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Concordia

Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

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La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre acusado de abusar sexualmente de una inspectora municipal en Concordia.

La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir una investigación contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una inspectora municipal durante un procedimiento realizado en Concordia en noviembre de 2020, en plena vigencia de las restricciones sanitarias por la pandemia.

La Corte Suprema dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre imputado por un presunto abuso sexual ocurrido en Concordia y habilitó la continuidad de la investigación.

Según el expediente, durante la madrugada del 2 de noviembre de 2020 agentes municipales y policías acudieron a una vivienda de la calle Güemes tras denuncias por una presunta fiesta clandestina. Tras una primera visita sin respuesta, el personal volvió cuando se abrió la puerta para el ingreso de un repartidor de bebidas y las inspectoras notificaron a los ocupantes sobre las sanciones por violar las restricciones vigentes.

Mientras una de las agentes explicaba la situación a una mujer, un hombre la tomó por detrás, le introdujo la mano por debajo de la remera y le tocó los pechos, al tiempo que le dirigía insultos y groserías. Tras la intervención, el hombre y su acompañante ingresaron nuevamente a la vivienda y se negaron a salir sin orden judicial.

La inspectora denunció el hecho por abuso sexual simple contra Juan Katich. El imputado fue llamado a indagatoria y su defensa pidió el sobreseimiento; el planteo fue rechazado en primera instancia y confirmado por tribunales provinciales.

En marzo de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de las actuaciones y consideró extinguida la potestad investigadora de la fiscalía por el vencimiento de los plazos procesales, lo que motivó el sobreseimiento del acusado.

La fiscalía interpuso un recurso extraordinario que admitió la Corte Suprema. El máximo tribunal recordó su doctrina previa y sostuvo que las provincias no pueden fijar plazos máximos de investigación ni crear causales de extinción de la acción penal ajenas al Código Penal de la Nación.

Con esa decisión la Corte dejó sin efecto el fallo provincial y habilitó la continuidad de la investigación por el presunto abuso denunciado por la inspectora municipal.

Contratos: ofrecieron evidencia sobre negocios inmobiliarios en Concordia y propusieron citar a Gustavo Bordet

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Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro ofrecieron la incorporación de un legajo investigado en Concordia, que contiene información sobre numerosos negocios inmobiliarios en esa localidad y propusieron citar, entre otros testigos, al exgobernador Gustavo Bordet. Este viernes pidieron la incorporación de esa documental y testimonios, como prueba de las “relaciones” entre imputados de la causa “contratos trucos” de la Legislatura. Citaron casi una treintena de escrituras realizadas ante dos escribanas que probarían la compraventa de inmuebles por parte de Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos imputados en el legajo actual. Entre los compradores figura Bordet.

“La Fiscalía ofrece un expediente iniciado el 2 de julio de 2024, en Concordia. El legajo cuenta de dos cuerpos. Se inició a partir de una denuncia de Luis Ángel Sanabria, que aportó un correo electrónico entre el imputado Gustavo Hernán Pérez y la escribana Luján Orabona”, adelantó Aramberry. “El inicio del legajo lo dice todo. Nos parece sustancial en cuanto vuelve a acreditar relaciones entre los imputados, y da cuenta de operaciones inmobiliarias a través de personas que no son los verdaderos titulares de los inmuebles. El dinero sustraído era invertido en operaciones inmobiliarias. Operaciones de venta de un loteo, situado entre las calles Chajarí, San Lorenzo, Victorino Simón y Espejo. Cobra importancia a partir de una prueba agregada a la causa, y muestra un plan de cobertura. Este correo electrónico fue enviado el 5 de agosto de 2009”, agregó Yedro y leyó:

“Asunto: Datos del otro firmante por el tema lotes.-

Luján, buenos días:

Palito me pidió que te pase los datos de otra persona para que también aparezca como firmante en la operación por la compra del loteo, él me dijo que ya te llama para avisarte:

Nombre y apellido: Beckman, Flavia Marcela

Domicilio: Almeida N°— Paraná

DNI: ———

CUIT: —————–

Fecha de nacimiento: 07/12/1968

Estado civil. Divorciada.-

Saludos.

Gustavo Pérez”

Palito es Juan Domingo Orbona, jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado y amigo del exgobernador Gustavo Bordet.

Los fiscales señalaron que la compraventa de loteos en Concordia, ocurre desde 2009 a 2015. “La gestión de documentación de esos lotes y terrenos se realizaba en la Escribanía de Luján Orabona. Son negociaciones que se llevaron en la Escribanía, los lotes se registraron con precios de 15 mil a 20 mil dólares. Las inversiones se realizaron en efectivo, en su mayoría, figuran como vendedores Hugo Mena y Flavia Beckman. Esto está cotejado con información de AFIP de Mena y Beckman, donde aparecen en su totalidad las compras. Aparecen también los nombres de las escribanas Lujan Orabona y María Dolores Mouliá”.

Los representantes del MPF aseguraron que la escribana Mouliá actuó en representación de Mena y Beckman, y que le entregaban dinero a la escribana Orabona. “Estas personas que ofrecemos como testigos vendrán a contar como eran las operaciones. Claramente, para la hipótesis de Fiscalía esto es importante, atento a lo que manifiesta Pérez sobre ‘Palito’. Es un legajo que inició con esa denuncia y, desde entonces, el fiscal recopiló información con testimonios y registros notariales, de la Propiedad Inmueble e información fiscal”, aseguraron.

Y posteriormente nombraron a los compradores de terrenos que comparecieron a la Fiscalía de Concordia. “Circunscribimos el número de ellos, a aquellos que surgen de la información oficial y acreditan lo reflejado en el legajo oficial”, acotaron y enumeraron:

“Pascucchielo, Marcelo Fernando

Benchoa Pablo Adrián

Matés Guillermo Alejandro

Barrios Enrique Horacio

Andrea Francolini

Silvio Palmerola

José Alberto Fornasari

María Ana Galli

María Josefina Paredes

Pedro Arturo Berbauwede

Carlos Raponi

Gustavo Bordet

Cristina Alfredo Lasco

Del Río Guillermo

Andrich Joaquín

Lafourcade María Paz

Lafourcade Celia Olga

Juan Bautista Pedroni

Luis Gini”.

Yedro y Aramberry dijeron también que pretenden incorporar planos, escrituras y otros documentos que constituyen el legajo realizado en Concordia por el fiscal José Arias. Y enumeraron 29 escrituras de compraventa:

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Pasccuhielo.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena y Matés.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Compraventa entre Mena y Ferreyra.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena a María Delfina

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Roque Ramos.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Guillermo Liberatori.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Silvio Palmerola.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (18-6-2010). Transacción entre Mena y Rogero.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-6-2010). Compraventa entre Mena y Fornasari.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (12-7-2010). Compraventa entre Mena y Ana Galli.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-7-2010). Compraventa entre Mena y Josefina Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-8-2010). Transacción entre Mena y Ramos María Laura.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (4-8-2010). Transacción entre Mena y Pedro Suare.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (13-8-2010). Transacción entre Mena y Bervaweder.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-8-2010). Transacción entre Mena y Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-9-2010). Transacción entre Mena y Raúl Horacio Devoto.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (28-10-2010). Transacción entre Mena a Gustavo Leonardeli.

Escritura de compraventa entre Mena y Mouliá (8-6-2011)

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (25-10-2010). Transacción entre Mena y Bordet.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-5-2013). Transacción entre Mena y Zulma Patricia Torres.

Escritura de compraventa entre Beckman y Guillermo del Río (12-8-2010).

Escritura de compraventa entre Beckman y Raponi (23-8-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Andrich (15-10-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Paz Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Lafourcade (4-1-15).

Escritura de compraventa entre Beckman y Franton (12-6-17).

Los fiscales sugirieron también que se incorporen recibos de dinero ante escribanas, y las testimoniales de Evelin Dalinger de Catastro de Municipalidad de Concordia; Ignacio del Valle, subsecretario Legal y Técnico de Municipalidad para que informe sobre obras de pavimentación, cordón-cuneta y otras mejoras en loteo de calles Espejo, Chajarí, Av. San Lorenzo y Victorino Simón. Se ofrecieron, además, folios reales del Registro de la Propiedad.

Oposición

A la incorporación de la prueba se opuso el defensor Leopoldo Lambruschini con tres argumentos: la prueba (legajo de Concordia) no guarda relación con el objeto procesal de la causa contratos que está en etapa de remisión a juicio; lo que pretende probar el MPF es “irrelevante” porque el delito de peculado no requiere la acreditación de uso del dinero sustraído; y por último dijo que hay un problema procesal de non bis in ídem porque “esta causa inicia con el doctor Arias. Pero la Justicia competente es la Federal bajo la calificación de lavado de activos. Si incorporamos esta prueba a este proceso, estamos asignando esa relevancia jurídica a estos hechos en este proceso. Eso implica avanzar sobre una materia sometida en otra jurisdicción, e impide en cuanto recepta doble condena y doble persecución”.

A su oposición adhirió el abogado José Velázquez y agregó que “la causa que se investigó en Concordia fue archivada”. Y adhirió Miguel Cullen.
Fiscalía de Estado desistió de un ofrecimiento.

Por último, el actor civil Tulio Kamlofsky ofreció realizar una pericia por parte del Tribunal de Cuentas (TdC). La idea era aportar un nuevo análisis que “determine los montos individuales de los contratos, el monto global, el origen y proveniencia de los montos para atender las contrataciones, que actualice sumas, que conecte información y establezca si existió perjuicio derivado de las contrataciones. Y de ser posible identifique a los responsables”.

Todos los defensores rechazaron el ofrecimiento, incluso la Fiscalía. Finalmente, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes que se presentó en la audiencia, desistió del ofrecimiento.

El ofrecimiento de prueba de la acusación pública se agotó este viernes. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, tomará una decisión al final de la etapa sobre la propuesta de los fiscales, las oposiciones y las reservas de los defensores.

Desde el martes que viene, según lo previsto, será el momento de los abogados para pedir la incorporación de evidencia que sirve al ejercicio de las defensas.

Causa

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.Fuente: Análisis Digital

FUERTE OPERATIVO EN LA VIA PUBLICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD

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Dos detenidos y secuestro de cocaína lista para la venta

En la fecha, Personal y Móviles de la diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia en horas de la tarde dieron inicio a un Operativo Preventivo Saturación en diferentes Barrios siendo Villa Busti, El Sol, San Agustín-Torojal, María Goretti, Ex Molino, Gruta de Lourdes y Ex Aero Club.
Durante el Operativo procedieron a la identificación de 21 personas identificadas en la vía pública, tres motocicletas controladas.
Asimimos durante el Operativo en Inmediaciones de calles N. Garat y Maipú, Efectivos Policiales proceden a identificar a dos sujetos y uno de ellos al salir del interior de un kiosco se descarta de un efecto, siendo reducido por Personal Motorizado, tratándose de una media la que en su interior contenía 18 dosis de Clorhidrato de Cocaína lista para su venta.


El Fiscal Dr. Tscherning Tomas dispone la Aprehensión del sujeto por Tenencia de Estupefacientes para fines de Comercializacion y la correcta identificación del otro masculino.
Siguiendo el Operativo, en calles Chile y Pueyrredón, al identificar a un hombre que se encontraba con unos recortes de nylon a su alrededor, notaron que el sujeto presentó una actitud nerviosa al proceder al palpado de armas, ante ellos el Fiscal Dr. Tscherning dispone, previo a relato del procedimiento, tramita una Orden de requisa personal.
Dando cumplimiento a diligencia judicial otorgada por el Juez de Garantías Dr. Bastian Edwin, hallan en su bolsillo izquierdo un total de ocho envoltorios de Nylon con sustancia Clorhidrato de Cocaina.
Culminando el procedimiento el Fiscal Dr. Tscherning dispuso la correcta identificación del masculino en cuestión.

EN MEDIOS NACIONALES: El lujoso imperio oculto en Entre Ríos que acorrala a Gustavo Bordet en la Justicia

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Casas en countries termales declaradas a precio de ganga, sospechosos fideicomisos “de pozo”, misteriosas sociedades offshore y una frenética agenda de vuelos chárter privados al exterior configuran la investigación por enriquecimiento ilícito que desarma el relato del dos veces gobernador de Entre Ríos.

El patrimonio del actual diputado nacional por Entre Ríos y dos veces gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se encuentra bajo una severa y detallada lupa judicial.

Lo que comenzó como una denuncia impulsada por un particular en el inicio de 2024, tras la publicación de sus bienes al asumir su banca legislativa en diciembre de 2023, ha escalado hasta convertirse en una investigación penal formal por presunto enriquecimiento ilícito.

El proceso, capitaneado por el fiscal de Concordia, José Arias, desnuda una profunda brecha entre los valores fiscales que el exmandatario consignó en sus declaraciones juradas y los costos reales de mercado del sector inmobiliario, de la construcción y de un nivel de vida de alta gama que no condice con sus ingresos declarados.

La tensión institucional alcanzó su punto más álgido recientemente, a inicios de mayo de 2026, cuando la Justicia y la Policía de Entre Ríos ejecutaron una serie de procedimientos de constatación en las propiedades del exgobernador en la ciudad de Concordia (incluyendo su residencia habitual de la calle Urquiza y una lujosa casa de campo en un country termal), sumado a un operativo previo en el domicilio de su hija en Paraná.

Aunque Bordet y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, optaron por no refugiarse en sus fueros legislativos y entregaron sus teléfonos celulares de forma voluntaria, los datos que sustentan las sospechas de la fiscalía exigen un minucioso análisis crítico sobre la transparencia de la máxima autoridad entrerriana durante la última década.

Las inconsistencias en el valor de la tierra

El corazón de la acusación judicial radica en la presunta subvaluación sistemática de bienes raíces. La fiscalía ha contrastado los documentos presentados ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción con testimonios de corredores inmobiliarios y compradores de la zona, detectando desfasajes económicos difíciles de justificar mediante la simple devaluación monetaria.

Uno de los puntos más cuestionados se remonta a julio de 2011, cuando Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia, adquirió un terreno de 500 metros cuadrados en el Loteo Mena y Beckman.

En su presentación formal, el exgobernador declaró haber abonado un valor equivalente a 12,40 dólares por metro cuadrado (unos 25 mil pesos de la época por un total de 483 metros cuadrados).

Sin embargo, la investigación judicial corroboró que el precio mínimo de base en dicho loteo promediaba los 48 dólares por metro cuadrado, llegando a superar los 65 dólares en parcelas idénticas.

Para la fiscalía, la declaración de Bordet colisiona de frente con la realidad del mercado: un testigo civil que adquirió un lote lindero de las mismas características declaró ante la justicia haber pagado 32 mil dólares, exponiendo una maniobra para ocultar el verdadero flujo de divisas.

Esta metodología de tasación sospechosamente baja se habría repetido años más tarde en complejos de alta gama. En el exclusivo barrio cerrado Village Termal, un loteo residencial con acceso directo a aguas termales en Concordia, los terrenos de entre 850 y 1300 metros cuadrados se comercializaban a un valor de mercado de entre 60 y 80 dólares el metro cuadrado.

Bordet declaró que por el Lote 2 de ese predio, adquirido en el año 2021 y con una extensión de 1.183 metros cuadrados, pagó la suma de 7500 dólares (un promedio de 6,35 dólares por metro cuadrado).

El Ministerio Público Fiscal calificó esta cifra en sus dictámenes de mayo de 2026 como “francamente irreal”, señalando que el valor real de mercado de los dos lotes acumulados por el legislador en ese country termal se aproxima en la actualidad a los 200 mil dólares.

El costo oculto del metro cuadrado construido

La sospecha de enriquecimiento ilícito no se detiene en la adquisición del suelo, sino que se agrava de forma exponencial al auditar las mejoras y las construcciones edilicias.

El caso paradigmático dentro del expediente judicial es la edificación de la finca de campo o “quinta” de la familia Bordet en el Village Termal, una estructura que cuenta con una superficie cubierta de 409,18 metros cuadrados.

Al sumar el valor de los terrenos y las obras efectuadas en el lugar, el diputado nacional declaró una inversión total consolidada de poco más de 4 millones de pesos.

Sin embargo, los peritajes y las consultas técnicas arrojaron un escenario completamente distinto. De acuerdo con los índices oficiales provistos por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, el costo mínimo de construcción para una vivienda de categoría tipo “country” a enero de 2019 se ubicaba en 38.844 pesos por metro cuadrado.

Al multiplicar este parámetro básico por las dimensiones reales de la propiedad, la fiscalía determinó una brecha del 330 por ciento entre el monto blanqueado ante el fisco y el costo oculto de la edificación, configurando lo que el fiscal Arias define como una maniobra patente de subvaluación para encubrir la inyección de fondos de origen desconocido.

El mismo patrón de desvíos porcentuales se observa en las inversiones inmobiliarias denominadas “de pozo” en la localidad de Concordia. Respecto al Edificio San Juan, Bordet declaró un desembolso inicial de 22.688 dólares; no obstante, la justicia citó a declarar al arquitecto responsable de la obra, quien ratificó que el costo real final por las dimensiones adquiridas fue de 29.511 dólares (lo que representa un 30 por ciento de valor no declarado).

En tanto, en el Edificio Catamarca, el exgobernador notificó ante la AFIP una inversión de 83.051 pesos (equivalentes a 26.373 dólares de ese momento), pero el cruzamiento de datos bancarios permitió el secuestro de los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, los cuales sumaban 105.624 pesos (33.542 dólares), dejando al descubierto otra diferencia neta del 35 por ciento que omitió informar a los organismos de control.

Destinos VIP: vuelos chárter, destinos de lujo y gastos millonarios

Más allá de los ladrillos y la tierra, la justicia entrerriana avanza con paso firme sobre un flanco que expone de forma brutal las contradicciones de la retórica oficial: la frenética agenda de viajes al exterior realizados por Gustavo Bordet y su entorno íntimo.

La fiscalía ha logrado consolidar un pormenorizado registro migratorio que expone decenas de salidas del país orientadas hacia destinos paradisíacos de Europa, el Caribe, Estados Unidos y cruces recurrentes a la República Oriental del Uruguay, acumulando estadías que superan de forma holgada los seis meses fuera de la Argentina.

Lo que verdaderamente encendió las alarmas de los investigadores es la modalidad de contratación de estos traslados y el origen de los fondos para costearlos. El expediente penal bajo la lupa del fiscal José Arias detalla la utilización sistemática de vuelos privados y servicios de chárter VIP para los traslados de la familia del exmandatario.

Estos vuelos especiales, cuyos costos operativos se tasan en miles de dólares por hora de vuelo y exigen pagos al contado o transferencias desde cuentas de alta gama, contrastan de forma flagrante con los ingresos consolidados que un funcionario público percibe en la administración del Estado.

Para la justicia, el flujo de dinero invertido en estas travesías aéreas exclusivas delinea la existencia de un patrimonio en las sombras que nunca pasó por los registros de los organismos de control.

La opulencia de estos periplos internacionales no solo se limitó al transporte, sino al astronómico nivel de vida desplegado en destino. Hospedajes en cadenas hoteleras de cinco estrellas, consumos suntuosos y compras de bienes de lujo configuran un cuadro de gastos millonarios en moneda extranjera.

Al intentar justificar estos movimientos bajo el amparo de servicios financieros, la defensa técnica del exgobernador sufrió un duro revés.

La firma American Express remitió un informe oficial a la causa penal negando de forma tajante la existencia de tarjetas de crédito emitidas a nivel local a nombre de Gustavo Bordet.

El dictamen fiscal de mayo de 2026 infiere textualmente que semejante nivel de gasto solo pudo sostenerse mediante el uso de cuentas y plásticos emitidos por personas jurídicas en el extranjero, robusteciendo la hipótesis penal de que el diputado opera como beneficiario final de sociedades comerciales “offshore” radicadas fuera del país para canalizar fondos de origen ilícito.

La defensa oficial y el contraataque político

Frente al avance de las pericias de la fiscalía y el impacto público de los operativos policiales en sus propiedades de Concordia, Gustavo Bordet ha ensayado una estrategia defensiva bifronte, combinando argumentos técnicos de ajuste contable con denuncias de persecución política.

El ex gobernador insiste en que no posee bienes en el exterior, que carece de vinculación con sociedades irregulares y que toda la evolución de su patrimonio fue debidamente reportada a través de las declaraciones juradas resguardadas en la Contaduría General de la Provincia, cuya apertura solicitó de manera espontánea.

La narrativa de Bordet y su entorno técnico argumenta que las diferencias detectadas por el fiscal José Arias obedecen a distorsiones propias de los procesos inflacionarios del país y a los criterios técnicos de valuación fiscal versus valores de mercado.

Asimismo, como justificación de parte de sus ingresos, el legislador presentó documentación referida a una operación comercial efectuada por su hija, Florencia Bordet, quien el 31 de octubre de 2019 vendió un departamento de 33 metros cuadrados ubicado en la calle España al 1700, en la ciudad de Rosario, por un monto de 65 mil dólares; fondos que, según la defensa, sirvieron para apalancar inversiones familiares.

En el plano institucional, la estrategia de Bordet se ha centrado en desacreditar la imparcialidad del fiscal de la causa. El ex mandatario apuntó con duras críticas hacia Arias, señalando que el funcionario judicial arrastra antecedentes de apartamiento por falta de objetividad en causas de corrupción que involucran a otros dirigentes de la provincia de Entre Ríos.

Según el descargo público del diputado, la causa penal (que ya lleva más de dos años de tramitación) carece de elementos probatorios reales y busca estirar los tiempos procesales con el único fin de infligir un castigo mediático y erosionar su capital político en el armado opositor nacional.

Frigerio destacó el accionar policial en el operativo de secuestro de casi 261 kilos de cocaína en Feliciano

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En uno de los procedimientos más importantes contra el narcotráfico en Entre Ríos, la Policía provincial secuestró 260,87 kilos de cocaína de máxima pureza tras un operativo realizado en el departamento Feliciano. El gobernador Rogelio Frigerio destacó el accionar policial, el fortalecimiento de los controles en la frontera norte y la inversión en equipamiento y tecnología para la fuerza, así como el trabajo conjunto con la Justicia.

El mandatario encabezó una rueda de prensa y destacó que se trata de uno de los procedimientos de incautación terrestre de drogas más importantes en la historia de la provincia, señalando que los 250 paquetes de cocaína secuestrados representan un valor de mercado superior a los 10 millones de euros.  

Junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la jueza federal Analía Graciela Ramponi, y el jefe de Policía, Claudio González; el mandatario resaltó el “valor, el coraje y el profesionalismo” de la Policía de Entre Ríos, a la cual calificó como la mejor del país, y subrayó el impacto social de la tarea al afirmar que estos estupefacientes “ya no van a llegar a ningún hogar” entrerriano. Envió también un mensaje contundente a las organizaciones criminales, asegurando que en la provincia no tendrán cabida. “Los vamos a atrapar y los vamos a meter en la cárcel”, subrayó.

Atribuyó este logro a una estrategia de control fronterizo impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que permitió identificar y vigilar 10 puntos críticos del territorio, incluyendo la ruta 28, logrando una presencia territorial sin precedentes. Asimismo, enfatizó que el éxito del procedimiento es el resultado del “trabajo permanente en equipo” con la Justicia Federal. Finalmente remarcó que, para sostener esta lucha contra el crimen organizado, su gestión viene realizando una fuerte inversión en equipamiento, dotando a la fuerza de “armas, chalecos antibalas, movilidad, conectividad y capacitación técnica constante”.

Fronteras controladas

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, destacó la premisa de “tener las fronteras de Entre Ríos controladas” y la labor de los policías que intervinieron en el procedimiento, a quienes les otorgaron un reconocimiento. Sostuvo que es importante reconocer “el gran trabajo que hicieron estos dos policías en favor de nuestra sociedad”. Informó que desde 2023 se realizaron más de 2.700 procedimientos por narcomenudeo y 29 por narcotráfico, con más de 5.300 personas detenidas y el secuestro de importantes volúmenes de droga, dinero y logística vinculada al delito.

Por su parte, la jueza federal de Concordia, Analía Graciela Ramponi, prefirió mantener reserva sobre los pormenores de la causa debido a que “todo es materia de investigación”. Confirmó que ya se ordenaron numerosas medidas probatorias, incluyendo allanamientos en Corrientes y Rosario, vinculados al domicilio del detenido Fiordelino. De esta forma, se incautaron armas, balanzas de precisión, más estupefacientes, documentación de interés, cerca de 1,5 millones de pesos y se concretó una nueva detención.

De la rueda de prensa también participaron la senadora del departamento Feliciano, Gladys Domínguez, y la diputada María Elena Romero.

Se postergó el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con US$200.000 sin declarar

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La Justicia aplazó al 9 de junio el inicio del proceso. Kueider y su novia fueron arrestados en diciembre de 2024 luego de un intento de entrada al país vecino con una mochila llena de dinero desde Brasil.

Luego de más de un año y tres meses con prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador nacionalEdgardo Kueider debía empezar a ser sometido a juicio hoy en Paraguay junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por los delitos de contrabando en grado de tentativa. Sin embargo, la audiencia se postergó.

El Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás, aplazó el inicio del proceso al próximo martes 9 de junio.

El exsenador entrerriano y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar en una mochila. Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

Desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.

Tras su detención, el exsenador peronista ratificó en varias oportunidades su inocencia con el argumento de que los fondos no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.

En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo de la condena se considerará el año y medio que ya cumplió con prisión domiciliaria.

Originalmente, el juicio iba a celebrarse el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. La cita volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro juicio que se llevaba a cabo en paralelo. Ahora tuvo una nueva postergación, hasta el próximo martes.

Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.

En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador.

El exlegislador está imputado en ese proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

De acuerdo a la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. En ese contexto, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

En Paraguay, la Fiscalía dio el visto bueno para que el exsenador sea extraditado, pero puso como condición que antes se complete el proceso por contrabando en su país.

Troncoso consideró “legítimo” que Azcué busque la reelección, pero recomendó “humildad” para “reconstruir” el frente político

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El Ministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Manuel Troncoso, fue entrevistado este lunes , en un programa radial de Concordia. El conflicto en Granja Tres Arroyos, los alcances de la reforma previsional, las PASO y el desdoblamiento de las elecciones en 2027, el escenario político particular de Concordia junto a algunas recomendaciones para la gestión de Francisco Azcué, más un adelanto de lo que será el programa de empleo joven “Entrenados”, fueron ejes del diálogo.

Troncoso valoró la gestión de Francisco Azcué en Concordia, porque –dijo- ha realizado “transformaciones muy importantes” en la ciudad. En ese contexto, calificó como “legítimo y loable” que busque la reelección.

Pero a renglón seguido, el ministro y dirigente del MID no se privó de transmitir algunas sugerencias al intendente. Explícitamente, le recomendó “humildad” para reconstruir el frente político que lo llevó al poder en 2023.

Según el ministro, se requiere “humildad desde la municipalidad” para que todos los sectores se sientan escuchados y se sientan parte del proyecto municipal, porque “el proyecto colectivo es superior a las individualidades”, remarcó.

Troncoso consideró fundamental ir a buscar a aquellos que se hayan alejado por enojos o rencores, para que vuelvan a sentirse parte del proyecto municipal.

La Reforma previsional y la preocupación de los jueces

Ante una consulta específica respecto de futuros planteos de inconstitucionalidad de la reforma previsional en caso de ser aprobada, el Ministro Manuel Troncoso admitió que el Poder Judicial debería recurrir a conjueces, considerando que los magistrados titulares son aportantes a la Caja de Jubilaciones, por lo que tienen un interés directo en la cuestión.

Según Manuel Troncoso, el proyecto de reforma que hoy se debate en el Senado se basa en tres ejes fundamentales que garantizan su constitucionalidad: El 82% móvil, que –dijo- “se mantiene intacto como carácter fundamental del sistema”; la Soberanía de la Caja de Jubilaciones, expresada en la autonomía de la institución y la “solidaridad del sistema”, que según Troncoso está preservado.

El ministro aseguró que el proyecto es fruto de un consenso con la mayoría de los gremios, quienes coincidieron en el diagnóstico de crisis, y que se incorporaron numerosos aportes de estos sectores antes de enviar la ley al Senado.

Respecto a la opinión de los jueces, algunos de los cuales han hecho pública su preocupación sobre la constitucionalidad de la reforma, Troncoso reveló que la Asociación de Magistrados solicitó una reunión con el gobernador para tratar el tema, y también se programó un encuentro con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia para explicarles los alcances del proyecto.

Granja Tres Arroyos

Al ser consultado sobre el cierre de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, el ministro expresó su preocupación, a la vez que consideró que se trata de un problema particular y no de una crisis del sector avícola regional. Según Troncoso, la empresa acarrea problemas desde hace varios años que son puntuales de la firma.

Ante el padecimiento de los trabajadores, el Ministerio de Desarrollo Humano –precisó Troncoso- está interviniendo mediante la entrega de alimentos para asistir a las familias afectadas, mientras que el gobierno provincial decidió no cortar el suministro eléctrico ni ejecutar la deuda considerable que Tres Arroyos mantiene con Enersa, con el objetivo de no profundizar el daño a la firma y proteger los puestos de trabajo existentes.

Adelantó que se ha programado una reunión entre el gobernador, el ministro de Desarrollo Económico y el propio Troncoso con los directivos de la empresa, para que estos transmitan sus planes inmediatos y respecto del futuro de la planta.

Troncoso enfatizó que, aunque es un conflicto entre privados, el Estado provincial está haciendo “todo lo posible” para encontrar un camino que permita a la empresa volver a funcionar y ponerse al día con los pagos.

Se viene “Entrenados”

El programa Entrenados es una iniciativa diseñada por el gobierno provincial para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera experiencia laboral, basándose en estudios previos realizados junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER sobre el empleo joven y el trabajo de plataformas, explicó el Ministro Manuel Troncoso.

Según detalló, el programa buscará fomentar el empleo a través de mecanismos tales como la “capacitación in situ”, directamente en el lugar de trabajo, permitiendo que el joven adquiera herramientas reales y específicas para el desempeño laboral, y una “asignación de dinero” para abonar la capacitación por el tiempo que dure el entrenamiento.

Troncoso adelantó que una primera fase de “Entrenados” consistirá en el entrenamiento propiamente dicho para brindar facilidades de acceso. Se estima comenzar con un primer grupo de 500 jóvenes.
En una segunda base, se abordará la inserción formal de estos jóvenes ya entrenados en el mercado de trabajo.

El ministro valoró que el programa ha sido diseñado a partir de una complementación público-privada, en conjunto con la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Troncoso definió a “Entrenados” como un paso previo y preparatorio que busca dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para que la transición hacia su primer empleo registrado sea más efectiva.

Fuente: El Entre Ríos

Escándalo: quedó firme la condena contra la diputada Liliana Salinas por desalojo y alquileres impagos

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El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Concordia ratificó el fallo que obliga a la legisladora provincial a abonar más de $2,1 millones junto a sus garantes solidarios tras adeudar casi tres años de renta. El inmueble pertenece a un jubilado y las garantías financieras recayeron sobre dos empleados públicos de bajos ingresos.

La Justicia de Entre Ríos dejó en firme una condena contra la actual diputada provincial Gladys Liliana Salinas, tras desestimarse los recursos pendientes respecto a un conflicto contractual de larga data. La legisladora, oriunda de Concordia, fue condenada de forma definitiva al desalojo del inmueble que ocupaba y al pago solidario de una importante suma de dinero en concepto de alquileres que dejó de abonar durante casi tres años.

La resolución definitiva —que ratifica la sentencia de primera instancia dictada en diciembre de 2025— fue notificada formalmente este viernes 29 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Concordia, a cargo del Dr. Jorge Ignacio Ponce, bajo la secretaría del Dr. Alejandro Centurión.

Según lo observado por 7Paginas, el expediente judicial N° 11.461, caratulado “Iriarte, Francisco Ramón c/ Salinas, Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres”, establece una condena civil que alcanza no solo a la referente política, sino también a sus garantes solidarios, quienes habían denunciado públicamente el accionar de la legisladora.

El detalle del fallo judicial

El dictamen judicial impone obligaciones perentorias y detalla de manera pormenorizada la extensión de la deuda acumulada por la legisladora:

Desalojo formal: Se condena a Gladys Liliana Salinas a desalojar la propiedad ubicada en calle Laprida N° 1747 de Concordia, orden que se hace extensiva de forma general a cualquier otro ocupante del lugar, debiendo restituirse la posesión al demandante, Francisco Ramón Iriarte. El fallo toma en consideración las actas de recupero del inmueble labradas mediante mandamiento con fecha del 29 de mayo de 2024.

Monto de la condena: La diputada Salinas, en conjunto con sus fiadores solidarios, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez, deberán abonar al demandante de forma solidaria y en un plazo improrrogable de diez días, la suma base de Dos Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Pesos ($2.182.500).

Períodos adeudados: El monto nominal corresponde a la falta de pago de más de 35 meses de alquileres que incluyen: la totalidad de los meses de mayo a diciembre de 2022; el año completo de 2023 (de enero a diciembre); y los meses de enero y febrero de 2024. A esto se le deben adicionar de forma obligatoria los meses proporcionales transcurridos hasta la toma de posesión judicial del inmueble, junto con los intereses devengados hasta el día del efectivo pago.

Costas del juicio: El tribunal rechazó el reclamo por servicios y tasas accesorias, pero impuso la totalidad de las costas judiciales a los demandados, bajo el principio objetivo de la derrota procesal previsto en el Código de Procedimientos.

Trasfondo social

Más allá del impacto político que representa una condena judicial firme para una legisladora provincial en funciones, el caso despertó una fuerte indignación debido a las características de los damnificados por la maniobra de la diputada del bloque libertario.

Por un lado, el propietario del inmueble de calle Laprida es un jubilado de la ciudad, quien había invertido los ahorros de toda su vida en la compra de esa propiedad con el único objetivo de obtener una renta mensual que funcionara como un complemento básico ante los magros haberes de la jubilación mínima que percibe.

Por el otro, la situación de los garantes solidarios que Salinas presentó para la firma del contrato original agrava el cuestionamiento ético. Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez son dos empleados públicos de bajos ingresos, cuyos salarios mensuales apenas cubren la canasta básica familiar. Al haber quedado la sentencia en estado firme, las cuentas sueldo y los patrimonios de estos trabajadores quedaron directamente expuestos a embargos judiciales para cancelar la deuda que generó y no pagó la diputada provincial.

Redaccion de 7Paginas

Empezó con 400 colmenas en el garage de su casa y su miel fue el primer envío argentino a Europa con arancel 0

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Daniel D’Ambros comenzó en los años ’90 con una producción familiar en Concordia. Ahora, su empresa protagonizó un hito para las exportaciones argentinas.

En los años 90 Daniel D´Ambros empezó a producir miel en el garage de su casa, en Concordia, Entre Ríos. Tenía 400 colmenas y en ese entonces no imaginó que, décadas después, iba a convertirse en el protagonista de un hecho histórico para la Argentina.

Luego de confirmarse que desde el 1 de mayo de 2026 entraba en vigencia el acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la producción de Daniel fue la que “completó el primer embarque que el país envió a Alemania con arancel cero”.

Luego de confirmarse que desde el 1 de mayo de 2026 entraba en vigencia el acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la producción de Daniel fue la que “completó el primer embarque que el país envió a Alemania con arancel cero”.

“Mi hija me avisó que logramos meter la miel con arancel cero”

Si bien reconoció que “la exportación da muchos logros, y la mayoría son con sabor a dulce”, sobre este hito en particular en diálogo con TN, dijo: “Me puse contento, era un sueño. Llegar con arancel cero a Estados Unidos y arancel cero a Europa, era impensado”.

En 1991 Daniel tenía “400 colmenas, casi como una producción secundaria”. Junto a su familia apostó a seguir creciendo, y ahora tiene unas 15.000.

“Producimos entre 600 y 800 toneladas de miel, y exportamos 2300, 2500″, detalló en TN el entrerriano, y se emocionó al relatar cómo fue el momento en que se enteraron que desde Concordia, estaban haciendo historia.

Así anunció el Canciller Pablo Quirno la vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la UE (Foto: x/pabloquirno).
En los años 90 Daniel D´Ambros empezó a producir miel en el garage de su casa (Foto: X/marcasarg_).
En los años 90 Daniel D´Ambros empezó a producir miel en el garage de su casa (Foto: X/marcasarg_).

“Mi hija, María de los Ángeles, que es la que está a cargo de la empresa, estaba muy expectante. No podía dormir y ella me avisó que logramos meter la miel con arancel cero. Estaba con una alegría enorme”, recordó.

“El arancel nos dolía hasta en el alma, parecía unb castigo”

Puntualmente, los tambores que enviaron a Europa llegaron a Alemania, y la miel fue la de eucaliptus, que es el tipo característico que consumen allí. “Tiene mucho cuerpo. La miel clara o ámbar se la lleva Estados Unidos, es de pradera, de alfalfa, y bastante más cara que esta”, indicó.

A pesar de que el productor apícola desde hace mucho tiempo exporta, ante el hito nacional contó que decidió guardar “un tambor de ese contenedor” que mandaron a Europa.

El tren del progreso pasó por Salto Grande… pero nunca se detuvo en Concordia

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La región que produce energía para dos países convive con pobreza estructural, tarifas elevadas y décadas de promesas incumplidas

Mientras las turbinas siguen alimentando grandes ciudades, Concordia y Salto continúan esperando el progreso prometido hace más de cuatro décadas.

Por Alejandro Monzón para Análisis Litoral

La represa de Salto Grande fue presentada como una de las mayores epopeyas de integración y desarrollo de América Latina. Energía limpia, crecimiento económico, industrias, empleo, navegación, progreso social y una nueva era para el litoral argentino y uruguayo. Esa fue la promesa original.

Hoy, más de cuatro décadas después de la inauguración definitiva del complejo hidroeléctrico binacional, una pregunta incómoda sigue flotando sobre las aguas del río Uruguay:

¿Dónde quedaron los beneficios para Concordia y Salto?

Porque mientras la energía generada en Salto Grande continúa abasteciendo grandes centros urbanos, industrias y millones de usuarios en Argentina y Uruguay, las ciudades que convivieron con el impacto directo de la obra jamás lograron transformar aquel sacrificio histórico en bienestar permanente para su población.

Y el contraste duele.

La región que genera energía convive con algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país, mientras Concordia permanece atrapada en índices alarmantes de pobreza estructural y exclusión social.

La paradoja es brutal: las turbinas nunca dejaron de girar, pero el desarrollo regional sí.

EL SUEÑO DEL PROGRESO

Todo comenzó oficialmente en 1946, cuando los gobiernos de Juan Domingo Perón y Tomás Berreta firmaron el acuerdo binacional que dio origen a la futura represa de Salto Grande.

La iniciativa prometía aprovechar el río Uruguay “para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países”. No se trataba solamente de producir electricidad. El proyecto hablaba de integración regional, desarrollo humano y crecimiento sostenido.

Con el correr de los años, aquella visión se transformó en una megaobra sin precedentes para la región.

La construcción comenzó formalmente en 1974 y movilizó a miles de trabajadores argentinos y uruguayos. Concordia y Salto vivieron entonces una verdadera explosión económica. Hoteles repletos, alquileres imposibles de conseguir, comercios trabajando día y noche, consumo récord y salarios que movían toda la economía local.

Durante años, la ciudad respiró prosperidad.

Muchos todavía recuerdan aquella etapa como una especie de “edad dorada” para esta región del litoral.

Pero había un problema: esa prosperidad dependía exclusivamente de la obra.

Y cuando la obra terminó, también terminó el derrame económico.

CUANDO EL PROGRESO SIGUIÓ DE LARGO

La represa quedó. Las turbinas siguieron funcionando. La energía continuó viajando hacia las grandes capitales.

Pero Concordia quedó sola.

El final de la construcción dejó una región sin planificación productiva, sin reconversión económica y sin una estrategia de desarrollo capaz de reemplazar el gigantesco movimiento que había generado Salto Grande.

La gran pregunta aparece inevitablemente:

¿Cómo puede ser que las ciudades que producen energía para dos países jamás hayan recibido una tarifa diferencial real?

¿Cómo puede ser que el corazón energético del litoral argentino siga conviviendo con pobreza estructural?

¿Cómo puede ser que la riqueza del río Uruguay termine beneficiando principalmente a sistemas centrales alejados de la realidad regional?

Las respuestas nunca llegaron del todo.

Con el paso de los distintos gobiernos democráticos, el discurso sobre la “reparación histórica” se transformó muchas veces en una bandera política utilizada ocasionalmente, pero sin modificaciones estructurales profundas.

La región siguió esperando.

LO QUE NO SE DICE

Hay una discusión que durante años la política evitó abordar de frente.

Salto Grande terminó consolidando un modelo donde la región aporta recursos estratégicos mientras otros centros urbanos concentran gran parte de los beneficios económicos.

Porque la energía producida en el río Uruguay alimenta industrias, sistemas urbanos y economías alejadas del litoral, mientras Concordia y Salto nunca lograron consolidar un verdadero polo industrial energético propio.

La pregunta entonces se vuelve todavía más incómoda:

¿Quién se quedó realmente con la riqueza generada por Salto Grande?

Porque no alcanza con inaugurar plazas, cordones cuneta, edificios públicos o programas temporales financiados por excedentes.

La discusión de fondo es otra: energía accesible, radicación industrial, incentivos fiscales regionales, empleo genuino y un esquema permanente de desarrollo económico.

Todo lo demás termina siendo apenas administración de consecuencias.

FEDERACIÓN: EL PRECIO MÁS ALTO

La historia de Salto Grande también tiene un símbolo imposible de ignorar: Federación.

Para que la represa pudiera funcionar, una ciudad prácticamente desapareció bajo el agua.

Miles de familias fueron desplazadas. Se rompieron barrios enteros. Se perdió identidad social, cultural y afectiva.

Federación pagó el costo más visible de aquella promesa de progreso.

Y aun así, generaciones enteras aceptaron ese sacrificio bajo una convicción: que el futuro valdría la pena.

Décadas después, todavía persiste la sensación de que gran parte de aquella deuda histórica continúa abierta.

DICTADURAS, SILENCIOS Y HERIDAS

La megaobra avanzó bajo gobiernos militares en Argentina y Uruguay.

Las dictaduras impulsaron y aceleraron la construcción mientras la región convivía con persecuciones, listas negras, desapariciones y controles sobre trabajadores.

Con el tiempo también aparecieron otras sombras: las denuncias por enfermedades vinculadas al asbesto utilizado en instalaciones de la represa y las causas judiciales impulsadas por trabajadores afectados.

La historia de Salto Grande no solamente habla de ingeniería.

También habla de costos humanos.

EL PRESENTE: UNA REGIÓN QUE SIGUE ESPERANDO

En 2026, Concordia continúa encabezando rankings de pobreza e informalidad laboral.

Y mientras tanto, las boletas de electricidad siguen golpeando a miles de familias y comerciantes locales.

La sensación social se parece cada vez más a una certeza: el famoso “tren del progreso” pasó por la región… pero nunca se detuvo definitivamente.

La obra que prometía transformar el litoral terminó dejando una dependencia económica que jamás fue reemplazada por un verdadero proyecto de desarrollo sustentable.

Y allí aparece la deuda más profunda de todas: la incapacidad de la dirigencia política de pensar un modelo regional para el después.

EL MUNDO SÍ LO HIZO

Distintas regiones del mundo que convivieron con grandes represas lograron construir sistemas de compensación y beneficios permanentes para sus comunidades.

En Brasil y Paraguay, Itaipú permitió desarrollar infraestructura estratégica, regalías y crecimiento urbano regional.

En Canadá y Noruega, la renta hidroeléctrica se transformó en inversión local, desarrollo productivo y tarifas competitivas para las comunidades afectadas.

Aquí, en cambio, la discusión sigue atrapada entre anuncios, proyectos aislados y promesas que reaparecen en épocas electorales.

LA PREGUNTA FINAL

Tal vez haya llegado el momento de discutir algo más profundo.

Si la región entregó territorio, recursos naturales, identidad y generaciones enteras al desarrollo energético nacional, entonces el país también tiene una deuda histórica con el litoral.

Una deuda que ya no puede pagarse con discursos.

Porque las preguntas siguen ahí:

¿Puede existir justicia energética si quienes producen la energía no pueden pagarla?

¿Puede hablarse de desarrollo cuando las ciudades que sostienen el sistema siguen atrapadas en la pobreza?

¿Puede una región vivir eternamente del recuerdo de una obra gigantesca mientras las oportunidades siguen emigrando?

Quizás el mayor drama de Salto Grande no sea solamente lo que el agua tapó.

Sino todo lo que nunca llegó después.

LO QUE NO SE DICE

La energía barata terminó favoreciendo principalmente a grandes centros urbanos alejados del litoral.
Concordia nunca consolidó un verdadero polo industrial energético.
CAFESG terminó muchas veces absorbida por la lógica política y no por un proyecto estratégico regional.
La reparación histórica sigue siendo más discursiva que real.
El litoral continúa esperando un beneficio proporcional al sacrificio realizado.

¿QUÉ DEBERÍA RECLAMAR HOY LA REGIÓN?

Tarifa eléctrica diferencial permanente.
Fondo regional de desarrollo productivo.
Incentivos industriales para empresas electrointensivas.
Coparticipación energética real.
Plan binacional de desarrollo Concordia–Salto.
Transparencia total sobre excedentes y regalías.
Reconversión económica regional sustentable.