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Y lo que muchos no saben es que antes de la nominación al Oscar, antes de que el mundo viera sus ojos llenos de lágrimas y sus manos capaces de sanar en la pantalla, Michael Clarke Duncan cavaba zanjas en las calles de Chicago.
Era enorme, poderoso, imponente. Pero también —y sobre todo— dolorosamente tímido. Criado por su madre, quien lo sacó adelante sola, creció escuchando una frase que lo acompañaría toda su vida: “Tu tamaño es un regalo… pero tu ternura es tu verdadera fuerza”.
Durante años trabajó como guardia de seguridad en clubes nocturnos de Los Ángeles, custodiando celebridades. Protegía cuerpos mientras soñaba con tocar almas en la pantalla grande. Sin embargo, en los castings las respuestas se repetían: “demasiado grande”, “demasiado tierno”, “no encaja”.
Hasta que apareció una oportunidad inesperada. Según reconstruyen diversas crónicas de la época, fue Bruce Willis quien, tras conocerlo y verlo en una audición cargada de emoción genuina, recomendó su nombre para un papel que terminaría cambiándole la vida. Ese personaje sería John Coffey en The Green Mile, adaptación de la novela de Stephen King.
Allí, Duncan encarnó al gigante amable condenado a muerte, un hombre incomprendido que parecía un monstruo, pero cuya única intención era aliviar el dolor ajeno. Su interpretación fue tan conmovedora que en el año 2000 recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.
Quienes trabajaron con él recordaron después que muchas de sus lágrimas frente a cámara no eran impostadas. Había en su actuación una memoria emocional profunda: los años de esfuerzo físico, el peso de los prejuicios, el deseo de ser aceptado por algo más que su tamaño.
“Ser fuerte no significa devolver el golpe. A veces significa mantenerse en pie sin quebrarse”, solía repetir en entrevistas.
Cuando falleció en 2012, a los 54 años, tras complicaciones cardíacas, Hollywood no solo perdió a un actor talentoso. Perdió a un hombre que había hecho de la sensibilidad su marca distintiva en una industria que muchas veces confunde dureza con fortaleza.
Su historia quedó como recordatorio de que detrás de los cuerpos imponentes puede habitar una delicadeza extraordinaria.
Porque a veces los hombres más grandes son los que mejor saben escuchar. Y a veces, un gigante no necesita rugir. Solo necesita que alguien crea en él.
Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, brindó detalles del operativo realizado en la jurisdicción de La Paz. Calificaron al procedimiento como uno de los más relevantes de los últimos tiempos.
En el marco de la entrega de móviles y equipamiento a la Policía de Entre Ríos, el mandatario brindó detalles sobre la droga secuestrada en la jurisdicción de La Paz y, al igual que las autoridades de la fuerza de seguridad, remarcó el compromiso en la lucha contra el narcotráfico. “Fue uno de los procedimientos más importantes de los últimos tiempos. Cuidar las fronteras es uno de los principales objetivos que nos propusimos para no dejar que entre la droga”, precisó, poniendo en valor el cuidado que hace la Policía de Entre Ríos de los pasos fronterizos.
En dicho procedimiento se secuestraron 61 bultos conteniendo 1.716 panes de marihuana compactada, con un peso total superior a 1.340 kilogramos, constituyendo uno de los secuestros más relevantes registrados en la jurisdicción de La Paz.
En referencia a este tema, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, calificando al procedimiento como un “gran golpe al narcotráfico”. Hizo hincapié en la labor de dos suboficiales de la Policía Rural quienes, mientras patrullaban para prevenir delitos en el campo, decidieron interceptar una camioneta sospechosa proveniente de Corrientes, que circulaba por caminos vecinales.
Resaltó la proactividad de los agentes y subrayó que este resultado es fruto de la “dedicación y vocación” de los efectivos, quienes están “atentos a lo que está pasando”. Finalmente, aseguró que este operativo es una clara “demostración que la Policía está activa” y comprometida en combatir lo que definió como un “veneno para nuestra juventud”.
Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, señaló que los resultados obtenidos son una prueba del compromiso institucional en la lucha contra el crimen, y también destacó al personal de la Dirección General de Policía Rural y a los efectivos de la Jefatura Departamental La Paz que realizaron la detención. “El objetivo que tenemos es combatir la delincuencia, el microtráfico y narcotráfico”, sostuvo, y subrayó que el éxito de estas acciones demuestra que la misión de la fuerza se está cumpliendo, asegurando que “los resultados se ven”.
Finalmente, agradeció a todo el personal por el esfuerzo diario para “llevar seguridad a todos los ciudadanos entrerrianos”, reconociendo que, ante las dificultades, los integrantes de la fuerza “le ponemos el pecho seguro”.
Durante una entrevista en el programa Jugo de Naranja, que se emite por La Pop FM 93.1 y es conducido por Fabián Bustamante, el contador Álvaro Sierra realizó un análisis crítico sobre el funcionamiento de los entes autárquicos en el ámbito de la Municipalidad de Concordia, poniendo el foco en su financiamiento, déficit y nivel de control.
Sierra comenzó explicando el concepto central que justifica la existencia de un ente autárquico. “Por definición, un ente autárquico debe tener capacidad de autofinanciarse. Es decir, se justifica su creación si puede sostenerse con recursos propios”, señaló. Sin embargo, advirtió que esa condición no se cumple en la práctica local.
Según detalló, la mayoría de los entes municipales dependen casi en su totalidad de fondos del Estado municipal. “Cuando uno analiza los números, se encuentra con que prácticamente el 100% de los recursos provienen del propio municipio”, afirmó.
Problemas históricos en la rendición de cuentas
El contador también hizo referencia a una dificultad recurrente que atraviesan estos organismos: la rendición de los recursos públicos. “Por experiencia, y por lo que se conoce dentro del ámbito del empleo público, la mayoría de estos entes siempre han tenido problemas a la hora de rendir cuentas. Esto se repite gestión tras gestión”, remarcó.
En ese sentido, subrayó la gravedad del asunto: “Estamos hablando de recursos públicos, y eso exige un nivel de control y transparencia mucho mayor”.
Entes deficitarios y presupuestos millonarios
Consultado por los números concretos, Sierra precisó que al analizar el presupuesto vigente, la suma del Invitam y del Ente Aeroportuario de Concordia supera los 5.000 millones de pesos.
No obstante, aclaró que la eventual disolución de estos entes no implica un ahorro automático de esa cifra. “Gran parte del presupuesto está destinada a sueldos de empleados de planta, que seguirían siendo trabajadores municipales. De hecho, el proyecto de ordenanza prevé que los recursos humanos vuelvan a la órbita de la Administración Central”, explicó.
Centralización, eficiencia y mayor control
Para Sierra, la clave del debate no pasa únicamente por el recorte, sino por la eficiencia del Estado. “Si estos servicios vuelven a la Administración Central, se pueden reducir gastos operativos y de funcionamiento, optimizar recursos y, fundamentalmente, mejorar los mecanismos de control”, sostuvo.
Finalmente, concluyó que la discusión sobre los entes autárquicos debe darse con números claros y con una mirada integral sobre el uso de los fondos públicos. “Estamos hablando de presupuestos de miles de millones de pesos. Es indispensable que el Estado sea más eficiente y transparente”, cerró.
El diputado nacional entrerriano advirtió que la “Argentina real” enfrenta cierre de pymes, pérdida de empleo y caída del poder adquisitivo, y sostuvo que gobernar “no es confrontar sin límites”.
El diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet, se pronunció tras el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y cuestionó el tono del mensaje brindado ante la Asamblea Legislativa.
“Más allá de los insultos y el desprecio por la institucionalidad que escuchamos en la Asamblea Legislativa, la Argentina real va a despertar mañana con una nueva pyme que cierra, con trabajadores que pierden su empleo y con familias que sienten que el sueldo ya no alcanza”, expresó el legislador entrerriano.
Críticas al enfoque del mensaje presidencial
Bordet sostuvo que “el autoelogio y la grandilocuencia pueden llenar un recinto por unas horas, pero no llenan la mesa de los argentinos ni sostienen el entramado productivo que hoy está en crisis”. En ese sentido, afirmó que “la violencia verbal no es el camino” y remarcó que el país “necesita diálogo, acuerdos y respeto por las instituciones, no descalificaciones permanentes”.
El exgobernador de Entre Ríos también hizo hincapié en la situación económica cotidiana de los hogares y señaló que “mañana habrá más facturas de servicios que aumentan de manera desproporcionada y menos poder adquisitivo en los hogares”, al considerar que “esa es la realidad que no se resuelve con discursos”.
“Gobernar es construir certezas”
En otro tramo de sus declaraciones, Bordet afirmó que “gobernar no es confrontar sin límites. Gobernar es construir certezas, cuidar el trabajo y generar desarrollo”.
Finalmente, el diputado nacional manifestó que, más allá de las diferencias profundas sobre el rumbo económico, “nunca deberíamos perder el respeto por la democracia y por quienes piensan distinto”. A su entender, la Argentina “no necesita más épica discursiva, sino más producción, empleo y un horizonte de estabilidad que devuelva esperanza a su gente”.
Un motociclista falleció este martes, pasadas las 13 horas, en un siniestro vial ocurrido en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó
El lamentable te episodio involucró a una motocicleta Motomel 125 cc tipo cross y la unidad 87 de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda ( Línea 1).
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el motociclista —aún no identificado oficialmente— circulaba por San Lorenzo en sentido oeste-este, por el carril derecho. En esas circunstancias, y según indicaron testigos, habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo que aguardaban la habilitación del semáforo.
Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la moto habría perdido el control del rodado, cayendo debajo del colectivo que en ese momento inició la marcha al ponerse la luz verde.
Fue en ese momento que el vehículo de mayor porte lo arrolló, provocándole la muerte en el acto.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda y la Policía Científica bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning.
Horas más tarde, alrededor de las 17, se confirmó que la víctima fue identificada como Juan Carlos Cayetano Malarini de 65 años de edad.
En esa frase, Cecilia Goyeneche resumió el final de una larga batalla, más de cuatro años, luego de que el 24 de mayo de 2022 el Jurado de Enjuiciamiento la destituyera del cargo, acusada de mal desempeño en la tramitación de la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura -que todavía se debate si se remite a juicio oral- periplo que tuvo un cierre el último viernes de febrero, con el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que siguió a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de diciembre de 2024, que había puesto serios reproches en todo el proceso.
Goyeneche había sido denunciada por los abogados Guillermo Reggiardo, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
El 30 de noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento decidió abrirle causa. El resultado fue así: el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, y Claudia Mizawak votaron por abrir causa a Goyeneche; también lo hizo el senador Armando Gay (Frente Creer); en cuanto a los miembros del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos rechazó la denuncia in límine, mientas que su colega Sonia Rondoni votó por darle curso favorable. El último voto, del diputado provincial Gustavo Zavallo (Frente Creer) también se inclinó por abrirle causa a la Procuradora Adjunta.
El 24 de mayo de 2022 se conoció el fallo del Jury: por 5 votos a 2 fue destituida.
Desde este lunes, Goyeneche, sin embargo, vuelve a ser Procuradora Adjunta.
Batalló contra lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que le había negado la posibilidad de recurrir su destitución.
En diciembre de 2024, el STJ quedó en una posición incómoda luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo lugar a un recurso de queja de la exProcuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, destituida en 2022 por el Jurado de Enjuiciamiento, resolución luego confirmada por el alto tribunal provincial al rechazar un recurso de inconstitucionalidad de la funcionaria desplazada.
Al enumerar los reproches que hizo Goyeneche al proceso de destitución y hacia algunos vocales del STJ, la Corte le da la razón en el punto que refiere a la «ausencia de imparcialidad del órgano acusador»: el Jurado de Enjuiciamiento decidió apartar a todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el jury a la exProcuradora Adjunta, y nombró un fiscal “ad hoc” de la lista de conjueces, el ya fallecido abogado de Gualeguay Gastón Justet. “Ello es así ya que el Superior Tribunal se negó a tratar la mayoría de esos agravios con el argumento inconstitucional, y teñido de un exceso de rigor formal manifiesto, de que las decisiones del Jurado que rechazaron recusaciones eran irrecurribles”, dijo la Corte.
“Al respecto, es preciso enfatizar que ninguna norma procesal está por encima de las garantías que la Constitución Nacional asegura a los habitantes de la Nación; ni, en este caso particular, del derecho que tienen los funcionarios a obtener la revisión de su destitución ante un órgano judicial, imparcial e independiente”, señaló el fallo.
También señaló que “es a todas luces evidente que el máximo tribunal provincial, bajo un argumento inaceptable a la luz de los principios constitucionales recordados, omitió tratar cuestionamientos conducentes, oportunamente formulados por la acusada, respecto de la ausencia de imparcialidad del órgano juzgador, tanto en lo que se refiere a la composición de aquel que dictó la resolución por la cual se decidió la formación del juicio político y se desplazó del conocimiento de la causa a los integrantes del Ministerio Público Fiscal (quienes fueron sustituidos por un fiscal ad-hoc conforme el orden del listado de conjueces del Superior Tribunal de Justicia), como respecto de aquella integración que posteriormente decidió la destitución de Goyeneche”.
Al respecto, recuerda las furiosas críticas de Goyeneche a los vocales del STJ Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Sobre ambos, la Corte sostiene que el Superior Tribunal entrerriano “no consideró los agravios relativos a la intervención de los doctores Carubia y Mizawak. Cabe recordar que ambos suscribieron la resolución interlocutoria que dispuso la apertura del juicio político y decidió sustituir al órgano acusador por un fiscal ad hoc; y el primero de ellos, además, integró el Jurado que dictó el veredicto y firmó la decisión de destitución”. Al respecto, observó que “los jueces del Jurado de Enjuiciamiento podían ser recusados y debían inhibirse en caso de haber intervenido o tenido interés en el resultado de la causa que motiva el enjuiciamiento, y que la recurrente había planteado que ambos vocales habían intervenido como jueces en distintas etapas y decisiones en la causa penal Beckam -la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, NdelR-, que fue la que motivó el enjuiciamiento en su contra. Sin embargo, y pese a la trascendencia del planteo formulado, nada dijo al respecto, amparándose en la simple afirmación de que las decisiones del Jurado que rechazaban recusaciones eran irrecurribles”.
La Corte también cuestiona la decisión del STJ de no considerar la recusación de Goyeneche al vocal ya jubilado Juan Smaldone, «omisión que resulta especialmente reprochable porque, entre otros argumentos, Goyeneche denunció una afectación a la garantía de la imparcialidad patente y grave: que el magistrado recusado había intervenido en una causa judicial en la que se discutía exactamente la misma cuestión que después tendría que resolver como jurado (si era legítimo desplazar al Ministerio Público de su función como acusador y sustituirlo por un fiscal ad hoc). Su participación, además, no había sido para nada nimia, ya que había firmado la sentencia definitiva que rechazaba la acción».
El máximo tribunal sostuvo que “la respuesta del Superior Tribunal también fue arbitraria e insuficiente respecto al planteo de nulidad fundado en la designación de la doctora (Gisela) Schumacher». Sobre ese punto, opinó: «La recurrente había realizado un planteo sólidamente fundado, que daba cuenta de una grave infracción al debido proceso constitucional que afectaba al órgano juzgador. De tal modo, el Superior Tribunal estaba obligado a resolverlo y, por ende, podía ejercer todas las atribuciones que corresponden a un juez cuando decide un conflicto concreto de derecho, entre ellas, expedirse sobre los planteos de ilegitimidad e inconstitucionalidad de las normas que rigen el caso”.
Goyeneche volverá a tramitar las causas penales y sobre todo las causas por corrupción que, afirma, irritaron a un sector del poder político en la Provincia y derivaron en vendetta: sostiene que el proceso de jury fue una reacción a sus investigaciones judiciales.
En el desarrollo del pleito, se enemistó con un sector del Poder Judicial que, alega, actuó sin resguardo de la independencia.
Pero asegura que vuelve sin rencores. Habrá que esperar.
La Justicia de Corrientes procesó a un policía por encubrimiento doloso en una causa por abigeato agravado. El hecho investigado ocurrió en 2022 en Paraje Los Vences, departamento de General Paz, y tiene otros tres imputados por el robo de animales.
El policía, identificado como P.A.P., integraba la Oficina de Marcas y Señales de la comisaría de Lomas de Vallejos. Según la investigación, habría autorizado una guía para el traslado de ocho animales vacunos que habían sido sustraídos.
El documento llevaba su firma y sello, lo que para el magistrado constituyó un aporte clave al accionar delictivo. El juez entendió que el funcionario conocía el origen ilícito y actuó de manera intencional.
Para fundamentar esa conclusión, señaló la omisión de control de los animales, la emisión de la guía y la falta de registración en los libros correspondientes. En ese marco, aplicó la doctrina de la ignorancia deliberada o ceguera ante los hechos.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N° 6. La resolución lleva la firma del juez Leandro Damián Llorente.
El hecho y los otros imputados
En la misma resolución fueron procesados D.V., V.M.N.O. y F.A.C. por el delito de abigeato agravado. La calificación se sustentó en la cantidad de cabezas sustraídas, el uso de un vehículo motorizado y la participación de varias personas.
De acuerdo con la causa, los imputados fueron detectados inmediatamente después del robo y traslado del ganado. También se identificó la camioneta y el tráiler utilizados para concretar el transporte.
El hecho ocurrió a mediados de 2022 en una zona rural del interior correntino. Los ocho animales fueron recuperados y restituidos a su propietaria.
En la resolución, el juez destacó que este tipo de delitos rurales en Corrientes suele ser de difícil comprobación. No obstante, sostuvo que en este caso se logró acreditar íntegramente el ilícito.
La causa continuará su trámite en la Justicia provincial conforme a las etapas procesales previstas por la ley.
La iniciativa fue elaborada por la ONG Pumakawa y será tratada en la sesión del Parlasur. De aprobarse, sería un valioso instrumento para defender a la fauna silvestre y ya cuenta con el apoyo de más de 70 ONG de Sudamérica.
El próximo 9 de marzo en la legislatura cordobesa y en el marco de las sesiones ordinarias del Parlamento del Mercosur (Parlasur), se tratará un proyecto presentado por el parlamentario santacruceño de Unión por la Patria Franco Metaza que pretende declarar al Mercosur “zona libre de tráfico de fauna y trofeos de caza”.
El proyecto –que fue elaborado por la ONG cordobesa Pumakawa- cuenta con el apoyo de las más de las 70 ONG que forman el Observatorio de lo Silvestre –coalición de organizaciones socioambientales- y busca que los países del bloque implementen políticas públicas para prohibir la comercialización de fauna silvestre y trofeos de caza (cabezas, cuernos, plumas, pieles).
Si bien las leyes dictadas por el Parlasur no son vinculantes (obligatorias) para los países, sí son consideradas como recomendaciones para que cada uno de los países miembro las adopte.
Jorge Rodríguez lee la carta de renuncia de Tarek William Saab como fiscal general de VenezuelaCNN Español —
Al presentar su renuncia como fiscal general de Venezuela, un cargo que ocupó por casi 10 años, Tarek William Saab fue nombrado de inmediato como defensor del pueblo encargado. Ese cargo, según analistas consultados por CNN, representa un cambio significativo: aunque tiene menor visibilidad pública que en su posición anterior, le otorga inmunidad, al menos por un tiempo, a quien fuera uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro antes de su captura por parte de Estados Unidos en un operativo militar en Caracas, en enero.
La Constitución de Venezuela establece que quien encabeza la Defensoría del Pueblo goza de inmunidad y no puede ser perseguido, detenido o enjuiciado por el ejercicio de sus funciones. Saab, un hombre que fue fiscal durante la mayor parte de la presidencia de Maduro y que repetidamente defendió las decisiones de su gobierno, será defensor encargado al menos durante 30 días hasta que se elija al defensor definitivo, según lo acordó la Asamblea Nacional esta semana.
Según Joel García, abogado venezolano especialista en derecho penal y exdefensor de algunos políticos opositores y activistas venezolanos, el nombramiento de Saab como defensor del pueblo encargado le otorga inmunidad mientras ejerza sus funciones, de acuerdo con el artículo 282 de la Constitución.
“No puede ser perseguido, detenido por lo que está haciendo como defensor del Pueblo, solicitar investigaciones, acusar, a través de un escrito, a funcionarios que cometen violaciones graves de los derechos humanos”, agrega.
Saab, un abogado que escribe poesía y practica el budismo, estuvo al frente del Ministerio Público desde 2017. Desde ahí, encabezó algunos casos polémicos, como la investigación y detención de opositores al gobierno de Maduro.
Ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Entre otras, Human Rights Watch lo ha señalado en varios informes como uno de los posibles responsables de la represión contra manifestantes contrarios al gobierno de Maduro. Él previamente ha dicho en diferentes ocasiones que la Fiscalía hacía su trabajo y actuaba en contra de quienes violaban la ley y afectaban al país.
En una entrevista con CNN en septiembre de 2024 para el programa Conclusiones, Saab defendió en cambio su gestión y dijo que él mismo, como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente de 1999, escribió el título sobre garantías constitucionales.
En su carta de renuncia dada a conocer este miércoles por la Asamblea General, el ahora exfiscal no señaló puntualmente las razones que lo llevaron a dimitir, pero mencionó que había “cumplido con hidalguía y honor” en su cargo, en un contexto de desafíos para Venezuela.
“Jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un período de agresiones inimaginables para la nación venezolana”, dijo en su escrito.
CNN contactó tanto a Saab como a la Defensoría para pedir comentarios por los cuestionamientos a su nombramiento como defensor encargado y está en espera de respuesta.
En septiembre de 2024, Saab defendió su labor en casos como la investigación contra el líder opositor y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, a quien la Fiscalía acusó de falsificar documentos públicos tras las controvertidas elecciones de julio de ese año. González Urrutia, hoy exiliado en España, negó los señalamientos.
Además, durante esa misma entrevista, Saab rechazó las críticas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la posible responsabilidad de la Fiscalía en algunos de esos abusos. Saab argumentó frente a esos cuestionamientos y en varias ocasiones, sin presentar pruebas, que las ONG únicamente señalaban a Venezuela y no decían nada de los ataques de fuerzas de Israel en lugares como Gaza.
“Ahora, Venezuela es el país violador de derechos humanos, de verdad, yo lo digo aquí… Es una doble moral”, dijo.
El controvertido fiscal convertido en defensor del pueblo
Tarek William Saab, de 62 años, nació en una familia de origen libanés en El Tigre, estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela. En redes sociales promueve sus libros de poesía y comparte fotos de sus tatuajes que, según él, suman alrededor de 70.
Tarek William Saab levanta el puño al salir del edificio de la vicepresidencia en Caracas el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images
Saab tiene una larga carrera en el oficialismo: ha sido diputado y constituyente, gobernó el estado Anzoátegui entre 2004 y 2012, y ya había sido defensor del pueblo entre 2014 y 2017, antes de ser designado fiscal general ese año por la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el chavismo, creada en paralelo al Parlamento de mayoría opositora en aquel momento. Hoy, después del derrocamiento de Maduro, la Asamblea Nacional aún tiene mayoría oficialista.
Saab sustituyó entonces a Luisa Ortega Díaz, quien había anunciado que investigaría presuntos fraudes en las elecciones parlamentarias celebradas días antes.
Unos meses atrás había sido sancionado junto a otros 12 funcionarios leales a Maduro por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump.
“Como el presidente Trump ha dejado claro, Estados Unidos no va a ignorar los esfuerzos continuos del régimen de Maduro por socavar la democracia, la libertad y el estado de derecho”, dijo en ese momento el entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Durante su juramentación como fiscal, Saab culpó a la inacción de la fiscalía por la ola de violencia que azotaba al país tras meses de protestas y en medio de la crisis económica que llevó a muchos venezolanos a salir del país. Desde entonces, el Ministerio Público bajo su gestión fue señalado por investigar y detener a opositores al gobierno de Maduro.
Luisa Ortega, exfiscal general de Venezuela destituida por la Asamblea Constituyente, habla tras un foro opositor en Caracas el 6 de agosto de 2017, un día después de perder su cargo frente a Tarek William Saab. AFP Contributor/Getty Images
“Es la etapa más oscura que ya ha tenido la historia republicana del país. Nunca el sistema político había generado tal cantidad de crímenes de Estado impunes y apalancados desde el sistema de justicia. Yo creo que Tarek William Saab es un actor principalísimo de toda la deformación institucional”, señala a CNN el exfiscal Zair Mundaray, quien fue funcionario del Ministerio Público de 2000 a 2014 y en 2022 fundó el despacho ZAED Abogados y Asociados, según su perfil en LinkedIn.
Saab, en cambio, ha dicho a lo largo de su carrera ser un defensor de los derechos humanos. Empezó su carrera pública como dirigente estudiantil y participó en la defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) cuando fue detenido por intentar tomar el poder a través de un fallido golpe de Estado, en 1992.
Oscar Murillo, coordinador general de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), dijo previamente a CNN que Saab “ha acompañado el proceso revolucionario de (Hugo) Chávez”, pero que su trabajo como fiscal general no ha sido en apoyo de las víctimas. “(En Venezuela) existe miedo y terror a denunciar, y eso habla mal de la Fiscalía”, dijo Murillo.
Un puesto “más simbólico” cargado de inmunidad
La salida de Saab del Ministerio Público ocurre menos de dos meses después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas a principios de enero.
Desde entonces, y en medio de presiones del Gobierno de Donald Trump, Rodríguez ha impulsado una agenda de reformas que incluye la liberación de presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía.
Mundaray dice que Saab era cercano a la familia Maduro Flores y se quedó “sin piso político” luego de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada y de que su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, ganara relevancia e influencia.
Para Mundaray, el control del Ministerio Público es clave para los hermanos en este momento de reconfiguraciones políticas. “Esto tiene que ver con una puja por el control del aparato de investigación y el aparato punitivo del Estado, por el rol central y el significado que tiene el papel del Ministerio Público en Venezuela”, dijo.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, durante la presentación del informe de gestión anual en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el 15 de enero de 2026, con Tarek William Saab y Jorge Rodríguez presentes. Jesus Vargas/Getty Images South America/Getty Images
Además, Mundaray señala que las presiones externas y el avance del proceso de amnistía, derivado de una ley propuesta a finales de enero por Delcy Rodríguez y aprobada este mes por la Asamblea para liberar a personas detenidas por delitos relacionados con hechos políticos, habrían dificultado mantener en el cargo a una figura que enfrenta cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos, lo que también pudo haber pesado en su salida.
“La ley de amnistía que ha desnudado y ha puesto a todo el país, e incluso a la comunidad internacional, a entender cómo el Ministerio Público fabricó evidencias, construyó delitos inexistentes, persiguió personas adolescentes, personas de la tercera edad, enfermos: todo el mundo terminó preso en Venezuela sin ninguna seguridad jurídica”, agrega.
Saab siempre ha negado que el Gobierno tenga presos políticos y dijo a Reuters este mes que espera que la ley de amnistía recientemente aprobada por la legislatura garantice un país “100% pacificado”.
“Yo los llamo presos, no les doy ninguna otra etiqueta adicional”, afirmó Saab a Reuters. “Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”.
El abogado Joel García explicó que, mientras esté en el cargo, Saab estaría protegido frente a posibles investigaciones o sanciones derivadas de su gestión como fiscal.
“Es un conflicto prácticamente que existe entre un cargo y otro, porque mientras el fiscal acusa, el Defensor defiende… no se va a investigar o se va a sancionar”, explica el abogado venezolano.
El nombramiento de Saab se suma a una serie de cambios que la presidenta encargada ha impulsado en altos puestos desde que asumió el poder tras la captura de Maduro.
Desde principios de año, Rodríguez ha reorganizado el gabinete y la estructura de poder, incluyendo la designación de nuevos ministros en áreas clave como Comunicación e Información, Transporte y Salud, así como cambios en jefaturas de seguridad y otros altos cargos estatales.
También ha reconfigurado carteras como la de Industrias y Comercio, desplazando a figuras cercanas a Maduro, como el empresario de origen colombiano Alex Saab.
Sin embargo, el de Tarek William Saab podría ser el movimiento más significativo hasta ahora, que, según Mundaray, apunta a ubicarlo en un cargo “más que simbólico”, con implicaciones políticas que van más allá de un simple relevo administrativo.
“En Venezuela, la Defensoría del Pueblo no tiene esencialmente ningún peso, ninguna capacidad de acción, ni de cambiar ni de torcer lo que el poder haga. Digamos que escogieron el lugar donde menos daño pueda hacer y neutralizarlo”, señala el exfiscal.
En ese sentido, Mundaray considera que para los hermanos Rodríguez es mejor “mantenerlo vinculado a la estructura pero también bajo vigilancia”.
Pero este movimiento no ha estado exento de críticas. La designación de Saab como defensor del pueblo encargado fue cuestionada de inmediato por dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos.
El diputado Henrique Capriles lo calificó como una “burla a las víctimas” y lo señaló como “el responsable de la persecución, de la judicialización”.
Human Rights Watch criticó la decisión en un mensaje enviado a CNN, donde señala que “su renuncia como fiscal general es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas”. Agregó que se necesita un fiscal general independiente que garantice la liberación y amnistía de todos los presos políticos.
El abogado venezolano Joel García señala que, mientras la Asamblea comienza el proceso de selección del funcionario que ocupará ese cargo de manera definitiva, Saab “va a tener un tiempo allí, quizás protegido por esa inmunidad, porque eso lo establece la Constitución”.
El presidente Donald Trump confirmó este lunes la muerte de cuatro militares de EE. UU. en la denominada operación ‘Furia Épica’ contra el régimen de Irán, durante una ceremonia en la Casa Blanca donde otorgó la Medalla de Honor del Congreso a tres veteranos de guerra.
Las declaraciones del mandatario ofrecieron la primera actualización oficial sobre las bajas de EE. UU. en esta operación militar de gran escala.
“Hoy lamentamos cuatro militares en acción y enviamos nuestro amor y apoyo a sus familias”, declaró Trump antes de entregar las condecoraciones.
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