El tribunal rechazó los pedidos de la expresidenta respecto a una morigeración en las condiciones de su prisión domiciliaria. Y confirmó que deberá cumplir la condena en su departamento de Constitución.
formularon para que la pena se ejecutase en otro domicilio distinto al actual. Al respecto, tuvieron en cuenta que el tribunal oral se valió -para fijarlo- de un informe socio-ambiental favorable, elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y remarcaron que habían cesado las situaciones que afectaron al barrio en momentos posteriores al 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena.
En su voto, el doctor Borinsky explicó que el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclaró que, momentáneamente no existirían motivos para obligar a un cambio de domicilio; sin perjuicio de que a futuro pudieran evaluarse otros sitios alternativos, a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social.
Por su parte, por mayoría conformada por los doctores Hornos y Barroetaveña, el recurso de casación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner fue rechazado.
Un dato clave fue que el fiscal general Mario Villar desistió de su pedido para que se revierta la prisión domiciliaria y Cristina Kirchner cumpla la condena en una cárcel común. En su descargo, planteó que la condenada venía cumpliendo adecuadamente con las condiciones impuestas.
Los mencionados magistrados confirmaron las restricciones impuestas a la ex Presidenta de la Nación para recibir visitas. De este modo, se convalidó la obligación de solicitar autorización previa y motivada al tribunal de ejecución, para aquellas personas ajenas a su círculo íntimo que deseen concurrir a verla.
El doctor Borinsky emitió un voto disidente, considerando que correspondía revocar dichas restricciones. Explicó que la medida en cuestión no se encuentra prevista en ninguna norma y, por lo tanto, el tribunal oral se extralimitó al dictarla, vulnerándose así los artículos 18 y 19 de la Constitución. Subrayó que luego de una condena firme, solamente pueden restringirse los derechos de la persona que autoriza la sentencia, y no otros como, por ejemplo, la intimidad y el ejercicio de los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, quien constituye una figura destacada de un espacio político.
La información se conoció el mismo día en que se ordenó que la expresidenta y los otros condenados por la causa Vialidad devuelvan más de US$ 500 millones.
Finalmente, también con el voto mayoritario de los jueces Hornos y Barroetaveña, se decidió que la ex Presidenta debía continuar con la tobillera electrónica.
Por su parte, el doctor Borinsky propició la extracción de dicho dispositivo que el tribunal oral colocara a Cristina Fernández de Kirchner, tras considerarla innecesaria y superflua a los fines de controlar la ejecución de la pena.
En ese sentido, indicó que se trata de una persona de público conocimiento, que estuvo siempre a derecho y que cuenta con custodia policial permanente -la cual podría ser eventualmente incrementada-. Agregó que esta última medida de protección, al ser más restrictiva que la tobillera, resultaba suficientemente idónea para permitir un control efectivo sobre el cumplimiento de la pena para el caso concreto.
También valoró la limitada aplicación del instituto por la escasez de tobilleras y el exiguo porcentaje de mujeres condenadas quienes se encuentran con dicho dispositivo de vigilancia electrónica en su domicilio.
La Justicia ordenó que CFK y los condenados devuelvan más de US$ 500 millones
Los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enviaron al Tribunal Oral Federal 2 el monto actualizado que deberán devolver los condenados en la causa Vialidad, entre los que se encuentra Cristina Kirchner.
El monto establecido es de 684.990.350.139,86 millones de pesos por los perjuicios ocasionados al Estado.
Con el informe terminado, la Justicia le dará 10 días hábiles a los condenados para que devuelvan el monto total establecido en el decomiso. Si no lo hacen, comenzará la etapa de ejecución de los bienes, es decir, la subasta pública.
En el listado de bienes de Cristina Kirchner -que ya confeccionaron los fiscales Luciani y Sergio Mola- aparecen un total de 26 propiedades de los Kirchner (dos están en CABA y otras 24 en Santa Cruz), las tres empresas familiares (Los Sauces, Hotesur y COMA S.A.) y losU$S5,6 millones de Florencia.
Entre los inmuebles figuran los hoteles y algunas estancias de la familia.
