A 13 años de la última gran reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, el Gobierno de la provincia propone comenzar a debatir las modificaciones que distintos actores del sistema judicial consideran necesarias. Algunos puntos se tratan de vacíos que han quedado en la norma y sobre los cuales se ha ido improvisando sobre la marcha. Otros han ocasionado fuertes discusiones y hasta un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo es el tema de los plazos para las distintas etapas de una causa penal.
La presentación de la apertura de esta etapa fue realizada por el secretario de Justicia, Julián Maneiro, el secretario Legal y Técnico, Esteban Vitori, y el exsecretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué, quien fue designado como representante de la Secretaría y del Ministerio de Seguridad y Justicia para recabar las inquietudes y propuestas de la reforma procesal.
Según establece el decreto, el Poder Ejecutivo busca llegar a un proyecto que “intente superar las dificultades generadas desde la implementación del sistema acusatorio en nuestra provincia, para lo cual entiende imprescindible que los diferentes operadores del sistema y el sector académico contribuyan con sus aportes a lograr un texto que garantice mayor equidad”.
Según aseveró Maneiro, el gobernador Rogelio Frigerio, encomendó que para el mes de octubre, antes del cierre del año legislativo, se logre presentar el proyecto de reforma del CPP.
En el primer sondeo de inquietudes relevadas por Virué, se relevaron 20 puntos posibles a incorporar al proyecto, en lo que denominaron un “temario tentativo”:
- Regulación específica de la acción privada cuando el MPF dispone archivo y éste es confirmado por el Coordinador. Se tratará de establecer específicamente cómo debe actuar la Justicia cuando la querella pretende avanzar en la acusación y llevar a juicio a una persona. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Gusmán, la Fiscalía archivó el caso contra dos policías, mientras que la querella busca llevarlos a juicio. El proceso se empantanó entre discusiones técnicas y jurídicas entre las partes y la Justicia no contaba con un reglamento claro para proceder.
- Posibilidad del Estado de asumir el rol de querellante. El Poder Ejecutivo (provincial o municipal) podría presentarse como parte en una causa donde la administración pública es damnificada. Por ejemplo,
- Regulación de la prueba digital. Otro aspecto que ha sido cuestionado por defensores en diferentes causas, sobre todo por corrupción, es que no hay legislación clara sobre cómo debe proceder la Policía y la Fiscalía al momento de secuestrar y peritar un elemento informático.
- Incorporación del informante y del arrepentido. El primero sería una persona que aporta datos sin ser identificada, y el segundo un imputado colaborador, similar a lo que ocurre con la legislación nacional al respecto.
- Incorporación del proceso contra personas jurídicas. Al igual que la Ley nacional que rige desde 2018, en Entre Ríos las empresas podrían ser imputadas y juzgadas por delitos de corrupción, lo que implicaría multas o hasta a disolución en caso de una condena. Deberán tener medidas internas de control y transparencia para poder ser contratistas del Estado.
- Decomiso anticipado en delitos graves (Ley 13.579 Santa Fe y DNU 575/25). Se considera importante para casos de corrupción o criminalidad organizada.
- Regulación de una etapa previa a la IPP y su duración. Es una de las discusiones que se vienen dando en torno a los plazos procesales, con críticas de defensores por la cantidad de tiempo que una persona está bajo investigación antes de ser indagado formalmente en Fiscalía.
- Duración del proceso y plazos para resolver. Problemática del juicio por jurados por el atraso en la fijación de audiencias.
- Duración máxima de la IPP regla general. Otra cuestión en torno a los tiempos de una investigación, donde defensores plantean la elongación de las causas durante varios años. En este aspecto, también Fiscales sostienen que la falta de recursos suficientes, las demoras en las pericias contables o los recursos planteados por los defensores, son algunas de las razones de estas dilaciones.
- Ampliación en procedimientos complejos.
- Necesidad de prórroga por el Juez de Garantías. También relacionado a los plazos y a las facultades de los magistrados de primera instancia.
- Consecuencias de la ausencia tempestiva del pedido de prórroga. Agotamiento de la potestad investigativa.
- Facultades de la querella para pedir la elevación a juicio o exigir pronunciamiento a la Fiscalía ante la omisión de esta última. Hoy solo la Fiscalía puede solicitar esta medida, se busca que la querella también pueda plantearlo.
- Potestades del juez de Garantías en la etapa intermedia. Límites del control de la acusación y delimitación de las decisiones que son apelables. Esto surgió sobre todo en torno a la causa de los contratos truchos legislativos. La elevación a juicio se empantanó a partir de pedidos de nulidad de pruebas planteadas por los abogados defensores, que fueron rechazadas por la jueza Marina Barbagelata, quien además denegó recursos de apelación contra esta decisión. Sin embargo, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Carolina Castagno hizo lugar a la queja y revocó algunas de las medidas de la jueza. Toda una polémica porque no está claro cuáles medidas de un juez de Garantías son apelables y cuáles no.
- Eliminación en la etapa intermedia de la unificación de acusación entre MPF y acusador privado en caso de discrepancia entre ambos.
- Incorporación expresa de la acusación alternativa o subsidiaria.
- Regular la incorporación a debate de la declaración de la víctima y del dictamen del perito fallecida.
- Habilitación de recurso de casación para acusadores morigerando restricción de pena impuesta respecto de la pedida.
- Carácter imperativo de la privación de la libertad en casos de doble conforme en condenas a prisión de cumplimiento efectivo. Esto se puso en discusión en torno a condenas por corrupción que no están firmes con recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para hacer efectiva la prisión de los condenados, como el exgobernador Sergio Urribarri que tiene condena firme en todas las instancias judiciales de la provincia, los fiscales argumentan el pedido de fuga.
- Posibilidad de vía recursiva de víctima y MPF en caso de veredicto absolutorio en el juicio por jurados.
Los representantes de los estamentos convocados hasta el momento para debatir el proyecto de reforma son: Mónica Carmona, por el Ministerio Público Fiscal; Gaspar Reca, por el Ministerio Público de la Defensa; Alejandro Cánepa, por la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos; Juan Barnada, por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; Pedro Fontanetto, por la UADER; Hugo Perotti, por la UCA; Pedro Sanchez Izquierdo, por la UNL; y Rubén Chaia, por la UCU.
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