A partir de este miércoles 11 de febrero, un total de 32 trámites de la administración pública provincial deberán gestionarse únicamente de manera digital a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La medida marca el fin definitivo del uso del papel en estas gestiones y representa un nuevo paso en el proceso de modernización del Estado en Entre Ríos.
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, informó a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación que, tras cumplirse el período de transición, una treintena de gestiones administrativas dejarán de utilizar el soporte físico en papel y comenzarán a gestionarse íntegramente de manera digital.
Esta medida alcanza a organismos centrales como la Gobernación, la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, la Secretaría Legal y Técnica, Tesorería General y la Contaduría General.
Colello destacó que “estos 32 trámites que dejan definitivamente el papel y pasan a gestionarse de manera digital significan más agilidad, más transparencia y un ahorro concreto de tiempo y recursos para la administración pública”.
La implementación se realiza a través del Módulo de Expediente Electrónico (EE) del sistema GDE. Entre los trámites que pasan a la virtualidad obligatoria se encuentran la gestión de compras directas, viáticos, pago de bienes y servicios, modificaciones presupuestarias, publicidad y propaganda, rendiciones de caja chica, entre otros. El objetivo es dotar a la administración de mayor celeridad, transparencia y un ahorro significativo de costos operativos.
“Este proceso es un hito en la transformación digital de nuestra gestión, que va a permitir acelerar considerablemente los tiempos de tramitación”, señalaron desde la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación -autoridad de aplicación del sistema GDE en la provincia- y subrayaron que la medida se alinea con estándares nacionales e internacionales de gobierno electrónico para optimizar la eficiencia interna.
Para asegurar una transición exitosa, la Secretaría reforzó la capacitación de los agentes públicos involucrados. No obstante, quienes requieran más información sobre la digitalización de estos trámites pueden solicitarla a través del correo electrónico mesadeayuda-gde@entrerios.gov.ar o vía celular al 343 457-6834 (WhatsApp o llamadas).
Luego de semanas de intenso calor y sequía en varios puntos de Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para miércoles y jueves de esta semana en todo el territorio provincial.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.
De acuerdo al pronóstico oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.
La Defensa Civil insta a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, así como no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo y, como medidas más extremas, tener lista una mochila de emergencias.
Lo ocurrido durante la segunda noche de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná no fue un hecho menor ni una simple anécdota de color en un show en vivo. Fue, más bien, una postal incómoda de cómo ciertos sectores de la política del pasado, hoy reciclados en gestos “espontáneos”, siguen confundiendo cultura popular con militancia burda, y libertad de expresión con falta total de respeto institucional.
La locutora Sonia Fernández, desde el escenario principal del evento, leyó públicamente un insulto directo contra el presidente Javier Milei. No se trató de una crítica política, ni de una consigna ideológica, ni de una opinión argumentada. Fue un agravio explícito a la máxima investidura del país, pronunciado en un evento cultural, familiar y financiado con recursos públicos.
El episodio no ocurrió en un acto partidario ni en una movilización política. Ocurrió en la Fiesta Nacional del Mate, uno de los encuentros más convocantes del litoral argentino, con entrada libre y gratuita, que reúne a familias, turistas, jóvenes y adultos de distintas miradas políticas. Allí, la conductora decidió “consultar” al público si debía leer el mensaje, ironizó sobre una posible censura y, finalmente, lo reprodujo ante los aplausos de un sector y los abucheos de otro.
Ese detalle no es menor: no hubo una reacción unánime. Porque Paraná, como cualquier ciudad democrática, no piensa toda igual, aunque desde ciertos espacios del poder local se intente instalar lo contrario. Que algunos aplaudan no convierte el hecho en representativo; que otros abucheen demuestra que existe una ciudadanía plural, cansada de que eventos culturales sean usados como tribuna política de baja estofa.
La frase posterior de la conductora —“Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir”— terminó de desnudar la liviandad con la que se naturaliza el agravio institucional. Como si la responsabilidad se diluyera en el clima del show, como si nadie tuviera conciencia del lugar que ocupa un micrófono oficial y del peso simbólico de un escenario financiado por el Estado.
No es un dato aislado. Viene en línea con lo ocurrido recientemente en otros festivales tradicionales del país, donde sectores ligados a la vieja política intentan recuperar protagonismo utilizando el desprecio, la burla o el insulto como herramienta. No hay propuesta, no hay autocrítica, no hay reflexión: solo oportunismo tardío de un modelo que perdió poder, pero no perdió malas prácticas.
La Fiesta Nacional del Mate no es patrimonio de una ideología ni de una gestión municipal. Es un evento del pueblo entrerriano. Usarlo para agredir al Presidente —guste o no, se lo vote o no— es degradar el sentido de lo público y subestimar a una sociedad que merece debates políticos serios, no consignas gritadas al pasar.
Defender la cultura no implica blindarla de opiniones, pero sí preservarla del uso faccioso y del insulto fácil. La crítica política es legítima; la falta de respeto institucional, no. Y mucho menos cuando se ejerce desde un escenario que debería unir, no dividir.
Porque la democracia no se fortalece a los gritos ni con insultos coreados: se fortalece con respeto, memoria política y responsabilidad pública. Y eso, evidentemente, sigue siendo una materia pendiente para algunos.
Los defensores del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, Miguel Ángel Cullen, y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, Ignacio Díaz y José Velázquez, recusaron al titular del Juzgado de Garantías N° 4 Julián Carlos Vergara para llevar adelante las audiencias del juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito, que tiene fecha prevista de inicio para el próximo 10 de marzo, y que tiene a ambos como imputados. Luego de la recusación del juez Vergara, será el titular del Juzgado de Garantías N° 7.
La Justicia puso fecha a las audiencias de remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito del exgobernador.
Será los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1.
En noviembre de 2025 se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio -no está firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o años de prisión, que está en trámite. Y todavía no hay fecha de debate de ese tercer proceso.
El Tribunales dan una explicación de esa demora: en el proceso de enriquecimiento contra Urribarri intervienen los mismos defensores que actúan en el proceso por pago de coimas, cuyo trámite de remisión a juicio recién concluye este lunes 31. Verbigracia: no podrá iniciarse la tramitación de la tercera denuncia contra el exgobernador antes de que finalice el juicio por pago de coimas.
Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024. Un año atrás, el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. A Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.
A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.
Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.
En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.
El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
A apenas 900 metros del empalme de la Ruta Provincial Nº 6 con la Ruta provincial Nº 39, el estado de la calzada se ha convertido en una amenaza concreta para quienes circulan a diario. Pozos de hasta un metro de profundidad, banquinas desdibujadas y un asfalto completamente deteriorado configuran un escenario que ya no admite eufemismos: es un desastre vial.
El tramo afectado se ubica a unos 2 kilómetros antes de llegar a ruta 39 cercanías de Tala , en sentido hacia Nogoyá, una zona de tránsito permanente que combina circulación local, transporte regional y actividades comerciales informales, como una venta de productos regionales y dulces instalada a la vera del camino. Allí, convivir con semejante deterioro no es solo incómodo: es peligroso.
Según relatan vecinos y usuarios frecuentes de la ruta, hace años que no se realiza ningún tipo de reparación estructural. No se trata de baches recientes ni del desgaste lógico por lluvias o tránsito pesado: es abandono prolongado, falta de mantenimiento y ausencia total de respuestas por parte de Vialidad Provincial, el organismo responsable de garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Lo más grave es que este tramo funciona como acceso y conexión estratégica entre localidades del centro entrerriano. Cada pozo esquivado es una maniobra riesgosa; cada frenada brusca, una posible colisión. Sin señalización preventiva adecuada, sin iluminación y sin obras visibles, el Estado provincial parece haber naturalizado el deterioro, como si los accidentes fueran parte del paisaje.
Lo que no se dice
No estamos ante un problema técnico complejo ni ante una obra imposible. Estamos frente a una decisión política: dejar que el tiempo pase, que el asfalto ceda y que los riesgos se acumulen, hasta que ocurra una tragedia que recién entonces active comunicados y promesas.
Mientras tanto, Vialidad Provincial guarda silencio, y los usuarios siguen pagando el costo del abandono: roturas de vehículos, desvíos peligrosos y una sensación creciente de desprotección.
Pregunta abierta
¿Cuántos accidentes más hacen falta para que este tramo de la Ruta 6 deje de ser invisible para quienes deben mantenerla?
Los mercados dieron un susto esta semana y el Gobierno sufrió un traspié al cancelar el nuevo índice de inflación. La expectativa ahora está puesta en la reforma laboral y la misión del FMI. Caputo recibirá esta semana a la UIA
El “affaire Indec” representó el primer sobresalto para el Gobierno en un año que había arranco muy bien desde lo financiero. El Central compra dólares todos los días, avanza la acumulación de reservas y el riesgo país cayó a los 500 puntos básicos. Sin embargo, la decisión de cancelar casi sobre la hora la nueva medición de inflación, y la renuncia de Marco Lavagna, titular del organismo estadístico, generó mucho ruido y también llevó a conclusiones precipitadas.
Más allá de algunos rumores, fue poco serio el argumento que la inflación de enero con el nuevo índice se ubicaba por encima del 3% y por eso se decidió frenar el nuevo índice. En realidad, la diferencia entre la canasta de gasto correspondiente al 2018 versus la del 2004 difirieron el año pasado unos 2 puntos porcentuales: 33,6% versus 31,5%. Así lo estimó la Universidad Di Tella a través de su índice de “inflación latente”, que pondera cada rubro de acuerdo a la encuesta de gasto de 2018, que ahora el Gobierno no quiere tomar en cuenta.
Más allá de las explicaciones de Luis “Toto” Caputo, quedó flotando algo que parece muy obvio: el nuevo índice, al calcular un mayor peso de los servicios, debería dar más alto que el actual, que le pone mucho más peso a la canasta de bienes.
Desinflación en pausa
El problema, obviamente, no es el INDEC sino el proceso de desinflación que entró en una pausa desde mediados de 2025. Ahora todas las miradas apuntan a abril. A partir de ese mes, según coinciden los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado, el índice perforaría el 2%.
El Banco Central ya compró USD 1.300 millones y se espera que acelere notoriamente el ritmo de compras diario
El segundo trimestre no solo será muy relevante para el plan económico por el desafío de mostrar buenos resultados en la lucha contra la inflación. Además la expectativa está puesta en la liquidación de la cosecha gruesa y la lluvia de dólares que ingresará desde fines de abril.
El Banco Central ya compró USD 1.300 millones y se espera que acelere notoriamente el ritmo de compras diario. No solo se trata solo de fortalecer al Banco Central, sino al mismo tiempo de conseguir una caída adicional de riesgo país.La compra de dólares y la “remonetización avanzaron a buen ritmo en enero (Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos, como el caso de Adcap, creen que con el paso de los meses este índice puede caer a la zona de los 300 puntos básicos desde los 500 actuales. “Si los bonos siguen en ascenso es esperable que también aumente por lo menos 15% el valor del metro cuadrado en dólares, lo que gatillaría una mayor expansión en sectores como la construcción, que además genera mucha mano de obra”, explicó Federico Filippini, head de research de la compañía.
Por lo pronto, la construcción ya empieza dar mayores señales de vitalidad, aunque todavía sigue por debajo de los niveles de 2023. El INDEC mostró un crecimiento en diciembre para el sector del orden del 2,3% y para todo el 2025 una mejora de 6,3%. Será uno de los rubros claves para empujar la actividad este año.
Acuerdo con EEUU y apertura económica
El acuerdo comercial firmado con Estados Unidos es otro dato favorable de los últimos días. Por un lado, consolida la vocación del Gobierno por la apertura económica. Y al mismo tiempo tendría un efecto inmediato, que es un fuerte aumento de las exportaciones de carne a ese país. La cuota anual pasaría de 20.000 a 100.000 toneladas, por lo que se quintuplicarían las ventas a más de USD 1.200 millones anuales. Además, las exportaciones argentinas tendrán una fuerte baja de aranceles general para exportarle a Estados Unidos, quedando en una situación privilegiada frente al resto del mundo.
El acuerdo con EEUU consolida la vocación del Gobierno por la apertura económica ytendría un efecto inmediato de aumentar las exportaciones de carne a ese país.
La misión del FMI, que llegó el jueves a la Argentina, también debería darle un espaldarazo a la gestión de Javier Milei, incluyendo un desembolso de USD 1.000 millones.(Fuente)
Si bien el Gobierno incumplió la meta de acumulación de reservas de diciembre, “Toto” Caputo ya se encargó de ensayar la explicación: todo es culpa del “riesgo kuka”.
Por lo pronto, la fase 4 viene de acuerdo a lo planeado o incluso mejor. No solo el Central tiene espacio para comprar dólares a diario, sino que el tipo de cambio cayó en enero y lo sigue haciendo en febrero. El dólar minorista que arrancó el año a $ 1.495 cerró el viernes en su menor valor de 2026, a $ 1.450.
La estabilidad cambiaria es un síntoma de la recuperación de la demanda de dinero. Los pesos que está emitiendo el Central para acumular reservas al menos por ahora no van a presionar al dólar. Esto sugiere que hay mucho más espacio para seguir fortaleciendo el balance del BCRA.
Las tasas de interés y el susto del bitcoin
Al mismo tiempo, también están cayendo las tasas de interés de corto plazo, por lo que no es necesario tentar con premios exagerados al ahorrista para que se quede en pesos.
Los mercados dieron un susto la semana pasada, con fuertes caídas sobre todo en empresas de software y el Bitcoin. Las acciones y bonos argentinos sintieron el impacto, pero ya el viernes hubo una recuperación parcial que llevó cierto alivio.FOTO DE ARCHIVO: Representaciones de la moneda virtual Bitcoin y billetes de euro en esta ilustración tomada el 27 de enero de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo
Los inversores seguirán muy de cerca lo que ocurra con la discusión de la reforma laboral. El Gobierno quiere dar una señal contundente y buscará que se apruebe sin cambios. Los gobernadores, sin embargo, resisten la baja del impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto, que les genera un impacto en los ingresos ya pensando en el 2027, año electoral.
Después de un buen arranque del año, todavía hay muchas incógnitas para develar. La primera es si el Gobierno conseguirá avanzar exitosamente en el proceso de desinflación a lo largo del 2026.
El otro gran signo de pregunta tiene que ver con el nivel de actividad. Por ahora no hay señales muy claras respecto a cómo será la expansión de la economía y en qué medida la gente la sentirá en los bolsillos. Es, sin lugar a dudas, el aspecto más desafiante que deberá encarar el equipo económico y que será abordado por los principales directivos de la UIA cuando se reúnan esta semana con Caputo.
El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, recibió en la sede de la Representación provincial a autoridades de la Cámara de Comercio Argentino-Turca y a empresarios del sector cárnico de Turquía, en el marco de un encuentro destinado a continuar los diálogos comerciales y explorar oportunidades de negocios entre la provincia y ese país.
Participaron de la reunión Özgür Demir, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Turca; İlhami Başkan, CEO de BAŞKANLAR HOLDİNG; y Safa Serhat Ozer, director de la empresa MERKEZ CARNE.
Durante el encuentro se abordaron las potencialidades productivas de Entre Ríos, con especial énfasis en la industria cárnica, y se analizaron posibles líneas de cooperación comercial entre productores entrerrianos y empresas turcas.
Asimismo, se acordó que, en una próxima visita de la delegación empresaria a la Argentina, se realizará una recorrida por la provincia de Entre Ríos para mantener encuentros con productores locales y profundizar el análisis de las oportunidades de vinculación y desarrollo de negocios.
“Entre Ríos tiene una fuerte identidad productiva y un sector cárnico con gran capacidad y calidad. Estos encuentros nos permiten abrir canales de diálogo directo con empresarios internacionales y avanzar en vínculos concretos que potencien las oportunidades de nuestra provincia”, expresó José Moulia.
¿Resulta necesario recurrir a “especialistas” capitalinos para abordar problemáticas sociales en Concordia) a mitad de una gestión municipal? ¿Recién ahora se está organizando un área que debería haber actuado desde el primer día? ¿O estamos frente a una admisión implícita de que el municipio no cuenta con la idoneidad ni la capacidad técnica suficiente para llevar adelante tareas básicas de diagnóstico y planificación?
Las preguntas no son menores, sobre todo cuando en la ciudad existen profesionales de reconocida trayectoria, con conocimiento territorial, experiencia en consumos problemáticos, pobreza estructural y entramados sociales complejos, que bien podrían haber sido convocados para realizar —con menor costo y mayor arraigo— un diagnóstico sobre una realidad ampliamente conocida.
El interrogante que nadie responde: ¿cuánto cuesta?
Otra pregunta inevitable es cuánto dinero público implica traer especialistas externos para investigar fenómenos que Concordia arrastra desde hace décadas (que habrían cobrado 120.000 u$s, según información de pasillos ). ¿Se trata de una inversión estratégica o de un gasto innecesario para confirmar lo que ya se sabe?
Porque si el destino final del diagnóstico es el “combate contra las drogas”, resulta difícil ignorar que las adicciones en Concordia tienen múltiples aristas: desmotivación social, pobreza estructural, economías informales, familias fragmentadas, falta de oportunidades reales y, paradójicamente, también consumos asociados a sectores con mayores recursos.
La pobreza y la riqueza, en este punto, se equiparan en carencias distintas pero igual de profundas.
Revitalizar para integrar: discurso ambicioso, ejecución incierta
Desde el Observatorio Social se anunció el Plan de Revitalización de la Zona Noroeste, presentada como una estrategia integral para intervenir en la “segunda ciudad más pobre del país”. El proyecto promete:
Superar la pobreza estructural
Abordar el desarrollo infantil temprano
Mejorar educación, infraestructura y empleo
Impulsar la economía social
Fortalecer el sector público local
Generar condiciones para atraer inversiones
El objetivo declarado es transformar de manera definitiva a Concordia. La pregunta es si este nivel de ambición llega demasiado tarde, o si funciona como una narrativa que intenta compensar años de baja efectividad en la gestión social.
Consumos problemáticos: ¿política de Estado o parche de gestión?
Según lo informado, el trabajo sobre consumos problemáticos comenzó con una reunión en diciembre de 2025 y se puso en marcha recién en 2026, con la idea de elaborar un diagnóstico local y fortalecer redes existentes.
Aquí surge otro interrogante clave: ¿cómo es posible que una problemática tan visible haya necesitado más de un año de gestión para empezar a ser abordada de manera “integral”?
Si la intención es construir una política basada en evidencia y que trascienda gobiernos, cabe preguntarse si la actual gestión municipal está en condiciones reales de liderar ese proceso, o si simplemente delega responsabilidades en estructuras externas para cubrir vacíos propios.
Lo que no se dice
Tal vez el punto más sensible sea este: si el diagnóstico arroja conclusiones previsibles —territorios vulnerables, falta de oportunidades, redes débiles— ¿qué cambia realmente? ¿Habrá decisiones políticas concretas, presupuesto sostenido y seguimiento real? ¿O se trata de otro informe bien intencionado con destino de archivo?
Porque Concordia no necesita más diagnósticos para saber que duele. Necesita capacidad, decisión y coherencia para gestionar lo poco o mucho que se administra.
Y quizás la pregunta de fondo sea esta: ¿la llegada de “expertos” externos fortalece al municipio o expone, una vez más, sus propias limitaciones?
Las rutas están detonadas y las muertes duelen. Pero la memoria selectiva también mata. Resulta curioso que quienes gobernaron cuando se destruyó el ferrocarril, se vació el Estado y se concesionaron rutas para recaudar sin invertir, hoy descubran la “emergencia vial” y apunten culpas a gobiernos con apenas dos años de gestión. Diagnosticar tarde también es una forma de irresponsabilidad política.
Se pueden alegar muchas cosas, sí. Y es innegable que la situación de las rutas en Entre Ríos —y en buena parte del país— es grave. Muy grave. La ausencia del Estado en materia vial se paga con vidas humanas. Negarlo sería una falta de respeto para quienes ya no están.
Pero también sería profundamente deshonesto analizar esta realidad como si surgiera de la nada, como si estuviéramos ante un problema repentino, nacido hace apenas dos años, y no frente a las consecuencias de décadas de desidia, corrupción sistemática y saqueo estructural del Estado argentino.
Hay que ser muy mal parido —o muy cínico— para no reconocer que venimos de un Estado devastado. Robado. Desmantelado en cada rincón del país. Desde rutas fantasmas hasta ferrocarriles destruidos, desde contratos inflados hasta concesiones diseñadas para recaudar sin invertir. Los casos de corrupción no son aislados: son sistémicos.
Por eso resulta llamativo —y en muchos casos indignante— el tono de ciertas críticas que hoy se presentan como moralmente superiores, cuando durante años miraron para otro lado o fueron parte del problema.
El documento de UCR Activa: datos ciertos, memoria incompleta
UCR Activa, línea interna del radicalismo entrerriano, difundió un documento en el que advierte que “la seguridad vial dejó de ser un problema circunstancial para transformarse en una emergencia estructural”. Los números que aporta son contundentes:
133 víctimas fatales en siniestros viales durante 2025,
26 fallecidos solo en enero de 2026,
una proyección anual que podría superar las 228 muertes, un aumento de más del 70 % respecto de años anteriores.
Los datos son reales. El drama existe. Nadie sensato lo discute.
El propio documento señala algo clave: Entre Ríos ocupa una posición estratégica en el Mercosur, con corredores internacionales, tránsito pesado permanente, producción agroindustrial y turismo estacional. Las rutas soportan una carga que no admite abandono.
Hasta ahí, el diagnóstico es correcto.
La pregunta incómoda: ¿cuándo se dieron cuenta?
El problema aparece cuando el señalamiento político se vuelve selectivo. UCR Activa apunta directamente al retiro de la inversión nacional en obra pública y a la supuesta pasividad del gobierno provincial actual. Pero evita una pregunta central: 👉 ¿Quién gobernó cuando las rutas se detonaron? 👉 ¿Quién privatizó, concesionó, desguazó el ferrocarril y vació al Estado?
El propio documento reconoce una causa estructural fundamental: la destrucción del sistema ferroviario en los años ’90, que volcó todo el transporte de cargas a las rutas. Esa decisión política —acompañada por amplios sectores del radicalismo— sigue pagando consecuencias hoy.
Mientras Brasil moderniza su red ferroviaria y planifica corredores bioceánicos, Argentina intenta sostener su logística sobre un asfalto que no puede mantener. No por incapacidad técnica, sino por años de decisiones políticas erradas y negocios cruzados.
La metáfora que nadie quiere escuchar
La situación podría explicarse con una imagen simple: ¿Qué haría usted, lector, si su familia le exige una casa nueva, autos nuevos y un cambio total de vida, cuando su economía familiar está destruida, endeudada y saqueada?
Eso es lo que enfrenta hoy el Estado argentino. Reconstruir mientras ordena el desastre heredado.
Eso no exime responsabilidades actuales. Pero sí obliga a ser honestos intelectualmente.
Crítica sin propuestas: el límite del oportunismo
El documento de UCR Activa aporta propuestas interesantes:
modificar los pliegos de concesión de las rutas 12 y 14,
exigir servicios médicos permanentes,
aportar obligatoriamente a bomberos voluntarios,
incluir al sistema sanitario provincial en las obligaciones de las concesionarias.
Bienvenidas sean esas ideas.
Lo que resulta difícil de digerir es que un partido centenario, que hoy ha perdido adhesión social y militancia real, aparezca exclusivamente para criticar, sin hacerse cargo del proceso histórico que nos trajo hasta acá.
Una pregunta final que incomoda a todos
Tal vez el debate debería correrse un poco: ¿No sería mejor aportar ideas viables, exigir consensos y construir soluciones reales, en lugar de usar tragedias como munición política?
Porque si somos tan brillantes para criticar, también deberíamos ser capaces de plantear cómo reconstruir un país devastado, sin negar el pasado ni manipular el presente.
Las rutas están rotas. Las vidas perdidas duelen. Pero la memoria selectiva también mata.
A propósito de la entrevista realizada en el programa radial Jugo de Naranja 93.10 Fm a Belén Schauvinold, subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Concordia y presidenta del Ente Mixto Concordiense de Turismo (Emcotur), se impone una reflexión necesaria sobre el estado real del turismo en la ciudad, sus desafíos históricos y las oportunidades que —una vez más— parecen correr el riesgo de diluirse.
La llegada de Schauvinold al área representa, sin dudas, un dato positivo. Por primera vez en mucho tiempo, la conducción del turismo local recae en una profesional con formación académica específica, licenciada en Hotelería y Turismo y con una maestría en Desarrollo y Gestión de Destinos Turísticos. En un municipio donde el área fue históricamente ocupada por improvisados, militantes reciclados o gestores sin resultados comprobables, el cambio no es menor.
Durante la entrevista, el diálogo fue abierto y sin libreto previo. La funcionaria expuso con claridad una visión general: Concordia cuenta con atractivos, recursos naturales y capacidades competitivas que podrían posicionarla como un destino relevante. También reconoció una debilidad central: si el propio ciudadano no percibe a Concordia como una plaza turística, difícilmente el visitante pueda hacerlo. El sentido de pertenencia, la hospitalidad y la conciencia turística aparecen como ejes a trabajar.
Hasta ahí, el diagnóstico es correcto. El problema empieza cuando se pasa del discurso a la gestión.
Promoción activa sin producto consolidado
Schauvinold detalló una serie de acciones en marcha: presencia en fiestas populares regionales y nacionales, campañas en medios, trabajo con generadores de contenido y la organización de fam tours y fan tours desde Aeroparque al aeropuerto Comodoro Pierrestegui, en articulación con la empresa aérea.
Todo esto forma parte del manual básico de promoción turística. Sin embargo, la experiencia demuestra que la promoción sin producto es apenas una puesta en escena.
Tal como se planteó durante la entrevista, Concordia ya atravesó instancias similares en el pasado: recorridas con agencias, visitas de operadores, influencers y periodistas. El resultado fue siempre el mismo: ninguna agencia logró consolidar paquetes turísticos reales y sostenibles, ni siquiera para eventos de alto impacto local como el Carnaval.
El ejemplo es contundente. Con vuelos disponibles, agenda cultural y promoción activa, ningún operador armó un paquete aéreo desde Buenos Aires. Esto no es un problema de difusión. Es un problema de gestión de negocio turístico.
El turismo no se sostiene con buenas intenciones ni con hospitalidad solamente. Es una actividad económica compleja que exige diseño de producto, precios claros, articulación público-privada, logística, seguimiento comercial y lectura permanente de la demanda. Allí es donde Concordia, históricamente, falla.
La propia funcionaria coincidió en un punto clave: sin seguimiento a las agencias, sin acompañamiento real y sin resolver obstáculos operativos, las oportunidades se pierden. Y eso es exactamente lo que viene ocurriendo desde hace años.
El enoturismo y los segmentos premium: oportunidad o nuevo espejismo
La apuesta al enoturismo aparece como una de las líneas estratégicas. Conceptualmente es correcta, pero requiere precisión. Se trata de un segmento de poder adquisitivo medio-alto, que demanda experiencias integradas, calidad de servicios y coherencia entre transporte, alojamiento y actividades.
Vincular vuelos, bodegas, turismo rural y paseos en el Lago Salto Grande puede ser atractivo. La pregunta clave sigue siendo la misma: 👉 ¿existe hoy un producto armado, probado y listo para ser comercializado a escala nacional?
Si la respuesta es no —como ocurrió tantas veces— el riesgo es volver a confundir potencial con realidad.
Una herencia pesada que no se corrige con marketing
La nota publicada días atrás en este medio ya advertía que la mala temporada de enero no fue una sorpresa, sino la consecuencia lógica de años de improvisación, falta de planificación y ausencia total de una estrategia turística seria, profundizada y no corregida por la actual gestión municipal.
Concordia nunca desarrolló un plan integral y sostenido que articulara oferta, demanda y mercado. Mientras ciudades cercanas —con menos recursos naturales— avanzaron con visión política y continuidad, Concordia quedó atrapada en un turismo ocasional, errático y de bajo impacto económico.
Un ejemplo tangible : el deplorable estado del complejo termal Vertientes de La Concordia, al que ninguna gestión le puso limites en cuanto al estado de su infraestructura , si hubo gestión para que los concesionarios puedan comercializar agua termal en toda la region.
El Emcotur, creado para profesionalizar el sector, terminó convertido en una estructura opaca, con escasos resultados visibles. Las preguntas siguen sin respuesta:
¿Dónde están los indicadores?
¿Los informes de impacto?
¿Los balances claros?
¿Quién rinde cuentas por los recursos utilizados?
El aeropuerto: la oportunidad que sigue sin aprovecharse
El caso del aeropuerto Comodoro Pierrestegui sintetiza esta falta de visión. Durante años, distintas gestiones evitaron pensar alternativas reales: vuelos temáticos, turismo corporativo, eventos, carga, convenios regionales o estrategias combinadas. Cero creatividad, cero planificación, cero visión de negocios.
El resultado está a la vista: una temporada que pasó sin pena ni gloria. No por la coyuntura económica —excusa repetida hasta el cansancio— sino porque Concordia no tenía un producto nuevo, atractivo y competitivo para ofrecer.
El desafío real
No se trata de descalificar ni de negar los esfuerzos actuales. Se trata de entender que el problema del turismo en Concordia es estructural, no coyuntural. Y que ni la formación profesional, ni la promoción aislada, ni la buena voluntad alcanzan si no se avanza hacia un plan integral de desarrollo turístico, con objetivos claros, mercados definidos y continuidad en el tiempo.
La ciudad todavía está a tiempo. Pero el margen se achica. En turismo, llegar tarde suele ser más costoso que no haber llegado nunca.
La compra de dólares y la “remonetización avanzaron a buen ritmo en enero (Imagen Ilustrativa Infobae)
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FOTO DE ARCHIVO: Representaciones de la moneda virtual Bitcoin y billetes de euro en esta ilustración tomada el 27 de enero de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo
