La jueza Marina Barbagelata podría ordenar la elevación a juicio de la megacausa «Contratos I», pero la decisión de la Sala Penal del STJ, integrada por Miguel Ángel Giorgio, Laura Mariana Soage y Carlos Federico Tepsich, de hacer lugar a un recurso de la defensa congeló el inicio del debate por tiempo indeterminado, ya que al abrirse la vía hacia la Corte Suprema de la Nación para dirimir quién es el «Juez Natural» legítimo, el expediente entra en un limbo técnico sin magistrados firmes habilitados para juzgar. Este freno de mano procesal coincide con un giro drástico en las pruebas por la incorporación de expedientes originales con firmas válidas de legisladores como Juan Carlos Navarro, Gustavo Osuna, Leticia Angerosa, Juan Carlos Darrichon, Daniel Ruberto entre otros, lo que desarma la hipótesis de que los contratos eran falsos en su confección y traslada la discusión hacia el control del gasto público en una causa descomunal que, por tener 742 investigados, arriesga convertirse en un juicio «eterno».

La causa judicial más grande de la historia institucional de Entre Ríos sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que promete estirar los plazos de manera indefinida. La jueza de Garantías Marina Barbagelata define la elevación a juicio de la denominada causa «Contratos I». Sin embargo, el banquillo de los acusados quedará de cara al vacío: hoy no existe un tribunal firme para juzgar a los imputados, ya que la composición final dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este vuelco radical se conoció tras una reciente resolución, fechada el 29 de junio, de la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), asistidos por la secretaria Melina Luciana Arduino. Por mayoría, con los votos a favor de Soage y Tepsich, y la disidencia de Giorgio, el alto cuerpo hizo lugar al recurso de revocatoria interpuesto por el abogado defensor Pablo M. Hawlena Gianotti, representante de Jorge Enrique De Breuil.

Para entender el impacto de esta medida en términos sencillos, la resolución del STJ ordena correr traslado del Recurso Extraordinario Federal a todas las personas imputadas en la causa principal en su carácter de «partes interesadas». En la práctica, esto representa un freno de mano absoluto: significa dar marcha atrás con la conformación del tribunal provisorio y abrir formalmente la vía para que el reclamo sea dirimido en Buenos Aires. La elevación a juicio de Barbagelata será un paso meramente formal, porque no hay jueces habilitados para iniciar el debate oral hasta que la Corte Suprema de la Nación resuelva el conflicto.

¿Por qué es tan importante discutir quiénes serán los jueces? En el derecho constitucional existe una garantía fundamental llamada Juez Natural, la cual establece que nadie puede ser juzgado por «comisiones especiales» o por magistrados designados de forma posterior a los hechos que se investigan. El conflicto de fondo en esta causa radica en el desplazamiento original de los vocales Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz (conocido como Carlomagno) y Claudia Mizawak, quienes habían sido apartados a raíz de un planteo de recusación del fiscal Leandro Dato por supuesta pérdida de la «apariencia de imparcialidad». En su lugar, se había diagramado el nuevo tribunal de Giorgio, Tepsich y Soage.

No obstante, las defensas contraatacaron argumentando que este cambio violó la garantía constitucional del Juez Natural (Art. 18 de la Constitución Nacional). Los entendidos en derecho y el propio espíritu del reclamo ante la Corte Suprema sugieren que el máximo tribunal de la Nación suele ser inflexible con este principio y podría ordenar que la causa regrese a los magistrados originales (Carubia, Carlomagno y Mizawak). El argumento de la defensa es contundente: si los primeros jueces fueron apartados por opinar en contextos administrativos previos, el Dr. Giorgio participó de los mismos procesos institucionales y debería correr la misma suerte, lo que dejaría al nuevo armado bajo una inminente nulidad.

Más allá de la batalla por los nombres de los jueces, la estrategia en la recolección de pruebas dio un giro drástico. En las últimas audiencias, la incorporación formal de los expedientes con los decretos y contratos originales generó un cambio de paradigma en la estrategia defensiva. Quedó técnicamente acreditado que los instrumentos legales contaban con las firmas correspondientes de las autoridades de las cámaras de la época, lo que desarma la hipótesis fiscal original de que los contratos eran «apócrifos« en su confección material o meras falsificaciones de escritorio.

A esto se suman las declaraciones previas que brindaron los propios legisladores de la provincia ante la fiscalía. Figuras políticas como Juan Carlos Navarro, Gustavo Osuna, Leticia Angerosa, Darrichon y Daniel Ruberto, entre otros, reconocieron en entrevistas que ellos firmaban los contratos a pedido de las autoridades de las cámaras correspondientes. Admitieron que, si bien cumplían con el trámite administrativo de la firma, desconocían quiénes eran los beneficiarios finales o qué tareas prestaban efectivamente los contratados. Esto desplaza la acusación desde la «falsificación de documentos» hacia un terreno mucho más complejo: la responsabilidad política y de control del gasto público.

Para dimensionar la complejidad de lo que viene, la magnitud de la investigación penal expone una logística que roza lo irreal para el sistema de audiencias local. El expediente acumula un total de 742 personas investigadas y miles de contratos bajo la lupa que abarcan un periodo de casi de diez años de presunto drenaje de recursos públicos.

Fuentes ligadas al caso advierten que, en un eventual juicio oral y público en etapa de plenario, tomar declaración testimonial a las 742 personas implicadas demandaría un cronograma tan extenso que el proceso podría prolongarse por «décadas», arriesgando la prescripción de las acciones penales debido al paso del tiempo.

Mientras la jueza Barbagelata cumpla con el paso formal de elevar la causa a juicio, el expediente ingresará automáticamente en un limbo técnico. Sin un tribunal ratificado en la provincia y con las valijas listas para viajar en un Recurso Extraordinario hacia la Corte Suprema de la Nación, el debate de fondo de la causa «Contratos I» continuará paralizado por tiempo indeterminado en los tribunals entrerrianos.