Litoral

El nombre de Gustavo Bordet aparece casi un centenar de veces en los chats de los empresarios Tórtul, epicentro de la causa por presuntas coimas en contratos con ENERSA. El exgobernador niega cualquier vínculo y repite el libreto clásico de “estar a disposición de la Justicia”. Pero el expediente revela algo más que una anécdota: expone un modo de hacer política y negocios en Entre Ríos que se repite con distintos nombres y los mismos silencios.

El libreto conocido

“No formé parte de ningún sistema de coimas.” Con esa frase, Gustavo Bordet intentó despejar las sospechas que lo rozan dentro de la investigación por el entramado de sobornos que involucra a la multinacional Securitas Argentina y a su red de contratistas, entre ellos los hermanos Tórtul, conocidos en Entre Ríos por su influencia empresarial en el rubro de la seguridad y por sus vínculos políticos con el poder provincial. El comunicado de Bordet fue breve, medido y previsible. Pero también insuficiente. En una provincia donde los expedientes por corrupción duermen entre tribunales y los medios oficialistas se limitan a reproducir comunicados, la negación sin pruebas se parece más a un reflejo que a una defensa. La sociedad —ya acostumbrada a los “no tengo nada que ver”— empieza a preguntarse: si nadie tiene nada que ver, ¿por qué siempre terminan apareciendo los mismos nombres?

Los datos que no son rumores

La pericia judicial sobre los dispositivos de los Tórtul —base de la causa Securitas— contiene más de 25.000 páginas de mensajes y documentos. En ese universo de pruebas, el nombre “Bordet” aparece casi un centenar de veces, asociado a frases como “la parte de Bordet”, “llevarle lo de Bordet” o “pagar lo de ENERSA”. No se trata de un invento mediático: son extractos literales incluidos en el expediente, confirmados por medios nacionales como La Nación, El Cronista y MDZ. Las conversaciones revelan un modus operandi clásico: contratos renovados sin licitación, pagos “extra” para garantizar continuidad y operadores que actuaban de enlace entre empresarios y funcionarios públicos. No es casual que ENERSA, la empresa estatal de energía, vuelva a estar en el centro de una causa de presunta corrupción: en Entre Ríos, el área energética ha sido históricamente un foco de negocios paralelos y financiamiento político encubierto.

El espejo de los casos anteriores

La historia reciente muestra un patrón: el exgobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción, y ahora Bordet, mencionado en una trama que mezcla intereses empresariales, fondos públicos y lealtades políticas recicladas. Cada caso tiene sus matices, pero todos comparten una constante: la impunidad como sistema. Un poder judicial que se mueve con lentitud selectiva, fiscales que avanzan solo cuando el clima político lo permite y una sociedad que, entre la resignación y la bronca, ve cómo el “costo político” nunca se paga.

Conclusión preliminar: lo judicial y lo político

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a varios imputados y ordenó detenciones, entre ellas las de los propios Tórtul. Los peritajes hablan de millones de dólares en sobornos, de circuitos de dinero negro y de pagos canalizados a través de intermediarios. La investigación aún no alcanzó al exgobernador, pero la cantidad y la naturaleza de las menciones obligan a una pregunta elemental: ¿alcanza con “estar a disposición” o debería Bordet abrir sus registros y dispositivos para despejar cualquier duda? Mientras la causa avanza, la política se reacomoda: los viejos aliados guardan silencio, los nuevos se desmarcan y los que antes callaban hoy piden “investigación hasta las últimas consecuencias”. Un libreto repetido en todas las provincias argentinas.

Las preguntas que incomodan

1. ¿Por qué un expediente con 25.000 carillas y 100 menciones al exgobernador aún no fue ampliado a su entorno político inmediato?
2. ¿Qué controles internos aplicó ENERSA cuando sus contrataciones se mantenían sin competencia real?
3. ¿Por qué los mismos empresarios aparecen en distintos gobiernos con idénticas licitaciones?
4. ¿Qué mecanismos de auditoría existen en la provincia para detectar vínculos financieros entre contratistas y funcionarios?
5. ¿Dónde queda el control político, si la justicia actúa sola y la dirigencia apenas reacciona cuando los medios publican algo?

La política y el espejo roto

En Entre Ríos, la palabra “corrupción” ya no indigna; apenas confirma lo que todos sospechan. Pero este caso, más que un escándalo judicial, es una oportunidad para mirar hacia adentro. Porque si cada generación repite la misma defensa —“no tengo nada que ver”—, entonces el problema no es de nombres, sino de sistema. La negación permanente se ha vuelto la doctrina de la supervivencia política. Mientras tanto, los ciudadanos pagan la factura de esa hipocresía en tarifas, impuestos y servicios públicos degradados. El desafío es romper el espejo antes de que no quede nada que reflejar. Y que la Justicia —si aún le queda coraje institucional— demuestre que ningún apellido está por encima del expediente.

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