve meses de sacrificio y una historia que emociona al país

Miguel Silio, de 56 años, es el más experimentado del grupo y ya había viajado en bicicleta a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Pero esta vez el desafío fue todavía más extremo.

“Nueve meses bajo el sol y la lluvia, pasando calor y frío para llegar hasta acá. Esto requiere mucha fuerza física y mental”, relató.

El recorrido incluyó prácticamente toda América Latina, excepto Chile y Venezuela. El único tramo que realizaron en avión fue el cruce del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, una de las zonas más peligrosas e inaccesibles del continente.

El encuentro con Manu Ginóbili

HISTÓRICO: llegaron a destino los tres entrerrianos que cruzaron América en bicicleta para ver a la Selección Argentina 14 — El encuentro de los ciclistas con Manu Ginóbili (@enbiciandoalmundo).

En medio del viaje también tuvieron un momento inolvidable junto a Manu Ginóbili. Los ciclistas coincidieron con el ex jugador argentino en San Antonio y, tras escribirle por Instagram, recibieron una respuesta inesperada.

Ginóbili los invitó a compartir un café junto a su madre luego de un partido de los Spurs durante las semifinales de la NBA. “Pasamos un momento hermoso”, contaron.

Un mensaje y un desafío para Scaloni

Los tres ciclistas también dejaron un mensaje para Lionel Scaloni, conocido por su pasión por el ciclismo.

“Que venga a pedalear con nosotros un rato”, dijeron entre risas. Incluso Miguel lanzó un desafío: “A ver si se la banca con la bicicleta cargada”.

Más allá del fútbol, la historia de estos tres entrerrianos se transformó en un símbolo de perseverancia, amistad y pasión argentina. Mientras millones mirarán el Mundial por televisión, ellos podrán decir que llegaron pedaleando hasta el corazón mismo de la Copa del Mundo.

Y quizás allí radique la verdadera victoria.

Frigerio destacó el accionar policial en el operativo de secuestro de casi 261 kilos de cocaína en Feliciano

2 junio, 20262 junio, 2026 por Redacción

En uno de los procedimientos más importantes contra el narcotráfico en Entre Ríos, la Policía provincial secuestró 260,87 kilos de cocaína de máxima pureza tras un operativo realizado en el departamento Feliciano. El gobernador Rogelio Frigerio destacó el accionar policial, el fortalecimiento de los controles en la frontera norte y la inversión en equipamiento y tecnología para la fuerza, así como el trabajo conjunto con la Justicia.

El mandatario encabezó una rueda de prensa y destacó que se trata de uno de los procedimientos de incautación terrestre de drogas más importantes en la historia de la provincia, señalando que los 250 paquetes de cocaína secuestrados representan un valor de mercado superior a los 10 millones de euros.

Junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la jueza federal Analía Graciela Ramponi, y el jefe de Policía, Claudio González; el mandatario resaltó el “valor, el coraje y el profesionalismo” de la Policía de Entre Ríos, a la cual calificó como la mejor del país, y subrayó el impacto social de la tarea al afirmar que estos estupefacientes “ya no van a llegar a ningún hogar” entrerriano. Envió también un mensaje contundente a las organizaciones criminales, asegurando que en la provincia no tendrán cabida. “Los vamos a atrapar y los vamos a meter en la cárcel”, subrayó.

Atribuyó este logro a una estrategia de control fronterizo impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que permitió identificar y vigilar 10 puntos críticos del territorio, incluyendo la ruta 28, logrando una presencia territorial sin precedentes. Asimismo, enfatizó que el éxito del procedimiento es el resultado del “trabajo permanente en equipo” con la Justicia Federal. Finalmente remarcó que, para sostener esta lucha contra el crimen organizado, su gestión viene realizando una fuerte inversión en equipamiento, dotando a la fuerza de “armas, chalecos antibalas, movilidad, conectividad y capacitación técnica constante”.

Fronteras controladas

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, destacó la premisa de “tener las fronteras de Entre Ríos controladas” y la labor de los policías que intervinieron en el procedimiento, a quienes les otorgaron un reconocimiento. Sostuvo que es importante reconocer “el gran trabajo que hicieron estos dos policías en favor de nuestra sociedad”. Informó que desde 2023 se realizaron más de 2.700 procedimientos por narcomenudeo y 29 por narcotráfico, con más de 5.300 personas detenidas y el secuestro de importantes volúmenes de droga, dinero y logística vinculada al delito.

Por su parte, la jueza federal de Concordia, Analía Graciela Ramponi, prefirió mantener reserva sobre los pormenores de la causa debido a que “todo es materia de investigación”. Confirmó que ya se ordenaron numerosas medidas probatorias, incluyendo allanamientos en Corrientes y Rosario, vinculados al domicilio del detenido Fiordelino. De esta forma, se incautaron armas, balanzas de precisión, más estupefacientes, documentación de interés, cerca de 1,5 millones de pesos y se concretó una nueva detención.

De la rueda de prensa también participaron la senadora del departamento Feliciano, Gladys Domínguez, y la diputada María Elena Romero.