Mientras Milei habla de libertad, los bancos siguen esclavizando a los argentinos con tasas criminales
Por Redacción Análisis Litoral
En la Argentina de la “motosierra”, del ajuste sin anestesia y del relato libertario que proclama que el esfuerzo individual salvará al país, hay un sector que no se toca. Un verdadero poder fáctico, impune, blindado y privilegiado: los bancos.
Mientras la inflación cae mes a mes —según el INDEC fue del 2,5% en junio de 2025— los intereses que cobran las entidades bancarias siguen en niveles de usura descarada. Y el gobierno de Javier Milei, que ha puesto bajo la lupa a medio país, mira para otro lado cuando se trata de los banqueros.
💳 Tarjetas de crédito: el anzuelo perfecto para atrapar a los que menos tienen
Hoy, si un ciudadano paga el mínimo de su tarjeta de crédito, entra en un espiral de deuda que es casi imposible de frenar:
Tasa Nominal Anual (TNA): entre 120% y 150%, según el banco.
Costo Financiero Total (CFT):hasta 210%, cuando se suman seguros, comisiones, “gastos de gestión” y otras trampas.
¿Inflación anual estimada? Apenas 30% para fines de 2025.
Entonces, ¿por qué siguen cobrando intereses como si viviéramos en el 2022? Porque pueden. Porque nadie los controla. Porque el Estado —sea peronista, kirchnerista, macrista o libertario— jamás se animó a enfrentar a los verdaderos amos del dinero.
🏦 Una historia de saqueo legalizado
Desde hace más de 40 años, el sistema financiero argentino viene enriqueciéndose con cada crisis:
En la dictadura, se estatizó la deuda privada de los bancos.
En los 90, se quedaron con el ahorro de una clase media ilusionada con la convertibilidad.
En el 2001, los mismos bancos que bloquearon los ahorros fueron rescatados con fondos públicos.
En la era K y el macrismo, ganaron fortunas con Leliqs, Lebacs, pases, plazos fijos UVA y cuanta ingeniería financiera inventó el Banco Central.
Y hoy, en plena “revolución libertaria”, siguen ganando millones mientras la gente vende lo que tiene para pagar un resumen de tarjeta.
Los bancos no ajustan: saquean
El relato oficial habla de “esfuerzo”, “libertad económica” y “responsabilidad fiscal”. Pero en la práctica:
Las PyMEs no acceden a créditos razonables.
Las familias se endeudan para comer.
Los jubilados son blanco fácil de préstamos a tasas criminales.
Los bancos no producen, no invierten, no arriesgan. Viven del diferencial entre la desesperación del cliente y la complicidad del sistema. No hay libertad posible cuando un banco te cobra un 200% anual por refinanciar una deuda de supermercado.
¿Dónde está la política?
Hoy, los argentinos están pagando intereses que duplican la inflación. ¿Dónde están los organismos de control? ¿Dónde está el Ministerio de Economía? ¿Dónde está el propio Presidente que habla todos los días de “casta”?
¿O será que hay una casta financiera que ni siquiera Milei se atreve a tocar?
Si el ajuste lo paga solo el pueblo y no los bancos, entonces no es una revolución: es un pacto de silencio. Es hora de que el gobierno deje de mirar para otro lado y exija a las entidades bancarias que bajen las tasas y devuelvan algo de lo que se llevaron durante décadas.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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