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Recuerdan que la declaración de mejoras en inmuebles es obligatoria en la provincia

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los propietarios de inmuebles que es obligatorio declarar las obras y mejoras constructivas en sus propiedades.

Conforme al artículo 22 de la Ley de Valuaciones, los propietarios o poseedores a título de dueño deben declarar toda modificación o incorporación de metros cuadrados en un plazo de 60 días desde que las mejoras estén en condiciones de habitabilidad. El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones.

La declaración municipal no reemplaza la provincial

En algunas ocasiones, los contribuyentes realizan sus declaraciones únicamente en los municipios, omitiendo la notificación al organismo tributario provincial. Desde la Dirección de Catastro se reitera que las normas vigentes exigen que estas presentaciones se formalicen tanto en la jurisdicción local como en ATER.

Cumplimiento voluntario 

“Es importante cumplir las normas, principalmente para evitar multas”, indicó el director de Catastro de ATER, Mauro Bangert. “Si el contribuyente aporta por un terreno baldío y tiene una propiedad edificada, está infringiendo las normas”. En línea con los objetivos del director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, se han intensificado los controles para regularizar estas situaciones de manera eficiente.

“Los trámites son muy accesibles y estamos para asesorar y agilizar los procesos, porque siempre es mejor que el contribuyente se presente voluntariamente a tener que hacerlo cuando ya recibió una sanción”, destacó Bangert.

Asistencia y contacto

Para facilitar estos trámites, se ofrece asistencia personalizada a través de su Servicio de Atención al Contribuyente (SAC) por vía telefónica o correo electrónico.

También se puede encontrar información detallada y formularios en el sitio web oficial de ATER. Otra opción es acercarse a la representación territorial más cercana a su domicilio.

N/R — Se estima que en la provincia de Entre Ríos (info al 2020) existirían unos 7.500.000 m² sin declarar, es decir, obra clandestina. No sólo el ATER debe recordar y sancionar a los infractores: los municipios también tienen la responsabilidad de poner en marcha mecanismos efectivos de detección y control para identificar estas construcciones y asegurar el cumplimiento de la normativa.

Existen ejemplos de trabajos más sofisticados, como en la provincia de Misiones y particularmente en Posadas, donde hace varios años se realizaron relevamientos que incluían información clave —por ejemplo, la conformación del grupo familiar, el estado sanitario, enfermedades comunes y la evolución demográfica (crecimiento o descenso)—. Con toda esa información, los sucesivos gobiernos pueden planificar y ejecutar políticas públicas más eficaces en diversas áreas.

    “Marcos Follonier: ‘No es lo mismo crecimiento que desarrollo’”

    El sábado, en una nueva emisión de JUGO DE NARANJA, que conduce Fabián Bustamante, por Radio POP CONCORDIA 93.1, tuvimos la visita del Licenciado Marcos Follonier, profesional de vasta trayectoria en la Región. Sus antecedentes son títulos graduados como contador público y licenciado en administración de empresa, también ejerció funciones municipales con Secretario de Desarrollo Económico, docente e investigador global. El motivo es conocer su mirada respecto al desarrollo, las estadísticas para el desarrollo económico y que fortalezas y debilidades tiene Concordia.

    • ¿Cuál es su diagnóstico de la provincia de Entre Ríos antes de entrar en el tema puntual de su visita?
    • RE: Bueno creo que usted dio en el clavo, al mencionar el crecimiento, y no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Entonces ahí tenemos el problema, esa es la cuestión, ¿cómo transformamos el crecimiento de algunas actividades, algunos sectores, con el desarrollo económico o desarrollo de la sociedad en su conjunto?, debemos discutir mucho más profundamente el desarrollo.
    • ¿Qué opina sobre la falta de estadísticas en Concordia?
    • RE: Es una de las deficiencias más importantes que tenemos en la provincia de Entre Ríos, la falta de estadísticas ¿a qué se debe esto? a ver, en primer lugar falta de estadística hay un procedimiento en el instituto que tiene a su cargo en la provincia, digamos un funcionamiento una metodología el primer problema es que las mediciones que se hacen de acuerdo a ciertas técnicas muy atrasadas estamos hablando de cifras y en esto justamente yo siempre hago una reflexión, “es muy simple no tener datos sobre lo que sucede en nuestra realidad casi es como ir manejando con las luces del auto hacia atrás, uno de los componentes de la toma de decisiones son justamente no disponer de datos. Claro.
    • RE: Entonces, el gran escollo que nos encontramos en cualquier gestión es justamente la escasez de información, no solamente de datos sino de información, porque lo más desafiante del dato es procesarlo y analizar la información cómo leer la información y tener gente formada para eso.
    • ¿Qué propone para ello?
    • RE: La creación en Concordia de un centro u observatorio que permita disponer de datos, disponer de información, fundamentalmente. y para eso hay cuestiones que son elementales, básicas, y que hay que entender que deben existir. Tiene que ser información que sirva a los métodos o procedimientos que tienen para tomar decisiones. Nos pasa, uno lo ve en la geografía.  Ahora, si vos me pedís quiero saber cuánto se produce trigo, Bueno, eso es otra información que tiene otro proceso. Claro, claro. Entonces, no es solamente recopilar datos, que es la tarea primaria, que aún esa parte es incompleta o inconsistente. Claro, no alcanza con eso. No alcanza. No alcanza.

    Concordia : cuando la defensa de los privilegios suena más fuerte que la de la educación

    La sesión del Concejo Deliberante de Concordia del jueves 18 de septiembre volvió a convertirse en un escenario de viejas mañas políticas: gritos, desvíos de foco y un fervor casi religioso para defender cajas que nadie quiere auditar. La chispa la encendió la concejal de La Libertad Avanza, Yaiza Pessolani, al reiterar un dato incómodo: los rectores de universidades nacionales cobran entre 10 y 18 millones de pesos mensuales.

    No era un invento suyo, sino una cifra mencionada públicamente por el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, y que hasta el propio ministro de Economía, Luis Caputo, en su momento leyó de forma torpe, desatando un entredicho nacional con las autoridades de la UBA.

    Como en los viejos tiempos del kirchnerismo, cuando la orden era “matar al mensajero”, lo de menos fue la cifra y lo importante, atacar al que se animó a mencionarla. Así, la edil justicialista Claudia Villalba salió al cruce mostrando el recibo de un profesor de la UBA de $461.000, como si eso alcanzara para tapar los millones de los rectores. Un recurso tan absurdo que recuerda aquellas conferencias de los años K donde se mostraban estadísticas de “crecimiento chino” mientras la inflación real devoraba salarios.

    En la imagen se hace referencia a su percepción como docente que dependiente del rectorado

    Fue la concejal Villalba quien, en un gesto de total desconocimiento, lanzó la frase: “Caputo no sabe leer los números”. Paradójicamente, el actual ministro de Economía tuvo una extensa trayectoria en el mundo financiero: fue Jefe de Trading para América Latina en JP Morgan entre 1994 y 1998, ocupó el mismo puesto para Europa del Este y América Latina en Deutsche Bank entre 1998 y 2003, y entre 2003 y 2008 presidió la sucursal argentina de Deutsche Bank. Resulta llamativo que alguien con semejante currículum sea acusado de no saber leer cifras básicas; la polémica, más bien, desnuda la improvisación y el relato que algunos sectores utilizan para defender privilegios.

    Los recibos de sueldo de Emiliano Yacobitti de la UBA, correspondientes a agosto del 2025, nunca explica cual es el verdadero sueldo ” como rector”

    El papelón fue mayor cuando se sumó Silvina Ovelar, concejal del PRO y docente, que en lugar de diferenciarse se alineó con el PJ. Con tono solemne pidió a Dios que “ojalá los docentes cobren 18 millones”. Ironía barata que sirvió para la tribuna, pero no para contestar lo esencial: ¿cuánto cobran realmente los rectores? Silencio. Ninguna mostró un recibo rectoral que desmienta los montos de 8 a 18 millones.

    Pessolani no se movió un centímetro:

    “No se está discutiendo el sueldo del docente, sino de las autoridades que manejan las cajas universitarias y que no quieren rendir cuentas”.

    El trasfondo es más grande: mientras el gobierno nacional aumentó un 375% el presupuesto universitario desde diciembre, se hizo cargo de los salarios docentes atrasados y vetó una ley que pretendía sumar $800.000 millones sin financiamiento ni auditorías, los rectores siguen manejando sus feudos con la discrecionalidad de siempre. Una postal demasiado conocida para quienes recuerdan la década de relato K: millones en caja, poca rendición y estadísticas educativas que muestran un derrumbe histórico.

    Porque ese es el verdadero contraste: menos del 15% de los estudiantes secundarios alcanza un nivel satisfactorio en Matemática, y menos de la mitad de los alumnos de primaria comprende lo que lee. Pero eso no genera la misma pasión en los concejales que defender a los “señores de los millones”.

    En síntesis, la polémica dejó claro algo: en Concordia —y en el país— todavía persiste el reflejo kirchnerista de correr el eje, victimizar a los poderosos y gritar “decadencia” mirando para afuera, cuando la decadencia hace rato está adentro, enquistada en un sistema universitario que, más que formar ciudadanos, parece haberse especializado en formar privilegios.

    Nota de redacción: el presente artículo se realizó en base a gacetilla y material enviado a nuestra redacción en el día de la fecha.

    El apetito destituyente de la “cofradía”política

    En la Argentina, la casta política ha demostrado a lo largo de la historia un instinto depredador que se activa cada vez que percibe debilidad en el poder de turno. Es un apetito destituyente que se alimenta del desgaste, de la parálisis y de la erosión sistemática de la gobernabilidad. Esa lógica no es nueva: hunde sus raíces en las peores prácticas de nuestra vida institucional.

    Basta recordar que el país atravesó seis golpes de Estado militares entre 1930 y 1976, con la complicidad de sectores políticos, empresariales y sindicales que preferían dinamitar gobiernos antes que negociar acuerdos. Ese ADN de “oler sangre” nunca desapareció: mutó y se recicló en prácticas destituyentes dentro de la democracia.

    En 1989, la hiperinflación y la implosión del alfonsinismo mostraron cómo la política fue incapaz de sostener al primer gobierno democrático tras la dictadura. En 2001, la voracidad del sistema político se combinó con el descalabro económico para hacer caer a Fernando de la Rúa en un escenario de anarquía institucional que todavía resuena en la memoria colectiva.

    Curiosamente, cuando gobernó Alberto Fernández —un presidente débil, contradictorio y carente de liderazgo— la casta no activó sus reflejos destituyentes. ¿Por qué? Porque el poder real permanecía bajo control del peronismo y de Cristina Fernández de Kirchner, que contuvo cualquier intento de fractura terminal. El doble estándar es evidente: si el gobierno es propio, se tolera hasta el absurdo; si es ajeno, se lo cercena con cuchillo y tenedor.

    Ese apetito insaciable es funcional a la lógica de la casta: la inestabilidad abre la puerta a negociaciones por debajo de la mesa, al reparto de cajas, al canje de favores. En otras palabras, el caos no es sólo un efecto colateral, sino también un recurso para sostener privilegios.

    Por eso urge discutir mecanismos institucionales más firmes. La democracia no puede ser rehén de la voracidad descontrolada de quienes, en nombre del “control republicano”, operan con la misma lógica que ayer usaban los golpes militares. Ser oposición no equivale a conspirar. La oposición es necesaria; el destituyentismo, letal.

    Argentina necesita leyes y marcos regulatorios que sancionen la irresponsabilidad institucional de quienes, sistemáticamente, trabajan para dinamitar la gobernabilidad. Porque la democracia no se defiende solo con elecciones cada dos o cuatro años: se defiende también evitando que la política viva permanentemente de la sangre que derrama el adversario.

    AM para Análisis Litoral https://www.analisislitoral.com.ar/

    Caradurez sin límites: Bordet critica a Milei mientras enfrenta causas por enriquecimiento ilícito

    Aún tiene el descaro de opinar. Gustavo Bordet, ex gobernador de Entre Ríos y actualmente diputado nacional, se mostró crítico con el mensaje presidencial brindado por Javier Milei el lunes 15/9/2025 en cadena nacional. Lo sorprendente no es su análisis, sino que quien se encuentra mencionado en varias causas por sospecha de enriquecimiento ilícito y cuya gestión dejó a la provincia endeudada por años, hoy se atreva a pontificar sobre economía, justicia y política fiscal.

    En su evaluación, Bordet calificó al presidente como una suerte de “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, criticando supuestas contradicciones entre anuncios y acciones. Señaló que, mientras Milei promete incrementos para jubilados, universidades y personas con discapacidad, veta leyes aprobadas por el Congreso y asfixia financieramente a las provincias, concentrando recursos en decisiones discrecionales.

    El ex mandatario aseguró que “el superávit fiscal se logra recortando salarios, desfinanciando salud y educación, paralizando la obra pública y abandonando las rutas, lo que afecta directamente la competitividad de nuestras economías regionales”. En el mismo tono, advirtió sobre la apertura indiscriminada de importaciones y sus efectos en la producción entrerriana, citando la citricultura y la avicultura como sectores en riesgo frente a la competencia externa.

    Bordet remarcó la necesidad de diálogo con los sectores productivos y políticas consistentes, evitando medidas de corte electoral. Sin embargo, la caradurez del dirigente no pasa desapercibida: hoy se esconde tras los fueros, mientras muchos lo consideran un candidato natural para la “ficha sucia”, dado su historial judicial y financiero.

    Más allá de sus declaraciones, la incredulidad surge de un hecho simple: quien dejó una provincia endeudada y es señalado por la Justicia por enriquecimiento ilícito pretende dar lecciones sobre administración y transparencia. En otras palabras, un verdadero caso de oportunismo político que no necesita explicación: basta observar los antecedentes y la contradicción entre sus palabras y sus actos.

    En un escenario político donde la credibilidad es un activo escaso, Bordet demuestra que algunos personajes aún creen que las sospechas judiciales y los balances endeudados son un detalle menor cuando se trata de opinar públicamente sobre la economía y los derechos sociales.

    Redacción Análisis Litoral

    Concordia inauguró su aeropuerto: el festejo que esconde un despojo histórico

    En medio de discursos oficiales cargados de optimismo, este 15 de septiembre se habilitó formalmente el aeropuerto de cabotaje “Comodoro J. J. Pierrestegui”. La prensa oficial, los funcionarios municipales y provinciales, y el flamante Ente de Desarrollo Aerocomercial celebraron el acontecimiento como si se tratara de un triunfo histórico para la región. Sin embargo, se oculta una verdad incómoda: Concordia y toda la región de Salto Grande fueron privadas de una oportunidad estratégica que pudo haber cambiado su destino productivo.

    Desde Análisis Litoral lo advertimos en reiteradas oportunidades desde 2019: lo que se inauguró es apenas una fracción de lo que estaba proyectado. El sueño de un aeropuerto internacional de cargas, con capacidad para despachar producción hacia mercados de Uruguay, el sur de Brasil y más allá, quedó sepultado por la desidia política y la impericia de quienes gobernaron.

    Lo que pudo ser y no fue

    En 2018, con financiamiento del BID por 50 millones de dólares, se aprobó un proyecto que preveía no solo la remodelación de la terminal sino también la infraestructura mínima indispensable —apenas 600 metros adicionales de pista y galpones para depósitos— para habilitar la operación de cargas internacionales. Una obra de bajo costo adicional en relación al crédito recibido, pero de alto impacto para productores, exportadores y empresarios de toda la región.

    El entonces intendente Enrique Cresto no se puso al frente de aquel reclamo, ya que tendría que haber señalado públicamente que no se cumplía con lo estipulado en el proyecto original. Sin embargo, todo se diluyó en la inercia política y administrativa. El exgobernador Gustavo Bordet, quien avaló ese retroceso histórico, hoy debería dar explicaciones: ¿por qué se resignó un futuro de exportación, inversión y empleo para toda la región, conformándose con un aeropuerto limitado al cabotaje?

    ¿Qué es lo que se festeja ?

    Hoy las autoridades actuales —encabezadas por el intendente Francisco Azcué— festejan la inauguración como un “antes y un después” para la conectividad y el desarrollo regional. Hablan de turismo, empleo y competitividad, pero omiten deliberadamente el punto central: el aeropuerto no es lo que pudo y debió ser.

    Se presenta como un legado de gestión, cuando en realidad es un símbolo de lo perdido. La región de Salto Grande no tendrá un polo logístico de exportación, sino un aeropuerto que operará solo vuelos de aviación civil, sanitaria, militar y de emergencia, con limitaciones para grandes volúmenes comerciales.

    El costo de la desidia

    La decisión política de rebajar las expectativas dejó a productores citrícolas, forestales, agroindustriales y a todo el entramado exportador de Entre Ríos sin la infraestructura clave que hubiera reducido costos logísticos y abierto nuevos mercados. Mientras tanto, la región sigue atrapada en un esquema de dependencia de puertos y aeropuertos distantes, perdiendo competitividad frente a otras provincias y países vecinos.

    El despojo histórico no se mide en metros de pista ni en galpones, sino en empleos, inversiones y oportunidades que jamás llegarán. Y la responsabilidad tiene nombres y apellidos: Bordet, Cresto y una clase política que prefirió el recorte y la foto fácil antes que pensar en grande.

    Un futuro hipotecado

    La narrativa oficial insiste en que “Concordia se conecta con nuevas oportunidades”. Pero la realidad es que esas oportunidades quedaron amputadas en el camino. Se eligió el conformismo y el corto plazo por sobre la visión estratégica.

    El desafío para la sociedad civil, los empresarios y los productores será no olvidar este antecedente. Porque cada vez que se festeja un logro a medias, se consolida la cultura del “menos es más” en una provincia que ya ha pagado demasiado caro la falta de audacia de sus dirigentes.

    Lo que se inauguró no es el aeropuerto que la región necesitaba, sino el aeropuerto que la política permitió. Y ese contraste duele.

    AM para https://www.analisislitoral.com.ar/

    A días de las elecciones: la memoria selectiva y el desafío de la “V” prometida

    En la recta final hacia las elecciones de medio término en Argentina, el clima político se mezcla con una tensión económica latente. Es momento oportuno para reflexionar sobre ciertos diálogos que circulan en la calle, en las sobremesas y en las redes sociales, donde se confrontan percepciones, nostalgias y realidades que muchas veces parecen no querer verse.

    Un ejemplo ilustra esta contradicción:

    Con Massa estaba mucho mejor porque la inflación era alta pero yo tenía mucha plata en el bolsillo”, repiten algunos.

    La respuesta no se hace esperar:
    “La gente tiene memoria selectiva y corta. Se olvida rápido de lo malo. Lo que existía entonces era una ilusión nominal: los salarios subían 5 o 6% al mes, pero la inflación real iba por el 8%. Ese desfasaje hacía que el aumento nunca alcanzara. A eso se sumaba la incertidumbre de vivir con más de 200% de inflación anual: perder la referencia de precios, no saber si lo que comprabas era caro o barato, padecer la falta de insumos básicos como medicamentos o equipos quirúrgicos, y depender de un Estado ‘Papá Noel’ que subsidiaba todo emitiendo billetes, llevando al país al borde del colapso”.

    El trasfondo de este intercambio es más profundo: ¿cómo se procesa la memoria social frente a la economía? ¿Qué pesa más, la ilusión de tener billetes en el bolsillo o la realidad de una inflación desbocada que devoraba cada aumento?

    La promesa de la “V”

    El gobierno de Javier Milei planteó desde el inicio un camino difícil: atravesar el valle de la recesión para luego escalar en esa “V” prometida de recuperación. A esta altura del proceso, tras desregulaciones drásticas y medidas de ajuste, muchos esperan señales más claras hacia la segunda parte del plan: incentivos al consumo, programas de créditos accesibles para la vivienda y la construcción —que el Banco Nación podría liderar para forzar competencia con la banca privada—, además de políticas activas que impulsen la producción y el empleo genuino.

    Ejemplos sobran en la historia: desde programas de capacitación permanente para pymes que buscan nichos de mercado hasta iniciativas como el “Proyecto Joven” en los 90, orientadas a facilitar la inserción laboral. Sin estas palancas, la recuperación corre el riesgo de quedar a mitad de camino.

    Entre la ilusión y la realidad

    El gran dilema sigue siendo el contraste entre dos modelos:

    • El pasado reciente, con salarios que parecían crecer pero se evaporaban en góndolas y tarifas subsidiadas que escondían un déficit insostenible.
    • El presente, con un ajuste feroz que ordena las cuentas, pero todavía no logra encender la chispa de la recuperación.

    La reflexión de fondo es inevitable: a días de votar, los argentinos deberán decidir si priorizan la ilusión de un pasado con billetes en el bolsillo o si apuestan por un futuro que aún exige paciencia y disciplina, pero que promete dejar atrás la trampa inflacionaria.

    Lo cierto es que ni la memoria selectiva ni los relatos de ocasión alcanzan. La discusión que se impone es cómo transformar la austeridad en oportunidades y cómo asegurar que, después del sacrificio, la curva ascendente de la “V” no sea solo un gráfico en los discursos, sino una realidad palpable en la vida cotidiana.

    Alejandro Monzón para https://www.analisislitoral.com.ar/

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    La traición que marcó a una generación: de Duhalde a Kirchner, la casta en su máxima expresión

    En la política argentina, pocas jugadas simbolizan tanto el cinismo del poder como la traición de Néstor Kirchner a Eduardo Duhalde. No fue solo una disputa interna del peronismo: fue una lección brutal sobre cómo funciona la casta cuando el objetivo no es transformar el país, sino perpetuarse a cualquier costo.

    El padrino y el delfín

    En 2003, Eduardo Duhalde era el hombre fuerte que había logrado apagar el incendio del 2001. Consciente de que no podía presentarse como candidato, eligió a Néstor Kirchner, un gobernador ignoto de Santa Cruz, como su “delfín”. Lo sostuvo con estructura, aparato y votos bonaerenses. Fue su padrino político. Sin Duhalde, Kirchner jamás hubiera llegado a la Casa Rosada.

    Pero en Argentina, la gratitud dura menos que una campaña electoral.

    La jugada maestra: 2005

    Kirchner no tardó en mostrar sus verdaderas cartas. En vez de reconocer a Duhalde como aliado, lo apuntó como obstáculo. Y lo hizo en el lugar donde más dolía: la provincia de Buenos Aires.
    La maniobra fue quirúrgica. En las elecciones legislativas de 2005, puso a Cristina Fernández de Kirchner a enfrentar a Hilda “Chiche” Duhalde. Era mucho más que una pelea entre esposas: era el duelo definitivo por el poder en el principal distrito del país.

    El resultado fue aplastante. Cristina arrasó y Chiche quedó derrotada. Con esa jugada, Kirchner liquidó la influencia de Duhalde y se adueñó del peronismo. El alumno no solo superó al maestro: lo borró del mapa político.

    La casta en su máxima expresión

    Ese episodio revela la esencia de un sistema político donde las alianzas son descartables, la lealtad es un decorado y el pueblo es apenas espectador de una partida de ajedrez que no le devuelve nada.
    Kirchner construyó poder traicionando al hombre que lo había puesto en la presidencia. Y con esa lógica de rosca y puñaladas internas se gobernó la Argentina durante las dos décadas siguientes.

    Memoria para no repetir

    Los argentinos no podemos olvidar esa historia. Porque hoy, disfrazados de nuevos relatos, se repiten las mismas prácticas: dirigentes que hablan de patria mientras negocian cargos; gobernadores que se juntan “para salvar la democracia” cuando en realidad buscan salvarse ellos mismos; y candidatos que prometen cambios mientras preparan la próxima traición.

    La traición de Kirchner a Duhalde no fue un accidente. Fue la confirmación de que en la casta política no hay épica, solo intereses. Y cuando la memoria se diluye, esas jugadas vuelven a repetirse, hipotecando el futuro de nuestros hijos y condenando a nuevas generaciones a la frustración y la pobreza.

    Nunca más a la rosca como destino

    La Argentina necesita recordar para no volver a entregarle el poder a quienes solo saben usarlo para su propio beneficio. La historia de Kirchner y Duhalde debe ser un recordatorio vivo de que cuando la política se convierte en un ring de egos, lo único que pierde es el país.

    Si no aprendemos de esas traiciones, el futuro será apenas la repetición de un pasado que ya nos destruyó.

    AM para Análisis Litoral

    Periodismo mercenario: cuando la mala intención se convierte en regla

    En un país donde la corrupción, la desidia y el despilfarro sistemático de recursos públicos dejaron una realidad acuciante, ciertos sectores del periodismo parecen haberse convertido en meros instrumentos de la política tradicional, incapaces de analizar con objetividad los desafíos de quienes intentan organizar lo que durante décadas estuvo desordenado. La derrota electoral en Buenos Aires, la gestión económica de Javier Milei y las decisiones del ministro Luis Caputo revelan no solo las tensiones propias de cualquier gobierno, sino también la predisposición de muchos medios a fagocitar cualquier iniciativa seria, atacando más con mala intención que con argumentos.

    El ministro de Economía afirmó recientemente que “en 2027 la opción es esto o el comunismo”, evocando un discurso de alarma que más que informar, siembra miedo entre empresarios y ciudadanos. Esta exageración mediática, replicada por numerosos periodistas, refleja un periodismo que se alimenta del conflicto y la polarización, antes que de la verdad. Las palabras de Caputo, en línea con los insultos previos del propio presidente hacia Axel Kicillof, revelan que buena parte de la cobertura mediática prioriza el sensacionalismo y la caricatura política sobre el análisis serio de la realidad.

    La misma lógica se observa en la cobertura de las decisiones económicas recientes: suben las tasas, bajan las tasas, regulan el tipo de cambio, intervienen, liberan, retroceden, anuncian medidas que luego desmienten. Cada paso del gobierno se interpreta como un fracaso o una inconsistencia, mientras los medios olvidan que Argentina inicia desde una base de desequilibrio extremo. Lo que debería ser un análisis ponderado de estrategias económicas se convierte en un relato simplista, malintencionado y sensacionalista.

    Este periodismo mercenario sigue un patrón histórico: calló durante décadas frente a la corrupción, miró para otro lado cuando los recursos se despilfarraban, y hoy exhibe un aire destituyente ante cualquier intento de reorganización. Se erigen en jueces morales, sin asumir que el país ha estado en condiciones paupérrimas, y que señalar errores de quienes intentan corregirlos sin entender el contexto es, en sí mismo, antidemocrático.

    El efecto de esta cobertura es doble: primero, desinforma a la sociedad, generando miedo y confusión; segundo, debilita las iniciativas de un gobierno que, a pesar de sus contradicciones y errores, intenta reconstruir un país que muchos dejaron en ruinas. La mala intención de estos periodistas no solo es ética y profesionalmente cuestionable: debería ser señalada, y por qué no, sometida al escrutinio de la justicia cuando se prueba que socava deliberadamente la democracia.

    La política argentina no necesita héroes ficticios ni relatos de victimización. Necesita debate serio, información objetiva y crítica fundada. Sin embargo, mientras algunos medios sigan privilegiando la inquina y la simplificación, la sociedad argentina continuará siendo rehén de un periodismo mercenario que prefiere morir con las botas puestas en la intoxicación mediática antes que asumir su responsabilidad histórica frente a los ciudadanos.

    En medio de esta dinámica, las elecciones recientes dejan una enseñanza clara: la manipulación mediática puede amplificar cualquier contradicción, pero no reemplaza la realidad de los hechos. Milei y Caputo enfrentan un desafío monumental: reconstruir relaciones dañadas, recomponer equipos creíbles y generar confianza en un país que necesita medidas efectivas y comunicación transparente. Los medios, en cambio, parecen empeñados en construir narrativas heroicas o catastróficas según conveniencia, ignorando que la verdad es mucho más compleja y requiere responsabilidad.

    Mientras tanto, la sociedad observa cómo ciertos periodistas y políticos de aires destituyentes actúan como voceros de la alarma constante, sin ofrecer soluciones ni contextos que permitan entender la magnitud de los problemas. La falta de análisis serio y la mala intención mediática alimentan la polarización, la desconfianza y la sensación de caos, cuando en realidad se podrían construir debates racionales sobre políticas concretas y reformas necesarias para el país.

    La pregunta final es inevitable: ¿hasta cuándo permanecerá impune un periodismo que prioriza la ficción, la victimización y el sensacionalismo por sobre la información veraz y el interés público? La Argentina no puede permitirse un periodismo mercenario que contribuye a la inestabilidad y al descreimiento, mientras quienes intentan enderezar la nave son devorados por la mala fe de la prensa y la indiferencia de una clase política acostumbrada a mirar para otro lado.

    Redaccion : https://www.analisislitoral.com.ar/

    Universidades y Hospital Garrahan: la resistencia a la auditoría que genera polémica

    Mientras el Congreso conoce denuncias sobre irregularidades, instituciones clave del Estado se niegan a transparentar sus cuentas, generando cuestionamientos sobre transparencia y control público.

    En un contexto donde la rendición de cuentas debería ser un estándar, algunas de las instituciones más relevantes del país mantienen una postura opaca frente a los pedidos de auditoría. Entre ellas, varias universidades públicas y el Hospital de Pediatría Garrahan, centro de referencia nacional e internacional, se niegan sistemáticamente a someter sus gestiones a revisiones externas independientes.

    La negativa ha generado preocupación entre especialistas en transparencia y control estatal, que destacan que estas auditorías no solo fortalecen la confianza pública, sino que también permiten mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

    Lo que llama la atención de la sociedad es que tanto el Senado como la Cámara de Diputados parecen actuar con una doble vara. A pesar de tener pleno conocimiento de irregularidades denunciadas en estos organismos, las acciones concretas para exigir control y rendición de cuentas son limitadas o inexistentes, lo que alimenta cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos legislativos y la coherencia ética de quienes los integran.

    Expertos advierten que la falta de auditorías deja vacíos que facilitan la mala administración y posibles irregularidades, afectando directamente la confianza ciudadana en instituciones fundamentales del sistema educativo y de salud.

    La controversia plantea preguntas urgentes: ¿por qué entidades tan emblemáticas se resisten a la transparencia? ¿Qué rol está dispuesto a asumir el Congreso en la supervisión efectiva de instituciones clave para el país? Y, sobre todo, ¿cómo se puede garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera correcta en beneficio de la sociedad?

    Mientras estas preguntas permanecen sin respuesta, la polémica sobre la auditoría de universidades y del Hospital Garrahan se mantiene en la agenda pública, reflejando una tensión creciente entre transparencia, poder y control estatal.
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