Las encuestas que miden el clima político en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones de 2025, muestran un escenario profundamente reconfigurado, pero también estancado en un dilema: un oficialismo con base firme pero sin estructura, y una oposición con estructura, pero sin liderazgo.
Según el último informe de Giacobbe & Asociados, Javier Milei conserva una imagen positiva del 48,1 por ciento a nivel nacional, y apenas un 40,8 de imagen negativa, un dato notable para un presidente que empuja un ajuste feroz, que muchos argentinos están sufriendo. De hecho, el 43,2 por ciento cree que el esfuerzo económico que plantea el gobierno “tiene mucho sentido porque dentro de poco vamos a estar mejor”. Es un nivel de esperanza que el propio peronismo no logró sostener ni en sus mejores momentos de crisis.
Victoria Villarruel, en tanto, cosecha un 28,4 por ciento de imagen positiva pero, sobre todo, un 26,5 de regularidad, lo que indica que no despierta rechazo masivo, ni siquiera en sectores que no la votarían hoy.
En cambio, la oposición luce desorientada. Cristina Fernández de Kirchner, cuyo liderazgo fue central en la última década y media, tiene un 58,1 por ciento de imagen negativa y apenas 28,8 por ciento de positiva. En paralelo, un abrumador 62,7 por ciento de los encuestados considera que es culpable y debería ir presa,y el 45,7 por ciento cree que debe cumplir condena en una cárcel común. Las palabras más repetidas ante la posibilidad de verla tras las rejas son “Justicia” y “Alegría”. Es un dato cultural, casi antropológico, que debería hacer reflexionar al kirchnerismo sobre el impacto de su principal figura.
Axel Kicillof, gobernador bonaerense y potencial candidato a disputar el poder nacional, no corre mejor suerte. Su imagen positiva apenas roza el 29 por ciento a nivel nacional, contra un 58,6 de negativa. En la provincia, los referentes kirchneristas no logran despegar: Victoria Tolosa Paz, Mayra Mendoza y Fernando Espinoza tienen más del 50 por ciento de imagen negativa cada uno, mientras que Diego Santilli (Pro) y Diego Valenzuela (LLA) aparecen con niveles de conocimiento moderados pero sin un clivaje de rechazo tan marcado.
¿Dónde están, entonces, los votos? En el respaldo a La Libertad Avanza, tanto a nivel nacional (41,9) como provincial (41,3). El kirchnerismo/peronismo se mantiene como segunda fuerza, con 28 en nación y 39,6 en provincia. El Pro aparece relegado al 8 y la Unión Cívica Radical (UCR) está prácticamente desaparecida del mapa.
La lectura política es clara: el oficialismo nacional, con todos sus problemas, tiene una ventaja competitiva central basada en el rechazo al pasado. Pero esa ventaja no será eterna. El gobierno, que ya no tiene relato sino relatores, se sostiene más por la fe de sus votantes que por resultados palpables. Sin embargo, mientras la oposición siga atrapada en los mismos nombres y culpas, la Argentina seguirá girando alrededor del vacío: Milei no necesita ganar más apoyo, solo que el resto no lo encuentre.
La política argentina, en su laberinto, parece tener una sola certeza en este año electoral: Cristina presa no solo es una fantasía para muchos, sino una emoción que ordena la conversación pública. Y eso, en una democracia emocional como la argentina, es muchísimo.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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