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La pericia terminó esta madrugada, con la presencia de la jueza María Eugenia Capuchetti. Se bajaron más de 35 mil mensajes de WhatsApp y decenas de mails, pero muy pocos de interés para la causa. El diputado había aportado la clave

La Justicia finalmente accedió al teléfono del diputado Gerardo Milman en la causa que investiga si hubo autores intelectuales en el atentado a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. La pericia se realizó en la sede de Gendarmería y duró más de 15 horas. Los peritos lograron rescatar 35.177 mensajes de WhatsApp, según un informe preliminar al que tuvo acceso Infobae, pero la mayoría estaban encriptados o no tienen interés para la causa. Apenas se rescataron algunos mensajes con sus ex secretarias. También se bajaron 104 mensajes de Telegram y Signal, y 659 archivos de los correos electrónicos.

El teléfono de Milman había sido secuestrado a fines de 2023, tras un fallo dividido de la Cámara Federal. Nunca se pudo acceder a su contenido porque el diputado se negaba a aportar la clave. Recién a fines de mayo, luego de algunos movimientos en la causa, Milman hizo una declaración espontánea ante la jueza Capuchetti y aportó la clave de seis dígitos.

La magistrada decidió que Gendarmería se encargue de la apertura y que se haga “una extracción de información limitada al lapso temporal entre el 1 de julio de 2022, dos meses antes del atentado, y el 10 de mayo de 2023.

La pericia comenzó ayer a las 9 de la mañana y terminó a las 0:53 de este jueves, según consta en el acta que lleva la firma de los peritos, de la jueza, y de su secretario.

“Se encontraron registrados 35.177 interrelaciones, correspondientes a la aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” dentro de la fecha temporal de interés, algunos de ellos se hallaban encriptados, imposibilitándose la lectura del contenido. Por otra parte, se accedió al contenido, de algunos mensajes que, conforme orientación de Autoridad Judicial Interviniente, y si bien se encuentran dentro de los parámetros de búsqueda y responden a las palabras claves compulsadas, no son de interés para la causa“, arranca el informe oficial.

La pericia rescata un mensaje enviado el 20 de enero de 2023 por Erica Menéndez, una de las ex secretarias de Milman, en el que cual se quejaba por su situación personal: “Estoy SIN LABURO SIN UN MANGO SIN AYUDA DE NADIE POR TU CULPA JERRY! Sabes que va a terminar pasando, que salgamos TODAS en la tele para decir la verdad de cada una porque NADIE NOS AYUDS, NO TENEMOS NADS QUE PERDER YA” (sic).La pericia destaca un mensaje enviado a Milman el 20 de enero de 2023

El informe también destaca unos mensajes fechados el 29 y 30 de marzo de 2023 “con contenido que podría ser de interés para la presente causa”. Esos mensajes serían de Milman hablando con un usuario que no está identificado: “Me comí que un diputado hablara diciendo que tengo que entregar el teléfono con la fantasía que van a encontrar algo vinculado al atentado y 2 programas que no deben tener otra cosa que hacer”.

La pista de Milman surgió del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, quien aseguró que el 30 de agosto de 2022 le escuchó a decir en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Al día siguiente, Milman viajó a Pinamar, pero regresó el 1 de septiembre, cuando se produjo el atentado.

El testigo que apuntó contra Milman ahora está acusado de falso testimonio, con un pedido de indagatoria.

Durante la investigación, la Justicia allanó la casa de Abello y le secuestró su teléfono. Llamativamente, los peritos de la DATIP nunca encontraron el supuesto mensaje que dijo haberle mandado al entonces diputado Marcos Cleri.Gerardo Milman

En su declaración, hace un mes, Milman adelantó que en su teléfono había mucho material borrado por “cuestiones de Estado”. “Mi teléfono no es un teléfono simple. Tengo relación con agencias internacionales de origen secreto, tenía fotos de familiares menores de edad, de cuestiones personales, y cuestiones de Estado. Como secretario de estado a cargo de la DNIC en ese teléfono había direcciones de narcotraficantes en la ciudad de Rosario, entre otras cosas”, dijo.

Efectivamente, los peritos encontraron mucho material borrado. “La misma arrojó un total de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (596) imágenes ilegibles y/o dañadas, que no fueron posible visualizar ya que las mismas fueron eliminadas”, dice el informe en el capítulo referido a las fotos.

Al revisar los mails, se analizaron un total de 659 mensajes, pero “no se obtuvo resultado positivo en cuanto a la búsqueda de palabras claves, no comprobando la existencia de información relacionada con el hecho investigado”.

Las palabras clave utilizadas en la búsqueda fueron: “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, “matar”, “maten”, “costa”, “Cristina”, “Kirchner”, “atentado”, “brenda uliarte”, “sabag montiel”, “fernando”, “fernando sabag montiel”, “carrizo”, “juncal”, “juncal y Rodríguez peña”, “Rodríguez peña”, “recoleta”, “corchazo”, “arma”, “magnicidio”, “asesinar”, “pinamar”, “vicepresidenta”, “vicepresidente”, “nando”, “copitos”, “homicidio”, “kristina”, “krysti”y “Kristy”.

En total, los peritos rescataron 633.299 “eventos totales”, entre mensajes de texto, llamadas, imágenes, audios, datos eliminados, y correos electrónicos.

Tras la revelación de Infobae, el fiscal Carlos Rívolo cuestionó la metodología utilizada para la pericia, dijo que las palabras clave seleccionadas son “insuficientes”, y reclamó un nuevo estudio “de forma manual”. “Interesa a este Ministerio Público conocer el contexto dentro del cual se desarrolló la conversación con el contacto “Erica”, que surge del informe anoticiado, a los fines de evaluar su convocatoria como testigo”, agregó en un escrito.

La Justicia nunca pudo recuperar el contenido del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el hecho. El último intento ocurrió a mediados de marzo, a pedido de la fiscal de juicio Gabriela Baigún. Fue un trabajo conjunto entre seis peritos: los de la defensa, la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

En mayo, la jueza Capuchetti le pidió colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, más conocido como Homeland Security, pero tampoco encontró una respuesta favorable.

Impacto por las subas en luz, gas y garrafas: advierten que las tarifas aumentaron más que la inflación

La exsubsecretaria de Energía, Cecilia Garibotti, alertó que el Gobierno eliminó hasta el precio de referencia y afirmó que el consumidor “no puede defenderse”.

La exsubsecretaria de Energía, Cecilia Garibotti, encendió las alarmas sobre el impacto que están teniendo las políticas del gobierno nacional en el acceso a la energía, en especial para los sectores más vulnerables. En diálogo con un medio capitalino, advirtió que “las tarifas han subido por encima de la inflación”, y cuestionó la reciente desregulación total del precio de las garrafas, clave para millones de familias que no tienen acceso al gas por red.

“Todos los meses hay un aumento que supera el ritmo inflacionario, tanto en generación como en distribución”, señaló Garibotti, remarcando que la situación golpea aún más en el interior del país, donde los servicios son más caros y los subsidios, más escasos.

Pero el eje más delicado está puesto en las garrafas de 10 y 12 kilos, que “son las más usadas por las familias de menos recursos”. Hasta ahora, el Estado regulaba parcialmente este mercado e incluso ofrecía un precio de referencia. Sin embargo, el Gobierno decidió eliminar también esa referencia, dejando a los consumidores totalmente desprotegidos frente a los abusos.

“El precio subió entre un 10% y un 20% en las últimas semanas”, explicó Garibotti. Y agregó: “En enero ya habían anunciado que se liberaban los precios, pero al menos seguían publicando un valor de referencia que servía como guía. Ahora, ni eso”.

La exfuncionaria apuntó que incluso desde una perspectiva liberal, eliminar la información de precios no tiene lógica: “Desde cualquier punto de vista, incluso liberal, la transparencia de precios es clave. Si no hay referencia, el consumidor no puede defenderse”.

La situación es particularmente crítica para las zonas alejadas de los centros urbanos, donde el acceso a la red de gas natural es limitado o inexistente. En esos casos, la garrafa es la única alternativa. “Tenemos un país enorme, con poblaciones muy dispersas. Llegar con gas por red es difícil, pero el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la energía. Si no es gas, debe ser electricidad segura o alternativas accesibles”, planteó.

Garibotti también destacó el contraste entre los recursos energéticos de la Argentina y la exclusión energética de una gran parte de su población. “Tenemos una de las reservas de gas y petróleo más importantes del mundo, y sin embargo hay millones de personas que no pueden calefaccionarse”, lamentó.

Finalmente, expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir después de las elecciones. “Te la regalo después de octubre cuando quiten lo poco que queda de subsidios”, advirtió, señalando que los incrementos serán aún más fuertes si no se revierten estas decisiones.

Victoria Villarruel habilitó una sesión en el Senado que el Gobierno considera ilegal y en Casa Rosada la acusaron de traición, mientras que adelantaron que judicializarán todo proyecto que logre aprobar la oposición.

Ante la avanzada opositora en el Senado, que autoconvocó una sesión sin el aval de la Presidencia de la cámara alta, el Gobierno denunció un “golpe institucional”, acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de jugar abiertamente con el kirchnerismo por habilitar la sesión y adelantó que van a judicializar los proyectos en caso de que se aprueben “ilegítimamente” en el recinto.

Una batalla clave en el Senado

El contexto para el Gobierno es complejo frente a una batería de proyectos impulsados por la oposición que en el Ejecutivo denuncian como una “aberración que atenta contra el equilibrio fiscal”. Entre las principales medidas se busca reponer la moratoria previsional, incrementar los haberes jubilatorios y el bono, declarar la emergencia en discapacidad y voltear el veto presidencial que denegó los fondos especiales para Bahía Blanca, además de los proyectos impulsados por los gobernadores para rediscutir la distribución de fondos coparticipables.

Con el objetivo de ganar el máximo tiempo posible para el oficialismo, la Presidencia de la Cámara no realizó la citación formal a la sesión, pero las bancadas opositoras se autoconvocaron en el recinto, abriendo una discusión reglamentaria.

El Senado se convirtió en una arena de batalla para el Gobierno ante la avanzada de la oposición con una batería de proyectos que el oficialismo rechaza por “atentar contra el equilibrio fiscal”.

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La discusión reglamentaria

Para la oposición, un quórum con mayoría simple (mitad más uno) alcanzaba para tratar los proyectos, mientras que La Libertad Avanza sostuvo que se necesitaban dos tercios de los presentes y denunció un intento de “golpe institucional en el Senado”.

“El Senado no puede autoconvocarse, por lo tanto, es inválida y se están incumpliendo artículos del reglamento. No podemos permitir que una mayoría circunstancial interprete las normas como le conviene. Esto generará, en el futuro, un desorden institucional”, denunció el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, al comienzo de la sesión, y agregó: “Podrán continuar, decir y hacer lo que quieran, pero lo que está ocurriendo carece de legitimidad”.

El oficialismo argumentó que se necesitaban dos tercios para sesionar y acusó un intento de golpe institucional, mientras que la oposición justificó la presencia de todas las bancadas en el recinto para avanzar con la sesión.

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La amenaza de la judicialización

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó tras el inicio de la sesión que el Gobierno “no la va a dar por válida” y ratificó su judicialización. “Si se envían esas leyes, el Poder Ejecutivo por supuesto las va a vetar y va a plantear judicialmente la ilegitimidad de ambas”, ratificó el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

El argumento del oficialismo es que las cámaras solo pueden autoconvocarse con mayoría simple para tratar asuntos internos de la cámara, mientras que hacerlo para tratar leyes no existe en el reglamento. “Es insólito, jamás en la historia pasó esto. Genera un problema para las instituciones de acá en adelante, para este y todos los gobiernos”, planteaban en Casa Rosada.

En ese sentido, cerca del asesor presidencial Santiago Caputo sostuvieron que la situación respondía a la teoría del fruto del árbol envenenado, una doctrina en el derecho que plantea que cualquier medida de prueba obtenida por vías ilegítimas debe ser desestimada. “La sesión es ilegal, por ende cualquier cosa que se apruebe en la sesión no tiene validez”, sentenciaron.

Guillermo Francos ratificó que el Gobierno judicializará la sesión si los proyectos de la oposición avanzan en el Senado.

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Villarruel, en el ojo de la tormenta

En paralelo, todos los focos quedaron puestos sobre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien en el Gobierno acusaron abiertamente de traición por tomar su lugar en el recinto y habilitar el tratamiento de la sesión tras la conformación del quórum que impuso la oposición.

“Lo de Victoria es insólito. Acaba de entregarle a (José) Mayans el control de la cámara. Estaba al tanto de todo, se le explicó a ella y a su equipo que iban a generarle un problema a la democracia de ahora en más. Se sentó y lo hizo igual. Alevoso”, arremetieron cerca del Triángulo de Hierro.

En el Gobierno salieron al cruce de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que esta habilitara la sesión autoconvocada por la oposición para tratar temas sensibles para la Casa Rosada.

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Para no dejar lugar a dudas, también se pronunció al respecto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien emitió un durísimo posteo contra Villarruel en sus redes, evidenciando una ruptura en el seno del Gobierno que ya nadie se esfuerza en ocultar.

“Levántese, señora vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”.

También salió al cruce de la vicepresidenta Agustín Romo, alfil de Santiago Caputo y jefe de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados bonaerense, quien acusó a Villarruel de “habilitar la sesión que busca destruir el equilibrio fiscal sin quorum” y compartió una foto de la compañera de fórmula de Javier Milei junto al titular de la bancada kirchnerista, José Mayans.

El posteo de Agustín Romo en redes sociales contra Victoria Villarruel tras la polémica en el Senado.

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El episodio sumó un nuevo capítulo en la larga e irreconciliable interna que enfrenta a Villarruel con Javier Milei, que este miércoles había dado cuenta del recelo que tenían en la Casa Rosada hacia la vicepresidenta de cara a un nuevo escenario adverso en el Senado. “Veremos qué hace (Villarruel), esperemos que defienda los porotos que corresponde”, había dicho el libertario en la previa. Tras ser consultado sobre si dudaba del accionar de su compañera de fórmula, sentenció: “Los pingos se ven en la cancha”.

Así lo anticipó el presidente en un acto en la Bolsa de Comercio.

Javier Milei confirmó que vetará el aumento a los jubilados que convirtió en ley el Senado este jueves. En un acto en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, el Presidente comenzó su discurso haciendo referencia al tema del día y lanzó fuertes críticas a los senadores y a los gobernadores, aunque sin nombrarlos explícitamente.

“Nada de esto que está pasando a nosotros no nos sorprende. Nosotros estamos preparados para esto y sanemos que vamos a ser exitosos. Lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Lo más importante es que sepan: están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”, comenzó el mandatario.

Y completó: “A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100 mil a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Aún se dieron las circunstancias, que no creo, que le veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”.

Luego, en un tiro por elevación a los gobernadores, sentenció: “La realidad del problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar. No la pueden manejar. Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. La diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Cuando ustedes pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente un chaleco de seguridad y no pase nade. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.

El paquete legislativo aprobado por el Senado -tenía media sanción de Diputados- implica un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, excluyendo los regímenes especiales, y eleva el bono de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. La principal objeción oficialista radica en que este bono se convierte en un derecho permanente. Además, la restitución de la moratoria previsional por dos años permitirá que quienes no hayan completado los 30 años de aportes puedan adquirir los períodos faltantes para acceder al haber mínimo.

En el recinto, el oficialismo se mostró sin capacidad de defensa, mientras la Casa Rosada buscó atribuir la derrota legislativa a la vicepresidenta Victoria Villarruel. El proceso legislativo transcurrió en medio de denuncias sobre irregularidades en el reglamento, pero con la expresa validación de la Cámara alta, que según su propio criterio es soberana en la toma de decisiones parlamentarias.

Respecto a la moratoria previsional, la restitución de este mecanismo tendrá vigencia durante dos años y permitirá a las personas que no hayan completado los 30 años de aportes requeridos acceder a la jubilación mínima mediante la compra de los años faltantes.

Fuente: Infobae