Argentina

El debate por las medidas económicas para las zonas fronterizas volvió a tensarse esta semana, luego que desde la oposición se insistiera en que los beneficios que aplican para las ciudades fronterizas con Brasil también deben aplicarse en la frontera con Argentina y que las herramientas vigentes son “paliativos”.

El diputado colorado Walter Verri afirmó que las medidas “no son suficientes” porque “las diferencias de precios siempre son considerables”. Señaló que se trata de “paliativos” que permiten “dinamizar la economía local para que los comercios puedan tener más ventas”, pero que no alcanzan para modificar la tendencia de fondo.

Verri sostuvo que el cruce de uruguayos a Argentina para adquirir productos continuará, pero destacó que los mecanismos implementados sí pueden “dinamizar la plaza financiera” y mejorar la actividad comercial. Por eso, reclamó que “hay que aplicar las medidas en todas las fronteras, no solo en la frontera con Brasil”, dado que “las realidades son muy distintas” y requieren respuestas diferenciadas. Remarcó que la brecha de precios con Brasil ronda el 70%, mientras que con Argentina se ubica en torno al 35%, pero aclaró que las comparaciones no deben limitarse a la canasta básica ya que “cuando cruzan la frontera van a buscar productos más caros”. A su juicio, “no vamos a lograr solucionar estas brechas”, pero sí es posible “dinamizar algunos sectores” y amortiguar el impacto económico en las ciudades limítrofes.

LO QUE SE APLICA

Los beneficios para la frontera comenzaron a regir desde el 1º de diciembre con la ley de medidas económicas destinadas a reducir la diferencia de precios con Brasil. La iniciativa del Poder Ejecutivo incluye la exoneración de aportes patronales para nuevas contrataciones y una reducción del IVA mediante pagos con tarjeta de débito. En paralelo, el Banco República resolvió aplicar un descuento del 15% en compras con tarjeta de crédito en comercios del litoral con Argentina.

En una crítica al enfoque del gobierno, Verri afirmó que la administración “aplica un modelo muy economicista, a rajatabla y ortodoxo”, que no toma en cuenta “la realidad de las fronteras, que son muy distintas entre sí”. Para el legislador, las medidas deben ser “más flexibles” y mantenerse “de forma permanente”, porque Uruguay es “un país con distintas realidades” y a las regiones les cuesta “mucho generar desarrollo” y “captar inversiones”.

El reciente cierre del restaurante “Lo de Vivi”, en Concordia, volvió a instalar un debate que la Argentina arrastra desde hace décadas: el descontrolado avance de la llamada “industria del juicio”, un fenómeno que, más allá de los casos reales y genuinos, terminó destruyendo miles de pequeños comercios, emprendimientos familiares y fuentes de trabajo en todo el país. Nadie discute la importancia de proteger los derechos laborales ni la legitimidad de reclamar cuando estos son vulnerados. Pero lo cierto es que el sistema argentino viene padeciendo un desequilibrio profundo: demandas millonarias, multas automáticas, criterios judiciales dispares y una estructura que castiga más a quien genera empleo que a quien litiga sin riesgo. Este caso vuelve a mostrar por qué es necesario que jueces y abogados actúen con mesura hasta que se promulgue la nueva ley laboral que se discute a nivel nacional, destinada justamente a poner fin a los abusos del sistema actual.

Según confirmaron desde el propio comercio, “Lo de Vivi” cerró de manera definitiva luego de perder un juicio laboral cuya condena económica hizo imposible sostener la actividad. La demanda había sido iniciada meses atrás por la Dra. Ruth E. Ziegler, en representación de un trabajador gastronómico que comenzó su vínculo laboral el 28 de junio de 2021, con jornadas de martes a domingos, doble turno y extensiones horarias los fines de semana. La registración formal ante los organismos fiscales se concretó recién en septiembre de 2022 y únicamente por media jornada, lo que originó diferencias salariales reclamadas en el expediente.

El caso también incluyó un accidente laboral ocurrido el 23 de mayo de 2023, cuando el trabajador sufrió una lesión en el tobillo mientras realizaba tareas de limpieza en la cocina. Tras una cirugía y meses de licencia médica, retomó sus funciones el 29 de julio; sin embargo, el 1° de agosto fue despedido sin causa. En la demanda se planteó que la desvinculación ocurrió en represalia por su estado de salud y que configuró un despido discriminatorio. El reclamo incluyó indemnización por despido, vacaciones y aguinaldo proporcionales, preaviso, integración del mes de despido, multas laborales, diferencias salariales, aportes no realizados y certificados laborales adeudados.

Tras la producción de prueba documental y médica, la jueza del Trabajo Nº 2 de Concordia, Iriel Munitz, en calidad de interina, resolvió hacer lugar a la demanda y condenó al restaurante al pago de una suma considerable, con intereses y actualización. Para un pequeño comercio, esa cifra significó la sentencia final: bajar la persiana y dejar sin actividad a una familia que dependía del negocio.

El caso expone una realidad incómoda: incluso cuando existe un reclamo legítimo, el sistema actual convierte cualquier conflicto laboral en un riesgo económico desproporcionado. La Argentina necesita urgente un marco jurídico moderno, equilibrado y razonable, que proteja al trabajador sin destruir al empleador. Hasta tanto se sancione una nueva ley laboral que ordene el sistema, la responsabilidad recae en quienes intervienen: jueces llamados a fallar con prudencia y proporcionalidad, y abogados comprometidos con la justicia real y no con el oportunismo litigante. Mientras eso no ocurra, más comercios seguirán cayendo, más empleos se perderán y más ciudades verán apagarse pequeñas historias como la de “Lo de Vivi”, que no cerró por falta de trabajo, sino por un sistema incapaz de equilibrar derechos con sustentabilidad

Alejandro Monzón para .https://www.analisislitoral.com.ar/