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Los decretos del gobierno afectan a Gendarmería Nacional, al Servicio Penitenciario Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval

En el último día de las facultades delegadas, el gobierno de Javier Milei ordenó una serie de reformas integrales que afectan estructuras y competencias de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

En detalle, los cuatro decretos fueron firmados por el presidente, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los organismos tendrán 90 días para la presentación de proyectos de reglamentación y adecuación interna de cada fuerza.

Archivo / Ilustrativa

Gendarmería Nacional Argentina

A través del Decreto 454/2025 el Gobierno oficializó la reestructuración de Gendarmería. “El nuevo Estatuto propuesto constituye una reforma integral que persigue múltiples beneficios concretos, entre los cuales se destacan: la racionalización de funciones; la jerarquización de la carrera profesional; la modernización de la estructura organizativa; la incorporación de principios de buen gobierno, transparencia y control y la consagración de un régimen disciplinario ágil, eficaz y que asegure el debido proceso”, justificaron en los considerandos de la medida.

En este sentido, detallaron que “se torna necesario derogar la Ley de Gendarmería Nacional Nº 19.349, los artículos 2º al 6º de la Ley Nº 18.711 y aprobar un nuevo Estatuto para la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA”.

La mencionada Ley de Gendarmería Nacional establecía – hasta el Decreto – la estructura y funciones de esta fuerza de seguridad en el país. Por su parte, los artículos 2° al 6° de la Ley Nº 18.711 – de Fuerzas de Seguridad – detallaba la jurisdicción y campo de acción de la mencionada organización.

En este caso, el Decreto 454/2025 aprueba un nuevo Estatuto que reemplaza regulaciones vigentes desde 1971. Entre los principales cambios se establecieron nuevos criterios para escalafones, grados jerárquicos y régimen de ascensos y se reorganizan áreas clave para reforzar tareas de control fronterizo y lucha contra delitos federales complejos, tales como el narcotráfico o el terrorismo. La fuerza también podrá inmiscuirse en el campo digital e investigar el ciberespacio y combatir el ciberterrorismo.

Los cambios en el Servicio Penitenciario Federal

El segundo de los Decretos relacionados a las fuerzas de seguridad del país establece profundos cambios en la organización del Servicio Penitenciario Federal. “Para la adecuada modernización del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL resulta necesario establecer una nueva estructura y régimen de personal que sustente sólidamente los valores y principios éticos institucionales actuales, como la observancia del Estado de Derecho, el respeto por los Derechos Humanos, el compromiso con la función pública, la honestidad, el profesionalismo, la integridad, la justicia, la prudencia, la confidencialidad, el trabajo en equipo y la rendición de cuentas”, explicaron en los considerandos.

En detalle, este área tendrá – a partir del Decreto 455/2025 – un nuevo estatuto que reemplaza la Ley Orgánica que fue sancionada en 1967. Si bien la misma mantiene gran parte del contenido original, la nueva normativa incorpora una estructura nueva, que incluye una Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y otra de Personal, Formación y Bienestar.

La reforma más relevante es el traspaso del organismo del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Seguridad. También se creó un esquema de direcciones generales específicas, se prevé un Plan de Infraestructura Penitenciaria y se autoriza la reubicación de establecimientos en zonas urbanas para “mejorar las condiciones de detención y la seguridad”.

Las reformas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria

En referencia a las modificaciones en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Gobierno consideró que “es necesario otorgar mayor certeza en ciertas funciones de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para prevenir y combatir la delincuencia, con la finalidad de fortalecer un modelo policial proactivo sobre criterios de racionalidad y eficiencia con el fin de optimizar la operatividad policial, garantizando una rápida respuesta a las demandas de la sociedad, bajo la dirección y coordinación del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL”.

Así, la tarea principal de la fuerza seguirá siendo la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas. Pero, más allá de eso, el Gobierno amplió el alcance operativo y habilitó a la PSA a realizar tareas por fuera del entorno aeroportuario. Así, podrá participar en tareas de seguridad interior en otros medios de transporte.

Además, también se creó un nuevo escalafón técnico profesional para la carrera dentro de la fuerza. En ese sentido, se incluyó la figura del cadete, un nuevo sistema disciplinario, y un tribunal de conducta. También se reorganizó su estructura interna con la creación del cargo de Subdirector Nacional.

Foto: UNO/Mateo Oviedo

Los cambios en la Prefectura Naval Argentina

Por último, el Gobierno también decretó modificaciones en la Prefectura Naval. “La evolución del transporte por agua tiene como correlato la necesidad de incrementar su seguridad, tanto en lo referente a la navegación propiamente dicha como a la interfaz buque-puerto en pos de la prevención de actividades ilícitas”, justificaron en los considerandos de la medida.

Así, fue modificada la Ley sancionada en 1969, aunque sin reemplazarla. El nuevo marco legal actualizó las competencias de la fuerza y eliminó “funciones obsoletas”, tales como el juzgamiento de contravenciones o el otorgamiento de beneficios postales.

Por otro lado, también se reorganizo su estructura y se unificaron competencias relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.

El Decreto 457/2025 establece que, a partir de ahora, la fuerza ejercerá el servicio de Policía de Seguridad de la Navegación, Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, Policía de Seguridad y Protección Marítima y Policía Judicial, la Jurisdicción Administrativa de la Navegación.

El presidente Javier Milei presentó una denuncia penal por injurias contra la periodista Julia Mengolini, a raíz de declaraciones que la comunicadora hizo en medios y redes sociales sobre su vínculo con su hermana, Karina Milei, y sus perros.

La presentación judicial recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, y fue realizada por el abogado del mandatario, Francisco Oneto. En la denuncia, se sostiene que las afirmaciones de Mengolini lesionan el honor y la reputación del Presidente.

En el escrito se citan expresiones emitidas por la periodista durante el programa Duro de Domar, en el canal C5N, donde afirmó que Milei “vive con 8 perros y está enamorado de su hermana”, y que esto constituye “un tabú en todas las culturas”. También se incluye un tuit en el que Mengolini aclara sus dichos, aunque mantiene el mismo tono: “Corrección presidente: dije que vivía con sus perros, no que dormía con ellos. Y que estaba enamorado de su hermana, no que se acostaba con ella”.

La defensa del Presidente argumenta que las expresiones fueron emitidas con dolo, es decir, con conocimiento del daño que podían causar, y que están fuera del amparo constitucional de la libertad de expresión, al tratarse de afirmaciones que califican como “denigrantes”.

Uno de los elementos centrales del reclamo es que la propia Mengolini, en una entrevista radial, reconoció sentirse afectada cuando fue víctima de una acusación similar en redes sociales, en relación con su hermano. Según Milei, esa admisión refuerza la gravedad de sus propios dichos, y justifica el inicio de acciones judiciales.

La querella se basa en el artículo 110 del Código Penal, que tipifica el delito de injurias, y sostiene que, por tratarse de expresiones sin respaldo fáctico, no pueden considerarse de interés público ni estar protegidas por la libertad de prensa.

Además, se citan fallos de la Corte Suprema para sustentar la denuncia, indicando que el derecho a la libertad de expresión no exime de responsabilidades cuando se incurre en delitos o daños a terceros en su ejercicio.

Hasta el momento, Mengolini no se expresó públicamente sobre la demanda. La causa quedará ahora sujeta a evaluación judicial para determinar si se abre formalmente el proceso.

“Un régimen de exclusión violatorio de mis más elementales derechos civiles”, denunció la ex presidenta. Sus abogados presentaron un recurso contra la resolución que restringe las visitas

Tras la confirmación judicial que le permite salir al balcón de su departamento en San José 1111, Cristina Kirchner cuestionó este viernes el régimen de visitas de la prisión domiciliaria, que exige autorización previa para cualquier persona que no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico.

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, escribió la expresidenta, a través de su cuenta de X.

En el posteo, advirtió que sus abogados -Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy- recurrieron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que solo permite que la visiten personas de su núcleo familiar, sus abogados y médicos.

“Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, agregó.

Y concluyó: “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?“.

El recurso de reposición está dirigido particularmente contra la resolución dictada el 17 de junio, que obliga a la exmandataria a presentar un listado con las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y abogados que la representan, “debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.

La defensa dejó interpuesto en el mismo escrito el recurso de casación, en caso de que no se haga lugar a la reposición, y advirtió que, de ser necesario, acudirá a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales de derechos humanos.

Según señala el documento, compartido por la misma expresidente en el posteo de X, los jueces no están facultados para “imponer reglas de conducta adicionales” a las personas que cumplen arresto domiciliario.

También advierte que la restricción no contempla, por ejemplo, a profesionales contables que la asisten, apoderados, peritos designados en otros procesos judiciales, asesores ni líderes de fuerzas políticas de otros países.

“Sin que esta apreciación busque otorgarle privilegios personales a nuestra representada, lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, indica el recurso.

Cuando el martes el tribunal oral, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, le otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidente le impuso una regla, además de no poder salir de su casa: “Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes“.Entre lágrimas, una mujer levantaba un cartel en apoyo a CFK

Este medio consultó por la gente que está de manera permanente en la puerta del edificio de Cristina Kirchner -con banderas, bombos, cánticos y puestos de venta de comida y merchandising- desde la semana pasada, que podría representar una perturbación para los términos del fallo.

“Cristina Kirchner no hizo ninguna manifestación al respecto. La seguridad y el tránsito vehicular y de personas es competencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un Código de convivencia y contravencional que está vigente”,agregó la fuente judicial consultada. Cuando el tribunal le impuso la prisión domiciliaria determinó que cada tres meses la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal debe presentar un informe sobre su supervisión.

Este miércoles aparecieron dos dudas concretas. La primera la planteó la propia Cristina Kirchner. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron en un tribunal oral un pedido de aclaratoria para que le digan a la ex presidenta si puede o no salir al balcón de su departamento, y en el primer caso para qué puede usarlo. Es el balcón desde el que la ex presidenta saludó a la militancia diariamente -excepto desde que le otorgaron la prisión domiciliaria- desde que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena.

“Nadie le dijo que no salga al balcón”, contestaron desde tribunales. Para el tribunal es clara la resolución respecto a lo que puede y no hacer la ex presidenta. La pauta es que no salga de su domicilio y no perturbe el barrio. Y responder el planteo sobre el balcón implicaría hacer un enorme listado de actividades sobre qué puede y que no puede hacer allí, lo que es imposible que ocurra. Además, implicaría que cada actividad que quiera hacer la ex presidenta sea consultada a la justicia.

Para muchos el planteo de Cristina Kirchner es una trampa política. Busca que le digan que no puede usar el balcón o tensar su prisión domiciliaria.

El otro punto fue el discurso -parte grabado y parte en vivo- que dio a la multitud de personas que marcharon a Plaza de Mayo para apoyarla. La ex presidenta puede hacer ese tipo de manifestaciones desde su prisión domiciliaria.

“No se puede restringir la libertad de expresión. Solo se puede hacer si se comete un delito, como incitar a una sedición. Es una ex presidenta con vigencia política y cercenar sus derechos políticos le puede traer al estado argentino consecuencias internacionales. Y en ese caso sí se estaría en una proscripción”, explicó la fuente judicial.