La Policía de Entre Ríos, a través de la División de Drogas Peligrosas, dependiente de la Jefatura Departamental Concordia, llevó adelante un operativo de “alto impacto” –según lo calificó la propia fuerza de seguridad- contra el narcomenudeo en la ciudad del citrus, logrando desarticular una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló este sábado, entre las 18:30 y las 23:50, materializándose cinco allanamientos simultáneos, ordenados en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, bajo directivas del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastian, con la intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta.
Los operativos contaron con la participación articulada de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Concordia, Gualeguaychú, Federación, San Salvador y Colón.
Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de una “importante cantidad de estupefacientes” –dijeron desde la Policía-, destacándose 528 gramos de cocaína en estado compacto, y bochas de cocaína fraccionadas para su comercialización; marihuana; una balanza digital; gran cantidad de elementos de fraccionamiento; dinero en efectivo por más de un millón de pesos; teléfonos celulares; dispositivos de videovigilancia; documentación relevante y un camión Mercedes Benz, presuntamente vinculado a la actividad ilícita.
En el marco de las actuaciones fueron identificadas veinte personas, y dos de ellas quedaron detenidas e incomunicadas, a disposición de la Justicia, profundizándose ahora las tareas investigativas para determinar responsabilidades y posibles ramificaciones.
“Este procedimiento representa un golpe directo al narcotráfico de escala barrial, reafirmando el compromiso de la fuerza policial en la lucha constante contra el narcomenudeo”, dijeron desde el área de comunicación de la Policía de Entre Ríos.
Juicio político, segundas líneas y una vacante demasiado tentadora**
En Entre Ríos, los juicios políticos rara vez se explican por lo que figura en los expedientes. Detrás de los tecnicismos, los descargos jurídicos y las declaraciones formales, suele haber algo más: poder, vacantes, equilibrios rotos y nombres que no aparecen en los títulos pero sí en las decisiones.
El caso de Susana Medina de Rizzo parece encajar, una vez más, en esa lógica.
El expediente dice una cosa, la política otra
Formalmente, la vocal del Superior Tribunal de Justicia enfrenta dos denuncias graves: ausencias prolongadas de la jurisdicción durante años completos y un presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, organización que Medina integra y preside. A eso se suma el cuestionamiento sobre la marcha de su despacho, con cifras de morosidad que ella niega de plano.
En su descargo, Medina hace lo esperable: niega todo, denuncia persecución institucional, pide el rechazo in limine y se presenta como víctima de un mecanismo de hostigamiento que amenaza la independencia judicial. Jurídicamente, su defensa está bien armada. Políticamente, llega tarde y sin respaldo.
Porque si algo queda claro es que Medina está sola.
La soledad como síntoma
No hay pronunciamientos fuertes del Poder Judicial en su defensa. No hay operadores visibles que salgan a bancarla. No hay señales de que alguien esté dispuesto a pagar el costo político de sostenerla.
En los tribunales se comenta —en voz baja— que su salida es casi un hecho. No por la contundencia del expediente, sino porque ya nadie la necesita en ese lugar.
Y ahí empieza a aparecer la segunda línea del caso.
El verdadero botín: una silla en el STJ
El juicio político avanza con una velocidad inusual porque habilita algo mucho más valioso que una sanción ejemplar: una vacante en el Superior Tribunal de Justicia.
El oficialismo de Rogelio Frigerio tiene la mayoría en Diputados para impulsar el proceso. El peronismo, lejos de resistir, parece dispuesto a acompañar. Las diferencias internas existen, pero no alcanzan para frenar la maquinaria.
La historia se repite: Chiara Díaz, Castrillón, antes. Ahora Medina. Denuncia, presión, desgaste, jubilación anticipada. El procedimiento rara vez llega a su fin. El resultado, casi siempre, es el mismo.
¿Quién empuja desde las sombras?
En Casa de Gobierno dejaron trascender que detrás de Medina estaría Guillermo Michel. El argumento es endeble y roza lo anecdótico: un voto en el Tribunal Electoral que benefició a Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú. Demasiado poco para explicar una operación de esta magnitud. Más parece una cortina de humo que una hipótesis seria.
Otros apuntan hacia la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, surgida al calor del jury contra Cecilia Goyeneche. No es un dato menor: ese espacio ya demostró capacidad de presión, instalación mediática y vocación por incidir en la conformación del poder judicial.
En los pasillos se dice algo más concreto: hay un nombre dando vueltas para ocupar la vacante. Y cuando eso ocurre, el resto es trámite.
Frigerio, Romero y el control de daños
Que el gobernador se reúna en su casa con los diputados de la Comisión de Juicio Político no es un gesto inocente. Que Rosario Romero haga lo propio con el bloque del PJ, tampoco.
Ambos saben que el problema no es solo Medina, sino el precedente. Frigerio pide “responsabilidad” mientras deja correr el proceso. Romero intenta frenar, pero llega sin fuerza. El peronismo, dividido y debilitado, parece más preocupado por no quedar expuesto que por defender una posición institucional coherente.
El discurso de la ética y la práctica del poder
Medina habla de independencia judicial. Sus denunciantes hablan de ética pública. Pero el sistema muestra otra cosa: el juicio político como herramienta de reordenamiento interno, no como mecanismo excepcional.
Las ausencias, las licencias, los viajes y los vínculos institucionales pueden ser discutibles. Lo que no se discute es que durante años fueron tolerados. El problema no es lo que hizo Medina, sino cuándo dejó de ser funcional.
La pregunta incómoda
Entonces, la pregunta no es si Susana Medina es culpable o inocente. La verdadera incógnita es otra:
👉 ¿Quién gana con su salida y quién pierde si se queda?
Cuando la respuesta aparece clara, el expediente pasa a segundo plano.
Y en Entre Ríos, como tantas veces, la justicia vuelve a ser el escenario donde se dirimen disputas que poco tienen que ver con la ley y mucho con el poder.
Redacción: Análisis Litoral con información de Entre Ríos Ahora / Pagina política /pagina Judicial
No se trata de una vecina más ni de un conflicto entre particulares sin relevancia pública. La Justicia condenó a Liliana Salinas, Diputada Provincial en funciones, a devolver el inmueble que ocupaba irregularmente y a pagar casi tres millones de pesos en concepto de alquileres adeudados, en una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa la conducta de quienes ocupan cargos públicos.
La notificación judicial llegó antes de Navidad, casi como una ironía del calendario. Con Cédula Judicial en mano, el fallo del juez Ponce en la causa “Iriarte Francisco Ramón c/ Salinas Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres” dejó al descubierto una situación que dista mucho del discurso de austeridad y ejemplaridad que suele exigirse —y proclamarse— desde la política.
La sentencia es clara: la diputada provincial oriunda de Concordia tiene un plazo de 10 días para abandonar la vivienda ubicada en calle Laprida Nº 1747, inmueble que habría ocupado sin cumplir con sus obligaciones contractuales, y abonar más de 35 meses de alquileres impagos.
No es un dato menor que en diciembre del año pasado este medio ya había informado sobre el embargo al sueldo legislativo de Salinas, medida judicial que se le impuso en su carácter de diputada. Salinas, además, es presidenta del Partido Conservador, sello que fue utilizado por Javier Milei en Entre Ríos para competir en las elecciones presidenciales de 2023. Un dato político que vuelve inevitable la pregunta sobre la coherencia entre los discursos de orden, legalidad y respeto a la propiedad privada, y los hechos concretos.
Un año después de aquel embargo, llegó el fallo definitivo. En su primer dictamen, el juez resolvió:
“Condenar a Gladys Liliana Salinas a desalojar el inmueble sito en calle Laprida Nº 1747 de esta ciudad, la que se hace extensiva a cualquier otro ocupante, restituyéndolo a Francisco Ramón Iriarte”.
El segundo punto del fallo agrava aún más la situación:
“Condenar a Gladys Liliana Salinas, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez a pagar al actor Francisco Ramón Iriarte, en forma solidaria y en el término de diez días, la suma de $2.182.500, en concepto de alquileres adeudados”.
Iglesias y Rodríguez, cabe aclarar, son los garantes que respaldaron a la diputada al momento de alquilar el inmueble. Por la morosidad de la legisladora, serán ellos quienes deban responder en primera instancia ante el propietario, quedando luego habilitados a reclamar judicialmente a Salinas lo que eventualmente deban pagar.
Según pudo confirmar este medio, los garantes ya iniciaron acciones legales para resguardarse económicamente y han expresado su solidaridad con el propietario, manifestando sentirse —junto a él— perjudicados por el accionar de quien ostenta una banca en la Legislatura provincial.
El monto fijado por la Justicia corresponde a los alquileres impagos desde mayo de 2022 hasta febrero de 2024, pero el fallo agrega que deberán sumarse los meses posteriores hasta la efectiva restitución del inmueble, más intereses y costas judiciales, que fueron impuestas a los demandados bajo el principio objetivo de la derrota.
El caso vuelve a instalar una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué estándar ético se les exige a los representantes públicos? Porque cuando una diputada provincial es condenada por no pagar alquileres durante casi tres años y por retener un inmueble contra fallo judicial, ya no se trata solo de un problema habitacional.
Se trata de credibilidad, responsabilidad institucional y del ejemplo que se da desde el poder.
Efectivamente, alquilar está cada vez más duro. Pero cumplir la ley debería ser obligatorio, sobre todo para quienes la votan.
La localidad de Ubajay presentó en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires la 28.ª edición de la Fiesta Provincial del Yatay y una nueva edición de los Carnavales Ubajayenses, dos celebraciones emblemáticas que forman parte de la identidad cultural, turística y comunitaria de la región.
El encuentro permitió dar a conocer en la Ciudad de Buenos Aires estas festividades que, año tras año, convocan a vecinos y visitantes de toda la provincia y del país, poniendo en valor las tradiciones, la producción local y las expresiones artísticas de Ubajay.
Participaron de la presentación Verónica Luxen, presidenta municipal de Ubajay, y Lisandro Giménez, director de Cultura y Turismo, quienes brindaron detalles sobre la grilla de actividades, las propuestas artísticas y las distintas acciones previstas para ambas celebraciones, que conjugan tradición, música, danza y participación popular.
En relación a la Fiesta Provincial del Yatay, se informó que la jornada se realizará el sábado 21 de febrero, de 10 a 16 horas, con acceso gratuito al predio, donde el público podrá recorrer stands gastronómicos y de artesanos. A partir de las 18 horas comenzarán los espectáculos de destreza criolla y las presentaciones artísticas en el escenario principal, junto con clases de gastronomía en vivo basadas en el fruto de la palmera Butiá Yatay. La entrada general tendrá un valor de $15.000.
Durante la jornada se realizarán montas en distintas categorías y se presentarán artistas como Sentimiento Campero (Santa Fe), El Patrón del Chamamé (Entre Ríos) y el cierre musical estará a cargo de Mario Pereira.
Por su parte, los Carnavales Ubajayenses se llevarán a cabo el 13 de febrero sobre una de las principales avenidas de la localidad, con la participación de la Comparsa Butiá Yatay y comparsas invitadas de distintas ciudades de la provincia, como Concordia y Concepción del Uruguay, en una celebración que rinde homenaje permanente a la identidad local y a la palmera yatay.
Durante la presentación, José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, expresó: “Quiero agradecer a todas las personas que formaron parte del calendario de actividades de la Representación durante el año, a las localidades entrerrianas, a los productores, a los artistas y a los periodistas, cuyo acompañamiento y difusión permiten ampliar el alcance de nuestras acciones y visibilizar el trabajo que se realiza desde la Casa de Entre Ríos.”
“Quiero agradecer al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza y la libertad de trabajo, y destacar el trabajo articulado con las áreas de Turismo, Cultura y la Secretaría General de la Gobernación, que nos permitió avanzar de manera conjunta en los objetivos planteados para el año.”
“Y, especialmente, un reconocimiento al equipo de la Representación, cuyo compromiso y trabajo cotidiano hacen posible la realización de cada uno de estos encuentros.”
En un acto realizado en la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al Jefe de la fuerza, oficializó los cambios en Direcciones y Jefaturas Departamentales dispuestos por el gobierno provincial para optimizar la seguridad.
El Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles una importante reorganización en la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.
“Es un día importante para la Policía, como todos los años se producen cambios en base a una evaluación permanente de la gestión de la Institución. Esta decisión no es en contra de nadie, es un reconocimiento a los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora y , generar cambios para mejorar el servicio de seguridad. Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años en servicio y eso se agradece mucho”, explicó el ministro Roncaglia.
Los cambios fueron oficializados a través del Decreto Nº 3641/2025. Esta reestructuración responde a estrictas razones de servicio y forma parte de una estrategia de renovación funcional propuesta por la Jefatura de Policía. El objetivo central es fortalecer la gestión operativa, administrativa y el despliegue territorial en toda la provincia.
La medida abarca áreas sensibles y estratégicas como la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Operaciones y Seguridad Pública, así como las jefaturas de departamentos clave como Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, entre otras.
A continuación, el detalle de los oficiales jefes superiores que asumieron sus nuevos cargos:
Direcciones Generales Prevención de Delitos Rurales: Crio. Mayor Cristian Andrés Allegrini. Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Jorge Alberto Moreyra. Asuntos Internos: Crio. Mayor Pedro Alfredo Silva. Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Diego Martín Cabello del Campo. Drogas Peligrosas: Crio. Mayor Claudio Benito Passadore. Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Crio. Mayor Fabiola Andrea Butala Farber.
Subdirecciones Generales Ayudantía y Planeamiento: Crio. Inspector Mariano Andrés Vecchio. Departamentales del Paraná: Crio. Mayor José María Pérez. Drogas Peligrosas: Crio. Inspector Pablo Gastón Preisz Casas. Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Martín Ramón Tello. Asuntos Internos: Crio. Inspector Sonia Mariela Capellino. Administración y Logística: Crio. Inspector Miguel Eduardo Retegui. Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Luis Alberto Báez. Institutos Policiales: Crio. Inspector María del Rosario Cornejo. Policía Científica: Crio. Inspector Alberto Martín Grinovero. Prevención de Delitos Rurales: Crio. Inspector Horacio Raúl Ludi.
Jefaturas Departamentales Paraná: Crio. Inspector Hernán Walter Góngora. Gualeguaychú: Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday. La Paz: Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk. Colón: Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez. Federación: Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente. Feliciano: Crio. Mayor Romualdo Javier Ramírez. Victoria: Crio. Inspector Roberto Carlos Jesús Donda. Federal: Crio. Inspector Daniel Marcelo Della Giustina. Tala: Crio. Inspector Lucio Martín Cepeda. Islas del Ibicuy: Crio. Inspector Héctor Esteban Riquelme.
Subjefaturas Departamentales Paraná: Crio. Inspector Juan Pablo Claucich. Gualeguaychú: Crio. Inspector Mauricio Oscar Asler. Federación: Crio. Inspector Marcos Misael Pereyra. Federal: Crio. Inspector José Luis Luna. Feliciano: Crio. Inspector Diego Gustavo Wasinger. Victoria: Crio. Inspector Ricardo Daniel Ríos. Gualeguay: Crio. Inspector Mauricio Ariel Ferreyra. Colón: Crio. Inspector Juan Martín Furlong. San Salvador: Crio. Inspector Darío Martín Schwindt.
Susana Medina dio un nuevo paso en su defensa ante la Comisión de Juicio Político: presentó un descargo en el que negó las acusaciones de mal desempeño, pidió el rechazo in límine de las denuncias y dijo estar dispuesta a declarar ante los diputados, aunque pidió hacerlo por vía remota. La suprema enfrenta dos denuncias donde se le atribuyen, principalmente, haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, en los períodos 2016-2019 y 2024-2025, equivalentes a tres años judiciales completos, la mayoría de ellas por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”, lo que habría provocado un abandono de sus funciones y retraso en la tramitación de causas; y haber aceptado o gestionado “contribuciones” del Banco de Entre Ríos SA, o fundaciones que le pertenecen, a favor de la AMJA, lo que podría constituir un conflicto de intereses, ya que la Sala del Trabajo, que integra Medina, tiene para resolver causas contra el agente financiero.
El descargo ingresó en horas del mediodía por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y será girado a la Comisión de Juicio Político. Tiene la firma de la propia Medina y de sus abogados, Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo.
En lo esencial, Medina rechazó las acusaciones: “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno” e insistió en que su despacho se encuentra al día, las licencias han sido aprobadas por el alto cuerpo en aplicación del régimen orgánico que las establece y las cuentas del Poder Judicial durante el ejercicio de su presidencia han sido aprobadas sin objeciones por el Tribunal de Cuentas.
Pero también dedicó párrafos críticos a los denunciantes, al afirmar que las presentaciones en su contra “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, algo que ya había planteado públicamente el constitucionalista Diego Armesto, que la asesora en la defensa.
En ese marco es que solicitó que las denuncias sean rechazadas in límine, “no solo por inexistencia de causa, sino como acto necesario de defensa del debido proceso, de la independencia judicial y del sistema republicano de gobierno”, sostuvo.
Negarlo todo
En su descargo, Medina respondió a los hechos que le atribuyen el dirigente gremial Eugenio Jacquemain y la asociación Entre Ríos Sin Corrupción, una entidad que nació al calor del jury contra Cecilia Goyeneche y que ha hecho de esa causa una bandera.
En su descargo dijo que las acusaciones constituyen “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”.
En ese punto, señaló que las licencias han sido autorizadas por el STJ y que mayormente se debieron a razones institucionales, al tiempo que enfatizó que los supremos tienen un régimen especial de licencia, diferente a los jueces y camaristas inferiores; del mismo modo que justificó las comisiones de los vocales a tareas inherentes al gobierno del Poder Judicial.
En cuanto a las ausencias por capacitación, aseveró que “es un deber de la magistratura”, aunque insistió en que todas fueron autorizadas por el STJ.
“Muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”, insistió la magistrada en otro tramo de su descargo.
No obstante, insistió que tiene su despacho al día, “sin morosidad”, como lo había hecho en la presentación espontánea que hizo ante la comisión; en respuesta a lo vertido por Entre Ríos Sin Corrupción en su denuncia, que le atribuye una demora en la tramitación de causas del 90 por ciento en 2024 y 88 por ciento en 2025.
Hostigamiento
Respecto del conflicto de intereses que le atribuyen por los aportes del Bersa, o fundaciones vinculadas a la AMJA, dijo: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”.
En principio, la Comisión de Juicio Político parece haber descartado planteos por irregularidades en la designación de subrogantes ante excusaciones o recusaciones de integrantes del STJ y la prohibición de ingreso a tribunales a ciertos integrantes de Entre Ríos Sin Corrupción por haber protagonizado incidentes en una audiencia donde se debatían asuntos de corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri.
Sobre el primer punto dijo que el orden de subrogancia no es potestad exclusiva suya, “sino que es materia de consideración y aprobación por el pleno”. En cuanto al segundo aspecto, habló de “actos violentos” dijo que la prohibición de ingreso posterior se tomó en un contexto de “emergencia” y “en ejercicio del poder de policía de preservar la integridad y seguridad de magistrados, funcionarios del Poder Judicial y profesionales del derecho”; y enfatizó que los hechos tuvieron tal entidad que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo una investigación sobre ello.
Por último, Medina insistió en que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.Fuente: Página judicial
Hubo una vez, en Concordia, un sonido que volvía a latir después de años de silencio. Era el rumor metálico de los rieles, el soplido cansado pero digno de una locomotora que regresaba, y la emoción contenida de quienes nunca dejaron de creer que el tren podía volver. No era una fantasía romántica ni un capricho nostálgico: era trabajo, era identidad, era futuro.
El sábado 26 de marzo de 2005, después de una década de abandono, el tren volvió a salir desde Concordia hacia la estación del parador Ayuí, en el área de la represa binacional Salto Grande. Más de 170 turistas provenientes de Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y distintos puntos de Entre Ríos eligieron ese fin de semana largo para ser parte de una experiencia que combinaba turismo, integración regional y reparación histórica.
Detrás de esa postal había algo mucho más profundo: el esfuerzo silencioso y persistente de los ex trabajadores ferroviarios, organizados en la Cooperativa de Trabajo Ferrotur Mesopotámica, nacida en 1997, cuando el ferrocarril entrerriano había quedado herido de muerte tras el cierre del ramal Urquiza en 1992, durante la década menemista. Aquellos hombres habían visto desaparecer su fuente de trabajo, pero no resignaron ni el oficio ni la memoria ferroviaria.
Ferrotur consiguió unidades en desuso en Paraná y las trasladó a Concordia para recuperarlas. Eran coches primera, pullman y un coche turístico que, tras meses de trabajo artesanal, volvieron a rodar. Con ese material, en 2004 pusieron en marcha el tren turístico que partía desde Concordia Central, recorría 17 kilómetros y finalizaba a metros de la represa. Hasta fines de 2008, transportaron cerca de 8.000 personas, desde jardines de infantes hasta escuelas de adultos.
El recorrido no era solo un traslado: era un viaje por la geografía social y urbana de la ciudad. El tren pasaba por el hipermercado, el polideportivo, el kilómetro 6, la Pampa Soler, el Golf Club, barrios de autoconstrucción, el cementerio del Pinar del Campanario, la cantera de Scebola, la villa termal, el autódromo, el puerto y el Campo El Alambrado, hasta llegar a Ayuí. Desde allí, colectivos llevaban a los pasajeros a recorrer la represa y una lancha los paseaba por el lago. Para muchos chicos y chicas fue la primera vez que vieron su ciudad desde los rieles.
Aquel día inaugural de 2005, el entonces gobernador Jorge Busti recorrió parte del trayecto junto a los visitantes y habló de “un puntapié inicial para la reactivación ferroviaria en toda la provincia”. Se anunciaron gestiones ante la Nación, pedidos de máquinas, autorizaciones para cruzar a Salto, ampliaciones de recorridos. Se habló de unir Concordia con Concepción del Uruguay, de Basavilbaso a Paraná, de atraer turismo desde Buenos Aires e incluso de un servicio desde Federico Lacroze hasta el litoral. Algunas promesas se cumplieron por un tiempo. Otras nunca pasaron del anuncio.
La idea original de Ferrotur siempre fue unir Concordia con la ciudad de Salto, pero nunca obtuvieron autorización para cruzar al vecino país. Las gestiones eran complejas: Cancillería, Aduana, Migraciones. Paradójicamente, no había entonces ningún tren de pasajeros argentino que cruzara una frontera internacional. Aun así, la cooperativa formaba parte activa de cada intento de reactivación y asesoraba a la Provincia en los emprendimientos ferroviarios.
En 2008 llegó otro golpe silencioso. En el convenio de comodato se establecía que los coches seguían siendo propiedad de la Provincia y que, si se decidía reactivar el servicio regular de pasajeros, podían ser reclamados. Así ocurrió. Las unidades en mejor estado fueron llevadas a Paraná y utilizadas en los servicios Paraná–Basavilbaso y Paraná–Concepción del Uruguay. Ferrotur quedó sin material rodante y, con ello, sin actividad directa, aunque nunca dejó de ser parte del proyecto ferroviario entrerriano.
Pero lo que sí fue real —y profundamente humano— fue la escena dentro de los vagones mientras el tren existió: el maquinista, el guarda, el encargado de controles, todos ex ferroviarios, atendiendo a pasajeros y periodistas con una mezcla de profesionalismo y emoción difícil de disimular. En sus rostros se veía algo más que satisfacción laboral: era la alegría de volver a escuchar el tren andar. De volver a ser.
Esa reconstrucción paciente y colectiva fue finalmente brutalmente interrumpida cuando el entonces gobernador Sergio Urribarri ordenó el retiro de toda la formación ferroviaria que los trabajadores habían recuperado con años de esfuerzo. No hubo explicaciones claras. No hubo debate público. No hubo respeto por el trabajo realizado ni por los fondos nacionales que habían respaldado el proyecto, cuyo destino aún hoy permanece envuelto en dudas, especialmente frente a las cifras millonarias que posteriormente se anunciaron para la supuesta reparación integral de las vías ferroviarias entrerrianas, jamás investigadas por la Justicia.
Lo que siguió fue devastación. Las formaciones retiradas quedaron abandonadas, desmanteladas y canibalizadas en galpones y playas de maniobras de la ciudad de Paraná. Donde hubo motores en marcha, quedaron hierros oxidados. Donde hubo planificación y esperanza, se impuso la soberbia, el egoísmo y la desidia de un poder político que no toleró una experiencia exitosa nacida desde abajo, desde los trabajadores.
Hoy, ese daño es irreparable. Pero la memoria no.
Este relato no es solo un recuerdo: es un homenaje. A los ferroviarios de Concordia que demostraron que el tren podía volver. Que el Estado podía articular con cooperativas. Que el desarrollo regional no era una utopía. Y también es una denuncia histórica: porque lo que se destruyó no fue solo una formación ferroviaria, sino una oportunidad concreta de integración, trabajo y futuro.
Concordia tuvo un tren. Y quienes lo hicieron posible merecen algo más que el olvido.
Avanza la modernización del Centro de Frontera Concordia para agilizar el cruce con Uruguay
El Centro de Frontera Concordia, que conecta la provincia de Entre Ríos con la ciudad de Salto (Uruguay), avanza en un proceso integral de modernización de sus instalaciones con el objetivo de agilizar el tránsito y optimizar la circulación entre ambos países.
Ya se encuentra operativo el nuevo sistema de control migratorio que permite realizar los trámites sin necesidad de descender del vehículo, tanto para quienes ingresan a la Argentina como para quienes viajan hacia Uruguay. Esta innovación apunta a reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en períodos de alta demanda turística y comercial.
Las obras se desarrollan en el marco del Programa de Infraestructura para la Integración, correspondiente al Préstamo FONPLATA 35/17, e incluyen la construcción de un nuevo sector de control aduanero, la renovación integral de la infraestructura existente y una reorganización del tránsito vehicular dentro del complejo. En ese sentido, se incorporaron más cabinas de control de ingreso y egreso, además de una nueva traza vial que facilita los retornos cuando los usuarios no pueden concretar el cruce fronterizo.
Asimismo, se reemplazaron pavimentos deteriorados por nuevos pavimentos de hormigón en las áreas destinadas al control de cargas, y se ejecutan trabajos de reparación en cubiertas, fachadas, solados y cercos perimetrales de los edificios que conforman el complejo. Las tareas continúan principalmente en el sector donde funcionaban las oficinas de Migraciones.
Desde el organismo responsable destacaron que estas mejoras permitirán ordenar y agilizar el tránsito en ambos sentidos, fortaleciendo un paso estratégico para la integración regional y el vínculo cotidiano entre Argentina y Uruguay.
Para conocer el estado del paso fronterizo y los requisitos vigentes de ingreso y egreso, se puede consultar el sitio oficial: 🔗 http://argentina.gob.ar/concordia
El Ministerio Público Fiscal imputó al exintendente de Concordia, Enrique Cresto, a los ex presidentes del IAPSER, Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, lo mismo que a Aldo Álvarez y a Fernando Barboza, este último actual funcionario del gobierno entrerriano (Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo), y al agente de seguros Ignacio Caprarulo.
Fiscalía les atribuye, a unos como autores y a otros como partícipes, la presunta comisión del delito de “negociaciones incompatibles y fraude en perjuicio de la administración pública”, en el contexto de la causa que investiga irregularidades que habrían sido cometidas en los trámites de contratación de pólizas de seguro desde la Municipalidad de Concordia.
En febrero del año 2024, luego de que se hiciera público un decreto mediante el cual fuera contratado “ad honorem” Ignacio Caprarulo como asesor de seguros, desde el Ministerio Público Fiscal abrieron una “investigación de oficio”, bajo la sospecha de que pudiera haberse cometido algún ilícito.
La apertura de la investigación se produjo formalmente el 8 de febrero de 2024. Desde entonces, fueron varias las medidas llevadas a cabo, entre ellas la requisa al teléfono de Caprarulo.
En principio, desde Fiscalía procuraron reconstruir los pasos de los trámites administrativos que derivaron en la contratación de Ignacio Caprarulo, tanto durante la gestión de Enrique Tomás Cresto como en el comienzo de la gestión de Francisco Azcué, aunque en este último caso el nombramiento fue revocado un mes después de producido.
Entre las primeras medidas investigativas encaradas por los dos fiscales inicialmente a cargo, José Arias (luego apartado de la causa) y Daniela Montangie, figuran oficios dirigidos a la Municipalidad de Concordia, que apuntaron a conocer en detalle no sólo las sucesivas contrataciones “ad honorem” sino también las consecuencias económicas que habrían ocasionado. Según lo que trascendiera en 2024, Caprarulo “habría estado cobrando cifras millonarias en comisiones desde el 2019 hasta fines del 2023”.
“Ignacio Caprarulo –reconstruyó el diario Junio- comenzó a oficiar de nexo entre el municipio y el IAPSER a finales del 2019, también en calidad de «ad honorem», mediante la resolución Nº11592/19 firmada por el ex intendente Cresto, para que brindara charlas y asesoramiento, y capacitaciones a todas las reparticiones municipales y sus entes descentralizados. Algo de lo que ya se ocupaba, por ejemplo, personal idóneo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral del municipio, convocando además a distintos profesionales”.
“Caprarulo –detalló Diario Junio- fue designado cuando el contador Juan Domingo “Palito” Orabona ya tenía más de dos años al frente de la empresa de seguros de la provincia y días después de asumido como presidente Alberto Fernández, cuyo jefe de Gabinete era Santiago Cafiero. Tanto con Orabona como con Cafiero, a Caprarulo lo vinculan lazos familiares. Sin embargo, de forma intempestiva, y muy llamativa -incluso para el mismo Caprarulo-, meses antes de terminar su mandato, el 1 de Octubre de 2023, el ex intendente Cresto lo desafectó y designó mediante una nota a CETW Broker de Buenos Aires para que actúe de intermediario entre el municipio y la compañía aseguradora de la provincia. La orden comunicada al IAPSER, que habría sido arrimada a la agencia local por el ex funcionario Max Klaric, es otra decisión que -siguiendo la misma línea- también carecería de fundamentos. Mientras tanto, de octubre a la fecha, las suculentas comisiones se fueron hacia la city porteña”.
“Las gestiones del asesor externo habían transcurrido sin levantar polvareda hasta que la nueva gestión volvió a darle el alta como productor designado del municipio, destacando en el decreto la calidad “ad honorem” y los méritos conseguidos «durante el período 2019/2023”, remató Diario Junio en una nota publicada el 10 de enero, que no pasó desapercibida para la investigación encarada desde Fiscalía.
Durante el lapso transcurrido desde febrero de 2024 a diciembre de 2025, la investigación siguió su marcha, aunque ya sin la intervención del Fiscal José Arias, oportunamente recusado por la defensa del exintendente Enrique Cresto.
Las imputaciones formales conocidas en las últimas horas, que también alcanzarían a un referente de CETW Broker de Buenos Aires, no anulan la presunción de inocencia, premisa constitucional que salvaguarda a cualquier imputado mientras no reciba condena firme.
La justicia entrerriana tiene sobre sus estrados un rosario de causas por corrupción que involucran a las máximas autoridades políticas de las últimas dos décadas. Mientras algunas condenas ya están firmes y aguardan la decisión de la Corte Suprema, otras investigaciones se encuentran en plena etapa de remisión a juicio, configurando un escenario judicial complejo que definirá el destino de exgobernadores, vicegobernadores, senadores nacionales y altos funcionarios provinciales.
Sergio Urribarri: entre prisión y múltiples causas
El exgobernador y exembajador en Israel Sergio Urribarri concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos. Con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en 2022 y confirmada por Casación en 2023, su situación procesal sigue siendo volátil. En enero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia ordenó su libertad junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera tras 50 días de prisión preventiva, mientras aguardan la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario federal.
Pero la condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública no es la única espada que pende sobre Urribarri. La “Causa Coimas”, que lo investiga junto al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, avanza firme hacia el juicio oral. En junio de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió remitir la causa a juicio tras rechazar todas las nulidades presentadas por las defensas. El Ministerio Público Fiscal pide 10 años de prisión para el exgobernador.
La acusación sostiene que Urribarri favoreció ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por Cardona Herreros, quien habría sido su testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano documentaron el pago de sobornos a través de viajes lujosos que el empresario paraguayo financió para la familia Urribarri. La prórroga irregular de contratos y la falsificación de fechas en actos administrativos configuran el núcleo de la imputación.
Además, Urribarri enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se encuentra en etapa de investigación, donde debe justificar el crecimiento patrimonial experimentado durante su gestión como gobernador entre 2007 y 2015.
Gustavo Bordet: la causa Securitas y la investigación patrimonial
El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, que sucedió a Urribarri entre 2015 y 2023, enfrenta dos investigaciones que podrían complicar su situación judicial.
La causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, lo coloca en el centro de un presunto esquema de coimas vinculado a contratos de seguridad privada con ENERSA, la empresa eléctrica estatal entrerriana. Un peritaje de 25.557 páginas de conversaciones de WhatsApp entre los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —procesados por pagar sobornos— menciona a Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habrían llegado hasta el exmandatario.
Los mensajes, que abarcan desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024, incluyen cifras concretas. En uno fechado el 28 de enero de 2019, Claudio Tórtul escribió: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millón”. Otro mensaje del 24 de septiembre de 2018 describe las negociaciones: “El Negro me dijo q si no le damos el 40 saca el pago con el ajuste. Reparte con Bordet Julio y el”. Un mes después se firmó la tercera adenda al contrato con ENERSA.
Aunque Bordet no está formalmente imputado, la investigación involucró la detención en abril de 2025 de Jorge González, expresidente de ENERSA y funcionario clave durante su gestión. En el allanamiento a su domicilio se secuestraron 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos.
Paralelamente, en abril de 2024, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso la apertura de una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, aunque hasta el momento no hay imputación formal.
Adán Bahl: entre la causa Securitas y los contratos truchos
El exvicegobernador, exintendente de Paraná y actual senador nacional electo Adán Bahl aparece mencionado en los mismos chats de la causa Securitas que comprometen a Bordet, según reveló el diario Clarín en noviembre de 2025. Si bien no está formalmente imputado, su nombre figura en las conversaciones de los hermanos Tórtul vinculadas a la continuidad de contratos con ENERSA y presuntas gestiones políticas.
Más grave aún es su vinculación con la causa de los contratos truchos legislativos. Aunque no está entre los imputados principales, investigaciones periodísticas lo señalan como una de las autoridades que habrían tenido responsabilidad en el sistema corrupto durante su período como vicepresidente del Senado. Sus hijos, Joaquín y Franco Bahl, fueron contratados irregularmente por la Legislatura en los últimos días de la gestión anterior, contratos que luego fueron anulados por el gobierno de Rogelio Frigerio.
Los contratos truchos: 53 millones de dólares desviados
La megacausa de los contratos truchos legislativos representa el mayor desfalco documentado en la historia reciente de Entre Ríos. Entre 2008 y septiembre de 2018 se desviaron 53 millones de dólares a través de un sistema de contrataciones fraudulentas en las cámaras de Diputados y Senadores.
Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. Los fiscales sostienen que Aguilera era el “recaudador” que recibía el dinero extraído de cajeros automáticos por prestanombres que cobraban cheques por servicios nunca prestados. Actualmente con prisión domiciliaria tras la liberación ordenada por el STJ en enero de 2025, Aguilera enfrenta la perspectiva de un juicio oral que, según cálculos judiciales, podría iniciarse a mediados de 2026.
El mecanismo era sofisticado: se contrataban personas que firmaban acuerdos por servicios ficticios, cobraban mediante cheques o transferencias, y entregaban entre el 90% y 95% del dinero a operadores como Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo. Estos, a su vez, trasladaban los fondos a través de intermediarios como Alfredo Bilbao hasta llegar a Aguilera y, presuntamente, a las máximas autoridades legislativas.
Los principales imputados incluyen a Gustavo Pérez: exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y hombre de confianza de Adán Bahl. Sergio Cardoso: director del Servicio Administrativo Contable de Diputados. Alejandro Almada: cuñado de Aguilera, operador clave del sistema. Roberto Ariel Faure y Alfredo Bilbao: contadores que facilitaban las operaciones
El expediente tiene 32 imputados y la remisión a juicio comenzaría a debatirse en 2025, con proyección de inicio del debate oral en 2026. La complejidad del caso y la cantidad de abogados defensores compartidos con otras causas de Urribarri ha retrasado los plazos procesales.
José Ángel Allende: el caso del juicio abreviado rechazado
El exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, protagoniza uno de los casos judiciales más prolongados y complejos del panorama entrerriano. Con 13 años de investigación desde que ANÁLISIS publicó en marzo de 2012 la denuncia periodística que dio origen a la causa, Allende intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la justicia.
Los juicios abreviados rechazados
En agosto de 2021, Allende llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocía su enriquecimiento ilícito en más de 1.069.841 dólares, delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, y amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni. El acuerdo establecía: Pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional; Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; Decomiso de su mansión del Parque Urquiza (valuada en 720.922 dólares) y la casa de calle Laprida (378.289 dólares); Multa de 3 millones de pesos.
Sin embargo, el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo, considerando que no cumplía con los requisitos legales. Previamente, en 2020, otro intento de juicio abreviado había sido declarado nulo por la Cámara de Casación Penal.
Según revelaciones periodísticas, el exgobernador Sergio Urribarri habría presionado a Allende para que no firmara el acuerdo: “No arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política”.
Tras el fracaso de los juicios abreviados, la causa continuó su curso. En marzo de 2025, Allende y toda su familia fueron citados a declaración indagatoria. El 30 de junio de 2025, el juez de Garantías N°8 Pablo Zoff dictó el procesamiento de Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron procesados Adriana Guadalupe Satler (esposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Diana María Cristina Traverso (exesposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Julio Alejandro Allende (hijo): partícipe necesario en ambos delitos; Victoria Allende (hija): partícipe necesaria solo en enriquecimiento ilícito, sobreseída en negociaciones incompatibles
–Los montos del enriquecimiento. Según el procesamiento del juez Zoff, el incremento patrimonial desproporcionado de Allende entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016 (período en que fue diputado provincial) asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de conceptos no cuantificados como: Mantenimiento de caballos de carrera; Viajes internacionales. Varios vehículos de alta gama; Participación en sociedades: Radio La Voz de Entre Ríos SA, Haras El Machazo SA, Cardinal Grydim SA; Departamentos en el mismo edificio de lujo donde Edgardo Kueider posee propiedades (Santiago del Estero y Tejeiro Martínez);
El juez determinó que Allende utilizó a sus familiares directos como personas interpuestas para disimular su verdadero patrimonio. Victoria Allende adquirió varios vehículos siendo menor de edad, sin ingresos registrados que justificaran esas compras. Los hijos compartieron con su padre participación en las sociedades mencionadas.
-Negociaciones incompatibles: la Fundación Esperanza. Este delito se atribuye específicamente a José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Satler en relación con la “Fundación Esperanza”. Entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011, Allende habría gestionado subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos siendo simultáneamente: Presidente y secretario de la Fundación Esperanza; Diputado provincial que avalaba y firmaba los pedidos de subsidios; Satler suscribía los pedidos como presidenta de la fundación, mientras Allende los avalaba como legislador. En dos casos, Allende personalmente solicitó y rindió los subsidios, configurando un claro conflicto de intereses incompatible con la función pública.
Confirmación del procesamiento en noviembre de 2025
Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi apelaron el procesamiento, argumentando que:
– La pericia oficial del Cuerpo Técnico del Poder Judicial arrojó resultados favorables a Allende
– Se descartaron ingresos legítimos por motivos formales (documentos ilegibles)
– Se omitieron financiamientos bancarios documentados (como el crédito del Banco BERSA)
– El procesamiento consolidó bienes de otros coimputados como patrimonio de José Allende sin análisis individual
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó íntegramente el procesamiento, al considerar que existe el grado de probabilidad requerido para la elevación a juicio. Los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat defendieron el criterio del perito Héctor Enrique y rebatieron punto por punto los agravios de la defensa.
La prescripción de la causa por amenazas
En paralelo, el 3 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría declarar la prescripción de la causa por amenazas contra la ministra Sonia Velázquez, revocando la sentencia de Casación. El STJ consideró que los intentos fallidos de juicio abreviado no tenían entidad para interrumpir el curso de la prescripción.
Situación actual y proyección 2026
Allende enfrenta actualmente:
1) Causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles: procesamiento confirmado, encaminada a juicio oral en 2026
2) Causa por amenazas a Sonia Velázquez: prescripta por el STJ en diciembre 2025, por lo que la víctima irá a la Corte Suprema.
3) Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si prospera la condena
La defensa insiste en que se trata de una “utilización política” del caso, argumentando que Allende “ha enfrentado poderosos intereses corporativos” y que resulta “doloroso e injustificado involucrar a su familia sin elementos probatorios consistentes”.
El caso Allende representa una paradoja judicial: es el único imputado de alto perfil que intentó reconocer su culpabilidad mediante juicio abreviado, pero la justicia rechazó el acuerdo. Ahora, tras 13 años de investigación, enfrenta un juicio oral que podría iniciarse en 2026, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos de la historia judicial entrerriana.
Edgardo Kueider: detenido en Paraguay con dos causas por enriquecimiento ilícito
El exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider se encuentra en una situación judicial compleja que involucra dos jurisdicciones. Fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en la frontera entre Brasil y Paraguay al intentar ingresar a Ciudad del Este con 211.102 dólares, 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos sin declarar. Desde entonces permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, cumpliendo un año de detención.
En Argentina, Kueider enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito:
-Causa Federal – San Isidro: La jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por su vinculación con la causa Securitas y presunto lavado de dinero. Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el gobierno de Bordet (2015-2019) y representó al Ejecutivo provincial en asambleas de ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana que habría sido el epicentro del esquema de coimas investigado. En marzo de 2025, la magistrada ordenó siete detenciones en el entorno del exsenador, incluyendo a: Javier Rubel (primo): maestro mayor de obras, socio de Kueider en la empresa Betail SA; Rodolfo Daniel González (socio y amigo): empleado del Congreso, dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que Kueider fue interceptado en la frontera paraguaya; José Carlos Nogueras (contador): procesado con prisión preventiva por su rol en operaciones destinadas a ocultar el origen delictivo del dinero; Adriana Cecilia Crucitta (abogada): socia de González y empleada de la Biblioteca del Congreso; Ezequiel Gustavo Bovetti (contador); Gabriela Patricia Saint Pierre (esposa de Nogueras); Rita Soledad Machuca (exsecretaria de Kueider en la Gobernación).
En abril de 2025, la jueza Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a González, Rubel y Nogueras por lavado de dinero y asociación ilícita. Al resto les dictó procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
La investigación reveló que Kueider sería propietario de la empresa Betail SA, que posee departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Paraná (calle Santiago del Estero 511). Las expensas aparecían a nombre de Iara Guinsel Costa, su exsecretaria en el Senado y actual pareja, quien lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay.
-Causa Provincial – Concordia: El juez Ives Bastián y el fiscal José Arias también investigan al exsenador por enriquecimiento ilícito. Debido al conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, la Corte Suprema deberá dirimir qué juzgado continuará con la investigación.
En Paraguay, Kueider enfrenta un juicio oral y público que comenzará el 20 de abril de 2026 por el delito de contrabando en grado de tentativa. La Fiscalía paraguaya lo imputó junto a Iara Guinsel Costa por no haber declarado los 211.102 dólares al intentar cruzar el Puente de la Amistad desde Foz do Iguaçu.
La expectativa de pena es de hasta dos años y medio. Si la sentencia se acerca a ese techo, podría ser de cumplimiento efectivo. De lo contrario, quedaría en el margen condicional o incluso en una multa.
La jueza Arroyo Salgado sostiene que Kueider formó parte de una “asociación o banda” que perpetró maniobras “destinadas a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras” para otorgar “apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”.
El exsenador solicitó su extradición para ser juzgado en Argentina, pero Paraguay denegó el pedido. Kueider y Guinsel Costa continúan bajo arresto domiciliario en un dúplex del barrio San Vicente de Asunción, tras ser echados en febrero de 2025 del edificio de lujo donde inicialmente cumplían la medida.
Juan José Canosa: condena firme y causa por enriquecimiento ilícito
El expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) Juan José Canosa tiene una condena firme por negociaciones incompatibles con la función pública y enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que lleva 8 años de trámite.
En septiembre de 2018, un tribunal encabezado por el juez Alejandro Grippo condenó a Canosa a 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación, iniciada por NOTICIAUNO en enero de 2017, reveló que Canosa contrató a empresas vinculadas a su familia mientras presidía Sidecreer entre 2007 y 2015.
Los proveedores favorecidos fueron:
-Excelcom SA: empresa santafesina que facturó insumos informáticos. Detrás estaban su cuñada Alicia Susana Cuestas (pareja de su hermano Carlos Canosa), la hermana de ésta, María José Cuestas, y Diego Aníbal Urba (esposo de María José y amigo personal de Canosa)
-Texmer: proveedora de indumentaria propiedad de Mirta Graciela Gueler, suegra de su hermano Carlos Canosa
-JDR Construcciones: empresa constructora de José Daniel Romero, casado con María del Carmen Paul, hermana de la madre de Canosa
Entre las tres empresas, cobraron de Sidecreer casi un millón de dólares durante el período investigado.
La Cámara de Casación Penal confirmó la condena en diciembre de 2019. En febrero de 2021, la Sala Penal del STJ rechazó el recurso de apelación. Y en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” el recurso de queja, dejando firme la condena.
Paralelamente, Canosa enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se inició en diciembre de 2016 tras una denuncia del entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná).
En abril de 2017 se allanaron cuatro mutuales en Paraná: Mutual Modelo (Gualeguaychú 204); Mutual Urquiza (Urquiza 80); Mutual Solidaridad (Libertad 139); Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar). El Ministerio Público Fiscal descubrió que Canosa tenía depositados, como inversión, 920 mil pesos en la Mutual 10 de Abril, operación garantizada con un cheque del Banco Santander Río.
En marzo de 2024, Canosa compareció ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Pablo Labriola para solicitar su sobreseimiento. Sus abogados Miguel Ángel Cullen y Andrés Bacigalupo argumentaron “violación de los plazos razonables”, señalando que han transcurrido 8 años de investigación. “Pasaron ocho años de la investigación. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me voy a morir. Se ven afectados mis hijas, mi familia, mis amigos. La persecución que han hecho sobre mi persona no tiene nombre”, declaró Canosa ante el magistrado.
En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ aceptó un recurso de queja presentado por la defensa de Canosa y su esposa, la defensora oficial Paula Montefiori. Los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia votaron a favor; Miguel Giorgio disintió.
En diciembre de 2024, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el pedido de sobreseimiento, pero concluyó que se agotó el tiempo para que la Fiscalía continúe investigando. Le otorgó 40 días al MPF para que resuelva si lo sobresee o eleva la causa a juicio.
Canosa trabaja como abogado en la actividad privada y colabora con bufetes jurídicos, pero teme firmar escritos: “¿Qué pensarán mis clientes, que soy delincuente, que me enriquecí?”, se preguntó en audiencia.
Desde diciembre de 2015 es asesor legal de la Cámara de Diputados, cargo que deberá abandonar por la condena firme que lo inhabilita perpetuamente para ejercer funciones públicas.
La causa está en manos de los fiscales Juan Malvasio (hoy juez) y Santiago Brugo. La resolución sobre su situación procesal —procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento— debería conocerse en los primeros meses de 2026.
Nelio Calza: causa reactivada por enriquecimiento ilícito
El exdiputado nacional y expresidente de Sidecreer Nelio Calza, referente del Frente Grande en Entre Ríos, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se reactivó en agosto de 2025 tras años de relativo estancamiento.
La investigación se inició en diciembre de 2016 a partir de la misma denuncia del senador Raymundo Kisser que apuntó inicialmente a la administración de la tarjeta estatal Sidecreer durante el gobierno de Sergio Urribarri. De esa presentación se desprendieron legajos separados que involucraron tanto a Calza (presidente de Sidecreer antes de Canosa) como a su sucesor, quien ya fue condenado por negociaciones incompatibles.
La investigación fue encabezada por el fiscal Juan Malvasio (hoy juez) y luego continuada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
El patrimonio investigado
Las pericias contables detectaron movimientos bancarios y cambiarios de relevancia entre 2009 y 2018, incluyendo: Compra de títulos públicos; Adquisición de divisas; Constitución de plazos fijos; Múltiples operaciones cambiarias.
Entre los bienes que se le adjudican a Calza figuran: una embarcación: “Rey Power”, integrada al patrimonio en 2015; Más de 15 vehículos, incluyendo: Dos Chevrolet S10 doble cabina; Una Renault Trafic; Cuatro Volkswagen Polo; Un Chrysler Cruiser; Dos Volkswagen Bora; Un Volkswagen Passat; Un Volkswagen Golf; Un Peugeot 207; Un Renault Fluence; Un Peugeot 206; Un Nissan Visia; Un Fiat Palio; Un Fiat Duna.
También comprende a Inmuebles en diversas localidades: Paraná: propiedades en calles Laprida, Pirovano, Yrigoyen, Montevideo, Vélez Sarsfield y Colón (en Concordia); Santa Fe capital; Zona rural de María Luisa (departamento Las Colonias, Santa Fe)
La indagatoria proyectada para 2026
Según pudo conocerse, la Fiscalía está terminando de recepcionar distintas pruebas y concluyendo el análisis contable correspondiente. Se espera que Calza sea citado a declaración indagatoria entre septiembre y octubre de 2026.
Actualmente es uno de los principales referentes del Frente Grande en Entre Ríos. En el proceso electoral reciente, su espacio político dejó de ser aliado del Partido Justicialista y presentó las candidaturas de Carolina Gaillard y Paola Rubattino.
La labor investigativa busca determinar si Calza puede justificar el incremento patrimonial registrado durante su desempeño en cargos públicos, particularmente durante su gestión al frente de Sidecreer, la empresa estatal que quedó en el centro de las denuncias por corrupción que involucraron también a su sucesor Juan José Canosa.
Enriquecimiento ilícito: la agenda pendiente
Además de las causas por corrupción funcional, varios exfuncionarios enfrentan investigaciones por enriquecimiento ilícito que podrían derivar en juicios durante 2026 y 2027:
-Pedro Báez: El exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, ya condenado a 6 años y medio en el megajuicio de 2022, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal pidió su remisión a juicio con una solicitud de 5 años de cárcel para él y 3 años y medio para ella. La Fiscalía endilga un enriquecimiento injustificado de 632.053 dólares durante su desempeño como funcionario público entre 2007 y 2016. Báez fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal N°1, donde cumple prisión preventiva.
-Aldo Ballestena: El exsenador provincial por La Paz y actual titular del Ente Portuario enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se abrió de oficio en 2018 tras una publicación de ANÁLISIS que documentó su patrimonio millonario, incluyendo un Mercedes Benz de 60.000 dólares, un complejo en construcción de 24 departamentos a nombre de su hija, campos y propiedades. Aunque la investigación quedó “llamativamente planchada” según críticos, también aparece vinculado al sistema de contratos truchos como recaudador de fondos en el Senado entre 2015 y 2018.
-Domingo Daniel Rossi: El actual intendente de Santa Elena tiene una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito (3 años de prisión condicional) y enfrenta una nueva investigación junto a su esposa, la exdiputada Patricia Díaz. La Fiscalía investiga cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008.
-Martín Fernández (Gualeguaychú) y Hernán Vittulo (Gualeguay): Ambos tienen causas por enriquecimiento ilícito en trámite en el Ministerio Público Fiscal, aunque con escaso avance público en los últimos años.
Obras públicas
Domingo Daniel Rossi también tiene pendiente la causa por delitos de corrupción en el manejo de la obra pública en su ciudad. En agosto de este año, por segunda vez se suspendió el juicio oral contra el intendente de Santa Elena. El inconveniente no es menor: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso contra Rossi se había fijado con un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio. Hay un planteo del abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a uno de los integrantes del tribunal, la jueza Castagno, que a raíz de un entredicho en una audiencia lo denunció por amenazas. En realidad es la especialidad del abogado Reggiardo (que este año fue suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía, por diversas denuncias contra su accionar): todo el tiempo se pasa confeccionando recusaciones contra jueces y fiscales y de esa manera sigue enviando las causas para más adelante. Lo hizo siempre con Rossi, con su mano derecha, el dirigente Pichi Blázquez y también con causas contra él mismo. Reggiardo, además de su rol de abogado, se autopercibe periodista y lo ejerce a través algunas páginas webs y en canales de youtube, donde se la pasa hablando de él mismo y denuncia supuestos hechos de corrupción, pero nunca lo menciona a Rossi, que es su sostén económico, desde la comuna de Santa Elena.
Este de Rossi es el juicio por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal, según consignara la web entreriosahora.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano. Cabe acotar que el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.
La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos, donde la justicia deberá pronunciarse sobre más de una década de presunta corrupción sistémica que involucró el desvío de millones de dólares del erario público. Las condenas que puedan dictarse en 2026 y 2027 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, con el caso de José Ángel Allende como antecedente de juicio abreviado rechazado que otros imputados evitaron replicar, temerosos de sentar precedentes que puedan afectar a la red de funcionarios involucrados en las mismas prácticas.
