Las políticas de autonomía para las mujeres fueron eje de una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social

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El Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Social, espacio que reúne a organizaciones sociales, representantes legislativos y distintas áreas del Estado. En esta oportunidad se abordaron líneas de trabajo vinculadas a prevención, acompañamiento y fortalecimiento territorial en materia de género y derechos.

La reunión fue encabezada por el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, y tuvo como eje central las políticas de autonomía para las mujeres y las distintas herramientas de acompañamiento que impulsa el gobierno provincial en materia de género. En esta oportunidad participaron también la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, y la directora de Mujeres, Joaquina Brondi, quienes presentaron las principales líneas de trabajo que se vienen desarrollando desde el Ministerio en articulación con municipios, comunas, juntas de gobierno, organizaciones e instituciones comunitarias.

Durante el encuentro se abordaron programas vinculados a la prevención y el abordaje integral de las violencias y las estrategias de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad en distintos puntos de la provincia. En ese marco, Acosta destacó la importancia de avanzar hacia políticas que promuevan autonomía y oportunidades para las mujeres. “El objetivo es poder acompañar las situaciones urgentes, pero también trabajar en herramientas que permitan construir autonomía y generar oportunidades concretas para las mujeres en toda la provincia”, expresó.

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Asimismo, remarcó el trabajo territorial que se viene desarrollando a través de programas de fortalecimiento institucional, talleres de sensibilización y prevención, y dispositivos itinerantes como el Punto Móvil Mujer. “Entendemos que la prevención es fundamental y que el Estado tiene que estar presente en cada territorio, acercando acompañamiento y asesoramiento a las comunidades”, señaló.

En una segunda instancia de la reunión, los participantes intercambiaron miradas sobre las políticas alimentarias y la importancia de continuar mejorando las dinámicas de distribución y organización de la asistencia en el territorio, fortaleciendo los mecanismos de trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales.

Del encuentro participaron el senador Víctor Sanzberro y la diputada Liliana Salinas, junto a representantes de organizaciones sociales y comunitarias como Cáritas Paraná, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Polo Obrero, además de equipos técnicos de distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Humano.

CONTRATOS, CAJA POLÍTICA Y SILENCIO JUDICIAL: EL SISTEMA QUE SAQUEÓ ENTRE RÍOS DESDE EL PODER

La causa que amenaza con desnudar el mecanismo de recaudación política más grande de la historia entrerriana

La causa de contratos truchos en Entre Ríos se transformó en uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia provincial. La investigación judicial expone un presunto sistema de recaudación ilegal dentro de la Legislatura entrerriana mediante contratos, doble sueldo y desvío de fondos públicos.

Lo que durante años se intentó presentar como una maniobra aislada de empleados infieles hoy aparece, cada vez con más claridad, como un sistema estructural de extracción de fondos públicos diseñado desde las más altas esferas del poder legislativo provincial.

La causa conocida mediáticamente como “Contratos Truchos” —rebautizada ahora simplemente como “Contratos”, en un evidente intento por descomprimir la presión pública y el desgaste político— investiga el presunto desfalco de alrededor de 53 millones de dólares de las arcas públicas entrerrianas entre 2008 y 2018.

Pero el verdadero dato político y judicial es otro: los contratos existían, tenían firmas, expedientes, documentación respaldatoria y autorización institucional. La maniobra ilícita no consistía en inventar empleados fantasmas, sino en quedarse con gran parte del dinero que cobraban los contratados.

El mecanismo: porcentajes para la cúpula y reparto territorial del dinero

El modus operandi era brutalmente simple y, a la vez, sofisticado en su cobertura política.

Un alto porcentaje del presupuesto destinado a contratos terminaba en manos de las presidencias de ambas Cámaras legislativas. El resto se distribuía entre presidentes de bloque y operadores políticos, quienes luego asignaban recursos según el peso territorial, electoral o político de cada legislador.

No eran contratos “truchos”. Eran contratos utilizados como sistema de financiamiento político paralelo.

El dinero público circulaba bajo apariencia legal, pero terminaba regresando a manos de quienes controlaban el poder.

Lo que nadie puede creer: ¿las máximas autoridades no sabían?

Resulta prácticamente imposible sostener ante la sociedad que dirigentes del peso político de José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Lauritto o Laura Stratta desconocieran durante años semejante estructura de extracción sistemática de fondos públicos.

La hipótesis de que empleados menores “mexicanearon” a toda la dirigencia legislativa durante una década no resiste el menor análisis político ni administrativo.

Las firmas de las autoridades avalaban cada tramo del circuito.

Y mientras millones desaparecían, nadie veía nada.

Lauritto, Diez y el control absoluto del Senado

Uno de los puntos más sensibles del expediente gira alrededor del rol de Néstor Diez.

Cuando José Lauritto presidía el Senado provincial como vicegobernador, trasladó desde Concepción del Uruguay a Diez para ubicarlo como subdirector administrativo. Su función real habría sido mucho más profunda: controlar internamente el funcionamiento administrativo y monitorear incluso al propio director del área, Juan Domingo Orabona.

La lectura política es contundente: nada de lo que ocurriera en el Senado podía escapar al conocimiento de Lauritto. Mucho menos la desaparición de enormes porcentajes del presupuesto legislativo.

El caso Otegui: de administrar contratos a auditarlos

Si el caso Diez genera sospechas, el recorrido de José María Otegui directamente enciende todas las alarmas institucionales.

Durante la gestión de María Laura Stratta en el Senado, Otegui fue designado director administrativo, es decir, uno de los responsables centrales del manejo de contrataciones y gastos.

Pero al finalizar el mandato de Stratta, Otegui fue trasladado estratégicamente a la Fiscalía Nº 6 del Tribunal de Cuentas, precisamente el organismo encargado de auditar esas mismas contrataciones legislativas.

El hombre que administró los contratos pasó a controlar la auditoría de sus propios actos administrativos.

Una jugada política y burocrática casi perfecta.

También una señal extremadamente grave sobre el nivel de blindaje interno que existía alrededor del sistema.

Denuncias previas, causas dormidas y una Justicia que miró hacia otro lado

El escándalo no nació en 2018.

Ya entre 2015 y 2017 existían denuncias de contratados a quienes les retenían hasta el 80 % de sus haberes.

Sin embargo, aquellas investigaciones jamás avanzaron.

Las causas se diluyeron. Los tiempos judiciales prescribieron. Y la sensación que recorría los pasillos judiciales era siempre la misma: “si esto avanza, caen todos”.

Enriquecimiento ilícito: la pregunta que nadie quiere responder

Mientras la Fiscalía avanza sobre el desvío de fondos públicos, permanece prácticamente desconectada otra pregunta inevitable: ¿de dónde salió el dinero que permitió el crecimiento patrimonial de varios exfuncionarios legislativos?

Las causas por enriquecimiento ilícito que involucran a figuras como José Allende, Sergio Urribarri, Aldo Ballestena o Hernán Vitullo aparecen como expedientes paralelos que, misteriosamente, no terminan de cruzarse con la investigación principal.

La contradicción es enorme: los mismos fiscales que investigan el saqueo legislativo parecen evitar unir ambas historias.

El antecedente que anticipó el escándalo

En septiembre de 2018, el exempleado legislativo Carlos Cozzi denunció que le retenían el 70 % de su sueldo mientras trabajaba en la oficina del entonces diputado Ricardo Troncoso.

Días después, la Policía detectó movimientos sospechosos en cajeros automáticos del Nuevo Banco de Entre Ríos, sobre Avenida Ramírez y Don Bosco, en Paraná.

Allí fueron sorprendidos Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y otras personas utilizando múltiples tarjetas de débito ajenas para retirar dinero de cuentas vinculadas a contrataciones legislativas.

Ese episodio terminó convirtiéndose en el disparador público de la causa.

Los 770 contratos bajo sospecha y las 256 personas con doble contrato

La investigación actual ya expuso más de 770 contratos observados por la Justicia y posteriormente anulados en el ámbito legislativo durante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Pero existe un dato todavía más explosivo: al menos 256 personas cobraban simultáneamente en el Senado y en Diputados.

Doble contrato. Doble sueldo. Doble circuito administrativo.

La lista completa de nombres revela una impresionante red de apellidos vinculados históricamente al poder político entrerriano.

El juicio que podría sacudir a toda la dirigencia entrerriana

Actualmente el proceso avanza con 18 imputados, luego de acuerdos de probation otorgados a otros doce acusados.

La Fiscalía ya presentó una extensa lista de testigos para el futuro juicio oral y público.

Entre los nombres convocados aparecen exvicegobernadores, exsenadores nacionales, autoridades contables, exsecretarios legislativos, directivos bancarios y funcionarios de organismos provinciales y nacionales.

Todo indica que el juicio podría convertirse en una radiografía completa del sistema político entrerriano de los últimos veinte años.

La nómina que compromete a la estructura política

Listado de las personas que aparecen repetidas en ambas Cámaras (HSER y HCDER). Doble contrato. Doble sueldo.

Son 256 personas en total las que aparecen repetidas en el listado.

Listado HSER: 552 nombres.
Listado HCDER: 452 nombres.
Total: 1004.
Repetidos: 256.

  • ABASTO, Georgina Maria José – D.N.I. Nº 34.004.835
  • ABASTO, Raúl Oscar – D.N.I. Nº 14.195.422
  • ALARCON, Marina Carina – D.N.I. Nº 26.657.447
  • ALBORNOZ, Graciela Beatriz – D.N.I. Nº 12.875.059
  • ALBORNOZ, María Julia – D.N.I. Nº 23.327.917
  • ALCEIBA, Fernando Martín – D.N.I. Nº 26.974.755
  • ALEM, Fernanda Andrea – D.N.I. Nº 22.093.003
  • ALVAREZ, María Emilia – D.N.I. Nº 34.208.528
  • ALVAREZ, María Macarena – D.N.I. Nº 39.851.688
  • ALVAREZ, María Victoria – D.N.I. Nº 28.718.349
  • ANGELINI, José Fabián – D.N.I. Nº 18.232.842
  • ANTIVERO, Ricardo Antonio – D.N.I. Nº 23.518.297
  • ANTONIO SCHMIDT, Priscila E. – D.N.I. Nº 42.102.392
  • ARIAS, Lucrecia Elin – D.N.I. Nº 25.109.919
  • ARIAS, Paola Valeria – D.N.I. Nº 27.604.425
  • ARIZONO, Miguel Alejandro – D.N.I. Nº 17.519.243
  • BACH, Mauricio Javier – D.N.I. Nº 23.702.731
  • BAIA, Ana Cintia – D.N.I. Nº 25.437.373
  • BAIA, María Lorena – D.N.I. Nº 24.301.996
  • BALCAZA, Martha Graciela – D.N.I. Nº 11.733.911
  • BALCAZA, Mirna Dalila – D.N.I. Nº 26.657.370
  • BALLADARES, Jorge Pablo – D.N.I. Nº 29.853.864
  • BALMACEDA, David Carlos Agustín – D.N.I. Nº 33.774.241
  • BALMACEDA, Luis David – D.N.I. Nº 16.488.599
  • BARBERO, Mario Alberto – D.N.I. Nº 14.195.143
  • BARBERO, Omar Atilio – D.N.I. Nº 14.195.405
  • BARCOS, María Virginia – D.N.I. Nº 25.565.340
  • BARON MARTINEZ, Eduardo Jesús – D.N.I. Nº 38.487.352
  • BARON, Delia Mercedes Leticia – D.N.I. Nº 14.945.367
  • BARRETO, Martín Hernán – D.N.I. Nº 27.235.346
  • BARRIOS, Ramón Alejandro – D.N.I. Nº 24.542.441
  • BEBER, María Laura – D.N.I. Nº 25.565.414
  • BEBER, Nicolás – D.N.I. Nº 31.782.164
  • BECKMAN, Flavia Marcela – D.N.I. Nº 25.109.529
  • BECKMAN, Juan Salvador – D.N.I. Nº 21.411.332
  • BELMONTE, Ivana Azucena – D.N.I. Nº 30.224.237
  • BELMONTE, José Luis – D.N.I. Nº 17.519.467
  • BELMONTE, Patricia Paola – D.N.I. Nº 25.961.854
  • BELTRAMELLI, Gisela Vanina – D.N.I. Nº 29.432.228
  • BENITEZ, Leonor Estela Verónica – D.N.I. Nº 25.437.382
  • BENITEZ, Rocío Marianela – D.N.I. Nº 36.524.305
  • BERDUM, Fátima Pamela – D.N.I. Nº 33.774.250
  • BERDUN, Silvina Antonella – D.N.I. Nº 34.004.935
  • BILBAO, Alfredo – D.N.I. Nº 16.031.579
  • BORINI, Jennifer Guadalupe – D.N.I. Nº 37.576.435
  • BRESSAN, Georgina María Grisel – D.N.I. Nº 32.289.432
  • BURGARDT, Rogelio Matías – D.N.I. Nº 32.709.914
  • BUSTAMANTE, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 24.301.696
  • CABROL, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 24.161.761
  • CACERES, Alexandra Joana Leonela – D.N.I. Nº 38.487.354
  • CACERES, Dulce Antonella – D.N.I. Nº 39.851.684
  • CACERES GOMEZ, Jésica Daniela – D.N.I. Nº 34.331.391
  • CAINO, Verónica – D.N.I. Nº 24.743.513
  • CAMPOS, Hernán David – D.N.I. Nº 29.853.649
  • CANO, Abel Eduardo – D.N.I. Nº 16.711.161
  • CARIOLICHI, Leticia Sara – D.N.I. Nº 24.743.766
  • CASERES, Liliana Guadalupe – D.N.I. Nº 22.923.639
  • CASTILLO, José Nicolás – D.N.I. Nº 32.428.232
  • CELIO, Eduardo Nicolás – D.N.I. Nº 32.709.939
  • CENTURION, Eugenia Carolina – D.N.I. Nº 35.207.243
  • CEPARO, Alexis Ramón – D.N.I. Nº 33.568.614
  • CERRUDO, Claudia María – D.N.I. Nº 20.301.554
  • CERRUDO, Patricia Raquel – D.N.I. Nº 22.093.076
  • CERSOFIOS, María Cecilia – D.N.I. Nº 30.224.283
  • CHAIRES, Sebastián Exequiel – D.N.I. Nº 34.819.516
  • CHIAVON, Adrián Ismael – D.N.I. Nº 31.603.587
  • CIBAU, Olga Rogelia – D.N.I. Nº 13.918.411
  • CLAVERIA, Claudio Javier – D.N.I. Nº 24.301.782
  • CLAVERIA, Roberto Cristian – D.N.I. Nº 26.657.406
  • CLAVERIA, Roberto Fernando – D.N.I. Nº 16.141.743
  • CLEMENT, Juan Marcos – D.N.I. Nº 36.216.709
  • CLEMENT, Victoria Estefanía – D.N.I. Nº 34.819.504
  • CONTRERAS, Magalí Marcela – D.N.I. Nº 32.051.815
  • CORONA, Teresa Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.425
  • CUATRIN, Andrés Guillermo – D.N.I. Nº 29.432.222
  • CUATRIN, Ivana Lorena – D.N.I. Nº 26.657.481
  • CUATRIN, Nicolás Fernando – D.N.I. Nº 32.709.843
  • CUESTA, Viviana Raquel – D.N.I. Nº 18.156.401
  • CUSCUETA, Raúl Enrique – D.N.I. Nº 13.125.127
  • DALMASSO, Lucía Clarisa – D.N.I. Nº 34.004.816
  • DE ASIS, Blanca Ester – D.N.I. Nº 14.195.109
  • DE LAUDO, Ulises Diego Germán – D.N.I. Nº 24.301.884
  • DE LOS SANTOS, Gustavo Fabián – D.N.I. Nº 24.743.684
  • DE MAURICIO, María Belén – D.N.I. Nº 28.718.337
  • DEABATO, José Ubaldo – D.N.I. Nº 17.159.430
  • DEABATO, María Ivana – D.N.I. Nº 28.025.213
  • DEABATO, Maximiliano José – D.N.I. Nº 33.201.378
  • DEABATO, Noelia Elizabeth – D.N.I. Nº 30.730.822
  • DEHAN, Emiliano – D.N.I. Nº 36.216.591
  • DEHAN, Leonardo Fabián – D.N.I. Nº 28.718.143
  • DEILOFF, Mario Martín – D.N.I. Nº 32.051.812
  • DEMARIA, Mariela Edith – D.N.I. Nº 23.327.915
  • DEMARTIN, Alejandro Bautista – D.N.I. Nº 16.711.233
  • DEMARTIN, Andrea Noemí Beatriz – D.N.I. Nº 24.301.554
  • DEMARTIN, Aníbal Marcos – D.N.I. Nº 16.031.547
  • DEMARTIN, Marcos Juan Aníbal – D.N.I. Nº 37.576.516
  • DEMARTIN ZANDOMENI, Camila Noemí – D.N.I. Nº 42.102.327
  • DI LUDOVICO, Fiorella Natalí – D.N.I. Nº 35.495.694
  • DIAZ, Jésica María Del Luján – D.N.I. Nº 33.568.520
  • DIAZ, Liliana Silvia – D.N.I. Nº 16.488.665
  • DIAZ, Sandra Mariela Guadalupe – D.N.I. Nº 22.253.945
  • DIAZ, Sergio Maximiliano – D.N.I. Nº 27.235.347
  • DIAZ, Verónica Jaqueline – D.N.I. Nº 31.144.385
  • DIECI, Alicia Graciela – D.N.I. Nº 16.924.970
  • DOMINGUEZ, María Carolina – D.N.I. Nº 34.208.649
  • DUFOUR, Adrián Mariano – D.N.I. Nº 28.917.433
  • EMERI, Alejandra Cecilia – D.N.I. Nº 26.657.348
  • ESCALADA, Camila María Florencia – D.N.I. Nº 39.191.731
  • ESCALADA, Carolina Elizabeth – D.N.I. Nº 29.853.763
  • ESCALADA, Emilce Eliana – D.N.I. Nº 32.428.169
  • ESCALADA, Gabriela Vanina – D.N.I. Nº 25.109.957
  • ESCALADA, Nancy Rocío – D.N.I. Nº 26.046.242
  • ESCALADA, Rubén Fabián – D.N.I. Nº 18.156.407
  • ESCALADA, Sofía Pierina – D.N.I. Nº 42.102.341
  • ESPELETA, Lidia Francisca – D.N.I. Nº 11.411.394
  • ESPÍNDOLA, Carina Noemí – D.N.I. Nº 25.961.802
  • ETCHEVERRY, Liliana Griselda – D.N.I. Nº 18.067.828
  • FAGGIONATTO, Carlos Alberto – D.N.I. Nº 13.567.839
  • FALICO, Mirta Beatriz – D.N.I. Nº 13.918.423
  • FÁLICO, Osvaldo Aníbal – D.N.I. Nº 13.125.138
  • FARIAS VOLPE, Gisela Viviana – D.N.I. Nº 27.235.437
  • FAURE, Roberto Ariel – D.N.I. Nº 24.301.621
  • FERNANDEZ, Carlos Ariel – D.N.I. Nº 23.327.914
  • FERNANDEZ, Rodrigo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.819
  • FERRARI MUÑOZ, Geraldina Leonela – D.N.I. Nº 37.576.447
  • FERREYRA, Alejandro Rubén – D.N.I. Nº 23.702.730
  • FERREYRA, Silvia Patricia – D.N.I. Nº 23.518.252
  • FESER, María Liliana – D.N.I. Nº 23.327.940
  • FLORES, Nélida Eva – D.N.I. Nº 16.924.975
  • FONTANA, Mirta Lucrecia – D.N.I. Nº 14.195.407
  • FRANCISCONI, Facundo Nicolás – D.N.I. Nº 36.524.385
  • FREZZIA, Ivana Marianela – D.N.I. Nº 30.224.238
  • GALLI, Irene Marcela – D.N.I. Nº 20.301.551
  • GARBARINO, Emanuel Ignacio – D.N.I. Nº 30.730.825
  • GARCÍA, Carlos Ramón – D.N.I. Nº 17.781.939
  • GARCÍA, Estela Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.439
  • GAUNA, María Emilia – D.N.I. Nº 33.774.208
  • GETTIG, Ofelia – D.N.I. Nº 14.195.409
  • GILES RETAMAR, Luciano Emmanuel – D.N.I. Nº 34.208.534
  • GIMENEZ, Ángela Beatriz – D.N.I. Nº 23.518.243
  • GIMENEZ, Cristian Eduardo – D.N.I. Nº 25.109.914
  • GIMENEZ, Malvina Guadalupe – D.N.I. Nº 27.604.422
  • GIRAUDI, Fernando Luis Miguel – D.N.I. Nº 32.709.917
  • GIUSTI DIAZ, Víctor Hugo – D.N.I. Nº 17.519.435
  • GODI, Silvia Analía – D.N.I. Nº 20.612.396
  • GOMEZ, Cristian Ariel – D.N.I. Nº 28.025.247
  • GOMEZ, Fabiana Alejandra Ramona – D.N.I. Nº 24.301.734
  • GOMEZ, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 16.711.238
  • GOMEZ, Lisandro Emanuel – D.N.I. Nº 32.709.847
  • GOMEZ, Mara Elizabeth – D.N.I. Nº 27.235.402
  • GOMEZ, Mariana Ayelén – D.N.I. Nº 36.216.702
  • GOMEZ, Roberto Eduardo – D.N.I. Nº 17.159.447
  • GOMEZ, Sandra Elizabeth – D.N.I. Nº 23.126.314
  • GONZALEZ, Armando Cristian – D.N.I. Nº 25.109.522
  • GONZALEZ, Emiliano Hernán – D.N.I. Nº 33.201.312
  • GONZALEZ, Víctor Abel – D.N.I. Nº 17.781.916
  • GRANDOLI, Alicia Ramona – D.N.I. Nº 16.488.583
  • GRANDOLIO, Gisela María del Valle – D.N.I. Nº 29.853.640
  • GRANDOLIO, Lorena María del Luján – D.N.I. Nº 27.235.342
  • GRASSELLI, Omar Reinaldo – D.N.I. Nº 13.918.422
  • HASENAUER, Gustavo David – D.N.I. Nº 28.025.216
  • HERNANDEZ, Germán Exequiel – D.N.I. Nº 34.004.939
  • HERRLEIN, Leonidas Emanuel – D.N.I. Nº 35.207.247
  • HIRSCHFELD, Cristhian Emmanuel – D.N.I. Nº 34.819.514
  • ILARDO, Gustavo José – D.N.I. Nº 20.301.550
  • ITHURRALDE, Juan Cruz – D.N.I. Nº 33.568.616
  • JUAREZ RONCONI, María Belén – D.N.I. Nº 30.730.835
  • KAP, Orlando Fabián – D.N.I. Nº 22.093.004
  • KIHN, Anabella Rocío – D.N.I. Nº 38.487.350
  • KRAPP, Guido Daniel – D.N.I. Nº 30.224.232
  • KRAWEZUC, Daniela Judit – D.N.I. Nº 31.603.522
  • LARRONDO, Carmen Beatriz – D.N.I. Nº 14.945.334
  • LARRONDO, María Fernanda – D.N.I. Nº 23.702.735
  • LARRONDO, María Virginia – D.N.I. Nº 25.109.916
  • LARRONDO TABO, Juan Manuel – D.N.I. Nº 36.216.711
  • LARRONDO TABO, Marcos Valentín – D.N.I. Nº 40.548.337
  • LEDESMA, Adrián Rubén Jesús – D.N.I. Nº 28.718.342
  • LEDESMA, César Emanuel – D.N.I. Nº 31.782.162
  • LEDESMA, Eliana Laura del Luján – D.N.I. Nº 31.603.585
  • LEDESMA, Stella Maris – D.N.I. Nº 18.067.842
  • LEDESMA, Viviana Beatriz – D.N.I. Nº 22.253.916
  • LEITES, María Andrea – D.N.I. Nº 25.437.370
  • LEIVA, Flavia Guadalupe – D.N.I. Nº 35.207.240
  • LEIVA, Gloria Rosana – D.N.I. Nº 22.253.942
  • LEIVA, María Carolina – D.N.I. Nº 28.917.422
  • LESCANO, Rolando Fabricio – D.N.I. Nº 29.432.235
  • LINARES, Pedro Gerardo – D.N.I. Nº 14.654.407
  • LIVONI, Angélica Adriana – D.N.I. Nº 20.612.394
  • LOPEZ, Romina Fernanda – D.N.I. Nº 33.774.240
  • LORENZATO, Carmelo Argentino – D.N.I. Nº 11.411.391
  • LUCHINI, María Sol – D.N.I. Nº 33.201.373
  • LUI, María Angélica – D.N.I. Nº 13.567.847
  • LUNA, Beltrán Mariano – D.N.I. Nº 33.568.514
  • LUNA, Daniela Agustina – D.N.I. Nº 41.341.396
  • LUNA, Germán Alfredo – D.N.I. Nº 26.046.239
  • LUNA, Hugo Américo – D.N.I. Nº 14.945.342
  • LUNA, Urbano Darío – D.N.I. Nº 24.542.443
  • LUQUE, Hugo Antonio – D.N.I. Nº 16.141.734
  • LUQUEZ, Ricardo José Fabián – D.N.I. Nº 21.411.334
  • LUTTE, Juan Ramón – D.N.I. Nº 16.141.742
  • MACHADO, Lorena Verónica – D.N.I. Nº 26.046.241
  • MACHELLO, Lucy Nora – D.N.I. Nº 11.733.913
  • MAMONDES, Iara – D.N.I. Nº 42.614.394
  • MANAVELLA, Otilia Matilde – D.N.I. Nº 12.875.051
  • MANAVELLA, Susana Mercedes – D.N.I. Nº 13.125.131
  • MANDIROLA, María Evangelina – D.N.I. Nº 26.974.752
  • MANGONA, Analía Roxana – D.N.I. Nº 25.961.851
  • MANGONA, Brian Nahuel – D.N.I. Nº 39.191.734
  • MANGONA, Javier Hernando – D.N.I. Nº 27.604.414
  • MANGONA, Vicente Oscar – D.N.I. Nº 16.031.571
  • MANSILLA, María José – D.N.I. Nº 34.331.396
  • MANSILLA, Renato Jesús – D.N.I. Nº 36.524.302
  • MANSILLA, Silvia Liliana – D.N.I. Nº 22.923.635
  • MARECHAL, Luis Alberto – D.N.I. Nº 17.519.241
  • MAROTE, Juan Domingo – D.N.I. Nº 12.316.591
  • MARTINEZ, Asunción – D.N.I. Nº 11.411.396
  • MARTINEZ, Cintia Romina – D.N.I. Nº 30.224.235
  • MARTINEZ, Cristian Andrés – D.N.I. Nº 26.974.761
  • MARTINEZ, Daniel Rubén – D.N.I. Nº 17.781.935
  • MARTINEZ, Elsa Argentina – D.N.I. Nº 12.316.571
  • MARTINEZ, Federico Ángel Gabriel – D.N.I. Nº 35.495.641
  • MARTINEZ, Gustavo – D.N.I. Nº 24.542.447
  • MARTINEZ, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 29.432.225
  • MARTINEZ, Irene Raquel – D.N.I. Nº 14.654.437
  • MARTINEZ, Lorena María Del Luján – D.N.I. Nº 28.025.241
  • MARTINEZ, Luciana Cecilia – D.N.I. Nº 32.289.447
  • MARTINEZ, Norberto Armando – D.N.I. Nº 16.711.162
  • MARTINEZ, Pablo Martín – D.N.I. Nº 31.603.516
  • MARTINEZ, Pedro Aniceto – D.N.I. Nº 13.567.842
  • MARTINEZ, Rocío Belén – D.N.I. Nº 37.121.394
  • MARTINEZ, Rocío Stella Maris – D.N.I. Nº 34.819.522
  • MARTINEZ ZARATE, Dennis Iván – D.N.I. Nº 35.207.242
  • MARUZKA, Sonia Mabel – D.N.I. Nº 20.612.391
  • MASTRACHIO, Dante Gonzalo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.914
  • MASTRACHIO, Yolanda Raquel – D.N.I. Nº 12.316.576
  • MENA, Hugo Rubén – D.N.I. Nº 17.519.462
  • MENA GIOVENI, María Jazmín – D.N.I. Nº 41.341.391
  • MENA GIOVENI, Viviana Giselle – D.N.I. Nº 33.201.314
  • MENDOZA, Nidia Guadalupe – D.N.I. Nº 23.126.316
  • MENDOZA, Otilia Viviana – D.N.I. Nº 24.161.763
  • MINETTI, Isabel Noemí – D.N.I. Nº 16.141.747
  • MIRAGLIO, Marianela Soledad – D.N.I. Nº 33.568.612
  • MOLINA, Vanina María Sol – D.N.I. Nº 32.428.242
  • MONGIARDO, Valeria Luján – D.N.I. Nº 31.782.169
  • MONTAÑANA, Héctor Eduardo – D.N.I. Nº 16.488.649
  • MONZON, Fabiana Teresa – D.N.I. Nº 24.743.763
  • MONZON, María Vanesa – D.N.I. Nº 28.718.147
  • MOREIRA, Sandra Mariela – D.N.I. Nº 22.093.071
  • MOREL, María Florencia – D.N.I. Nº 36.216.596
  • MUTEVERRÍA, Gabriel Gastón – D.N.I. Nº 31.144.373
  • MUTEVERRÍA, Gabriela Alejandra – D.N.I. Nº 29.853.862
  • NARVAEZ, Carina Noemí – D.N.I. Nº 27.604.416
  • NEBEL, Melissa Elizabeth – D.N.I. Nº 36.524.391
  • NEVES, María Estefanía – D.N.I. Nº 32.428.164
  • NEVES, Matías Miguel – D.N.I. Nº 33.774.247
  • ORBEGOZO, Leonel – D.N.I. Nº 38.487.356
  • ORBEGOZO, Ramón Edgardo – D.N.I. Nº 16.924.976
  • ORTIZ, Mirta Ester – D.N.I. Nº 16.031.543
  • OTERO, Alejandra Isabel – D.N.I. Nº 23.327.916
  • OVIN, Nadia Rocío – D.N.I. Nº 35.495.696
  • PACHECO, Nancy Anabel – D.N.I. Nº 32.051.814
  • PACHECO, Roxana Emilce – D.N.I. Nº 30.730.832
  • PAGNONE, Daniel Marcelo – D.N.I. Nº 24.301.991
  • PAGNONE, María Elena – D.N.I. Nº 22.253.940
  • PAGNONE, Patricia Griselda – D.N.I. Nº 25.109.913
  • PALACIOS, Liliana Noemí – D.N.I. Nº 22.923.634
  • PASGAL, Adelina Ester – D.N.I. Nº 14.195.147
  • PAULIN, Viviana Rosario – D.N.I. Nº 18.232.847
  • PELTZER, Rosa Mercedes – D.N.I. Nº 16.711.163
  • PERALTA, Hernán Pablo – D.N.I. Nº 28.025.214
  • PEREYRA, Claudia Beatriz – D.N.I. Nº 22.923.640
  • PEREYRA, Daniela Yudith – D.N.I. Nº 33.201.316
  • PEREYRA, María Laura – D.N.I. Nº 33.568.516
  • PEREZ, Armando Alberto – D.N.I. Nº 14.654.435
  • PÉREZ, Diego Andrés – D.N.I. Nº 29.432.229
  • PIACENZA, Hilda Inés – D.N.I. Nº 13.918.425
  • POIDOMANI, Marisol Andrea – D.N.I. Nº 32.709.916
  • POIDOMANI, Rodrigo Víctor Manuel – D.N.I. Nº 35.495.640
  • PRETTIS, Yamil Josué – D.N.I. Nº 35.495.647
  • PUCHETA, Leandro Andrés – D.N.I. Nº 30.730.829
  • PUNTÍN, Josué Alberto – D.N.I. Nº 36.216.594
  • QUIDI, Miguel Aníbal – D.N.I. Nº 17.519.463
  • QUIROGA, María José – D.N.I. Nº 34.004.832
  • RAFFO, Ileana Inés – D.N.I. Nº 24.301.622
  • RAMIREZ, Andrea Celeste – D.N.I. Nº 35.207.241
  • RAMIREZ, Zaira Milagros – D.N.I. Nº 42.614.391
  • RAMOS, Mirna Elizabeth – D.N.I. Nº 26.974.754
  • RETAMAR, Matías Exequiel – D.N.I. Nº 36.216.706
  • REYNOSO, María de los Ángeles – D.N.I. Nº 24.301.761
  • RIOS, Domingo Hugo – D.N.I. Nº 17.781.934
  • RIVAS, Marisa Guadalupe – D.N.I. Nº 23.702.734
  • RIVERO, Griselda Fabiana – D.N.I. Nº 26.657.485
  • RIVERO, Ivana Lorena Araceli – D.N.I. Nº 31.603.584
  • RIVERO, Lidia Inés – D.N.I. Nº 16.488.663
  • ROCHA, Carina Alejandra – D.N.I. Nº 26.974.750
  • ROCHA, Leonardo Carlos Alberto – D.N.I. Nº 31.144.384
  • RODRIGUEZ, Agustina – D.N.I. Nº 40.548.334
  • RODRIGUEZ, Emiliano Oscar – D.N.I. Nº 32.289.435
  • RODRIGUEZ, Héctor – D.N.I. Nº 18.156.405
  • RODRIGUEZ, José Carlos – D.N.I. Nº 16.924.971
  • RODRIGUEZ, María Eugenia – D.N.I. Nº 28.718.334
  • RODRIGUEZ, Pablo Oscar – D.N.I. Nº 34.004.814
  • RODRIGUEZ, Vanina Inés Bernadette – D.N.I. Nº 28.025.234
  • ROLDAN, Graciela Yolanda – D.N.I. Nº 13.567.843
  • ROLON, Sebastián Hugo René – D.N.I. Nº 30.224.285
  • ROMERO, María Angélica – D.N.I. Nº 23.327.935
  • ROMERO, Ricardo Luis – D.N.I. Nº 18.067.843
  • RONCOLATE, Gustavo Daniel – D.N.I. Nº 23.702.732
  • ROSKOFF, Johanna Mariel – D.N.I. Nº 37.121.391
  • RUGE, Ariel Enrique – D.N.I. Nº 25.109.917
  • RUGE, Nahir Lourdes Virginia – D.N.I. Nº 39.851.685
  • RUGE, Oscar Raúl – D.N.I. Nº 16.031.542
  • RUIZ DIAZ, Analía Lorena – D.N.I. Nº 28.917.425
  • RUIZ DIAZ, Fernando Adolfo – D.N.I. Nº 24.301.885
  • RUIZ MORENO, Mariela Patricia – D.N.I. Nº 22.253.935
  • RUSSO, Carlos Eduardo – D.N.I. Nº 17.159.435
  • RUSSO, Guillermo Maximiliano – D.N.I. Nº 34.819.505
  • SACK, Elva Inés – D.N.I. Nº 16.711.235
  • SADABA, Cristian Hernán Miguel – D.N.I. Nº 32.428.234
  • SALINAS, Nora Raquel – D.N.I. Nº 20.301.556
  • SALINAS, Raúl Juan Edgardo – D.N.I. Nº 14.195.142
  • SALVARINI, Franco Leonel – D.N.I. Nº 39.191.735
  • SALVARINI, Nicolás Alfredo – D.N.I. Nº 33.201.376
  • SANTA CRUZ, Nerina Micaela – D.N.I. Nº 41.341.394
  • SANTINI, Carlos Adalberto – D.N.I. Nº 13.918.416
  • SARAVIA, Ruberto Miguel – D.N.I. Nº 17.519.434
  • SARNAGLIA, Agustín – D.N.I. Nº 34.331.394
  • SARNAGLIA, Fernando Gastón – D.N.I. Nº 31.144.376
  • SARNAGLIA, Leonardo – D.N.I. Nº 33.568.522
  • SARNAGLIA, Sergio Alejandro – D.N.I. Nº 25.437.385
  • SATLER, Evaristo – D.N.I. Nº 11.733.916
  • SATLER, Luis Alberto – D.N.I. Nº 17.159.442
  • SATLER, Maximiliano Emanuel – D.N.I. Nº 31.782.163
  • SCHMIDT, Mabel María – D.N.I. Nº 20.612.395
  • SCHONHALS, Fernando Romeo – D.N.I. Nº 26.657.342
  • SCIALOCOMO, Esteban Ángel Alberto – D.N.I. Nº 28.025.242
  • SCIALOCOMO, Giuliana María – D.N.I. Nº 38.487.355
  • SCIALOCOMO, Luis Oscar – D.N.I. Nº 16.488.591
  • SCIALOCOMO, Rocío Marianela – D.N.I. Nº 36.524.341
  • SENTELLAS, Liliana Beatriz – D.N.I. Nº 20.301.552
  • SERBIN, Lorena María Magdalena – D.N.I. Nº 32.051.816
  • SIONE, Claudia Ester – D.N.I. Nº 24.301.763
  • STEWART, Luciano Emanuel – D.N.I. Nº 35.495.691
  • SUAREZ, Jésica Ivana – D.N.I. Nº 34.004.916
  • SUAREZ, Paola Viviana – D.N.I. Nº 26.657.442
  • SZCZECH, Diana María – D.N.I. Nº 28.917.435
  • SZCZECH, Martín Sebastián – D.N.I. Nº 31.603.525
  • TOSO, Aldana Micaela – D.N.I. Nº 39.191.732
  • TOSO, Rosana Mabel – D.N.I. Nº 22.093.073
  • ULMAN, Ángela Ramona – D.N.I. Nº 14.945.364
  • VALLE, Emanuel Ramón – D.N.I. Nº 32.428.163
  • VEGA, Darío Oscar – D.N.I. Nº 24.161.762
  • VELAZQUEZ, Carlos Alfredo – D.N.I. Nº 16.141.735
  • VELEZ, Carlos Alberto – D.N.I. Nº 13.125.135
  • VERGARA, Florentina Concepción – D.N.I. Nº 11.411.395
  • VIDAL, Aníbal Daniel – D.N.I. Nº 25.961.805
  • VILLAGRA, Julio César – D.N.I. Nº 18.232.843
  • VILLALBA, Emiliano Javier – D.N.I. Nº 33.201.371
  • VILLALBA, Gisela Alejandra – D.N.I. Nº 30.730.824
  • VILLARRUEL, Graciela Liliana – D.N.I. Nº 18.156.406
  • WALPERT, Alejandro Maximiliano – D.N.I. Nº 29.853.761
  • WALPERT, Luciana Julieta – D.N.I. Nº 32.709.842
  • YACOPETTI, Carmelo Nicanor – D.N.I. Nº 11.733.914
  • YACOPETTI, María Cristina – D.N.I. Nº 14.654.434
  • YARULL, Analía Ester – D.N.I. Nº 24.743.685
  • YARULL, Stela Maris – D.N.I. Nº 16.924.972
  • YARULL, Susana Beatriz – D.N.I. Nº 23.518.247
  • YRALA, Esteban Augusto – D.N.I. Nº 27.235.405
  • ZALAZAR, Guadalupe Andrea Carolina – D.N.I. Nº 36.216.705
  • ZANUTTINI, Darío Silvio – D.N.I. Nº 23.327.942
  • ZAPATA, Camila Fiorella – D.N.I. Nº 40.548.335
  • ZAPATA, Claudio Gonzalo – D.N.I. Nº 28.718.347
  • ZAPATA, Jésica Marlene – D.N.I. Nº 34.208.647
  • ZARAGOZA, Luis Alberto – D.N.I. Nº 16.031.576
  • ZOFF, Edgardo Aníbal – D.N.I. Nº 16.711.234
  • ZOFF, Hernán Francisco – D.N.I. Nº 32.051.813
  • ZOFF, Juliana Inés – D.N.I. Nº 30.730.834
  • ZOFF, Micaela Josefina – D.N.I. Nº 36.524.347

El sector turístico entrerriano participó del Congreso Nacional sobre hospitalidad y bienestar

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Santa Hospitalidad convocó a más de 700 profesionales, emprendedores y trabajadores vinculados al turismo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Entre Ríos participó este viernes del Congreso Nacional Santa Hospitalidad, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, a través del equipo técnico del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y representantes de municipios turísticos de la provincia.

La iniciativa reunió a más de 700 asistentes provenientes de distintos puntos del país y se consolidó como un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre las nuevas tendencias vinculadas a la experiencia del visitante, el bienestar y la hospitalidad como factores estratégicos para el desarrollo turístico y de servicios. La convocatoria integró a referentes de los sectores del turismo, la salud, la gastronomía, la educación, el deporte y el ámbito empresarial, con una mirada transversal centrada en las personas.

En ese marco, el Emturer acompañó la propuesta como parte de una política orientada a fortalecer la capacitación del sector y promover herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención y la construcción de experiencias significativas en los destinos entrerrianos.

Además, en articulación con la organización del congreso, el organismo otorgó becas de asistencia a integrantes de la Comisión Provincial de Turismo con el objetivo de ampliar la participación de referentes locales y facilitar el acceso a contenidos vinculados con la innovación, la hospitalidad, el liderazgo y el bienestar aplicados a la actividad turística.

De este modo, la representación entrerriana estuvo integrada por miembros del equipo técnico del Emturer, encabezados por el director de Promoción, Rodrigo Castro, junto a autoridades y agentes vinculados al desarrollo turístico de distintas localidades de la provincia.

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Durante la jornada se desarrollaron conferencias y espacios de intercambio sobre diseño de experiencias, bienestar integral, liderazgo humano, cultura organizacional y nuevas tendencias en turismo y servicios. Entre los disertantes participaron especialistas de diversas disciplinas, quienes compartieron herramientas y perspectivas vinculadas con la relación entre hospitalidad, emociones y calidad de la experiencia.

La participación de Entre Ríos en este tipo de encuentros también se vincula con el posicionamiento de la provincia en segmentos asociados al turismo de bienestar, las experiencias auténticas y la calidad en la atención, ejes que forman parte de las estrategias de promoción y desarrollo impulsadas por el sector turístico entrerriano.

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Expulsiones, disputas territoriales, críticas cruzadas y movimientos electorales agitan la interna peronista a días de la cita partidaria.

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A dos semanas del Congreso Provincial del PJ convocado para el 13 de junio en Paraná, el peronismo entrerriano atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde la derrota electoral de 2023. Pedidos de expulsión, cuestionamientos a dirigentes históricos, disputas por el control partidario y los primeros movimientos de posibles candidatos exponen una interna que todavía busca ordenarse de cara a 2027.

Lo que dice el archivo

El PJ debatirá expulsiones y rechazará cambios electorales

mayo 14, 2026

El PJ debatirá expulsiones y rechazará cambios electorales

Lo que ocurra en el Congreso no sólo definirá el futuro político de varios referentes. También marcará qué sectores tendrán mayor influencia en la reconstrucción del justicialismo provincial y quiénes quedarán mejor posicionados para disputar el liderazgo opositor frente al gobierno de Rogelio Frigerio.

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El PJ define conducción, expulsiones y candidaturas.

Expulsiones y pases de factura

Uno de los puntos más sensibles será el tratamiento de los expedientes elevados por el Tribunal de Disciplina contra dirigentes que participaron de procesos electorales por fuera de la estructura formal del PJ. Entre los nombres alcanzados aparecen Daniel Rossi, Héctor Maya, Carolina Gaillard, Gustavo Guzmán y Guillermo Reggiardo.

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Daniel Rossi.

El debate se volvió todavía más áspero luego de que el presidente del PJ Paraná, Jorge Vázquez, anticipara que pedirá la expulsión inmediata de los legisladores peronistas que acompañen la reforma previsional impulsada por el oficialismo. Sus declaraciones incluyeron duras críticas hacia sectores internos y reflejaron el clima de confrontación que domina la previa del encuentro partidario.

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Jorge “Kinoto” Vázquez.

Rossi, uno de los principales apuntados por los expedientes disciplinarios, respondió con una ofensiva política. Acusó a la conducción partidaria de intentar excluirlo de la discusión interna, vinculó la sanción a sus denuncias por corrupción y advirtió que una eventual expulsión podría transformarlo en candidato.

Las tensiones también alcanzan a figuras históricas. Adrián Fuertes cuestionó públicamente a Sergio Urribarri y Gustavo Bordet por promesas incumplidas, especialmente en relación con la Ruta 20, y vinculó parte de la crisis del peronismo con decisiones tomadas durante anteriores gestiones provinciales.

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José Allende.

La pelea por el control del partido

En medio de las definiciones más delicadas aparece la figura de José Allende. El líder de UPCN Entre Ríos llega fortalecido tras su reelección sindical y conserva capacidad de influencia sobre distintos sectores del peronismo.

Su posicionamiento podría resultar clave en votaciones vinculadas a sanciones y a la estrategia de reorganización partidaria, convirtiéndose en juez y parte, ya que, si bien él no está involucrado, contaría con 30 congresales que le responden directamente, con lo cual estaría en condiciones de inclinar la balanza para no expulsar a los apuntados por ir por fuera del espacio en los últimos comicio, considerando que respaldó la candidatura de Héctor Maya, quien encabezó la fórmula bajo el sello del Partido Socialista.

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Edgardo Kueider.

Un capítulo especial en lo referido a las probables expulsiones tendrá como protagonista al exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider, detenido el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, en la zona de Triple Frontera entre Brasil y Paraguay, debido a que las autoridades paraguayas encontraron en el vehículo en el que viajaba más de 200.000 dólares sin declarar, además de pesos argentinos y guaraníes. A raíz de eso fue imputado por tentativa de contrabando de divisas.

Junto a él estaba su secretaria, Iara Guinsel, quien también quedó involucrada en la causa. Ambos pasaron a cumplir arresto domiciliario en Asunción.

El escándalo derivó en su expulsión del Senado argentino por “inhabilidad moral”, ya que el caso generó un fuerte impacto político por la cercanía circunstancial del ex legislador al gobierno de Javier Milei, la cual se dio al votar a favor de la Ley Base, impulsada por el mandatario nacional, pese a haber sido elegido originalmente por el peronismo.

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Facundo Ruíz Díaz.

A la vez, Concordia volvió a convertirse en otro foco de conflicto. La proclamación de una nueva conducción partidaria encabezada por Agustín Cáceres abrió una fuerte controversia con sectores ligados al presidente del PJ local, Facundo Ruiz Díaz, que denunciaron irregularidades y desconocieron el procedimiento. Detrás de la discusión aparece una disputa por el control político de uno de los principales bastiones electorales del justicialismo entrerriano.

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Agustín Cáceres

Qué viene después del 13 de junio

La discusión interna no se limita a las sanciones. También comenzó a trasladarse al terreno de las futuras candidaturas. Guillermo Michel insistió en que no es tiempo de hablar de nombres y reclamó concentrar los esfuerzos en la construcción de una alternativa política para Entre Ríos.

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Guillermo Michel.

Sin embargo, otros dirigentes ya empezaron a moverse. Gerardo González lanzó públicamente su aspiración a la gobernación, mientras Rossi dejó abierta la posibilidad de competir si prospera su expulsión partidaria.

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En paralelo, Gustavo Bordet volvió al centro de la escena al rechazar las acusaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y denunciar una utilización política de la investigación judicial.

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Gustavo Bordet.

Con expedientes disciplinarios sobre la mesa, disputas abiertas en territorios clave y dirigentes que comienzan a posicionarse para 2027, el Congreso del 13 de junio asoma como una instancia decisiva para un PJ que todavía busca definir liderazgos, ordenar diferencias y reconstruir una estrategia común para volver a ser competitivo en Entre Ríos.

El saqueo 2008-2023: fuerte presión del Poder Político para desactivar la Causa Contratos II

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El poder político, a través de fuertes operadores políticos y judiciales, estaría ejerciendo una marcada presión para que la causa conocida como «Contratos I» avance y se cierre responsabilizando de forma exclusiva a la línea administrativa y de empleados menores. Sin embargo, los antecedentes y la constante rotación de funcionarios designados a dedo por los propios vicegobernadores echan por tierra la absurda coartada de la «negligencia». El desvío sistemático del 40% del presupuesto legislativo se mantuvo inalterable durante quince años bajo una matriz instalada en las cúpulas. En los pasillos tribunalicios ya trasciende la inminencia de nuevas denuncias por enriquecimiento ilícito contra los máximos responsables de las cámaras debido a un crecimiento patrimonial que resulta imposible de justificar.

En Tribunales y en los despachos políticos de Entre Ríos se libra actualmente una de las batallas más decisivas de la historia judicial de la provincia. El eje de la disputa es el futuro de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, un expediente que investiga el desvío multimillonario de fondos públicos a través de contrataciones ficticias. Hoy, el objetivo primordial de quienes ocuparon las máximas autoridades legislativas es que la Justicia avance rápidamente con el tramo denominado «Contratos I» para que «el hilo se corte por lo más delgado«: los empleados administrativos.

La estrategia defensiva de las exautoridades es unificada. Buscan instalar la narrativa de que todo se trató de una severa «negligencia» o «imprudencia» administrativa. Es decir, pretenden convencer a la Justicia de que, durante más de una década, no se dieron cuenta de que una estructura paralela les estaba robando aproximadamente el 40% del presupuesto de la Legislatura. Sin embargo, la lógica temporal y administrativa de la propia Cámara echa por tierra esta insólita coartada y demuestra que la metodología de saqueo estaba profundamente instalada en la cúpula del poder político.

El argumento de la distracción pierde toda sustancialidad al observar minuciosamente la rotación y el perfil de los funcionarios que comandaron las cajas de la Legislatura entrerriana. En el período 2007-2011, cuando José Lauritto asumió la presidencia del Senado tras haber sido diputado nacional, juez federal e intendente de Concepción del Uruguay, designó como Director General de Administración a Juan Domingo Orabona. Para garantizar un control absoluto, Lauritto colocó como subdirector de administración a Néstor Dietz , un hombre de su riñón político en la histórica ciudad uruguayense. Resulta inverosímil que un dirigente de semejante trayectoria judicial y políticasecundado en el manejo diario por un funcionario de su extrema confianza personal, pretenda argumentar que no se percató de que en sus narices se esfumaba el 40% del presupuesto de la Cámara Alta a través de un decreto que él mismo firmó en 2008.

Esta aceitada maquinaria de desvío de fondos públicos no se detuvo cuando cambiaron los nombres de la gestión. Entre 2011 y 2015, bajo la vicegobernación de José Cáceres, Orabona y Dietz dejaron sus puestos para dar lugar al contador Jorge Fabián Lázaro en la Dirección de Administración del Senado, mientras que en Diputados operaban Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada. En el recambio siguiente, de 2015 a 2019, durante la presidencia del Senado a cargo de Adán Humberto Bahl, la dirección general de la administración legislativa quedó bajo la responsabilidad del contador Gustavo Pérez. Como subdirector se desempeñó Maximiliano Argento y en el rol de tesorero se ubicó Emanuel Redondo, todos bajo la estricta coordinación de Andrea Zoff, quien oficiaba como secretaria coordinadora antes de convertirse en viceintendenta de Paraná y actual diputada provincial. La hipótesis del «engaño de los empleados» se desmorona por completo: ¿cómo es posible que a Bahl, siendo contador público, exministro de Gobierno y con un equipo de profesionales de su máxima intimidad controlando la tesorería y la subdirección, también se le haya evaporado idéntico porcentaje presupuestario? La metodología ya estaba institucionalizada por el poder político y continuó inalterable bajo la posterior gestión de Laura Stratta al designar como Director Administrativo  a Jorge Raúl María Otegui, oriundo de Victoria, y luego, al final su mandato como Vicegobernadora, lo hace designar a Otegui en la Fiscalía N° 6  del Tribunal de Cuentas la Provincia, que tiene la responsabilidad de auditar las contrataciones y gastos del Senado, o sea que de un día para el otro Otegui pasó de ser el responsable de las contrataciones y gastos realizados por Stratta a ser el auditor de esos trámites administrativos, una verdadera burla a la sociedad y que los fiscales teniendo estas pruebas apunten hacia otro lado.

Hoy, la enorme preocupación que recorre los despachos del poder tradicional de la provincia de sentirse rehenes del Ministerio Público Fiscal ha desencadenado una fuerte embestida operativa y judicial. Exmandatarios y legisladores de diversas gestiones presionan para limitar el daño legal al primer tramo de la causa, pretendiendo que la culpabilidad recaiga en los empleados de planta, los ordenanzas que sirven el café o «el trapito de la cuadra». El temor de la cúpula no es infundado: en el ámbito tribunalicio trascendió con fuerza que ya se preparan denuncias por enriquecimiento ilícito contra los principales imputados de la causa «Contratos II», apuntando directamente al desproporcionado incremento de sus patrimonios particulares. El antecedente más inmediato es el del exsenador por La Paz, Aldo Ballestena, quien firmaba las contrataciones de la gestión de Bahl y ya arrastra una investigación formal por un patrimonio millonario que no puede justificar. Si las pericias contables avanzan sobre las máximas autoridades de las cámaras en lugar de frenarse en la línea administrativa, la caída de las estructuras de poder en Entre Ríos promete ribetes verdaderamente escandalosos.

El interrogante que se plantea en el seno de la investigación es lapidario: ¿Cómo es posible que una supuesta banda de empleados infieles haya mantenido una misma maniobra de sustracción del 40% del presupuesto si los directores administrativos, designados directamente por las autoridades de la Cámara, cambiaban cada cuatro años? La respuesta evidencia que los empleados no eran los arquitectos de la estafa, sino los ejecutores de una orden superior. Venía una gestión, se iba, asumía una nueva con distintos administradores, y la caja seguía siendo vaciada exactamente con la misma modalidad.

Este modus operandi sistémico quedó al descubierto no solo por la continuidad del desfalco, sino por las propias confesiones de los legisladores en el marco de la investigación del Ministerio Público Fiscal. Diputados y senadores como NavarroRuberto y Darrichón han reconocido en sus declaraciones la existencia de estos 700 contratos que la Justicia investiga como irregulares. Las testimoniales y los videos de las audiencias son contundentes: los legisladores admitieron que firmaban contratos a pedido de los presidentes de las Cámaras, a favor de personas que no conocían y que jamás prestaron servicios en la Legislatura. La lógica interna era de un reparto de cupos; reconocían tener unos diez contratados propios que sí conocían («diez para mí»), pero firmaban veinte, treinta o hasta cien contratos ajenos, en blanco, para alimentar la maquinaria de recaudación avalada desde arriba.

El marco normativo que facilitó esta sangría de fondos públicos tuvo su punto de partida en un decreto firmado por el entonces vicegobernador José Lauritto en el año 2008. Esa resolución fue la piedra angular de un sistema que se siguió implementando, gestión tras gestión, hasta el año 2023. La posta pasó del Senado presidido por Lauritto a las gestiones de José Cáceres, Adán Bahl y Laura Stratta. En la Cámara de Diputados, el esquema fue idéntico, traspasándose el poder desde José Allende a Sergio Urribarri y posteriormente a Ángel GianoEn la Cámara Baja, el encubrimiento llegó a ribetes escandalosos: las pruebas documentales correspondientes al período 2008-2011 desaparecieron misteriosamente o fueron quemadas.

Resulta un foco de controversia la decisión temporal que adoptó la Justicia en su momento al recortar el período de investigación estrictamente entre 2008 2018. Existen indicios contundentes de que la metodología fraudulenta continuó de forma ininterrumpida cinco años más, hasta 2023. El inexplicable tope temporal fijado por los fiscales benefició de facto a las últimas gestiones, limitando el daño judicial.

Hoy, la urgencia de los expresidentes de ambas Cámaras por acelerar la causa «Contratos I» tiene una motivación clara y económica. Al reducir el megafraude a un acto de «negligencia» y responsabilizar a las líneas inferiores, las autoridades que comandaron la provincia evitan el escrutinio judicial sobre lo más sensible de la trama: sus propios patrimonios. Si la Justicia acepta que los vicegobernadores y presidentes de la Cámara fueron simples funcionarios imprudentes y distraídos a los que les robaron el 40% del presupuesto en sus narices de forma continuada, el hilo investigativo se cortará abruptamente, garantizando la impunidad de las cúpulas y ocultando el verdadero destino de los fondos sustraídos durante quince años ininterrumpidos.

FUENTE : EL P. DE RICARDO DAVID

Neutralizaron una amenaza de atentado contra una escuela de Paraná tras una alerta internacional

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El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos neutralizó una posible amenaza contra una escuela de Paraná tras recibir información sensible procedente del FBI, canalizada a través de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia.

La información suministrada a las autoridades daba cuenta de mensajes emitidos por un menor de edad de Paraná, quien manifestaba su intención de realizar un ataque con armas de fuego contra alumnos de su escuela y posteriormente quitarse la vida.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) conformaron de inmediato una Mesa de Situación Interagencial para coordinar las tareas preventivas y de investigación. La contingencia se originó a partir de una alerta internacional recibida el jueves 28 de mayo, transmitida por representantes del FBI de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Según se informó, la amenaza había sido publicada originalmente en la plataforma digital Discord y hacía referencia explícita a la intención de perpetrar un ataque masivo dentro de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez de Paraná. A partir de ello, las autoridades activaron un operativo de máxima urgencia para evaluar el escenario y prevenir cualquier situación de riesgo.

Como primera medida, y en el marco de la intervención judicial, se logró identificar al menor involucrado, el establecimiento educativo señalado y el domicilio donde residía. Mediante el cruce de información tecnológica y tareas de campo desarrolladas con carácter urgente, los investigadores individualizaron al presunto autor de las amenazas virtuales, tratándose de un alumno menor de edad domiciliado en Paraná.

Frente a la extrema gravedad institucional del hecho, la Jefatura de Policía dispuso la inmediata articulación entre las áreas operativas e investigativas de la fuerza, representantes del Ministerio Público Fiscal y autoridades del CGE. El objetivo fue centralizar la información disponible, coordinar las actuaciones y planificar las medidas de prevención necesarias. En ese marco, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de las clases durante la jornada del viernes 29 de mayo.

La medida permitió resguardar la integridad de la comunidad educativa y facilitar el despliegue de vigilancia policial permanente en las inmediaciones del establecimiento ubicado sobre calle Martín Zapata. Asimismo, con intervención de la magistratura competente y del Juzgado de Garantías en turno, durante la madrugada de este viernes se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del menor.

El procedimiento arrojó resultado negativo respecto de la existencia de armas de fuego, lo que permitió descartar de inmediato la presencia de elementos de riesgo físico vinculados al hecho. No obstante, se secuestraron dispositivos informáticos, teléfonos celulares y soportes digitales para su correspondiente análisis forense. Desde los organismos intervinientes destacaron que la rapidez de la respuesta y la articulación entre las áreas de seguridad, justicia y educación fueron determinantes para neutralizar la contingencia y garantizar la protección integral de alumnos, docentes y ciudadanía en general.

La ruta del dinero en Concordia: allanamientos, empresarios y una trama que amenaza con salpicar a más nombres del poder entrerriano

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La ruta del dinero en Concordia comenzó a exponer una trama de relaciones políticas, contrataciones, obras públicas y movimientos económicos que hoy están bajo la lupa judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Gustavo Bordet.

La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sumó este jueves un nuevo capítulo cargado de tensión política, sospechas empresariales y preguntas que empiezan a incomodar a sectores históricamente ligados al poder provincial.

Efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia realizaron cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia de Garantías y solicitados por el fiscal de la causa, el Dr. José Arias. Los procedimientos alcanzaron dos sucursales de la pinturería “Colorshop”, el local “Súper Color” y una vivienda del barrio privado Altos del Zorraquín, propiedad del empresario Salvador Carubia.

Pero detrás de los operativos no aparece solamente la búsqueda de documentación comercial o dispositivos electrónicos. Lo que empieza a emerger es algo mucho más profundo: una posible red de relaciones económicas, favores cruzados y movimientos patrimoniales que Fiscalía intenta reconstruir pieza por pieza.

Los muebles, las facturas y la pregunta que nadie logra responder

El dato que detonó los allanamientos surgió durante los procedimientos realizados semanas atrás en propiedades vinculadas a Bordet, tanto en calle Urquiza como en el Village Termal. Allí, los investigadores detectaron mobiliario de alta gama fabricado por Johnson, empresa especializada en cocinas, vestidores y amoblamientos premium.

Cuando Fiscalía rastreó la compra de esos productos, apareció un elemento inesperado: las facturas no estaban emitidas a nombre de Bordet, sino del empresario Salvador Carubia y de la firma GRUPPA 3 SRL. Sin embargo, las entregas fueron realizadas directamente en los domicilios del exgobernador.

La situación abrió una batería de interrogantes que hoy atraviesan toda la investigación:

  • ¿Por qué un empresario pagaría mobiliario millonario para las viviendas particulares de un gobernador en funciones?
  • ¿Existieron contraprestaciones estatales?
  • ¿Se trató de una dádiva encubierta?
  • ¿Hubo triangulación patrimonial?
  • ¿Puede sostenerse la teoría de simples “favores entre amigos” cuando aparecen contratos estatales y relaciones comerciales de por medio?

Las sospechas no son menores. Mucho menos en una provincia donde la obra pública, los vínculos empresariales y determinados círculos políticos han convivido históricamente bajo un sistema de relaciones cerradas.

El teléfono que podría contener más de lo que se conoce

Fuentes extraoficiales indicaron que, durante el allanamiento en Altos del Zorraquín, Carubia se encontraba presente cuando irrumpió la policía. Los investigadores secuestraron un Iphone y una notebook que ahora podrían transformarse en piezas clave de la causa.

En ámbitos judiciales existe expectativa sobre el contenido de esos dispositivos: transferencias, conversaciones, archivos contables, presupuestos, vínculos comerciales o posibles intermediaciones que podrían ayudar a reconstruir el flujo económico detrás de determinadas operaciones.

Y es justamente ahí donde la investigación podría comenzar a escalar hacia otros nombres.

La sombra de nuevos “actores” en la película de corrupción entrerriana

Aunque oficialmente no existe información confirmada, en ámbitos políticos y judiciales de Concordia comenzaron a circular versiones sobre nuevas líneas investigativas que el fiscal tendría bajo análisis.

Una de ellas apuntaría a movimientos patrimoniales e inversiones que desde hace años llaman la atención entre empresarios, profesionales y dirigentes locales. En particular, algunas miradas empiezan a dirigirse hacia un conocido contador concordiense, vinculado políticamente a etapas de la gestión provincial, cuyo crecimiento económico y expansión empresarial habría despertado sospechas dentro del expediente.

Según trascendió, Fiscalía tendría interés en analizar operaciones realizadas mediante terceros, posibles estructuras societarias, inversiones inmobiliarias y movimientos comerciales que serían “visibles para cualquier concordiense”, según describen voces cercanas a la causa.

La hipótesis que comenzaría a explorarse es si existieron presuntos mecanismos de cobertura patrimonial mediante allegados, empresarios amigos o figuras utilizadas como eventuales testaferros para disimular activos, inversiones o incrementos patrimoniales difíciles de justificar.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las sospechas y líneas de análisis preliminares. Pero el clima en ciertos sectores políticos y empresariales de Concordia ya no es el mismo.

Porque en esta historia, los investigadores parecen convencidos de que todavía faltan aparecer varios nombres en escena.

El antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

Dentro de la causa volvió a tomar relevancia otra operación que en su momento generó cuestionamientos: la compra del terreno ubicado en avenida Chajarí y San Lorenzo, conocido como el loteo Mena/Beckman.

Los compradores fueron Salvador Carubia y su esposa.

El dato adquiere peso adicional porque Hugo Mena y Flavia Beckman aparecen imputados en la denominada Causa Contratos, una de las investigaciones más resonantes sobre presuntos desvíos de dinero en la provincia.

La conexión entre empresarios, operadores, contrataciones y funcionarios vuelve así a formar un entramado que la Justicia intenta descifrar.

La cifra que no cierra

Hay además un detalle que dentro de la investigación generó especial atención.

Según trascendió, el valor de los muebles pagados por Carubia y sus empresas para las viviendas de Bordet equivaldría a más del 20% del costo total de construcción declarado por el exgobernador para ambas propiedades.

El dato refuerza las sospechas sobre una posible subvaluación patrimonial.

Porque si solamente el mobiliario premium representa semejante porcentaje, entonces la pregunta empieza a ser inevitable:

¿Cuánto costaron realmente las propiedades?

Y sobre todo:

¿Quién terminó pagando verdaderamente la cuenta?

En Concordia, muchos observan esta causa como una película de corrupción entrerriana protagonizada por actores demasiado conocidos. La diferencia es que esta vez, detrás del telón político, parece haber fiscales dispuestos a seguir tirando del hilo hasta descubrir quiénes participaron realmente de la trama.

Los nombres que empiezan a sonar en voz baja en los pasillos del poder

Mientras la investigación judicial avanza sobre empresarios, facturación cruzada y posibles testaferros, en Concordia y Paraná hace tiempo que comenzaron a circular nombres que, hasta ahora, parecían intocables dentro de la estructura política y administrativa entrerriana.

Porque la pregunta que muchos empiezan a hacerse es si esta causa terminará únicamente en muebles, facturas y propiedades, o si detrás de todo esto existe una matriz mucho más profunda de negocios, retornos, contratos y enriquecimientos inexplicables sostenidos durante años.

En los pasillos judiciales y políticos algunos recuerdan que determinadas empresas no solamente aparecían vinculadas a obras y “obritas” del Estado, sino también a tareas tercerizadas en organismos estratégicos como Salto Grande o San Carlos, en épocas donde todavía resonaban nombres pesados del viejo esquema de poder concordiense. Y allí vuelve a aparecer una incógnita incómoda: ¿hubo internas, ajustes de cuentas o viejos socios que hoy decidieron soltar información para salvarse?

“Que destruyan pruebas”, ironizan algunos por lo bajo en ámbitos políticos, mientras otros se preguntan si parte de los movimientos financieros no habrían terminado fuera del país, particularmente en Uruguay, una plaza históricamente utilizada por empresarios y dirigentes argentinos para resguardar activos o triangular operaciones.

En paralelo, empiezan a crecer rumores —que por ahora permanecen en el terreno de las versiones políticas y comentarios de pasillo— sobre propiedades, inversiones y niveles de vida difíciles de explicar para algunos exfuncionarios, familiares y empresarios vinculados a distintos sectores del poder provincial.

Las conversaciones incluyen desde presuntas operaciones inmobiliarias realizadas a través de terceros hasta viviendas de altísimo valor ocupadas por familiares de exdirigentes que, en teoría, jamás podrían justificar semejante patrimonio con ingresos formales conocidos.

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También reaparecen viejos nombres ligados al IAPV, al manejo de áreas sensibles del Estado y a hospitales públicos, mientras algunos memoriosos vuelven a preguntar qué ocurrió realmente con determinadas auditorías que jamás avanzaron, como las vinculadas al Hospital Masvernat y antiguas administraciones bajo sospecha.

En ese contexto, la sensación que empieza a instalarse en sectores políticos y judiciales es que el expediente podría transformarse en algo mucho más grande que una investigación patrimonial contra un exgobernador.

Porque si los investigadores logran reconstruir la ruta completa del dinero, las sociedades, las facturas y los vínculos empresariales, la causa podría terminar exponiendo una red política, administrativa y comercial mucho más amplia de lo que inicialmente se imaginaba.

Y allí aparecen nombres que todavía conservan lugares clave dentro del Estado provincial, organismos de control y estructuras administrativas que, paradójicamente, debían controlar justamente aquello que hoy la Justicia intenta desentrañar.

Por eso, más allá del impacto judicial, en Entre Ríos empieza a crecer otra discusión: cómo fue posible que durante años nadie viera —o nadie quisiera ver— patrimonios que crecían, inversiones llamativas, propiedades millonarias y empresarios que pasaban de un día para otro a manejar niveles económicos imposibles de explicar para la realidad promedio de la provincia.

La película recién empieza. Y en Concordia muchos creen que todavía faltan aparecer varios actores en escena.

Las explicaciones de Bordet: el vínculo Arias-Azcué, el lote “Beckman-Mena”, los viajes, Village Termal y la omisión en una DDJJ

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Las explicaciones de Bordet : El diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet ejerció este martes su derecho a réplica en el programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio (fm de Concordia), luego de que un informe especial en El Entre Ríos revelara detalles de los avances en la investigación del Ministerio Público Fiscal en la causa judicial que tramita en los tribunales de Concordia por presunto enriquecimiento ilícito.

Bordet, en línea con declaraciones previas, calificó la causa como un relato mediático y político carente de pruebas sustanciales, defendiendo la licitud de su patrimonio y el de su familia.

El exmandatario detalló que sus bienes y viajes han sido debidamente declarados ante la AFIP y que muchas de las inconsistencias señaladas son simples errores administrativos o interpretaciones malintencionadas.

Sostuvo que la investigación es una persecución sistemática motivada por su posible relevancia electoral en Concordia.

Aunque negó que vaya a presentarse para disputar la intendencia, Bordet interpretó que la versión de que podía llegar a ser candidato disparó una operación para afectarlo, a la que atribuyó al vínculo de amistad entre el actual intendente Francisco Azcué y el Fiscal que lo investiga, José Emiliano Arias.

Según Bordet, el objetivo de Arias sería favorecer a Azcué al intentar remover a un competidor político de peso mediante el “desprestigio” y el “escarnio público”.

En otro tramo del diálogo por Oíd Mortales Radio, el exgobernador consideró que la postura crítica de Arias no es nueva, ya que el fiscal se habría opuesto sistemáticamente a su gestión cuando era gobernador, supuestamente porque no pudo concursar para la Fiscalía Anticorrupción.

En resumen, Bordet interpretó que el accionar del fiscal no es estrictamente judicial, sino que forma parte de una maniobra política para proteger y beneficiar a su excolega y amigo, el actual intendente Azcué.

No obstante, al ser consultado si está en sus planes recusar al fiscal, no ofreció una respuesta categórica. Dijo confiar en la Justicia y no descartó –aunque tampoco lo dio por hecho- recusar al fiscal por su falta de objetividad y animosidad personal.

¿Cómo explica la subvaluación de sus propiedades en Concordia?

El diputado nacional Gustavo Bordet ofreció varias explicaciones para defenderse de las acusaciones de subvaluación de sus inmuebles en Concordia, argumentando que las cifras del fiscal son especulaciones que no reflejan la realidad del mercado ni el contexto de las operaciones.

Sostuvo que sus propiedades están declaradas según los valores que establece la AFIP y no por montos que él decide arbitrariamente.

Qué dijo sobre los terrenos de Mena y Beckman

Bordet fue consultado expresamente por el terreno en Boulevard San Lorenzo, atribuido en principio a Mena y Beckman, ambos imputados en la Causa Contratos.

Contó que compró el terreno en 2011 por 6000 dólares cuando el barrio aún no estaba desarrollado y fue uno de primeros adquirentes. Y agregó que lo vendió cuatro años después (en 2015) por 9000 dólares, lo cual demuestra, según él, una relación lógica entre el precio de compra y de venta, sin haber obtenido un enriquecimiento ilícito.

Bordet rechazó las comparaciones con vecinos que pagaron valores mucho más altos (entre 48 y 65 dólares por metro cuadrado), argumentando que esos precios corresponden a épocas posteriores, cuando el barrio ya estaba consolidado.

Fue visible su preocupación por tomar distancia de los dos imputados en la Causa Contratos, Flavia Beckman y Hugo Mena.

Dijo que no sabía quién era el titular de la propiedad al momento de realizar la compra. Según su explicación, la operación se concretó a través de la escribana Mulia, quien firmó la escritura junto a él porque ella contaba con un poder general para vender.

Además, el exgobernador se preocupó por puntualizar que ya existió una investigación judicial relacionada con el tema de la operación de compra del lote de Mena y Beckman, pero la causa fue archivada por el propio fiscal Arias al no encontrarse ningún elemento incriminatorio.
En resumen, aseguró que no tuvo trato directo con los vendedores que están imputados en la Causa Contratos, sino que toda la gestión fue realizada a través de la escribana autorizada para tal fin.

Según Bordet, el Village Termal no es un barrio cerrado

Sobre la compra de lotes y la construcción de una casa en el Village Termal de Villa Zorraquín, Bordet comenzó por aclarar que, según él, no es un barrio cerrado.

Procuró visiblemente bajarle “el precio” al lugar, al asegurar que después de muchos años solo hay cuatro construcciones en un loteo de más de 60 lotes, debido a que el terreno es arenoso y presenta dificultades de construcción, describió.

Bordet precisó que el 90% de los otros propietarios del Village Termal declararon los mismos montos de compra que él, dato que, según el exgobernador, el fiscal omite en su investigación.

Cuestión con severidad que el fiscal se base –dijo- en la opinión de una inmobiliaria que nunca vendió terrenos en ese barrio para tasar el metro cuadrado en 60 dólares, calificándolo como un “disparate”.

Estimó que el valor total actual de la propiedad, incluyendo las mejoras terminadas en 2024 (como la piscina e instalaciones interiores), ronda los 180,000 dólares, lo cual considera acorde a la zona.

Finalmente, en relación a las subvaluaciones de propiedades, Bordet insistió en que las diferencias de valores son “opinables” y por ello ha solicitado una pericia técnica para comparar las tasaciones de la fiscalía con las de parte y así aclarar la situación patrimonial.

Los viajes, según Bordet

Gustavo Bordet dedicó varios minutos a explicar sus viajes al exterior. Comenzó por desacreditar el informe del fiscal José Arias, a quien le atribuyó haber considerado viajes familiares o personales a los que fueron en realidad oficiales.

Por caso, puntualizó que a México y Sudáfrica fue en misiones oficiales debidamente documentadas, y no de manera particular con asegura la investigación fiscal.

En el caso de Sudáfrica, lo definió como una misión técnica, de la –dijo- participaron otras figuras públicas y representantes institucionales que pueden dar fe, incluyendo al entonces intendente de Chajarí, el senador por el departamento de Concordia, personal del INTA y miembros de la Cámara de Exportadores de Citrus.

Respecto del viaje a México, explicó que ocurrió en 2013, durante su gestión como intendente, para participar de un encuentro interamericano de ciudades. Como prueba del carácter oficial dijo poseer fotografías y una distinción como “huésped distinguido” otorgada por el alcalde de la Ciudad de México.

Más allá de esos dos viajes puntuales, Bordet argumentó que la gran mayoría de los periplos por el exterior cuestionados por el fiscal fueron de carácter oficial y que los gastos se cubrían con viáticos en dólares regulados por instituciones como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobierno provincial o la municipalidad de Concordia, lo que justifica que no hubiera registros de gastos con tarjetas de crédito personales.

Además, explicó que cuando realiza viajes particulares, prefiere utilizar dinero en efectivo para evitar el recargo del 35% de los impuestos argentinos, una práctica que consideró común entre los viajeros.

Cómo justificó el uso de dinero en efectivo en viajes

Gustavo Bordet dijo que el uso de dinero en efectivo en sus viajes personales obedeció principalmente a una estrategia de ahorro para evitar cargos impositivos adicionales.

Detalló que de esa manera evitó el recargo del 35%. O sea, no acostumbra usar tarjetas de crédito en el exterior porque estas conllevan un recargo del 35% por impuestos argentinos y al pagar en efectivo, evita este costo adicional.

En cuanto al origen de las divisas que usa para pagar en efectivo fuera del país, dijo que las obtuvo realizando operaciones de cambio de moneda que consideró completamente normales y habituales, similares a las que realiza cualquier persona que sale de vacaciones al extranjero, sin detallar si fueron operaciones en el mercado oficial o en el informal.

No obstante, más adelante aludió al “uso de ahorros declarados” para otros gastos vinculados a viajes, apelando a dólares billete que dijo tener ahorrados y debidamente declarados.
Por último, Bordet calificó como un “disparate” la conjetura del fiscal de que la falta de uso de tarjetas de crédito en sus estadías fuera del país implique la existencia de cuentas o sociedades no declaradas en el exterior, argumentando que simplemente prefiere el efectivo por una cuestión de costos.

Los viáticos de su esposa

Gustavo Bordet definió como falsa la acusación de que su esposa, Mariel Ávila, percibió viáticos indebidos, fundamentando su defensa en que ella desempeñaba un rol oficial dentro del gobierno provincial.

Explicó que su cónyuge fue funcionaria del gobierno de Entre Ríos desde el 15 de diciembre de 2015. Para ocupar ese rol, solicitó una adscripción desde el Consejo General de Educación hacia la secretaría privada de la Gobernación, donde trabajó en carácter de secretaria privada.

Señaló que ella lo acompañaba frecuentemente en los viajes debido a su función oficial y aseguró que los viáticos que ella percibía eran pagados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Al haber –según Bordet- un marco legal para la función de su esposa y los pagos, sostuvo que no existe ninguna hipótesis de peculado ni cobro de viáticos indebidos, argumentando que el fiscal utiliza este tema solo para confundir y desprestigiar su imagen.

El viaje a Estados Unidos cuando Entre Ríos emitió el bono en dólares

Otra aclaración de Gustavo Bordet se centró en los pasajes a Estados Unidos a los que hace referencia la fiscalía como abonados desde una no identificada corporación.

El exgobernador dijo que aquella visita al país del norte fue abonada por los bancos emisores encargados de la colocación del bono de deuda de la provincia.

Identificó a las entidades financieras como el Banco Francés, el Banco City y el Santander Río. Puntualizó que los viajes se realizaron entre finales de 2016 y principios de 2017 con el fin de realizar los llamados road shows en ciudades como norteamericanas para convencer a los inversores de prestar dinero a la provincia.

Según Bordet, el contrato firmado con dichos bancos especificaba que todos los gastos de traslado y alojamiento corrían por cuenta de las entidades emisoras, una práctica que calificó como habitual en este tipo de operaciones financieras.

Dicho esto, rechazó de plano la acusación del fiscal de que tenga sociedades ocultas (basada en el uso de la agencia Amex GBT), calificándola de “disparate” y asegurando que cuenta con el contrato y la documentación para demostrar el origen de los pagos.

Bordet enfatizó que este proceso de colocación de deuda es información pública y que incluso otros funcionarios participaron en reuniones en otras ciudades como Londres, Boston y Los Ángeles bajo las mismas condiciones.

Cómo justificó las transferencias de Franco Ferrari a su hija

Gustavo Bordet sostuvo que las transferencias de Franco Ferrari (quien fuera Secretario General de la Gobernación) hacia su hija no constituyen ningún delito, sino que fueron favores personales para cubrir gastos cotidianos ante su imposibilidad de hacerlo personalmente por su agenda de trabajo.

Desmintió que se tratase de algo “sistemático”, precisando que fueron 15 transferencias en un período de cuatro años y consideró que los montos fueron “irrisorios” para una causa de enriquecimiento ilícito, estimando que hoy representarían un promedio de 100,000 pesos cada una, sumando un total aproximado de 1.300.000 pesos.

Explicó que su hija necesitaba dinero para cubrir gastos comunes (como la cuenta del teléfono) porque a veces no le alcanzaba el sueldo. Y debido a que él se encontraba recorriendo la provincia o realizando gestiones en Buenos Aires, le pedía a Ferrari que le adelantara el dinero a su hija.

Respecto a un pasaje para su hija en 2023, aclaró que Ferrari lo compró con su tarjeta de crédito personal porque quedaba un solo lugar disponible en clase turista y Bordet no estaba en su despacho. El exgobernador dijo haberle devuelto el dinero en dólares billete que tenía ahorrados y declarados, lo cual dejó asentado en su declaración jurada de ese año.

Bordet defendió que este tipo de transferencias son normales entre conocidos —comparándolo con amigos que se reparten el costo de una cena— y que no existe nada que ocultar, ya que se realizaron a través del sistema bancario.

En resumen, considera que la fiscalía utiliza estos datos de manera malintencionada para “ensuciar” su imagen, ya que los movimientos no guardan relación con un incremento patrimonial injustificado.

Los bienes que fueron omitidos en una declaración jurada

Gustavo Bordet no especificó los nombres o direcciones exactas de los bienes que faltaron en su declaración jurada de 2012, pero aclaró que se trató de “algunas propiedades” que ya habían sido incluidas en su presentación de 2007.

Explicó que esa falta de información u omisión no fue intencional, sino que se debió a que faltaban dos hojas en el sobre de la declaración de ese año por un error de quien armó el legajo.

Argumentó que no hubo intención de ocultar patrimonio, ya que esos mismos bienes figuraron en su declaración de 2007 y volvieron a aparecer en las de 2015, 2019 y 2023, además de estar informados anualmente ante la AFIP.

Por último, una vez más Bordet acusó al fiscal de actuar de manera parcial al enfocarse únicamente en esa declaración incompleta de 2012 para construir un relato de “omisiones”, ignorando que los bienes siempre estuvieron registrados en los periodos anteriores y posteriores.

Fuente:  El Entre Ríos

Vergara: “No se puede advertir durante 20 años que el sistema es inviable y actuar como si el problema hubiera empezado ahora”

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El senador provincial Gustavo Vergara sostuvo que el debate previsional que hoy atraviesa Entre Ríos “no apareció de un día para el otro” y recordó que durante más de dos décadas distintos gobiernos peronistas reconocieron públicamente los problemas estructurales de la Caja de Jubilaciones sin avanzar en una reforma de fondo.

“El sistema previsional provincial viene siendo diagnosticado desde hace años por los propios dirigentes del peronismo. Hubo advertencias, informes, discursos y hasta borradores de reforma. Lo que nunca hubo fue la decisión política de avanzar en una transformación estructural”, señaló.

Vergara recordó que parte de la problemática actual se remonta a los años noventa, cuando se sancionó la Ley 8.732, base del régimen previsional vigente, que fijó edades jubilatorias que prácticamente no se modificaron hasta la actualidad, en un contexto demográfico y económico muy diferente al actual.

“Con el paso de los años las advertencias fueron cada vez más explícitas. Durante la gestión de Sergio Urribarri, el entonces presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, ya alertaba sobre la sustentabilidad del sistema. Y durante el gobierno de Gustavo Bordet esas advertencias llegaron al máximo nivel”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el propio Bordet sostuvo en la Asamblea Legislativa de 2020 que si no se abordaba el problema el sistema “iba a volar por los aires”.

“Lo llamativo es que quienes reconocían el problema nunca avanzaron en una solución. El diagnóstico estuvo durante años. Lo que faltó fue la decisión de actuar”, remarcó.

El legislador también señaló que la actual gestión recibió una situación financiera crítica.

“El último tramo del gobierno anterior transcurrió sin reformas de fondo, pese al creciente déficit de la Caja y a las reiteradas advertencias sobre su sustentabilidad. En algunos ejercicios, el rojo previsional llegó a equivaler a cerca de cuatro veces la inversión provincial en obra pública e infraestructura”, indicó.

Vergara agregó que la situación heredada también incluía importantes falencias administrativas vinculadas al financiamiento nacional del sistema.

“Entre 2017 y 2023 no se realizó un solo reclamo formal por las transferencias adeudadas por ANSES ni se solicitaron las auditorías previstas por ley para determinar los saldos definitivos. Había balances sin firma, ejercicios sin elaborar y un vínculo institucional con Nación prácticamente interrumpido desde hacía más de seis años”, afirmó.

Asimismo, destacó que la falta de gestión también tuvo consecuencias económicas concretas para la provincia.

“Sólo la diferencia determinada a favor de Entre Ríos por la auditoría correspondiente al año 2020 —que nunca había sido reclamada— ascendía a 2.500 millones de pesos de entonces. Actualizada a valores actuales, representa alrededor de 68.000 millones de pesos que la provincia dejó de reclamar oportunamente”, señaló.

Finalmente, el senador recordó declaraciones recientes del ex candidato a gobernador del peronismo, Adán Bahl, quien reconoció que el déficit de la Caja constituye un problema real que hoy se financia con recursos de todos los contribuyentes entrerrianos.

“La discusión previsional debe ser seria y responsable. Podemos debatir herramientas, mecanismos y alternativas. Lo que no podemos hacer es ignorar la historia. No se puede advertir durante 20 años que el sistema es inviable y actuar como si el problema hubiera empezado recién ahora”, concluyó.

Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

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La megacausa por los “Contratos truchos” de la Legislatura entrerriana transita semanas decisivas en Paraná. Las audiencias de remisión a juicio continuarán sin interrupciones hasta el próximo 3 de julio. En este marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) exhibió un listado de 770 contratos bajo sospecha y detalló un extenso catálogo de pruebas que incluye pericias informáticas, registros telefónicos, análisis de redes sociales y actas de allanamientos .

El caso investiga un presunto desfalco de 53 millones de dólares a las arcas públicas provinciales entre 2008 y 2018 mediante un sistema de recaudación ilegal basado en contratos de obra con “prestanombres” . Tras el reinicio de las audiencias, la jueza de Garantías Marina Barbagelata validó las correcciones técnicas que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry realizaron sobre los hechos atribuidos, unificando el número de contrataciones y ajustando las fechas del delito .

Actualmente quedan 18 imputados en el banquillo de los 32 originales . El resto de los involucrados modificó su situación procesal: 12 de ellos accedieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído . Ante la falta de objeciones a las pruebas de la Fiscalía por parte de los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y José Velázquez, la magistrada los dispensó de asistir a las extensas jornadas de debate .

El debate central giró en torno a los pedidos de sobreseimiento para Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni y Hernán Javier Díaz, quienes se desempeñaban como auditores del Tribunal de Cuentas . Sus abogados argumentaron que las pruebas recolectadas son insuficientes para elevarlos a juicio, alegando que los mensajes de texto analizados corresponden al rol habitual de la administración pública o que los imputados ya no cumplían funciones de control en los períodos señalados .

Por el contrario, los fiscales rechazaron de plano las desvinculaciones y denunciaron un “control laxo” e intencional debido a vínculos de cercanía o amistad entre los encargados de auditar y los sospechosos . El MPF sostiene que sólo se revisaban muestras insignificantes de contratos por año y expuso que durante la investigación penal sufrieron la negativa de informes por parte de la Legislatura y la sustracción de un expediente judicial .

La jueza Barbagelata comunicó que resolverá estos pedidos de sobreseimiento recién al finalizar las audiencias generales de remisión .

Para el futuro juicio oral y público, la Fiscalía presentó una lista de testigos clave de alto perfil institucional y contable :

  • Adán Bahl (exvicegobernador) .
  • Sigrid Kunath y Pedro Guastavino (exsenadores nacionales) .
  • Federico Tomas (expresidente interino del Tribunal de Cuentas) .
  • Aurelio Miraglio (excontador General de la provincia) .
  • Claudia Kelly (contadora adjunta) y Rodrigo Andrés Zabala (actual titular del área) .
  • Natalio Gerdau y Nicolás Piernini (exsecretarios de las Cámaras de Senadores y Diputados) .
  • Directivos y apoderados de Banco de Entre Ríos, Enersa, Pilay y personal de ARCA (ex-AFIP)
  • El cronograma de las audiencias generales quedó fijado para los días martes, miércoles, jueves y viernes, aplicando para los días centrales una doble jornada obligatoria que va de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas

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