Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que suspende el recargo destinado al Fondo de Desarrollo Energético, para amortiguar el impacto de las subas nacionales y el recorte de subsidios en los hogares de la provincia.

Se oficializó la extensión del alivio fiscal para los usuarios a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial que dispuso la suspensión total de las alícuotas del recargo sobre la venta de energía eléctrica durante todo el 2026.

Este tributo, que alimenta el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, es un componente de jurisdicción provincial que incide directamente sobre el monto final de las boletas residenciales. Con esta decisión, el gobierno entrerriano busca “morigerar los efectos de la transición energética” y evitar que la carga impositiva local agrave aún más la situación de los consumidores frente a la quita de subsidios nacionales, consignó APF.

El cuerpo del decreto fundamenta la medida en la necesidad de “transparentar los costos reales”, pero reconociendo que los incrementos dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación han golpeado la economía familiar. La provincia ratifica su postura de intervenir en los componentes tarifarios que están bajo su control directo.

“Es convicción de este Gobierno Provincial que, ante contextos de emergencia, el Estado debe instrumentar acciones concretas para evitar más aumentos en la tarifa eléctrica, por lo menos en lo que respecta a los componentes de determinación provincial”, señala el texto que lleva la firma de Frigerio y el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob.

Un punto que generaba dudas era el destino de las obras de infraestructura eléctrica y gasífera que se financian con este fondo. Al respecto, el decreto establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas será el encargado de cubrir dichas obras con recursos del Tesoro Provincial, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para asegurar que la menor recaudación no paralice el desarrollo energético de la región.

Esta medida se suma a un paquete de acciones que la provincia viene ejecutando, entre las que se destacan:

– El sostenimiento de la Tarifa Eléctrica Social

– La bonificación a entidades deportivas y sectores productivos (como el arrocero)

– La reciente reducción de la contribución única municipal, que pasó del 8,6% al 6% en las localidades adheridas

Hay críticas que interpelan y enriquecen el debate público. Y hay otras que simplemente exhiben cinismo, amnesia selectiva y una dosis preocupante de descaro político. El reciente ataque del exdiputado Marcelo Casaretto contra el gobernador Rogelio Frigerio, acusándolo de “endeudar a Entre Ríos por U$S 500 millones”, pertenece claramente a esta segunda categoría.

No se trata aquí de defender a un gobernador —tarea que, llegado el caso, deberá sostener con hechos y resultados— sino de poner límites al agravio cuando proviene de quienes fueron parte estructural del problema que hoy se pretende administrar.

El endeudamiento no nació ayer

Resulta llamativo —o quizás previsible— que quienes integraron durante años los gobiernos que dejaron una provincia financieramente devastada, ahora descubran de golpe el concepto de “endeudamiento” como si se tratara de una novedad escandalosa. La deuda monumental que arrastra Entre Ríos no cayó del cielo ni se gestó en un viaje a Nueva York: fue el resultado de años de desmanejo, déficit crónico, estructuras infladas y una concepción patrimonialista del Estado.

Si esos recursos que hoy se reclaman como “del pueblo” hubieran sido efectivamente invertidos en mejorar la vida de los entrerrianos —y no diluidos en corrupción, ineficiencia y cajas políticas— probablemente no estaríamos discutiendo hoy la necesidad de reordenar pasivos ni buscar financiamiento externo.

Viajar no es traicionar, es gobernar

Presentar una agenda institucional en Estados Unidos como una “entrega” o un “clavo” para los entrerrianos es una simplificación burda. Gestionar deuda no es lo mismo que saquear, y negociar condiciones financieras no equivale a hipotecar el futuro si se hace con reglas claras, previsibilidad y objetivos concretos.

La provincia necesita reconstruir credibilidad, ordenar cuentas y sostener servicios básicos. Eso exige, guste o no, interlocución con el sistema financiero internacional, especialmente cuando el país atraviesa un proceso de ajuste profundo y recorte de transferencias nacionales que ningún gobernador —de ningún signo político— puede ignorar.

El agravio como último recurso

Lo que sí queda claro es que el recurso al agravio permanente es el síntoma de una dirigencia que perdió legitimidad social. La mayoría de los entrerrianos distingue hoy con bastante claridad quiénes fueron parte del problema y quiénes, al menos, enfrentan las consecuencias de ese legado.

Por eso, cuando desde ese pasado reciente se intenta descalificar una gestión electa con contundencia en las urnas en 2023, el efecto ya no es indignación ni temor: es lástima política. Lástima por la incapacidad de asumir responsabilidades, por la negativa a hacer autocrítica y por la insistencia en repetir discursos que ya no interpelan a nadie.

No es defensa, es sentido común

Esta nota no pretende blindar al actual gobernador ni absolverlo de futuras responsabilidades. El tiempo y los hechos hablarán. Pero el debate público exige un mínimo de honestidad intelectual. Y cuando quienes ayudaron a vaciar la provincia señalan con el dedo a quienes intentan ordenarla, el problema ya no es la deuda: es la falta de vergüenza.

Tal vez, antes de levantar la voz, algunos deberían revisar su propio recorrido, su rol en los gobiernos anteriores y hasta sus declaraciones patrimoniales. Porque hay silencios que, más que prudencia, serían un saludable gesto de respeto hacia una sociedad que ya entendió demasiado.

Por Alejandro Monzón Análisis Litoral