El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete, en la que se analizaron los objetivos cumplidos durante los dos primeros años de gestión y se plantearon las principales acciones planificadas para 2026.
Luego del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores, con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y miembros del gabinete, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, precisó que “se hizo un repaso de los objetivos cumplidos en estos dos primeros años de gestión, especialmente en materia de ordenamiento del gasto y eficientización del Estado, y se plantearon las acciones previstas para 2026, donde hay un trabajo importante por delante”.
Por otro lado, el funcionario comentó que también se realizó “una evaluación del desarrollo de las fiestas populares, que son numerosas en Entre Ríos, nos llenan de orgullo y cuentan con el acompañamiento de la provincia”. En ese sentido, destacó que “la evaluación fue muy positiva respecto de lo que viene sucediendo en cada una de ellas”. Además, señaló que el gobernador subrayó la importancia de la conmemoración del próximo 3 de febrero, en el contexto del homenaje a Justo José de Urquiza y a la Batalla de Caseros, un hecho histórico clave para los entrerrianos y muy significativo para la gestión provincial.
Asimismo, indicó que se abordaron “los temas vinculados a la infraestructura, el estado de las obras en marcha y las proyectadas, así como todas las cuestiones necesarias para avanzar con aquellas iniciativas para las que se está gestionando financiamiento internacional ante organismos multilaterales de crédito”.
En cuanto a las tareas previstas para 2026, Boleas señaló que “el eje central será continuar con el ordenamiento y la eficiencia del Estado, mejorar y brindar servicios de mayor calidad, cuidando el uso de los recursos, desde la licitación de medicamentos hasta la optimización de los contratos vigentes, entre otros aspectos”.
Finalmente, remarcó que se pondrá “un fuerte énfasis en la ejecución de la obra pública y en todos los proyectos en marcha, para los cuales ya contamos con autorización y sobre los que debemos seguir trabajando para asegurar el financiamiento internacional”.
Desde la Representación Oficial de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia consolidó un año de intensa actividad institucional, con foco en economías regionales, cultura y turismo. El desafío ahora es profundizar esa agenda en 2026, con más competitividad y escucha federal.
La agenda de la provincia de Entre Ríos durante 2025 tuvo un punto de encuentro claro entre dos geografías que se miran y se necesitan: Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires. Ese vínculo se articula desde la Representación Oficial de la provincia en la Capital Federal, espacio que conduce el ingeniero agrónomo José Moulia, y que durante el último año se convirtió en una verdadera plataforma de gestión.
“Fue un año con mucho trabajo y mejores resultados”, resume Moulia al hacer el balance de 2025. La representación no solo reforzó su rol institucional tradicional, sino que amplió su alcance hacia una gestión activa para el desarrollo, integrando producción, cultura, turismo y servicios para los entrerrianos que viven o transitan por Buenos Aires.
El dato concreto da dimensión del esfuerzo: 45 eventos realizados a lo largo del año, abarcando expresiones culturales, promoción turística y visibilización productiva. A eso se sumó una intensa tarea de articulación que incluyó más de 500 gestiones ante embajadas, organismos nacionales e internacionales, ministerios y entidades técnicas, con un objetivo claro: generar oportunidades para la provincia sin demandar recursos adicionales al Estado provincial.
Uno de los hitos del año fue la participación en la Noche de las Casas de Provincia, donde Entre Ríos desplegó todo su potencial productivo y cultural en Buenos Aires. Con la calle cortada, emprendedores, economías regionales y comparsas de Gualeguaychú, capital nacional del carnaval, mostraron una postal viva de la identidad entrerriana.
La gestión también tuvo un fuerte sesgo productivo. Con una trayectoria ligada a la agroindustria y las economías regionales, Moulia impulsó gestiones que permitieron retomar exportaciones ovinas desde la provincia después de casi dos décadas. Con el acompañamiento de SENASA y del sector privado, se logró coordinar productores, frigoríficos y exportadores. El resultado: el primer contenedor con destino a Omán, y nuevos envíos proyectados a Cuba y países de Medio Oriente.
“Fue gestión pura. La provincia no puso un peso”, destaca. El trabajo incluyó identificar plantas habilitadas, ordenar la logística y recuperar mercados que supieron ser estratégicos para Entre Ríos.
En un plano más amplio, el balance también reconoce el contexto. La provincia, señala Moulia, fue recibida en una situación compleja y hoy el gobernador Rogelio Frigerio enfrenta el desafío de ordenar las cuentas y reconstruir infraestructura clave. Entre las prioridades aparecen la baja de impuestos, la revisión del esquema de juicios laborales y la recuperación de los caminos rurales, un punto crítico para la competitividad.
Aun así, el potencial está intacto. La provincia muestra fortaleza en citricultura, nuez pecán, arroz, avicultura, carne, viñedos, apicultura y forestoindustria, con un entramado de pequeñas y medianas empresas que hoy sostienen el desarrollo regional y la metalmecanica como desafío de crecimiento. Zonas como Chajarí, Santa Ana y Villa del Rosario reflejan ese cambio estructural hacia un modelo más diversificado y familiar en particular de la citricultura local.
De cara a 2026, el mensaje es realista. “Vamos a tener que seguir siendo fuertes”, admite Moulia, consciente de que los cambios estructurales llevan tiempo. Pero también plantea una expectativa clara: que el Gobierno Nacional escuche más a las provincias y a las economías regionales, y que el concepto de libre comercio se aplique con condiciones equitativas para competir en igualdad.
El cierre es personal y político a la vez. Con 23 años en la función pública y otros tantos en el sector privado, Moulia reivindica la experiencia como herramienta. “No es conocer países para pasear, es conocerlos para hacer negocios”, dice. Ese capital acumulado es el que busca poner al servicio de Entre Ríos en un 2026 que se perfila exigente, pero cargado de oportunidades.
Juicio político, segundas líneas y una vacante demasiado tentadora**
En Entre Ríos, los juicios políticos rara vez se explican por lo que figura en los expedientes. Detrás de los tecnicismos, los descargos jurídicos y las declaraciones formales, suele haber algo más: poder, vacantes, equilibrios rotos y nombres que no aparecen en los títulos pero sí en las decisiones.
El caso de Susana Medina de Rizzo parece encajar, una vez más, en esa lógica.
El expediente dice una cosa, la política otra
Formalmente, la vocal del Superior Tribunal de Justicia enfrenta dos denuncias graves: ausencias prolongadas de la jurisdicción durante años completos y un presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, organización que Medina integra y preside. A eso se suma el cuestionamiento sobre la marcha de su despacho, con cifras de morosidad que ella niega de plano.
En su descargo, Medina hace lo esperable: niega todo, denuncia persecución institucional, pide el rechazo in limine y se presenta como víctima de un mecanismo de hostigamiento que amenaza la independencia judicial. Jurídicamente, su defensa está bien armada. Políticamente, llega tarde y sin respaldo.
Porque si algo queda claro es que Medina está sola.
La soledad como síntoma
No hay pronunciamientos fuertes del Poder Judicial en su defensa. No hay operadores visibles que salgan a bancarla. No hay señales de que alguien esté dispuesto a pagar el costo político de sostenerla.
En los tribunales se comenta —en voz baja— que su salida es casi un hecho. No por la contundencia del expediente, sino porque ya nadie la necesita en ese lugar.
Y ahí empieza a aparecer la segunda línea del caso.
El verdadero botín: una silla en el STJ
El juicio político avanza con una velocidad inusual porque habilita algo mucho más valioso que una sanción ejemplar: una vacante en el Superior Tribunal de Justicia.
El oficialismo de Rogelio Frigerio tiene la mayoría en Diputados para impulsar el proceso. El peronismo, lejos de resistir, parece dispuesto a acompañar. Las diferencias internas existen, pero no alcanzan para frenar la maquinaria.
La historia se repite: Chiara Díaz, Castrillón, antes. Ahora Medina. Denuncia, presión, desgaste, jubilación anticipada. El procedimiento rara vez llega a su fin. El resultado, casi siempre, es el mismo.
¿Quién empuja desde las sombras?
En Casa de Gobierno dejaron trascender que detrás de Medina estaría Guillermo Michel. El argumento es endeble y roza lo anecdótico: un voto en el Tribunal Electoral que benefició a Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú. Demasiado poco para explicar una operación de esta magnitud. Más parece una cortina de humo que una hipótesis seria.
Otros apuntan hacia la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, surgida al calor del jury contra Cecilia Goyeneche. No es un dato menor: ese espacio ya demostró capacidad de presión, instalación mediática y vocación por incidir en la conformación del poder judicial.
En los pasillos se dice algo más concreto: hay un nombre dando vueltas para ocupar la vacante. Y cuando eso ocurre, el resto es trámite.
Frigerio, Romero y el control de daños
Que el gobernador se reúna en su casa con los diputados de la Comisión de Juicio Político no es un gesto inocente. Que Rosario Romero haga lo propio con el bloque del PJ, tampoco.
Ambos saben que el problema no es solo Medina, sino el precedente. Frigerio pide “responsabilidad” mientras deja correr el proceso. Romero intenta frenar, pero llega sin fuerza. El peronismo, dividido y debilitado, parece más preocupado por no quedar expuesto que por defender una posición institucional coherente.
El discurso de la ética y la práctica del poder
Medina habla de independencia judicial. Sus denunciantes hablan de ética pública. Pero el sistema muestra otra cosa: el juicio político como herramienta de reordenamiento interno, no como mecanismo excepcional.
Las ausencias, las licencias, los viajes y los vínculos institucionales pueden ser discutibles. Lo que no se discute es que durante años fueron tolerados. El problema no es lo que hizo Medina, sino cuándo dejó de ser funcional.
La pregunta incómoda
Entonces, la pregunta no es si Susana Medina es culpable o inocente. La verdadera incógnita es otra:
👉 ¿Quién gana con su salida y quién pierde si se queda?
Cuando la respuesta aparece clara, el expediente pasa a segundo plano.
Y en Entre Ríos, como tantas veces, la justicia vuelve a ser el escenario donde se dirimen disputas que poco tienen que ver con la ley y mucho con el poder.
Redacción: Análisis Litoral con información de Entre Ríos Ahora / Pagina política /pagina Judicial
La localidad de Ubajay presentó en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires la 28.ª edición de la Fiesta Provincial del Yatay y una nueva edición de los Carnavales Ubajayenses, dos celebraciones emblemáticas que forman parte de la identidad cultural, turística y comunitaria de la región.
El encuentro permitió dar a conocer en la Ciudad de Buenos Aires estas festividades que, año tras año, convocan a vecinos y visitantes de toda la provincia y del país, poniendo en valor las tradiciones, la producción local y las expresiones artísticas de Ubajay.
Participaron de la presentación Verónica Luxen, presidenta municipal de Ubajay, y Lisandro Giménez, director de Cultura y Turismo, quienes brindaron detalles sobre la grilla de actividades, las propuestas artísticas y las distintas acciones previstas para ambas celebraciones, que conjugan tradición, música, danza y participación popular.
En relación a la Fiesta Provincial del Yatay, se informó que la jornada se realizará el sábado 21 de febrero, de 10 a 16 horas, con acceso gratuito al predio, donde el público podrá recorrer stands gastronómicos y de artesanos. A partir de las 18 horas comenzarán los espectáculos de destreza criolla y las presentaciones artísticas en el escenario principal, junto con clases de gastronomía en vivo basadas en el fruto de la palmera Butiá Yatay. La entrada general tendrá un valor de $15.000.
Durante la jornada se realizarán montas en distintas categorías y se presentarán artistas como Sentimiento Campero (Santa Fe), El Patrón del Chamamé (Entre Ríos) y el cierre musical estará a cargo de Mario Pereira.
Por su parte, los Carnavales Ubajayenses se llevarán a cabo el 13 de febrero sobre una de las principales avenidas de la localidad, con la participación de la Comparsa Butiá Yatay y comparsas invitadas de distintas ciudades de la provincia, como Concordia y Concepción del Uruguay, en una celebración que rinde homenaje permanente a la identidad local y a la palmera yatay.
Durante la presentación, José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, expresó: “Quiero agradecer a todas las personas que formaron parte del calendario de actividades de la Representación durante el año, a las localidades entrerrianas, a los productores, a los artistas y a los periodistas, cuyo acompañamiento y difusión permiten ampliar el alcance de nuestras acciones y visibilizar el trabajo que se realiza desde la Casa de Entre Ríos.”
“Quiero agradecer al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza y la libertad de trabajo, y destacar el trabajo articulado con las áreas de Turismo, Cultura y la Secretaría General de la Gobernación, que nos permitió avanzar de manera conjunta en los objetivos planteados para el año.”
“Y, especialmente, un reconocimiento al equipo de la Representación, cuyo compromiso y trabajo cotidiano hacen posible la realización de cada uno de estos encuentros.”
La justicia entrerriana tiene sobre sus estrados un rosario de causas por corrupción que involucran a las máximas autoridades políticas de las últimas dos décadas. Mientras algunas condenas ya están firmes y aguardan la decisión de la Corte Suprema, otras investigaciones se encuentran en plena etapa de remisión a juicio, configurando un escenario judicial complejo que definirá el destino de exgobernadores, vicegobernadores, senadores nacionales y altos funcionarios provinciales.
Sergio Urribarri: entre prisión y múltiples causas
El exgobernador y exembajador en Israel Sergio Urribarri concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos. Con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en 2022 y confirmada por Casación en 2023, su situación procesal sigue siendo volátil. En enero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia ordenó su libertad junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera tras 50 días de prisión preventiva, mientras aguardan la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario federal.
Pero la condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública no es la única espada que pende sobre Urribarri. La “Causa Coimas”, que lo investiga junto al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, avanza firme hacia el juicio oral. En junio de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió remitir la causa a juicio tras rechazar todas las nulidades presentadas por las defensas. El Ministerio Público Fiscal pide 10 años de prisión para el exgobernador.
La acusación sostiene que Urribarri favoreció ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por Cardona Herreros, quien habría sido su testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano documentaron el pago de sobornos a través de viajes lujosos que el empresario paraguayo financió para la familia Urribarri. La prórroga irregular de contratos y la falsificación de fechas en actos administrativos configuran el núcleo de la imputación.
Además, Urribarri enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se encuentra en etapa de investigación, donde debe justificar el crecimiento patrimonial experimentado durante su gestión como gobernador entre 2007 y 2015.
Gustavo Bordet: la causa Securitas y la investigación patrimonial
El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, que sucedió a Urribarri entre 2015 y 2023, enfrenta dos investigaciones que podrían complicar su situación judicial.
La causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, lo coloca en el centro de un presunto esquema de coimas vinculado a contratos de seguridad privada con ENERSA, la empresa eléctrica estatal entrerriana. Un peritaje de 25.557 páginas de conversaciones de WhatsApp entre los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —procesados por pagar sobornos— menciona a Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habrían llegado hasta el exmandatario.
Los mensajes, que abarcan desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024, incluyen cifras concretas. En uno fechado el 28 de enero de 2019, Claudio Tórtul escribió: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millón”. Otro mensaje del 24 de septiembre de 2018 describe las negociaciones: “El Negro me dijo q si no le damos el 40 saca el pago con el ajuste. Reparte con Bordet Julio y el”. Un mes después se firmó la tercera adenda al contrato con ENERSA.
Aunque Bordet no está formalmente imputado, la investigación involucró la detención en abril de 2025 de Jorge González, expresidente de ENERSA y funcionario clave durante su gestión. En el allanamiento a su domicilio se secuestraron 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos.
Paralelamente, en abril de 2024, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso la apertura de una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, aunque hasta el momento no hay imputación formal.
Adán Bahl: entre la causa Securitas y los contratos truchos
El exvicegobernador, exintendente de Paraná y actual senador nacional electo Adán Bahl aparece mencionado en los mismos chats de la causa Securitas que comprometen a Bordet, según reveló el diario Clarín en noviembre de 2025. Si bien no está formalmente imputado, su nombre figura en las conversaciones de los hermanos Tórtul vinculadas a la continuidad de contratos con ENERSA y presuntas gestiones políticas.
Más grave aún es su vinculación con la causa de los contratos truchos legislativos. Aunque no está entre los imputados principales, investigaciones periodísticas lo señalan como una de las autoridades que habrían tenido responsabilidad en el sistema corrupto durante su período como vicepresidente del Senado. Sus hijos, Joaquín y Franco Bahl, fueron contratados irregularmente por la Legislatura en los últimos días de la gestión anterior, contratos que luego fueron anulados por el gobierno de Rogelio Frigerio.
Los contratos truchos: 53 millones de dólares desviados
La megacausa de los contratos truchos legislativos representa el mayor desfalco documentado en la historia reciente de Entre Ríos. Entre 2008 y septiembre de 2018 se desviaron 53 millones de dólares a través de un sistema de contrataciones fraudulentas en las cámaras de Diputados y Senadores.
Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. Los fiscales sostienen que Aguilera era el “recaudador” que recibía el dinero extraído de cajeros automáticos por prestanombres que cobraban cheques por servicios nunca prestados. Actualmente con prisión domiciliaria tras la liberación ordenada por el STJ en enero de 2025, Aguilera enfrenta la perspectiva de un juicio oral que, según cálculos judiciales, podría iniciarse a mediados de 2026.
El mecanismo era sofisticado: se contrataban personas que firmaban acuerdos por servicios ficticios, cobraban mediante cheques o transferencias, y entregaban entre el 90% y 95% del dinero a operadores como Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo. Estos, a su vez, trasladaban los fondos a través de intermediarios como Alfredo Bilbao hasta llegar a Aguilera y, presuntamente, a las máximas autoridades legislativas.
Los principales imputados incluyen a Gustavo Pérez: exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y hombre de confianza de Adán Bahl. Sergio Cardoso: director del Servicio Administrativo Contable de Diputados. Alejandro Almada: cuñado de Aguilera, operador clave del sistema. Roberto Ariel Faure y Alfredo Bilbao: contadores que facilitaban las operaciones
El expediente tiene 32 imputados y la remisión a juicio comenzaría a debatirse en 2025, con proyección de inicio del debate oral en 2026. La complejidad del caso y la cantidad de abogados defensores compartidos con otras causas de Urribarri ha retrasado los plazos procesales.
José Ángel Allende: el caso del juicio abreviado rechazado
El exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, protagoniza uno de los casos judiciales más prolongados y complejos del panorama entrerriano. Con 13 años de investigación desde que ANÁLISIS publicó en marzo de 2012 la denuncia periodística que dio origen a la causa, Allende intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la justicia.
Los juicios abreviados rechazados
En agosto de 2021, Allende llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocía su enriquecimiento ilícito en más de 1.069.841 dólares, delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, y amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni. El acuerdo establecía: Pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional; Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; Decomiso de su mansión del Parque Urquiza (valuada en 720.922 dólares) y la casa de calle Laprida (378.289 dólares); Multa de 3 millones de pesos.
Sin embargo, el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo, considerando que no cumplía con los requisitos legales. Previamente, en 2020, otro intento de juicio abreviado había sido declarado nulo por la Cámara de Casación Penal.
Según revelaciones periodísticas, el exgobernador Sergio Urribarri habría presionado a Allende para que no firmara el acuerdo: “No arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política”.
Tras el fracaso de los juicios abreviados, la causa continuó su curso. En marzo de 2025, Allende y toda su familia fueron citados a declaración indagatoria. El 30 de junio de 2025, el juez de Garantías N°8 Pablo Zoff dictó el procesamiento de Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron procesados Adriana Guadalupe Satler (esposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Diana María Cristina Traverso (exesposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Julio Alejandro Allende (hijo): partícipe necesario en ambos delitos; Victoria Allende (hija): partícipe necesaria solo en enriquecimiento ilícito, sobreseída en negociaciones incompatibles
–Los montos del enriquecimiento. Según el procesamiento del juez Zoff, el incremento patrimonial desproporcionado de Allende entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016 (período en que fue diputado provincial) asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de conceptos no cuantificados como: Mantenimiento de caballos de carrera; Viajes internacionales. Varios vehículos de alta gama; Participación en sociedades: Radio La Voz de Entre Ríos SA, Haras El Machazo SA, Cardinal Grydim SA; Departamentos en el mismo edificio de lujo donde Edgardo Kueider posee propiedades (Santiago del Estero y Tejeiro Martínez);
El juez determinó que Allende utilizó a sus familiares directos como personas interpuestas para disimular su verdadero patrimonio. Victoria Allende adquirió varios vehículos siendo menor de edad, sin ingresos registrados que justificaran esas compras. Los hijos compartieron con su padre participación en las sociedades mencionadas.
-Negociaciones incompatibles: la Fundación Esperanza. Este delito se atribuye específicamente a José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Satler en relación con la “Fundación Esperanza”. Entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011, Allende habría gestionado subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos siendo simultáneamente: Presidente y secretario de la Fundación Esperanza; Diputado provincial que avalaba y firmaba los pedidos de subsidios; Satler suscribía los pedidos como presidenta de la fundación, mientras Allende los avalaba como legislador. En dos casos, Allende personalmente solicitó y rindió los subsidios, configurando un claro conflicto de intereses incompatible con la función pública.
Confirmación del procesamiento en noviembre de 2025
Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi apelaron el procesamiento, argumentando que:
– La pericia oficial del Cuerpo Técnico del Poder Judicial arrojó resultados favorables a Allende
– Se descartaron ingresos legítimos por motivos formales (documentos ilegibles)
– Se omitieron financiamientos bancarios documentados (como el crédito del Banco BERSA)
– El procesamiento consolidó bienes de otros coimputados como patrimonio de José Allende sin análisis individual
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó íntegramente el procesamiento, al considerar que existe el grado de probabilidad requerido para la elevación a juicio. Los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat defendieron el criterio del perito Héctor Enrique y rebatieron punto por punto los agravios de la defensa.
La prescripción de la causa por amenazas
En paralelo, el 3 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría declarar la prescripción de la causa por amenazas contra la ministra Sonia Velázquez, revocando la sentencia de Casación. El STJ consideró que los intentos fallidos de juicio abreviado no tenían entidad para interrumpir el curso de la prescripción.
Situación actual y proyección 2026
Allende enfrenta actualmente:
1) Causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles: procesamiento confirmado, encaminada a juicio oral en 2026
2) Causa por amenazas a Sonia Velázquez: prescripta por el STJ en diciembre 2025, por lo que la víctima irá a la Corte Suprema.
3) Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si prospera la condena
La defensa insiste en que se trata de una “utilización política” del caso, argumentando que Allende “ha enfrentado poderosos intereses corporativos” y que resulta “doloroso e injustificado involucrar a su familia sin elementos probatorios consistentes”.
El caso Allende representa una paradoja judicial: es el único imputado de alto perfil que intentó reconocer su culpabilidad mediante juicio abreviado, pero la justicia rechazó el acuerdo. Ahora, tras 13 años de investigación, enfrenta un juicio oral que podría iniciarse en 2026, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos de la historia judicial entrerriana.
Edgardo Kueider: detenido en Paraguay con dos causas por enriquecimiento ilícito
El exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider se encuentra en una situación judicial compleja que involucra dos jurisdicciones. Fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en la frontera entre Brasil y Paraguay al intentar ingresar a Ciudad del Este con 211.102 dólares, 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos sin declarar. Desde entonces permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, cumpliendo un año de detención.
En Argentina, Kueider enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito:
-Causa Federal – San Isidro: La jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por su vinculación con la causa Securitas y presunto lavado de dinero. Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el gobierno de Bordet (2015-2019) y representó al Ejecutivo provincial en asambleas de ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana que habría sido el epicentro del esquema de coimas investigado. En marzo de 2025, la magistrada ordenó siete detenciones en el entorno del exsenador, incluyendo a: Javier Rubel (primo): maestro mayor de obras, socio de Kueider en la empresa Betail SA; Rodolfo Daniel González (socio y amigo): empleado del Congreso, dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que Kueider fue interceptado en la frontera paraguaya; José Carlos Nogueras (contador): procesado con prisión preventiva por su rol en operaciones destinadas a ocultar el origen delictivo del dinero; Adriana Cecilia Crucitta (abogada): socia de González y empleada de la Biblioteca del Congreso; Ezequiel Gustavo Bovetti (contador); Gabriela Patricia Saint Pierre (esposa de Nogueras); Rita Soledad Machuca (exsecretaria de Kueider en la Gobernación).
En abril de 2025, la jueza Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a González, Rubel y Nogueras por lavado de dinero y asociación ilícita. Al resto les dictó procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
La investigación reveló que Kueider sería propietario de la empresa Betail SA, que posee departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Paraná (calle Santiago del Estero 511). Las expensas aparecían a nombre de Iara Guinsel Costa, su exsecretaria en el Senado y actual pareja, quien lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay.
-Causa Provincial – Concordia: El juez Ives Bastián y el fiscal José Arias también investigan al exsenador por enriquecimiento ilícito. Debido al conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, la Corte Suprema deberá dirimir qué juzgado continuará con la investigación.
En Paraguay, Kueider enfrenta un juicio oral y público que comenzará el 20 de abril de 2026 por el delito de contrabando en grado de tentativa. La Fiscalía paraguaya lo imputó junto a Iara Guinsel Costa por no haber declarado los 211.102 dólares al intentar cruzar el Puente de la Amistad desde Foz do Iguaçu.
La expectativa de pena es de hasta dos años y medio. Si la sentencia se acerca a ese techo, podría ser de cumplimiento efectivo. De lo contrario, quedaría en el margen condicional o incluso en una multa.
La jueza Arroyo Salgado sostiene que Kueider formó parte de una “asociación o banda” que perpetró maniobras “destinadas a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras” para otorgar “apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”.
El exsenador solicitó su extradición para ser juzgado en Argentina, pero Paraguay denegó el pedido. Kueider y Guinsel Costa continúan bajo arresto domiciliario en un dúplex del barrio San Vicente de Asunción, tras ser echados en febrero de 2025 del edificio de lujo donde inicialmente cumplían la medida.
Juan José Canosa: condena firme y causa por enriquecimiento ilícito
El expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) Juan José Canosa tiene una condena firme por negociaciones incompatibles con la función pública y enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que lleva 8 años de trámite.
En septiembre de 2018, un tribunal encabezado por el juez Alejandro Grippo condenó a Canosa a 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación, iniciada por NOTICIAUNO en enero de 2017, reveló que Canosa contrató a empresas vinculadas a su familia mientras presidía Sidecreer entre 2007 y 2015.
Los proveedores favorecidos fueron:
-Excelcom SA: empresa santafesina que facturó insumos informáticos. Detrás estaban su cuñada Alicia Susana Cuestas (pareja de su hermano Carlos Canosa), la hermana de ésta, María José Cuestas, y Diego Aníbal Urba (esposo de María José y amigo personal de Canosa)
-Texmer: proveedora de indumentaria propiedad de Mirta Graciela Gueler, suegra de su hermano Carlos Canosa
-JDR Construcciones: empresa constructora de José Daniel Romero, casado con María del Carmen Paul, hermana de la madre de Canosa
Entre las tres empresas, cobraron de Sidecreer casi un millón de dólares durante el período investigado.
La Cámara de Casación Penal confirmó la condena en diciembre de 2019. En febrero de 2021, la Sala Penal del STJ rechazó el recurso de apelación. Y en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” el recurso de queja, dejando firme la condena.
Paralelamente, Canosa enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se inició en diciembre de 2016 tras una denuncia del entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná).
En abril de 2017 se allanaron cuatro mutuales en Paraná: Mutual Modelo (Gualeguaychú 204); Mutual Urquiza (Urquiza 80); Mutual Solidaridad (Libertad 139); Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar). El Ministerio Público Fiscal descubrió que Canosa tenía depositados, como inversión, 920 mil pesos en la Mutual 10 de Abril, operación garantizada con un cheque del Banco Santander Río.
En marzo de 2024, Canosa compareció ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Pablo Labriola para solicitar su sobreseimiento. Sus abogados Miguel Ángel Cullen y Andrés Bacigalupo argumentaron “violación de los plazos razonables”, señalando que han transcurrido 8 años de investigación. “Pasaron ocho años de la investigación. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me voy a morir. Se ven afectados mis hijas, mi familia, mis amigos. La persecución que han hecho sobre mi persona no tiene nombre”, declaró Canosa ante el magistrado.
En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ aceptó un recurso de queja presentado por la defensa de Canosa y su esposa, la defensora oficial Paula Montefiori. Los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia votaron a favor; Miguel Giorgio disintió.
En diciembre de 2024, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el pedido de sobreseimiento, pero concluyó que se agotó el tiempo para que la Fiscalía continúe investigando. Le otorgó 40 días al MPF para que resuelva si lo sobresee o eleva la causa a juicio.
Canosa trabaja como abogado en la actividad privada y colabora con bufetes jurídicos, pero teme firmar escritos: “¿Qué pensarán mis clientes, que soy delincuente, que me enriquecí?”, se preguntó en audiencia.
Desde diciembre de 2015 es asesor legal de la Cámara de Diputados, cargo que deberá abandonar por la condena firme que lo inhabilita perpetuamente para ejercer funciones públicas.
La causa está en manos de los fiscales Juan Malvasio (hoy juez) y Santiago Brugo. La resolución sobre su situación procesal —procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento— debería conocerse en los primeros meses de 2026.
Nelio Calza: causa reactivada por enriquecimiento ilícito
El exdiputado nacional y expresidente de Sidecreer Nelio Calza, referente del Frente Grande en Entre Ríos, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se reactivó en agosto de 2025 tras años de relativo estancamiento.
La investigación se inició en diciembre de 2016 a partir de la misma denuncia del senador Raymundo Kisser que apuntó inicialmente a la administración de la tarjeta estatal Sidecreer durante el gobierno de Sergio Urribarri. De esa presentación se desprendieron legajos separados que involucraron tanto a Calza (presidente de Sidecreer antes de Canosa) como a su sucesor, quien ya fue condenado por negociaciones incompatibles.
La investigación fue encabezada por el fiscal Juan Malvasio (hoy juez) y luego continuada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
El patrimonio investigado
Las pericias contables detectaron movimientos bancarios y cambiarios de relevancia entre 2009 y 2018, incluyendo: Compra de títulos públicos; Adquisición de divisas; Constitución de plazos fijos; Múltiples operaciones cambiarias.
Entre los bienes que se le adjudican a Calza figuran: una embarcación: “Rey Power”, integrada al patrimonio en 2015; Más de 15 vehículos, incluyendo: Dos Chevrolet S10 doble cabina; Una Renault Trafic; Cuatro Volkswagen Polo; Un Chrysler Cruiser; Dos Volkswagen Bora; Un Volkswagen Passat; Un Volkswagen Golf; Un Peugeot 207; Un Renault Fluence; Un Peugeot 206; Un Nissan Visia; Un Fiat Palio; Un Fiat Duna.
También comprende a Inmuebles en diversas localidades: Paraná: propiedades en calles Laprida, Pirovano, Yrigoyen, Montevideo, Vélez Sarsfield y Colón (en Concordia); Santa Fe capital; Zona rural de María Luisa (departamento Las Colonias, Santa Fe)
La indagatoria proyectada para 2026
Según pudo conocerse, la Fiscalía está terminando de recepcionar distintas pruebas y concluyendo el análisis contable correspondiente. Se espera que Calza sea citado a declaración indagatoria entre septiembre y octubre de 2026.
Actualmente es uno de los principales referentes del Frente Grande en Entre Ríos. En el proceso electoral reciente, su espacio político dejó de ser aliado del Partido Justicialista y presentó las candidaturas de Carolina Gaillard y Paola Rubattino.
La labor investigativa busca determinar si Calza puede justificar el incremento patrimonial registrado durante su desempeño en cargos públicos, particularmente durante su gestión al frente de Sidecreer, la empresa estatal que quedó en el centro de las denuncias por corrupción que involucraron también a su sucesor Juan José Canosa.
Enriquecimiento ilícito: la agenda pendiente
Además de las causas por corrupción funcional, varios exfuncionarios enfrentan investigaciones por enriquecimiento ilícito que podrían derivar en juicios durante 2026 y 2027:
-Pedro Báez: El exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, ya condenado a 6 años y medio en el megajuicio de 2022, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal pidió su remisión a juicio con una solicitud de 5 años de cárcel para él y 3 años y medio para ella. La Fiscalía endilga un enriquecimiento injustificado de 632.053 dólares durante su desempeño como funcionario público entre 2007 y 2016. Báez fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal N°1, donde cumple prisión preventiva.
-Aldo Ballestena: El exsenador provincial por La Paz y actual titular del Ente Portuario enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se abrió de oficio en 2018 tras una publicación de ANÁLISIS que documentó su patrimonio millonario, incluyendo un Mercedes Benz de 60.000 dólares, un complejo en construcción de 24 departamentos a nombre de su hija, campos y propiedades. Aunque la investigación quedó “llamativamente planchada” según críticos, también aparece vinculado al sistema de contratos truchos como recaudador de fondos en el Senado entre 2015 y 2018.
-Domingo Daniel Rossi: El actual intendente de Santa Elena tiene una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito (3 años de prisión condicional) y enfrenta una nueva investigación junto a su esposa, la exdiputada Patricia Díaz. La Fiscalía investiga cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008.
-Martín Fernández (Gualeguaychú) y Hernán Vittulo (Gualeguay): Ambos tienen causas por enriquecimiento ilícito en trámite en el Ministerio Público Fiscal, aunque con escaso avance público en los últimos años.
Obras públicas
Domingo Daniel Rossi también tiene pendiente la causa por delitos de corrupción en el manejo de la obra pública en su ciudad. En agosto de este año, por segunda vez se suspendió el juicio oral contra el intendente de Santa Elena. El inconveniente no es menor: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso contra Rossi se había fijado con un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio. Hay un planteo del abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a uno de los integrantes del tribunal, la jueza Castagno, que a raíz de un entredicho en una audiencia lo denunció por amenazas. En realidad es la especialidad del abogado Reggiardo (que este año fue suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía, por diversas denuncias contra su accionar): todo el tiempo se pasa confeccionando recusaciones contra jueces y fiscales y de esa manera sigue enviando las causas para más adelante. Lo hizo siempre con Rossi, con su mano derecha, el dirigente Pichi Blázquez y también con causas contra él mismo. Reggiardo, además de su rol de abogado, se autopercibe periodista y lo ejerce a través algunas páginas webs y en canales de youtube, donde se la pasa hablando de él mismo y denuncia supuestos hechos de corrupción, pero nunca lo menciona a Rossi, que es su sostén económico, desde la comuna de Santa Elena.
Este de Rossi es el juicio por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal, según consignara la web entreriosahora.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano. Cabe acotar que el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.
La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos, donde la justicia deberá pronunciarse sobre más de una década de presunta corrupción sistémica que involucró el desvío de millones de dólares del erario público. Las condenas que puedan dictarse en 2026 y 2027 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, con el caso de José Ángel Allende como antecedente de juicio abreviado rechazado que otros imputados evitaron replicar, temerosos de sentar precedentes que puedan afectar a la red de funcionarios involucrados en las mismas prácticas.
El gobernador Rogelio Frigerio destacó hoy la decisión del gobierno nacional de reducir nuevamente las retenciones, al considerar que “es un paso más en el rumbo correcto para aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales”.
“Celebro la decisión del gobierno nacional de volver a bajar las retenciones. Es un paso más en el rumbo correcto: aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales”, señaló el mandatario entrerriano en su cuenta de X.
Frigerio remarcó que para provincias productivas como Entre Ríos la medida tiene un impacto directo en la inversión y en la generación de empleo genuino. “Para provincias productivas como la nuestra, cada punto menos se traduce en más inversión, más actividad y más empleo privado”, afirmó.
Al mismo tiempo, sostuvo que la reducción es solo un avance dentro de un camino que debe profundizarse: “Y aunque este es un avance importante, la Argentina tiene que seguir en esta dirección hasta poder eliminarlas definitivamente”.
Finalmente, el gobernador reiteró que Entre Ríos acompañará cada decisión que contribuya a dinamizar el campo y fortalecer las economías regionales: “Desde Entre Ríos vamos a acompañar cada medida que potencie al campo y a las economías regionales. Estamos en la dirección correcta”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó este lunes el compromiso de su administración con los empleados públicos, asegurando que el Sueldo Anual Complementario (SAC) será pagado “en tiempo y forma”. Aunque el mandatario no brindó un cronograma detallado para la segunda cuota del aguinaldo.
Las declaraciones se dieron en el acto de presentación del nuevo plástico de la Tarjeta Sidecreer.
“El aguinaldo se pagará en tiempo y forma”, afirmó Frigerio, despejando dudas sobre la disponibilidad de los fondos necesarios para cumplir con esta obligación salarial antes de fin de año. Se espera que el cronograma oficial con las fechas de pago sea comunicado por el Ministerio de Economía en los próximos días.
Anuncio de recambio en el gabinete
En la misma oportunidad, el Gobernador anticipó que habrá movimientos en su equipo de gobierno debido a que dos de sus principales funcionarios dejarán sus cargos para asumir bancas en el Congreso de la Nación.
Se trata de:
Darío Schneider: Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Alicia Fregonese: Titular del Consejo General de Educación (CGE).
Frigerio confirmó que los nombres de los nuevos ministros que reemplazarán a Schneider y Fregonese se darán a conocer “en los próximos días”. Esta reestructuración busca mantener la operatividad de áreas clave mientras los salientes se preparan para su función legislativa en Buenos Aires.Fuente: Ahora
En el marco de la presentación oficial de la temporada de verano de Entre Ríos en la Casa de la Provincia en Buenos Aires, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el excelente desempeño del último fin de semana largo y la proyección “más que alentadora” para los próximos meses.
En diálogo con Radio Zona Concordia, Colello celebró que la provincia haya alcanzado “más del 95% de ocupación”, un indicador que ubicó a Entre Ríos “muy por encima de la media nacional” y que, según afirmó, “confirma que la provincia tiene con qué competir y atraer turistas de todo el país”.
“El fin de semana largo fue una antesala de lo que esperamos para este verano. Entre Ríos tiene termas, tiene ríos, tiene paisajes, tiene atardeceres, tiene al Carpi —que ya es una marca registrada—, pero sobre todo tiene algo fundamental: su gente. Los entrerrianos sabemos recibir bien, y quien nos visita siempre quiere volver”, destacó.
Impulso político al turismo y trabajo articulado con el sector privado
Colello enfatizó que los resultados alentadores no son casuales, sino fruto de una “política turística sostenida”, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. “Entre Ríos figura entre los destinos más elegidos según CAME, y eso redobla el trabajo. El turismo es una de las principales industrias generadoras de empleo privado, y la decisión del gobierno es acompañarla de forma permanente”, explicó.
En ese sentido, enumeró las acciones estratégicas desarrolladas en el último año como la creación del Ente Mixto de Turismo, el impulso a las microregiones turísticas, la elaboración de una guía para promover inversiones y la incorporación del turismo a la Ley RINI, otorgando beneficios impositivos a quienes apuesten a desarrollar proyectos en la provincia.
“Esto no se hace solo desde el Estado: el gran protagonista es el sector privado. Nuestro rol es escucharlos, entender qué necesitan y ponernos a disposición. Entre Ríos tiene una riqueza natural y cultural enorme, y hoy tiene una planificación para convertir esa riqueza en empleo y desarrollo”, subrayó.
Durante la presentación, Colello destacó también la diversidad de propuestas entrerrianas: playas, termas, fiestas populares, carnavales, pesca deportiva y una oferta cultural y gastronómica en crecimiento. “Tenemos una ubicación envidiable, estamos cerca de todo. Y tenemos historia, identidad y hospitalidad. Hay mil motivos para visitar Entre Ríos, pero lo más importante es que quienes vengan a visitarnos se vayan con ganas de volver”, sostuvo.
Consultado por la repercusión de Carpi, la figura del carpincho que acompaña la campaña turística provincial, Colello fue contundente: “Carpi llegó para quedarse. Es una estrella del turismo. Más allá de su simpatía, lo que dice Carpi es verdad: Entre Ríos tiene con qué. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea uno de los destinos más elegidos del país y ocupar el lugar que nos merecemos”.
El ex gobernador Mario Moine en diálogo con el portal Debate Abierto analizó el nuevo escenario nacional y provincial, elogió la moderación de Milei y subraya que la incapacidad del Justicialismo para encarar la autocrítica sobre los actos de corrupción es la causa de su desaparición lenta pero progresiva.
Moine realizó un análisis sobre la realidad política y económica de Entre Ríos y del plano nacional tras los recientes procesos electorales.
El ex gobernador entrerriano (período 1991-1995) destacó que la provincia está inevitablemente condicionada por las decisiones del presidente Javier Milei y el rumbo de la economía nacional.
Seguidamente interpretó el resultado electoral como un fortalecimiento del Gobierno Nacional. Señaló que el Presidente tendrá más legisladores en el Senado y en Diputados, permitiéndole depender de menos alianzas y reduciendo la posibilidad de que se eliminen Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
“Esto es positivo, ya que resulta muy difícil gobernar con un Congreso en contra”, afirmó.
Moine resaltó un cambio clave en la figura presidencial, señalando que Milei recibió un cachetazo muy fuerte y demostró autocrítica. El Presidente se ha llamado a silencio o habla respetuosamente, lo que facilita las alianzas, incluso con gobernadores justicialistas que coinciden en el camino económico adoptado.
En cuanto al futuro, Moine observa un panorama muy interesante para 2026. Estima que la inflación caerá drásticamente, proyectando un 15-16% para 2026 y un 6-7% para 2027. Con una inflación tan baja, las tasas de interés anuales se reducirían (16-17%), lo que reactivaría la economía mediante la herramienta del crédito, permitiendo financiamientos a largo plazo como en países desarrollados (30 años para una casa, 10 años para un auto).
Para Moine, Argentina va a despegar en 2027 con un crecimiento del 7 u 8% anual por varios años.
Destacó que se avecinan dos grandes leyes: la flexibilización laboral y la problemática impositiva.
Reforma Laboral
Sobre la Reforma Laboral, aunque conoce pocos detalles, apoya una hipótesis de trabajo que consistiría en que las empresas aporten un 6% sobre la masa salarial, creando un fondo para el sistema indemnizatorio (similar a la libreta de la construcción) e ilustró que hoy, indemnizar a un empleado con 20 años de antigüedad puede costar entre 35 o 40 millones de pesos, algo que podría hacer quebrar a una pequeña empresa.
Más años para jubilarse
También urgió la necesidad de reformar la Caja de Jubilaciones en Entre Ríos, donde las jubilaciones a los 52, 55 o 57 años son insostenibles y propuso agregar entre 5 y 7 años a la edad jubilatoria, aplicándolo de forma progresiva a lo largo de 7 u 8 años.
Problemas
En el ámbito provincial, si bien Moine observa un buen 2026 para Entre Ríos, señaló que el gobernador Rogelio Frigerio enfrenta problemas en las áreas de salud y educación y cometió un error grosero al alejar al ministro de salud (Guillermo Grieve).
La mejora en la provincia dependerá de conseguir 300 millones de dólares para obra pública.
Cuestionamientos al PJ
El ex gobernador -que se define como peronista-, fue tajante al criticar la situación de su partido. Sostuvo que el peronismo está siendo condenado a la desaparición lenta pero progresiva, no por su pensamiento doctrinario, sino por el nivel de corrupción y el silencio de la mayoría de su dirigencia.
Moine lamentó que en los intentos de autocrítica, el peronismo no mencione a líderes condenados o imputados, como Cristina Fernández, el expresidente Alberto Fernández, Urribarri o los cuestionamientos a Bordet.
Y se preguntó ¿Por qué ninguno quiere hablar de corrupción?. Señaló que, en cambio, se han enfocado en expulsar dirigentes como Maya que participaron por fuera del partido, mientras se guarda silencio sobre los que fueron condenados por corrupción.
Finalmente, Moine hizo un llamado a eliminar el privilegio de los fueros para legisladores nacionales, ya que éstos no se usan para tener libertad de opinión, sino para esconderse de los hechos de corrupción.
Moine concluyó que, a sus 76 años, se ha alejado de la política activa para solo acompañar con su opinión.
Este viernes, a partir de las 11, juran los 24 senadores electos en las ocho provincias que también votaron esta categoría en las elecciones legislativas de octubre. Ingresan dos por la boleta que ganó y uno por la fuerza que salió segunda.
Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad, La Libertad Avanza se impuso con contundencia. La lista la encabezó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a partir del 10 de diciembre será la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta; lugar que hasta ahora ocupó Ezequiel Atauche. Junto con ella asumirá el economista Agustín Aníbal Monteverde, miembro del Jockey Club, consejero académico de la fundación libertad y progreso.
El tercer senador porteño es Mariano Recalde, de Fuerza Patria, quien ya cumplió seis años como senado y renovó mandato.
Chaco
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero acompañado por la vicegobernadora, Silvana Schneider.El gobernador de Chaco, Leandro Zdero acompañado por la vicegobernadora, Silvana Schneider.
La Libertad Avanza -en alianza con el gobernador radical Leandro Zdero- también se impuso en Chaco y se quedó con dos senadores. El primero es Juan Cruz Godoy, un joven de 30 años sin trayectoria política, que es licenciado en administración de empresas y según su perfil en redes “especialista en tecnología, finanzas y Pymes familiares”. La segunda es Silvana Schneider la propia vicegobernadora de la provincia, también de origen radical.
El tercero es el ex gobernador de la provincia hasta 2023, Jorge “Coqui” Capitanich, quien también fue jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia.
Neuquén
Por La Libertad Avanza ingresan la actual diputada Nadia Márquez. Es pastora evangélica y abogada. Entró a la política como concejal neuquina por el partido Democracia Cristiana, se candidateó como diputada provincial pero no asumió para ser la candidata de Javier Milei a diputada nacional en 2023 y ahora saltó al Senado. En 2013 para evitar un juicio por estafa -en la que era una de las acusadas de extender títulos truchos en una institución terciaria cristiana- cumplió una probation; un tema que sus opositores suelen recordarle.
Su segundo es el oficialista es Pablo Cervi, ingeniero agrónomo y empresario, proveniente de la UCR, diputado desde 2021 y ahora también salta al Senado. Es uno de los legisladores conocidos como “radicales peluca”, que ahora se pasaron oficialmente a las filas libertarias.
La tercera senadora de la provincia ingresa por la lista del oficialismo local, “La Neuquinidad”, el frente provincial que encabeza el gobernador Rolando Figueroa. Es Julieta Corroza, actual ministra de Desarrollo Humano de Neuquén.
Río Negro
En Río Negro, Fuerza Patria le ganó a los libertarios y al oficialismo del gobernador local Alberto Weretilneck. Asumirá el ex ministro de Justicia del gobierno de Alberto Fernández y actual diputado nacional, Martín Soria, junto a su compañera de boleta, la diputada provincial Ana Marks, camporista.
Por La Libertad Avanza debe asumir Lorena Villaverde, actual diputada nacional, y única senadora electa que llega a la ceremonia de jura con su pliego rechazado. Parte de sus futuros compañeros la objetaron porque en 2002 fue detenida en el estado de Florida, Estados Unidos, por presunto tráfico de drogas. Le habrían incautado un kilo de cocaína. En la ceremonia se definirá su suerte, aunque los libertarios confían en que va a conseguir los votos suficientes.
Entre Ríos
En Entre Ríos, La Libertad Avanza compitió aliada al gobernador local del PRO, Rogelio Frigerio, aunque los dos senadores que entran por la boleta ganadora son libertarios: Joaquín Benegas Lynch, ruralista y hermano del diputado “Bertie” Benegas Lynch. Lo secunda Romina Almeida, una arquitecta que se unió al mileísmo es 2023 y es la primera representante de la localidad de Gualeguay en llegar al Senado.
Por Fuerza Patria entra el tercer senador entrerriano: Adán Bahl, ex vicegobernador de Gustavo Bordet y ex intendente de Paraná.
Santiago del Estero
Santiago del Estero es la única provincia donde La Libertad Avanza no logró colar ningún senador. Ganó la lista del Frente Cívico encabezada por el propio gobernador: Gerardo Zamora, quien asumirá acompañado por la actual diputada provincial Esther del Carmen Moreno.
La tercera banca es para el peronista de Fuerza Patria, José Emilio Neder, quien ya es senador desde 2019 y ahora renovó. Es aliado de Zamora. De hecho fue su vicegobernador y también el de su mujer, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.
Salta
En Salta, el oficialismo nacional se impuso. Asumirá como senadora la actual diputada de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, quien empezó en política con el partido de Alfredo Olmedo y Carlos Zapata. Hizo la campaña con su perro caniche, Coco. El segundo es Gonzalo Guzmán Coraita, abogado y director del sitio web Salta Transparente.
La tercera banca por Salta la ocupara Flavia Royón, electa por la lista “Primero los salteños”; el espacio del gobernador Gustavo Saenz. Royón fue secretaria de Energía tanto en el gobierno de Alberto Fernández como en el primer año del mandato de Javier Milei.
Tierra del Fuego
En Tierra del Fuego los libertarios ganaron. Llegará al Senado el historiador y actual presidente del bloque de Republicanos Unidos-La Libertad Avanza (LLA) en el Parlamento fueguino, Agustín Coto. Asumirá junto a la concejal de Ushuaia, María Belén Monte de Oca.
La tercera banca es de Fuerza Patria: Cándida Cristina López, actual senadora, que renovó mandato.
