El presidente impulsa una reforma laboral que fija como ejes innegociables el fin de la ultraactividad y el cambio en la prelación, abriendo una fuerte disputa con el sindicalismo.
Muchos capítulos y condiciones de la reforma laboral están en negociación y dependen de conseguir el apoyo de los legisladores provinciales de la oposición dialoguista para ser incluidos, o no, en el texto final, que, según los tiempos del Gobierno, se hará conocido en diciembre, ya que la intención oficial es que ya en el 2025 el proyecto ingrese al Congreso Nacional.
Sin embargo, hay dos largos articulados que permanecerán sí o sí en la letra oficial y que no serán ni negociados ni, mucho menos, excluidos de la reforma laboral. Es una decisión del propio presidente Javier Milei, que dio la orden de incluir en el articulado las caídas de la ultraactividad y la prelación. Son dos conceptos que vienen intentando ser demolidos desde los tiempos de Carlos Menem en los ’90, pero que nunca pudieron tener el estatus de cercanía política a algo parecido a una posible realidad.
Javier Milei afirma que él puede lograr lo que muchos intentaron antes y no lograron, ya que a la reforma laboral en general y a la caída de la ultraactividad y la prelación en particular les llegó el tiempo de ser ejecutadas. En definitiva, otro capítulo más de la batalla cultural.
En concreto, en ambos capítulos lo que busca el Gobierno es lo siguiente
- Ultraactividad. Es una idea que viene de los tiempos de Carlos Menem, que nunca pudo ver la luz, y que apunta al corazón del poder sindical. El fin de la ultraactividad dentro de la reforma laboral implica un cambio más que profundo en cómo funcionan los convenios colectivos cuando vencen y no se negocia uno nuevo. Hasta estos tiempos, cuando un convenio colectivo vencía, seguía vigente automáticamente hasta que sindicatos y empresas firmaran un nuevo acuerdo; y como, en general y por posición más gremial que de los privados, las negociaciones casi nunca se habilitaban, lo que se implementaba era una prórroga indefinida del convenio viejo. Así es como las actividades mantienen convenios de más de 40 o 50 años de vigencia, sobreviviendo muy mal al tiempo o quedando definitivamente sepultadas por la modernidad. La caída de la ultraactividad implicaría ahora que el convenio, si no se negocia, termina en un plazo determinado y que, si no se firma uno nuevo, lo que rige es el respeto de los derechos mínimos legales (LCT) del empleado y los ya incorporados al contrato individual del trabajador.
- Prelación laboral. El Gobierno planteará el fin del principio que define hoy qué convenio colectivo (o norma) tiene prioridad para aplicarse, por ejemplo: un convenio colectivo por empresa frente a un convenio por actividad. En la legislación argentina actual rige el principio que hace que se aplique siempre la norma más favorable para el gremio o sindicato central. Las normas actuales evitan que un convenio por empresa, sector o región negociado localmente otorgue diferentes condiciones a las previstas en un convenio más general y nacional. El gobierno propone modificar esa prelación para dar prioridad a los convenios por empresa sobre los convenios por actividad, flexibilizando al máximo la posibilidad de aplicar condicionalidades locales y de menor dimensión por sobre las que rijan en un convenio colectivo nacional. Según la lógica de la reforma, un convenio específico de una empresa podría tener precedencia aun si es menos “beneficioso” que el convenio colectivo general. Esto permitiría que los empleadores negocien acuerdos “más flexibles” a nivel de empresa, basados en la productividad, con salarios “dinámicos”. Para el Gobierno y algunos empresarios, esto es beneficioso porque les da más libertad para adaptar condiciones laborales según la realidad de cada empresa. Para los sindicatos, especialmente los grandes gremios nacionales, es un golpe mortal a su poder de acción. Los debilita, les quita efectividad y capacidad de acción y reacción y, en definitiva, les saca el gran poder que detentan en la actualidad. Si la prelación se cambia, podría aumentar la descentralización sindical: cada empresa podría negociar por su cuenta, lo que puede fragmentar los convenios colectivos. Tienen un punto de ataque los sindicatos: los cambios en la prelación podrían llevar a diferencias salariales mayores entre trabajadores de diferentes empresas (o del mismo sector), dependiendo del “mérito” o productividad que se pacte.
La mirada de los trabajadores
Desde la mirada de los trabajadores, hay preocupación por una posible precarización: menos derechos garantizados por un convenio genérico y más dependencia de acuerdos individuales “menos favorables”. Las empresas se defienden: afirman que este tipo de cambios les permitiría a los privados poder negociar mejores condiciones de productividad y flexibilidad laboral, lo que llevaría a un ascenso en la facturación y a una mejor distribución de rentabilidades. Los gremios importantes critican este capítulo afirmando que, cuanto menor el tamaño de la empresa, más desprotección habrá para los empleados.
Dos batallas inéditas
Como se ve, tanto la ultraactividad como la prelación son dos batallas que, de triunfar el oficialismo, representarían quizá la embestida más importante que algún presidente haya intentado contra el poder gremial, al menos desde la llegada de la democracia en 1983. Quizá la única avanzada por el estilo fue aquel intento de democratización sindical en la era Alfonsín, cuando en diciembre de ese año se presentó en sociedad un proyecto redactado en el Ministerio de Trabajo de Antonio Mucci, que buscaba normalizar la vida de los sindicatos a través de nuevos esquemas de votación gremial. La intención no sobrevivió al Senado, que en aquellos tiempos estaba controlado por el peronismo, y terminó fracasando.
Javier Milei va por la revancha.
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