El fiscal Alejandro Ramírez Montrul libró un urgente oficio a la Contaduría General de la Provincia, impulsado por la enorme repercusión de la denuncia por el desfalco de 6500 millones de pesos. El funcionario judicial exigió la remisión inmediata de todos los contratos, pliegos y concesiones entre el IAFAS, Newtronic S.A. y Telinfor Online S.A. porque mantiene firmes sospechas de graves irregularidades y connivencia de los funcionarios públicos en el vaciamiento patrimonial.
La matriz de corrupción, prebendas y falta de control que históricamente ha salpicado las dependencias del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, el IAFAS, acaba de detonar una verdadera bomba judicial cuyas esquirlas financieras amenazan con quebrar de forma definitiva el erario público de Entre Ríos.
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En las últimas horas, y como consecuencia directa de la enorme repercusión de la denuncia penal y civil por un perjuicio estimado en la estratosférica suma de 6500 millones de pesos, la Justicia provincial movió sus fichas de manera drástica.
El fiscal Alejandro Ramírez Montrul tomó cartas en el asunto y libró un urgente oficio dirigido a la Contaduría General de la Provincia exigiendo la remisión inmediata de la totalidad de los contratos, pliegos de licitación y actuaciones administrativas sustanciadas entre el ente regulador del juego, la firma concursada Newtronic S.A. y la continuadora de hecho Telinfor Online S.A., de la familia Banfi.
La orden del representante del Ministerio Público Fiscal confirma las peores sospechas criminales, porque para la fiscalía existen indicios vehementes de severas irregularidades en el otorgamiento de las concesiones y el desvío de fondos públicos.
El pedido de informes y secuestro documental no hace más que acorralar a los miembros del Directorio y gerencias del IAFAS, quienes quedaron en el ojo de la tormenta por haber avalado un esquema espurio de gerenciamiento ilegal a espaldas de la Ley de Concursos y Quiebras y de la propia normativa de contrataciones del Estado.
El avance de la investigación penal preparatoria en los tribunales de Paraná pone en la mira penal el oscuro proceso de transferencia patrimonial. El fiscal Ramírez Montrul no está convencido de la legalidad de los procedimientos y, ante la flagrante duda sobre la transparencia del negocio, decidió auditar de forma directa el soporte documental.
Esta documentación, bajo la mirada del Contador Público General, ya mantenía firmes observaciones y reservas administrativas, negándose el funcionario a convalidar el desfalco en un expediente que camina directo al procesamiento penal.
Los funcionarios del IAFAS, acostumbrados históricamente al amparo de resoluciones dictadas entre medianoches, se enfrentan ahora a imputaciones por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, ya que se sospecha el direccionamiento de prerrogativas estatales para beneficiar económicamente a un operador privado ajeno al contrato original.
Este sacudón judicial se fundamenta en la maniobra de vaciamiento fáctico perpetrada por el clan comandado por Carlos Banfi. Aprovechándose de la asfixia financiera de la legítima adjudicataria, Newtronic S.A., la cual tramita su Concurso Preventivo bajo el Expediente COM 009727/2025 ante el Juzgado Comercial Número 11 de la Capital Federal, Telinfor Online S.A. desembarcó de hecho para tomar el control de tres salas de juego clave en la provincia, que son Gualeguaychú, Gualeguay y el Casino Unificado de La Paz.
Sin embargo, en lugar de sanear los pasivos, los Banfi implementaron un mecanismo de desvío de flujos millonarios y rentas líquidas provenientes de los cánones de IAFAS directamente hacia sus cuentas corporativas individuales. Con esta maniobra eludieron las cuentas judiciales del concurso y dejaron de pagar a los proveedores, al fisco, mediante la actual agencia ARCA, y a la masa de trabajadores.
Dentro del nuevo escenario de la investigación penal, la ruta de los hechos se desata a partir de la denuncia pública y su repercusión mediática por el desfalco solidario de 6500 millones de pesos, lo que forzó la intervención del fiscal Ramírez Montrul mediante el envío del oficio urgente a la Contaduría General para exigir pliegos, contratos y concesiones bajo una sospecha firme de irregularidades y coimas.
De comprobarse la connivencia de los burócratas, el proceso marchará directo al procesamiento penal de los directivos del IAFAS por negociaciones incompatibles y violación de deberes públicos, confirmando el rechazo técnico que la Contaduría de la Provincia ya venía advirtiendo en los expedientes.
La situación procesal se agravó de manera irreversible tras la emisión de la polémica Resolución del Directorio de IAFAS Número 0253/2026, mediante la cual las autoridades dispusieron el cierre forzoso y definitivo del Casino Unificado de La Paz a partir del 1 de junio de 2026.
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Esta maniobra, coordinada entre el clan Banfi y el IAFAS a espaldas del juzgado comercial interviniente, significó el desmantelamiento liso y llano de las herramientas productivas indispensables para que la firma legítima pudiera facturar, generar flujos genuinos y hacer frente a sus acreedores.
Frente a las intimaciones formales y cartas documento, la cúpula de la entidad optó por lavarse las manos alegando una supuesta falta de legitimación, una flagrante omisión de control que ahora la justicia penal paranaense está dispuesta a desarmar pieza por pieza.
El desglose de los delitos imputados en la causa de Paraná detalla maniobras explícitas y responsabilidades compartidas. Por un lado, se acusa a Carlos Banfi y a los directivos de Telinfor Online S.A. por los delitos de Administración Fraudulenta y Vaciamiento, según los artículos 173 y 174 del Código Penal, al desviar flujos y cánones líquidos a cuentas individuales corporativas abandonando el pasivo de la firma, lo que generó un perjuicio superior a los 186 millones de pesos en pérdidas directas de caja.
Asimismo, se les imputa Retención Indebida por el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, debido a la interversión de título tras el distracto formal de enero de 2026, al negarse a devolver las salas y los slots de tragamonedas, lo que configura el secuestro material de las herramientas operativas de la firma concursada.
Por otra parte, los miembros del Directorio y gerencias del IAFAS enfrentan cargos por Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público según el artículo 248 del Código Penal, por omitir la fiscalización, aceptar cánones de un tercero sin título y emitir la Resolución de Cierre Número 0253/2026 en violación flagrante de la Ley de Concursos y Quiebras.
A esto se le suma la investigación por Negociaciones Incompatibles contemplada en el artículo 265 del Código Penal, debido al direccionamiento de prerrogativas estatales para beneficiar económicamente a un operador privado ajeno al contrato.
Toda esta ingeniería delictiva deriva en una Responsabilidad Civil Contractual Solidaria para el Estado de Entre Ríos y el IAFAS, que al ser el dueño originario del juego de azar y adjudicar mal amparando la gestión ilegal, debe absorber las deudas totales mediante una demanda civil de 6500 millones de pesos que terminarán pagando los entrerrianos.
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El desenlace de esta batalla legal representa una verdadera tragedia anunciada para todos los habitantes de Entre Ríos, puesto que si los privados se declaran en insolvencia o la quiebra técnica se materializa, el ordenamiento legal obligará al Estado provincial a asumir el millonario costo.
Resulta moralmente inaceptable que mientras las guardias de los hospitales públicos de la provincia carecen de insumos básicos, gasas y medicamentos mínimos, y la obra pública se encuentra totalmente paralizada, los fondos del juego de azar se dilapiden en financiar aventuras empresariales oscuras y retornos corporativos.
La intervención directa de la fiscalía abre una luz de esperanza para frenar el saqueo del erario público, embargar preventivamente los activos de los Banfi y sentar en el banquillo de los acusados a los funcionarios del IAFAS.
Como directivas fundamentales para el seguimiento y control social de la causa judicial, los equipos de investigación deberán implementar un monitoreo diario sobre la Mesa de Entradas de la Contaduría General de la Provincia para constatar la entrega efectiva del pliego licitatorio original y las actas de entrega de hecho de las salas de Gualeguaychú, Gualeguay y La Paz.
De igual manera, resulta indispensable auditar bajo qué concepto ingresaron los fondos percibidos por el IAFAS de manos de Telinfor desde enero de 2026 hasta la fecha, a fin de acreditar el delito de percepción irregular de fondos públicos sin mandato legal.
Finalmente, la querella técnica deberá solicitar de forma inmediata al juez de Garantías de turno el embargo preventivo y la inhibición de las cuentas bancarias individuales del clan Banfi y de la firma Telinfor Online S.A. antes de que se complete el vaciamiento físico del parque de máquinas tragamonedas.
Fuente : R. David
Roberto Mazzoni, ex fiscal federal.
La resolución, de 166 páginas, sostiene que los imputados habrían integrado una estructura estatal organizada y jerarquizada destinada a la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
La causa atravesó varios años de investigación y apelaciones. Tras las ampliaciones de la acusación impulsadas por la Fiscalía en 2024 y 2025, la Justicia resolvió avanzar con el procesamiento de los 14 acusados como coautores del delito de asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad.
