El escenario político de Entre Ríos y en particular Paraná asiste a la revelación de una trama de influencias y negocios que parece no tener fin.
En el centro de esta estructura se encuentra la empresa constructora Norvial, una firma que ha crecido al amparo de la obra pública y cuya relación con el ex intendente de Paraná y ex vicegobernador, hoy senador nacional, Adán «Beto» Bahl, ha sido tan estrecha como cuestionada. Sin embargo, los hilos de esta historia se tensan aún más al salir a la luz una reunión secreta que marca un antes y un después en la transición política de 2023: el encuentro entre Bahl y el ex gobernador Sergio Urribarri, junto a su círculo íntimo, en la penumbra de la Casa de la Costa.
La noche de las presiones en la Casa de la Costa ocurrió tras la derrota electoral de octubre de 2023. Sergio Urribarri, cuya figura pública ya estaba severamente desgastada por procesos judiciales, insistió de manera casi desesperada en una audiencia con Adán Bahl. El entonces intendente, conocedor del costo político que implicaba «incinerarse» junto al ex gobernador, intentó eludir el encuentro. Sin embargo, la presión surtió efecto y la cita se concretó pasadas las 20 horas en la Casa de la Costa, un lugar apartado en la costanera donde Bahl mantenía una oficina.
Lo que Bahl no esperaba era que Urribarri no llegaría solo. Una vez dentro, el exmandatario le soltó una frase que cambió el tono de la reunión: «Beto, ahí afuera están Juanpi y Mauro, ¿pueden pasar?». De este modo, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y su hijo, Mauro Urribarri, se sumaron a una charla que, según trascendidos, estuvo cargada de una fuerte presión hacia Bahl. El motivo de tal sometimiento radicaría en la información que Aguilera posee sobre la gestión de Bahl como vicegobernador; Aguilera, señalado como el armador de los contratos truchos en el Senado, conocía cada número y cada manejo de la caja política que Bahl administraba en aquel entonces. La presión, lejos de ser un hecho aislado de esa noche, parece extenderse hasta la actualidad.
En este contexto, la empresa Norvial emerge como el brazo ejecutor de las obras más polémicas de la gestión municipal de Bahl. Históricamente vinculada al peronismo y favorecida sistemáticamente en las licitaciones, la firma encabezada por Leonardo Damonte ha dejado un rastro de obras deficientes que hoy vuelven a ser noticia. El antecedente más escandaloso fue el colapso del Puente de calle Moreno, una obra mal ejecutada que debió ser reparada en múltiples ocasiones. A pesar de la negligencia manifiesta y de las advertencias de especialistas como el arquitecto Borini, Bahl continuó beneficiando a Norvial, otorgándole incluso la estructura del puente de calle Gálvez, recordado trágicamente por el accidente donde perdió la vida la joven Fiorella Furlán.
La relación de Norvial con el poder no es nueva. Desde la época de Blanca Osuna como intendenta, la empresa ya ganaba licitaciones claves. Bahl se consolidaba como el «superministro» de la obra pública, quien en ese entonces era el hombre fuerte del gabinete de Urribarri. La impunidad técnica de la empresa llegó a tal punto que hoy, en la obra del Túnel Subfluvial, se repite el patrón: un hormigón que no cumple con las resistencias pactadas y que se desmorona antes de ser habilitado plenamente.
El punto más oscuro de la connivencia entre Norvial, Bahl y el clan Urribarri es, sin duda, el loteo del Acceso Norte que le fue otorgada la factibilidad SIETE DÍAS antes de que Urribarri dejara de ser el gobernador. Se trata de un terreno de grandes dimensiones comprado por apenas 300.000 dólares a un particular Aníbal Londero, ubicado en una zona detrás del Seminario que los vecinos conocían como «anegadiza», llena de arroyos, vertientes y vegetación hidrófila como la totora.
Sobre este terreno pantanoso, Norvial realizó una infraestructura precaria. El negocio era millonario: subdividir el campo en 400 lotes para venderlos a precios de entre 60.000 y 150.000 dólares cada uno. Sin embargo, para que el negocio fuera rentable, el Estado debía absorber los costos. El municipio terminaba siendo responsable de brindar servicios de cloacas, agua, luz y transporte en una zona que, al ser impermeabilizada con asfalto, amenazaba con inundar barrios aledaños como el Barrio Médico, al drenar de manera irregular hacia los desagües de Vialidad.
Este loteo estuvo viciado desde su origen. Se denunció la falsificación de firmas, estudios de impacto ambiental fraguados y expedientes nulos. Ante la gravedad, figuras como la actual intendenta Rosario Romero (entonces diputada) junto a los diputados Gustavo Guzmán y Gustavo Zavallo trabajaron en un amparo judicial para frenar la obra. Incluso los fallecidos ex intendente Sergio Varisco y Walter Rolandelli decidieron paralizar el loteo debido a las irregularidades. No obstante, en un giro llamativo, apenas siete días antes de dejar la intendencia en 2023, y tras la mencionada reunión misteriosa con Urribarri, trascendió que la gestión de Bahl habría dado el visto bueno final para que el loteo avanzara y se comenzaran a vender los terrenos.
El entramado se completa con los nombres de quienes estaban «detrás» del proyecto. El Colegio de Bioquímicos, presidido en su momento por el padre de Pedro Gebhart (imputado por el fraude de los créditos truchos), junto a su otro hijo, el abogado Diego Gebhart, fueron los armadores originales. Los Gebhart, Pedro y Diego, eran parte del grupo político de Urribarri y Stratta, conocidos en el ambiente como los «Urribarri Boys».
La conexión inmobiliaria se vuelve explícita cuando se descubre que la lujosa casa de los Gebhart, ubicada en la parte más alta del polémico loteo, pasó a ser la residencia de Juan Pablo Aguilera. En el ambiente político paranaense era un secreto a voces que la verdadera inversión detrás del loteo provenía del grupo Urribarri-Aguilera y que los Gebhart eran simplemente la cara visible del negocio.
Leonardo Damonte, hoy titular único de Norvial, carga con antecedentes que incluyen una probation de dos años en causas judiciales previas. A pesar de esto, su empresa siguió siendo la favorita del «mundo Bahl». La figura de María Eugenia Castrillón, quien aparecía en 2017 como dueña en los papeles pero se declaraba ante la justicia como “madre soltera con un solo ingreso y beneficiaria del Procrear”, fue otra de las piezas utilizadas para ocultar la verdadera solvencia de la firma.
Como parte clave de esta red aparece Aldo Ballestena, ex senador por el departamento La Paz, quien durante la gestión de Bahl en la vicegobernación desempeñó un rol operativo crucial como vicepresidente primero del Senado. LOS CONTRATOS QUE NO FIRMABA BAHL LOS FIRMABA BALLESTENA. Esta facultad lo posiciona como responsable directo en la validación de los legajos hoy investigados como «contratos truchos», aunque ambos han evitado sentarse en el banquillo.
Hoy, la ciudad de Paraná y el Estado provincial enfrentan las consecuencias: obras que deben pagarse dos veces, servicios deficientes y un mercado inmobiliario manchado por la sospecha. Mientras Rosario Romero enfrenta la decisión de convalidar o denunciar estas «aprobaciones de última hora», la sombra de la Casa de la Costa sigue proyectándose sobre la política entrerriana, recordándonos que, en ciertos niveles del poder, los contratos no solo se firman con tinta, sino con información, presiones cruzadas y siempre aparecen millones de razones para hacerlo.
Nada de lo expuesto aquí puede leerse como un hecho aislado, ni como una simple acumulación de sospechas. Lo que se describe es un modo de ejercer el poder, una lógica que se sostuvo durante años y que explica por qué determinadas empresas siempre ganan, por qué ciertos expedientes nunca avanzan y por qué algunos nombres parecen inmunes al paso del tiempo y a los tribunales.
La pregunta de fondo no es solo qué ocurrió en la Casa de la Costa, ni por qué se habilitó un loteo inviable siete días antes de un cambio de gobierno. La verdadera interpelación es otra: ¿hasta cuándo la política entrerriana va a naturalizar estos mecanismos como parte del paisaje? ¿Hasta cuándo la obra pública, el negocio inmobiliario y la justicia seguirán orbitando en el mismo sistema de favores cruzados?
Entre Ríos arrastra un costo demasiado alto por estas prácticas: obras mal hechas, recursos dilapidados, territorios degradados y una desconfianza social que no se resuelve con discursos ni campañas. La transparencia no es un eslogan, es una decisión política. Y también una exigencia ciudadana.
Porque si estas tramas no se investigan a fondo, si no se revisan las “aprobaciones de última hora” y si no se rompen los pactos de silencio, el mensaje es claro: no importa lo que pase, siempre habrá alguien que firme, alguien que cobre y alguien que mire para otro lado.
La pregunta final queda abierta, pero es inevitable: ¿esta vez será distinto o el sistema volverá a cerrarse sobre sí mismo?
Redaccion Analisis Litoral con información del Portal de R. David
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