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La gestión eficiente y ordenada que viene llevando adelante la Cooperativa Eléctrica de Concordia en la administración de sus recursos, permitió no solo el reciente acuerdo logrado para el pago de sus deudas con CAMMESA en el marco del DNU 186/2025, sino también la realización de inversiones que, ante este nuevo logro, asegura la continuidad de las mismas para reforzar la calidad del servicio de distribución eléctrica.
La firma se llevó a cabo entre autoridades de la Subsecretaría de Energía de la Nación representada por el subsecretario Damián Eduardo Sanfilipo, CAMMESA, representada por Juan Carlos Trotta; la Cooperativa Eléctrica de Concordia por su presidente y vicepresidente: Dr. Marcelo Spinelli y Cr. Martín Santana. Y La Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), estuvo representada por el director de política energética Omar Zorzenón.
La Cooperativa de nuestra ciudad viene desarrollando desde hace varios años un proceso de modernización y reorganización interna que abarca desde la digitalización de todos los servicios con mejoras en las comunicaciones, renovación del parque automotor, mejoras de las líneas de distribución, stock permanente de transformadores y equipamientos necesarios para la atención eficiente del servicio.
Estas inversiones no solo atienden las necesidades inmediatas, sino que sustentan las planificaciones que se realizan para proyectar el sistema de distribución acorde a las necesidades futuras.
En consecuencia, el acuerdo logrado con CAMMESA es un reconocimiento a la administración ordenada y transparente a nuestra Institución, que permitirá continuar llevando adelante la prestación de un servicio eléctrico de calidad mediante inversiones respaldadas por una situación financiera más holgada.
Mientras algunos intentan minimizar o desviar una demanda clara y concreta de la ciudadanía, desde La Libertad Avanza Concordia preferimos hacer lo más sencillo —y a veces lo más revolucionario—: escuchar a la gente y actuar en consecuencia.
Una gran cantidad de vecinos ya firmaron un petitorio que reclama la eliminación de los tributos municipales incluidos en la boleta de la luz. No hay eslogan ni marketing: hay necesidad. Y cuando el reclamo viene de abajo hacia arriba, ningún dirigente serio debería atreverse a descartarlo tan livianamente.
Vemos que el señor Roberto Maidana, “histórico” defensor de una tarifa justa (aunque sin resultados tangibles en ese extenso historial), salió a los medios a desacreditar esta iniciativa. Llama la atención que después de tantos años de lucha —y cero conquistas— elija ahora colocarse del lado de las excusas y no del de las soluciones concretas.
¿Realmente quiere explicarle a una familia que vive con lo justo por qué tiene que seguir pagando tasas municipales escondidas en la boleta de luz? ¿O va a seguir defendiendo fórmulas que no funcionaron, ni en los 2000, ni ahora?
Entendemos que el señor Maidana prefiera abrir grandes debates estructurales sobre el modelo energético nacional. No tenemos problema con eso. Pero mientras tanto, nosotros preferimos empezar por lo urgente: sacar la mano del bolsillo del vecino en lo inmediato, algo que —con todo respeto— su prolongada trayectoria no ha logrado.
No se trata de ideologías. Se trata de hechos. Concordia es una de las ciudades con mayor índice de pobreza del país. Y mientras se habla de sistemas energéticos a largo plazo, hoy los vecinos siguen pagando tasas injustas que encarecen un servicio básico.
A los que hoy se incomodan porque decidimos visibilizar este atropello, les decimos: no vamos a retroceder. Y al vecino que firmó con esperanza, le aseguramos: vamos a insistir hasta que estas cargas municipales abusivas desaparezcan de la boleta de luz.
Porque una lucha no se mide por la cantidad de años que se la proclama, sino por los logros concretos que se consiguen. Y en eso, estamos decididos a marcar la diferencia.
En una ciudad donde el Estado es prácticamente la única salida laboral, la política parece aferrada a una lógica binaria de enfrentamientos, gestos vacíos y oportunismos. Mientras 85 trabajadores contratados del municipio de Concordia y más de una docena de empleados de la CAFESG fueron cesanteados sin explicaciones claras, los gremios emiten comunicados, fijan plazos que no se cumplen, y evitan acciones concretas. Del otro lado del tablero, los libertarios intentan capitalizar el descontento con una propuesta llamativa —pero inconsistente— para eliminar tributos municipales de la boleta de luz. ¿Y la ciudadanía? Atrapada entre la precariedad, la desinformación y la impotencia, sigue sin espacios reales de participación o construcción colectiva.
Despidos sin respuestas: el caso municipal
El 3 de julio, cuatro gremios locales (ATE, STEMC, SEOS y UOEMC) dieron un ultimátum de 72 horas al intendente Francisco Azcué para revertir el despido de 84 contratados. Denunciaron una medida arbitraria, sin criterios ni diálogo, que dejó a familias vulnerables en la calle, muchas de ellas con más de diez años de servicio. La gestión alegó una caída en la recaudación y coparticipación como argumento. Sin embargo, pasado el plazo, no hubo medidas de fuerza ni avances reales. Apenas la promesa de que “se frenaron nuevos despidos”.
En paralelo, en Desarrollo Social —una de las áreas más sensibles— se dejó afuera a personal que sostenía los CDI (Centros de Desarrollo Infantil), mientras otros funcionarios, como el subsecretario Roberto Niez, perciben sueldos superiores a los dos millones de pesos mensuales bajo la figura de “asesoramiento empresarial” a pesar de estar jubilados.
Lo que se dibuja aquí no es solo una injusticia puntual: es la evidencia de un modelo en decadencia, donde el Estado como empleador se vuelve salvavidas y verdugo, y la dirigencia sindical parece más preocupada por dilatar que por enfrentar.
La boleta de luz como trinchera política
Mientras eso ocurre, un sector de La Libertad Avanza promueve la eliminación de tasas municipales de la factura eléctrica. Con más de 2.000 firmas, buscan ingresar el tema al Concejo Deliberante apelando al descontento popular con la suba de tarifas. Pero el histórico defensor de una tarifa justa, Roberto Maidana, desnudó las contradicciones: “Es una propuesta demagógica. El problema no son las tasas, sino el brutal ajuste nacional sobre la energía”.
Con datos irrefutables —aumentos del 1.000% en los últimos dos años— Maidana señaló que la raíz de la crisis está en un modelo energético heredado de los años 90, que no contempla segmentación por ingresos ni control sobre las distribuidoras. A su vez, advirtió que eliminar tasas sin una alternativa de financiamiento es empujar a los municipios aún más al abismo financiero.
Cambios de paradigma sin intérpretes
Lo más grave es que ni los dirigentes tradicionales ni buena parte de la ciudadanía parecen dispuestos a entender —o al menos debatir con honestidad— los profundos cambios de paradigma que propone el presidente libertario Javier Milei. Su modelo, basado en un achicamiento radical del Estado y la eliminación de todo tipo de intermediaciones políticas, genera resistencias, contradicciones y desconcierto, pero también refleja el hartazgo de un país cansado de promesas incumplidas y de una cultura de subsidios sin eficiencia.
Sin embargo, lejos de dar una respuesta madura y articulada ante este nuevo escenario, la política local —desde los gremios hasta los libertarios— cae en la trampa de los extremos: unos resisten sin autocrítica, otros agitan consignas sin soluciones.
Ciudadanía sin horizonte ni liderazgo
Ambas situaciones comparten un mismo trasfondo: la falta de proyectos sólidos, consensos reales y liderazgos comprometidos. En lugar de mesas multisectoriales, hay plazos que se incumplen y slogans sin sustancia. En lugar de políticas públicas, hay ajustes verticales y respuestas improvisadas.
Los despidos, la precarización, el tarifazo, la demagogia… son síntomas de una enfermedad mayor: la fragmentación de Concordia como comunidad política. Cada actor parece hablarle a su tribuna, pero nadie construye puentes. Y mientras tanto, la sociedad —empobrecida, endeudada, sin voz— sigue esperando algo más que promesas o excusas.
A poco de asumir su cargo, el flamante intendente de la ciudad de Salto, Carlos Albisu, reiteró la importancia de reforzar el vínculo con Concordia para “tener una impronta regional”.
Albisu reiteró su intención de trabajar junto a Concordia. Al respecto, el flamante intendente de Salto, Carlos Albisu señaló que “el vínculo nuestro con Concordia es un vínculo de siempre, desde lo deportivo, lo turístico, lo comercial”, pero en este presente, “nosotros necesitamos hoy una impronta mayor y entendemos que toda nuestra zona debe tener una impronta regional”, abarcando en ese abrazo también a Federación y Belén en Uruguay. Aclarando que “no debemos ser una competencia, sino complementarnos, para (por ejemplo) poder tener al turista más días en nuestras ciudades”.
Entre otras cosas, manifestó que, en lo que respecta estricamente a Concordia y Salto, “tenemos ciertos plus cada uno, en los cuales podemos vender y poder trabajar diferentes paquetes entre las dos ciudades, para poder englobar y poder dar al turista una agenda más grande y dinámica, con un menú muy completo que realmente los atraiga a toda nuestra zona”.
Por otro lado, Albisu remarcó que, lamentablemente, ambas ciudades también coinciden en que “tenemos un índice de desocupación bien importante, tanto Concordia como Salto”, por lo que “necesitamos ponernos a trabajar en un enclave logístico, por el plus que tiene nuestra región”.
Para reforzar su propuesta, enumeró que, a través del puente sobre Salto Grande, “tenemos una entrada de carga de Paraguay, de Bolivia y de Chile, que pasa por nuestras ciudades y sigue de largo”, insistiendo en que “tenemos puntos en común y temas complementarios”.
A ello agregó que “la única unión ferroviaria de la Argentina con el Uruguay está acá, en el puente Salto-Concordia” y “sabiendo que el gobierno uruguayo está haciendo el esfuerzo y está dentro de los planes llevar a cabo y terminar esta vía férrea, que son 60 kilómetros, tenemos que buscar un enclave en ese sentido”.
Recurso humano
Desde el lado uruguayo, Albisu subrayó que “venimos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con una logística de parques industriales, invitando a muchas empresas de nuestra capital y del exterior para que vengan a instalarse en nuestra zona”.
No obstante, remarcó que “tanto en Entre Ríos como en el litoral uruguayo, hoy muchas empresas que están en Montevideo y Buenos Aires, que llevan los diferentes temas de logística o diferentes empresas tecnológicas, están teniendo problemas con el recurso humano, que es muy volátil y muchos jóvenes pican de empresa a empresa o se van al exterior”.
A pesar de esto, valoró que “está comprobado y estudiado que tanto en Entre Ríos como en el litoral uruguayo, están más afianzados, les gusta vivir acá y quieren seguir viviendo en estos lugares. Entonces, eso le da mayor estabilidad a estas empresas”.
Encuentro con Azcué
Finalmente, Albisu explicó que “el intendente de Concordia (Francisco Azcué) tuvo toda la intención de llegar -al acto de asunción- pero justo en el momento previo, se había cortado el puente por alguna maniobra o por algún tema de carga y no pudo llegar, pero esperamos reunirnos en los próximos días para empezar a caminar y trabajar juntos en muchas cosas en común, en la complementariedad y la impronta que le podemos dar a estas dos regiones”.
Como cierre, remarcó la necesidad de llegar a concreciones en nombre de la integridad entre las dos orillas, “porque para ponerle la impronta que queremos, la gente de Concordia y Salto tiene que empezar a ver concreciones, porque hemos estado llenos de jornadas, muchos temas desde lo teórico, pero pocas veces han visto estas muy buenas ideas llevadas a la práctica”.
El excandidato a gobernador quedó fuera del partido La Libertad Avanza en Entre Ríos pero persistía en un cargo del organismo en Paraná.
Sebastián Etchevehere fue desafectado de la jefatura de la Oficina de Anses de calle España, dependiente de la Regional Litoral del organismo nacional. Así lo dispone Fernando Omar Bearzi, director Ejecutivo del Anses en resolución firmada el 10 de julio a la que tuvo acceso Página Política.
A través de la norma se desafecta y se da de baja el cargo de Etchevehere. El excandidato a gobernador de La Libertad Avanza, en 2023, fue uno de los primeros funcionarios nacionales designados por la gestión de Javier Milei.
Etchevehere –hermano del exministro Luis Miguel y del actual titular de la Sociedad Rural en la provincia, Juan Diego– se convirtió en uno de los rostros visibles de la ola libertaria en Entre Ríos, en el proceso electoral de 2023.
En campaña, puso a disposición lo que había sido la sede de la redacción de El Diario, en parte propiedad de su familia, como promotora central de la militancia libertaria.
En el proceso de constitución del partido, disputó sin suerte en la Justicia el control de la Junta Promotora que logró finalmente la personería para La Libertad Avanza, bajo la presidencia del diputado Roque Fleitas.
Siguió teniendo algunos puentes con la gestión de Milei pero la desafectación del puesto que ocupaba en el Anses terminó con su historia política en la era libertaria.
El director de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá, respondió públicamente luego de que el exdiputado nacional Marcelo Casaretto denunciara que se había cortado la luz en la sede oficial por falta de pago.
El funcionario reconoció el episodio, pero lo atribuyó a un error administrativo menor que fue utilizado con fines políticos: “Sí, faltó la luz una hora. Fue por un problema con la factura, que no se había pagado. No tengo el detalle exacto, pero la Casa siguió funcionando normalmente durante todo ese tiempo”, explicó Mouliá a Informe Digital.
El titular de la representación entrerriana en CABA aseguró que no fue notificado del corte al momento de ocurrido, ya que se encontraba reunido con productores de madera de Paraná que habían viajado a Buenos Aires. “No me informaron del corte. Me enteré por la publicación en Informe Digital. Fue un uso político de una situación menor”, afirmó.
Además, el funcionario deslizó que hubo una filtración interna de la información hacia Casaretto. “Por suerte tengo un equipo comprometido, salvo una o dos personas que ya voy a tratar. Es evidente que alguien filtró esta información. No todos tienen el teléfono de Casaretto”, sostuvo.
Moulia vinculó el episodio directamente al clima electoral que atraviesa la provincia. “Esto es claramente político. Da la casualidad de que estamos en año electoral, en octubre hay elecciones, y este tipo de operaciones son parte de un juego sucio que no compartimos, esto es muy sucio, como fue toda la vida de Casaretto, de baja estofa”, remarcó.
Seguidamente, repasó una serie de acciones institucionales realizadas durante su gestión y sostuvo que “en este año y medio se hizo muchísimo, a pesar de la situación en la que encontramos la Casa”. Y agregó: “Se están llevando adelante muchas acciones culturales, sociales y de vinculación institucional. Que se dediquen a construir y no a criticar sin saber lo que pasa acá adentro”.
Hechos de gestión que destacó Mouliá:
-Visita de empresas chilenas del consorcio RIL LIGHT a Entre Ríos – Avances en cooperación institucional y comercial. -Reconocimiento a mujeres rurales entrerrianas – Homenaje y visibilización del trabajo en el territorio. -Muestra fotográfica sobre Malvinas – Exposición cultural y memoria histórica.
-Feria de emprendedores entrerrianos – Participación de pymes y cooperativas. -Actividades por el Día del Niño – Jornada recreativa para familias entrerrianas en CABA. -Charlas educativas sobre salud mental – Ciclo de prevención y formación para jóvenes. -Acciones institucionales interprovinciales – Trabajo conjunto con otras Casas de provincia. -Presentación de libros entrerrianos – Espacio para autores de la provincia. -Capacitación turística y cultural – Promoción de destinos entrerrianos. -Encuentro de ilustradores “Entre Ríos Ilustra” – Muestra de arte y diseño regional.Fuente: Informe Digital
La escena lo dice todo: un exdiputado nacional, sin agenda ni propuestas, recurriendo a las redes sociales para exhibir un corte por una hora de luz, como si fuese un escándalo institucional. Marcelo Casaretto, viejo conocido del kirchnerismo entrerriano, intentó este lunes transformar un inconveniente administrativo en un acto de denuncia política. ¿La razón? La interrupción del suministro eléctrico en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, provocada por la empresa EDESUR.
Sin esperar información oficial, sin verificar causas, sin medir consecuencias, Casaretto lanzó su proclama: “¡Vergüenza! EDESUR cortó HOY la energía a la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. A FRIGERIO se le apagaron las luces… y Entre Ríos sufre la falta de gestión de su Gobierno”. ¿Esto es lo que tienen para ofrecer? ¿Un posteo rencoroso, una frase irónica y ningún proyecto real?
⛔ VERGÜENZA! EDESUR cortó HOY la energía a la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. A FRIGERIO se le apagaron las luces.. y Entre Ríos sufre la falta de gestión de su Gobierno. @frigeriorogeliopic.twitter.com/vaqR8BdDyW
Este tipo de declamaciones no son más que síntomas de una desesperación evidente: se acercan las elecciones legislativas, y el peronismo entrerriano –a la deriva, sin liderazgo ni autocrítica– busca cualquier motivo para atacar a la gestión de Rogelio Frigerio. Aunque ese motivo sea una factura impaga, posiblemente heredada o simplemente demorada.
La falta de propuestas concretas lleva a ciertos sectores del PJ a enfocarse en las anécdotas y no en los hechos. En vez de debatir políticas públicas, prefieren hacer escarnio en redes sociales, pensando que un tuit ingenioso vale más que años de desidia y abandono.
En contraste, la gestión actual de Entre Ríos está enfocada en ordenar la provincia, pagar deudas millonarias heredadas, garantizar servicios esenciales y mejorar la transparencia institucional. ¿Molesta eso? Claro que sí, especialmente a quienes vivieron cómodos en la impunidad discursiva de otros tiempos.
Lo que realmente da vergüenza no es el corte de luz, sino el uso oportunista de un hecho menor para ensuciar a un gobierno que, guste o no, tiene el respaldo de las urnas y la voluntad firme de transformar la provincia.
El pueblo entrerriano ya no cae en esas operaciones. No necesita voceros del pasado señalando errores, sino dirigentes comprometidos con el futuro.
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes en Casa de Gobierno, una reunión de trabajo para avanzar en una propuesta concreta destinada a la recuperación y puesta en valor del Palacio San José, uno de los monumentos históricos más importantes del país.
En el encuentro del que participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario de Cultura, Julián Stoppello y el coordinador de Gabinete, José Luis Patiño, se abordaron diferentes líneas de acción para preservar y revitalizar este emblemático edificio que forma parte del patrimonio histórico y cultural de Entre Ríos y de la Argentina.
Al término de la reunión, el secretario de Cultura señaló: “Trabajamos fundamentalmente sobre el interés de la provincia en la recuperación del Palacio San José y su puesta en valor. En ese sentido, venimos elaborando una propuesta concreta para avanzar en este objetivo que es muy importante para Entre Ríos y para todos los entrerrianos, por su valor histórico, simbólico y patrimonial”.
Asimismo, Stoppello destacó que “el Palacio San José es uno de los monumentos más importantes de la Argentina, y queremos trabajar en una propuesta clara para recuperarlo para todos los entrerrianos y para el país”.
“La decisión del gobernador es clarísima en cuanto al interés que tiene la provincia por este emblema histórico. Desde el área de Cultura estamos trabajando en los mejores mecanismos para llevar adelante esta iniciativa, de modo que el Palacio recupere buena parte de su valor edilicio, que con el paso del tiempo ha sufrido deterioros. Ese es el propósito principal, y en eso vamos a enfocar nuestras acciones”, concluyó.
En el marco de las acciones que lleva adelante el área de Fiscalización de la Secretaria de Turismo, 60 alojamientos fueron visitados para avanzar en la actualización del Registro Provincial. Se entregaron certificados de homologación y se reforzó el acompañamiento a prestadores.
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, continúa desplegando tareas de fiscalización, asesoramiento técnico y fortalecimiento del vínculo con prestadores turísticos en toda la provincia. En esta oportunidad, el equipo del área trabajó en las ciudades de Chajarí y Federación, ambas pertenecientes a la microrregión Salto Grande, donde se realizaron inspecciones, visitas informativas y entregas de certificados de homologación.
En Chajarí se llevaron adelante inspecciones a dos establecimientos que completaron el trámite de registro, y se entregó el correspondiente certificado de homologación al complejo Dinastie Palace. Además, se recorrieron casi 20 alojamientos, tanto en el complejo termal como en otros puntos del ejido urbano, con el objetivo de brindar información personalizada y promover el reempadronamiento en el Registro Hotelero Provincial.
En Federación, las tareas incluyeron inspecciones de rutina a seis alojamientos con trámites en curso, la entrega de certificados de homologación a los complejos La Loma y La Casona, y la visita a unos 29 emprendimientos turísticos. En cada caso, se acercó información sobre los beneficios de estar registrados y se avanzó con la constatación del estado de los establecimientos.
Estas acciones en territorio se realizan en forma paralela al proceso de implementación del nuevo sistema digital de registro que impulsa la Secretaría de Turismo, y que tiene por objetivo agilizar trámites, ordenar la información y garantizar un acceso más eficiente a los beneficios para el sector con el compromiso de construir una oferta turística segura, ordenada y competitiva.
Durante las visitas, los equipos fueron recibidos de manera positiva por los prestadores, quienes valoraron el acompañamiento institucional y la posibilidad de evacuar dudas directamente con los inspectores. La recorrida también permitió relevar inquietudes del sector y detectar situaciones que requieren seguimiento técnico.
En el proceso para entregar los corredores a inversores privados se presentaron como interesadas las históricas empresas viales; la mayoría está en la causa Cuadernos
}El Gobierno dio un paso clave el último viernes en su plan para privatizar 10.000 kilómetros de ruta. Lanzó el denominado “data room”. Se trata de algo así como la creación de un espacio para desandar las dudas de los interesados y para poner a disposición los datos del proyecto.
Si bien aparecieron varios conocidos del mundo de la obra pública vial, lo cierto es que más allá del apuro del Gobierno, la incertidumbre es la moneda de cambio en esas reuniones virtuales y presenciales.
Las razones de la falta de guía en el camino son varias. Pero hay una que sobresale. La pregunta que se hacen todos es tan simple que abruma. Sin el Estado como financista de la obra exigida en cada corredor, ¿quién pone la plata?
La respuesta que da el Gobierno a este entuerto también es simple. Dice que esas obras necesarias las hará el privado y luego, se repagarán con el peaje. Esa ecuación, que no parece demasiado sofisticada a la hora de explicar y de entender, es poco menos que una ilusión suprema en la Argentina.
El primer punto para atender es saber quiénes son las empresas que en estas jornadas de data room mostraron interés. Por citar algunos, asomaron la cabeza la constructora mendocina Cartellone, Chediack, la entrerriana Luis Losi,Panedile -del poderoso Hugo Dragonetti-, Supercemento, Roggio, Vial Agro y Juan Carlos Relats. Se trata de una parte importante del elenco estable de la histórica obra pública argentina, todos ellos con algún tema que los tocó en la causa Cuadernos. De hecho, si la licitación no avanza lo rápido que quiere el Poder Ejecutivo, es posible que algunos tengan esos días la agenda llena, entre el juicio oral, que empieza en noviembre, y la licitación millonaria.
Hay otro lote más de empresas como Eleprint -del presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss-, Rovial, la rosarina Obring y Cleanosol, que también se anotaron en la largada.
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
La pregunta, entonces, tiene ahora nombres propios. ¿Alguno de ellos está en condiciones de financiar la construcción de las rutas nacionales o de conseguir financiamiento para semejantes obras? Parece difícil, por no decir imposible.
El esquema que prevé el Gobierno es entregar los corredores sin que haya ningún tipo de canon. La contraprestación que hace el privado es hacer la ruta, las mejoras necesarias y las prioritarias, y a cambio puede cobrar el peaje para mantener en condiciones la traza. La promesa del repago es una actualización tarifaria que mantenga la ecuación económica financiera de la explotación.
Gran parte de estas mismas compañías son las que participaron de las privatizaciones de las rutas en los 90; del gerenciamiento en la época de Néstor Kirchner; de las fallidas PPP (participación pública privada) de los tiempos de Mauricio Macri; fueron los que devolvieron el paquete de rutas con la dupla de los bacheos, Alberto Fernández y Gabriel Katopodis, y ahora, nuevamente, se anotan en lo que viene.
Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, la obra pública se paralizó y la gran mayoría de estas compañías especializadas en la construcción vial perdieron el flujo, y muchas de ellas, el capital de trabajo. De ahí es que las dudas sobre la posibilidad de financiar semejante paquete de obras es poco menos que una quimera.
Llegado el caso que se pudiese financiar, las dudas sobre el repago de la construcción con peajes no se pueden despejar. Sucede que el cobro actualizado se produciría después de terminada la obra, escenario que podría suceder, incluso, en el próximo mandato presidencial. Los juramentos regulatorios para mantener el valor de la tarifa de un servicio público, en este caso los peajes, son una de las promesas más incumplidas en los últimos 30 años.
Un asesor de varias de estas constructoras recordaba que en uno de los corredores llegaron a acumularse 15 actualizaciones incumplidas. “Después se compensaba con alguna obra pública y todo terminaba ahí, sin reclamos mutuos”, dijo.
Otro de los interrogantes ya no tiene que ver con el plan de negocios, sino con la institucionalidad. Sucede que, en el momento de anudar un esquema, que se licita a 20 años, conviven el fin de Vialidad, los fuertes interrogantes que aquejan a la empresa estatal Corredores Viales y, además, el nacimiento de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, una suerte de continuadora de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
La CNRT también desaparecerá y se convertirá en una agenciaLA NACION – Archivo
Esta agencia podrá controlar el cumplimiento de contratos, aplicar sanciones, investigar accidentes, gestionar reclamos de usuarios y hasta requerir apoyo de la fuerza pública si es necesario. Su máxima autoridad será un director ejecutivo con jerarquía de subsecretario, designado por el Gobierno. No es necesario que se conozca al dedillo el alcance de este organismo y tampoco los nombres propios, ya que pasaron pocos días desde que se conoció. Sin embargo, la incertidumbre es combustible en este tipo de procesos.
Respecto de Vialidad, el panorama es distinto. En el decreto quedó clara la decisión del cierre del organismo, mientras que en los reglamentos y organigramas que se escriben por estos días se entregarán las definiciones de cómo y dónde siguen las funciones.
Una parte, la técnica, pasará al Ministerio de Economía, mientras que el contralor de las concesiones irá a la nueva Agencia. En ese esquema, al menos en teoría, dejaría de tener necesidad de respirar la empresa Corredores Viales. El asunto no es menor, porque allí trabajan los 3403 empleados que, de acuerdo con datos del Indec, tenía la empresa en mayo, último reporte oficial.
Una protesta en del Sutpa, el sindicato principal de Corredores Viales
La duda que se plantea es qué pasará con esos trabajadores que, de acuerdo con el esquema que diagramó el Gobierno, no deberían pasar automáticamente a la nueva concesionaria. Así las cosas, empezará el primer conflicto.
Hay otro más. Los funcionarios consideran que, al terminar la vida del organismo, también finalizan los contratos colectivos vigentes. Los trabajadores de Vialidad, o de otros entes que ya no existirán, que están afiliados a sindicatos viales, con condiciones frecuentemente más favorables que las que hay en gremios estatales (UPCN y ATE), es posible que no sean mansos a la hora de cambiar de empleador. Será motivo de negociación.
En el Gobierno dicen que las estructuras sindicales eran muy grandes. “Hay 1300 personas con protección gremial; uno cada tres en promedio tiene este status. Si bien no son delegados, tienen estabilidad. De hecho, hay algunos sindicatos viales que tienen comisiones directivas de alrededor de 500 personas”, explicó una fuente oficial. Será una batalla el fin, o no, de los convenios colectivos.
En el medio de semejante incertidumbre, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) expresó su “profunda preocupación” por la decisión que tomó el Poder Ejecutivo. No es para menos. Vialidad fue el escritorio amigo, el regulador soñado, el hacedor de ilusiones y el bolsillo que hizo millonarios a muchos de los integrantes de la asociación que se dedica a la obra pública vial. Desde la entidad empresaria advirtieron sobre el impacto en el empleo, pusieron en duda la continuidad de obras estratégicas y el mantenimiento de la red federal.
“La eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente. Vialidad Nacional garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones”, dijeron mediante un comunicado enviado a los medios.
El fin de Vialidad se ha convertido en un elemento de incertidumbre para un país que transita una descomunal desinversión en su red de caminos. Sedimentan por estas horas décadas de falta de dinero, de planificación y de corrupción. Los constructores viales están preocupados por el epitafio de la entidad pública que los arropó y que, además, podría poner en juego a dos clubes sociales que los entretuvieron por años: el “Club de la Obra Pública” y su filial, la “Camarita Vial”.
