La intervención del Sindicato de la Fruta (SOF) y de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF) reveló un nuevo y grave capítulo de presunta corrupción. El Tribunal de Cuentas de la provincia intimó a las actuales autoridades a rendir cuentas por un subsidio de 3 millones de pesos otorgado en el año 2022 por la gestión municipal del entonces intendente Enrique Cresto (Hoy diputado provincial). Según los denunciantes, ese monto —que ajustado a valores actuales superaría los 12 millones de pesos— “se esfumó” sin dejar un solo registro contable.
En diálogo con 7Páginas, el interventor del sindicato, Iván Amaro, y el asesor legal, Dr. Alejandro Jacobi, calificaron el hecho como una defraudación de fondos públicos con un doble agravante por haber sido direccionada a una entidad que ya se encontraba totalmente vaciada. Por este motivo, confirmaron que ampliarán las denuncias penales contra el exsecretario general, Alcides Camejo, y contra todos los miembros de la anterior comisión directiva.
Sin comprobantes ni balances: «Se fumaron la plata»
El interventor Iván Amaro explicó que la intimación del organismo de control provincial busca justificar un dinero que supuestamente debía usarse para el desendeudamiento de la obra social, la cual no prestaba servicios médicos mínimos a sus afiliados desde el año 2015.
“Pidieron al pueblo de Concordia un subsidio de 3 millones de pesos. Se los fumaron, no están, no tenemos forma de rendirlo. Nosotros vamos a concurrir al Tribunal de Cuentas para defender la intervención y vamos a ampliar las denuncias en la justicia. Esto es doblemente agravado porque eran fondos públicos; se burlaron de la comuna”, enfatizó Amaro.
El funcionario se mostró sorprendido por la falta de controles de la gestión municipal anterior al otorgar dinero estatal a sabiendas del estado de desidia institucional: «Pasaron por alto que el trabajador estaba sin atención médica y le dieron el manejo de nuevos fondos a sabiendas de que todo lo que se hacía acá era ilícito».
La ruta del dinero y los bienes desaparecidos
Por su parte, el asesor legal Alejandro Jacobi detalló los aspectos técnicos de la presentación judicial y adelantó que la imputación alcanzará a toda la comisión directiva por la coautoría u omisión en el manejo discrecional de los recursos.
“Es totalmente una estafa al pueblo de Concordia. Dejaron todos los dedos marcados de cómo se hacían las transferencias y cómo se desviaban los fondos a sus arcas personales. No rindieron un solo ticket, ni un gasto de farmacia para demostrar una mínima prestación al trabajador”, aseguró Jacobi a 7Páginas.
El letrado recordó que Camejo ya se encuentra procesado en la Justicia Federal por lavado de activos, además de otras causas por defraudación y suministro de armas. Asimismo, reveló otra faltante patrimonial alarmante dentro del sindicato: “En ese entonces había 7 vehículos registrados; hoy no encontramos ninguno, solo una ambulancia que estaba totalmente deteriorada y tuvimos que poner en funcionamiento. Queremos saber dónde se despilfarraron esos bienes”.
Un llamado a la transparencia
Finalmente, el asesor legal de la intervención buscó transmitir tranquilidad a los obreros del sector frutícola, uno de los eslabones laborales más vulnerables de la región. Jacobi aseguró que el objetivo de máxima es lograr el procesamiento de los responsables del desfalco y devolver de manera paulatina las prestaciones esenciales de salud que les fueron quitadas a las familias de los afiliados durante casi una década.
Fuente 7paginas
