Un control vial de rutina en el departamento Feliciano derivó en un megaoperativo policial. El principal detenido es Carlos Manuel Fiordellino, uno de los prófugos más buscados del país. Secuestraron más de 260 kilos de máxima pureza, valuados en 5.000 millones de pesos, y ya se realizan allanamientos en Corrientes.
Un control vehicular preventivo de la Policía de Entre Ríos terminó convirtiéndose en uno de los golpes más importantes de los últimos años contra el narcotráfico en la región. El procedimiento, que incluyó una cinematográfica persecución por las rutas entrerrianas, culminó con la captura de un peligroso narco santafesino que supo integrar la lista de los diez prófugos más buscados de la Argentina.
El operativo se inició en las inmediaciones del Puesto de Control Vial “Puente de Hierro”, sobre la Ruta Provincial N.º 28, en el norte entrerriano. Allí, los uniformados intentaron detener la marcha de un lujoso automóvil Mercedes Benz para identificar a sus ocupantes. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las señas de los efectivos, aceleró a fondo y emprendió una violenta huida.
La fuga obligó a desplegar de inmediato un amplio operativo cerrojo en el que intervinieron distintas dependencias policiales del departamento. Tras recorrer varios kilómetros a alta velocidad, el vehículo fue interceptado y cercado por las patrullas en un estado crítico: circulaba con una de sus ruedas delanteras completamente destruida, apoyada directamente sobre la llanta.
Los detenidos y un frondoso prontuario
En el interior del rodado viajaban dos hombres que quedaron inmediatamente incomunicados. Fueron identificados como Benjamín Ariel Maciel y Carlos Manuel Fiordellino, de 53 años. Este último es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad federales, poseedor de un extenso historial criminal con más de 40 causas judiciales por narcotráfico, tenencia ilegal de armas y uso de documentación falsa. Fiordellino se encontraba prófugo tras haberse escapado de una dependencia policial de la ciudad de Rosario.
En la requisa inicial del habitáculo, los efectivos secuestraron dosis menores de marihuana y cocaína, teléfonos celulares y unos 300 mil pesos en efectivo. Sin embargo, el verdadero cargamento estaba oculto en la ruta del escape.
Un botín millonario en la banquina
Sabiéndose acorralados durante la persecución, los sospechosos habían comenzado a arrojar bultos por las ventanillas. Ante esto, las autoridades ordenaron un exhaustivo rastrillaje en las banquinas y sectores linderos a la Ruta 28. Fue allí donde los investigadores hallaron varios bolsos y mochilas que contenían un total de 250 ladrillos compactos.
Las pruebas químicas de laboratorio confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de extrema pureza. El cargamento totalizó más de 260 kilos que, según estimaciones oficiales, tendrían un valor de mercado cercano a los 5.000 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares).
En posteriores rastreos en la zona del hallazgo de la droga, los policías también incautaron una pistola calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores y municiones, además de otro teléfono celular y un cuchillo. Desde las fuerzas aclararon que un fusil de asalto M4 calibre .223 que suele aparecer en los antecedentes fotográficos de Fiordellino pertenece a un procedimiento del año 2011 en Buenos Aires y no guarda relación con este operativo actual.
La conexión con Corrientes
La causa penal quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la intervención del fiscal federal Francisco Bernhardt y el secretario penal Alan Bergdolt.
Mientras los detenidos continúan bajo arresto y sin posibilidad de comunicarse, la investigación avanzó con fuerza hacia nuestra provincia. En las últimas horas se llevaron a cabo múltiples allanamientos en domicilios vinculados a los involucrados en la provincia de Corrientes. La clave de la causa está ahora en los peritajes tecnológicos sobre los teléfonos secuestrados, con los que se busca desarticular por completo la red logística, los contactos y los destinos de esta organización criminal con alcance nacional.
El también consultor internacional Rodrigo Paz aseguró que el sistema electoral colombiano “es de los más eficaces y de los mejores en América Latina”
Ricardo Paz, observador internacional y consultor político boliviano, habló sobre la gran trascendencia que tienen los comicios presidenciales de este domingo 31 de mayo en Colombia.
“Las elecciones colombianas han causado enorme interés no solo en América Latina, sino todo el mundo. Deben ser las elecciones más importantes en Colombia desde 1991”, expuso.
El nivel de atención internacional, según el experto, enriquece el proceso de observación electoral, podría aportar a su óptimo desarrollo e incluso contribuir en su transparencia.
“El que haya distintas miradas va a permitir que, en el caso de que se conozcan los informes, se pueda garantizar la buena marcha, la pulcritud y la eficiencia de estas elecciones”, dijo Paz.
El observador internacional aseguró que, junto a su equipo de trabajo, estará pendiente “de que la jornada se desarrolle como todos deseamos en un ámbito de absoluta tranquilidad y de paz”.
El sistema electoral colombiano, señaló Paz, “es de los más eficaces y de los mejores en América Latina”, basado en su amplia experiencia de más de cuatro décadas como observador internacional.
El cadáver fue encontrado en el descampado de Ampliación Ferreyra
CÓRDOBA.- Apareció muerta la adolescente de 14 años Agostina Vega, desaparecida desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba. Alrededor de las 16 el ingreso de una camioneta morguera a la zona de Ampliación Ferreyra, que venía siendo rastrillada hace 30 horas, preanunció lo peor.
Gabriel Vega, el padre de Agostina, fue quien estuvo en el lugar junto al fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero.
Cuando quedaban pocas horas para que se cumplieran los siete días de su desaparición se confirmó que se hallaron “restos humanos” en el predio de unas 240 hectáreas que era rastrillado desde el viernes a la mañana.
Búsqueda de AgostinaSEBASTIAN SALGUERO – LA NACION
Anoche Claudio Barrelier, el único detenido, admitió en su segunda indagatoria, haber estado en ese descampado a 17 kilómetros de su casa en Cofico a donde llegó la adolescente el pasado sábado 23 de mayo alrededor de las 22.30. Llegó allí en un Ford K negro que había pedido a una mujer amiga para hacer “una changa” el lunes pasado
Barrelier tiene 33 años, estuvo tres años en pareja con Heredia y tiene una causa abierta hace un año por privación ilegítima de la libertad de una mujer. Era empleado de la Municipalidad de Córdoba -fue desafectado después de quedar detenido-, hincha de Instituto (se juntaba con la madre de Agostina y otros fanáticos a ver partidos en la casa situada en Cofico) y tiene vínculos con dirigentes peronistas. De hecho, el concejal Ricardo Moreno reconoció haberlo recomendado para el trabajo.
En la tarde del sábado Jorge Sánchez del Bianco renunció a la defensa de Barrelier. El abogado confirmó a LA NACION que se alejó por “diferencias técnicas irreconciliables”.
Vega, el padre de la adolescente, en declaraciones a TN en la mañana del sábado dijoque el detenido “no actuó solo, hay gente que fue cómplice”.
“Conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con él, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras. Dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, apuntó.
Al ser consultado sobre Melisa Heredia, la madre de la menor, Gabriel no se refirió a ella directamente, pero apuntó tajante: “Está lleno de enfermos, pedófilos, gente psicópata, pero si vos sabés que te relacionás con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevás a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así”.
“Pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas, si fuiste responsable de alguna cosa, hacete cargo, es así de simple. Si tiene más información que la diga y que se haga cargo. Si estuvo con gente que no debía, bueno, pero así vamos a encontrar a Agostina. No me la quiero cruzar más porque pensamos muy distinto”, dijo el padre de la menor al referirse a su expareja.
Remis y mensajes
El sábado pasado, según contó su madre, Agostina estaba jugando con su hermano de 7 años en su casa de barrio General Mosconi cuando fue a buscar unas empanadas hasta el almacén de su abuelo, al lado.
“Cuando volvió su hermano -afirmó la madre- le pregunté si estaba Agostina en el negocio de su abuelo y me respondió ‘no má, la Agos no está’”. La llamó al teléfono móvil a las 22.30; “sonó cuatro veces y no sonó nunca más hasta el día de hoy”.
Después, gracias al relato del remisero que llevó a la adolescente hasta barrio Cofico, se reconstruyó que ella se cruzó hasta donde había cinco autos remises y le pidió a él ir hasta Del Campillo y Fragueiro.
Fue el remisero quien reveló el recorrido y el diálogo que mantuvieron. Lo hizo el domingo por la tarde, cuando vio los carteles de búsqueda de la chica. El hombre contó que iba tranquila y alegre, que le mencionó que iba a “preparar una sorpresa” para su madre. Él le hizo varias preguntas porque admitió que le llamó la atención la hora en que se movilizaba sola y la zona a la que iba.
Cuando llegó a la esquina solicitada se le acercó un hombre, a quien ella conoció de inmediato, y le pagó el viaje. Cuando vio las fotos de Barrelier, el remisero lo reconoció.
La madre habló con Barrelier cerca de la 1 de la mañana del domingo, el dijo q no la había visto y como a las 5, en otro contacto, le reconoció que había estado con ella, que la acompañó hasta un “auto rojo” y que se fue con un “noviecito”. Esa fue la declaración que después cambió dos veces.
Daniel D’Ambros comenzó en los años ’90 con una producción familiar en Concordia. Ahora, su empresa protagonizó un hito para las exportaciones argentinas.
En los años 90 Daniel D´Ambros empezó a producir miel en el garage de su casa, en Concordia, Entre Ríos. Tenía 400 colmenas y en ese entonces no imaginó que, décadas después, iba a convertirse en el protagonista de un hecho histórico para la Argentina.
Luego de confirmarse que desde el 1 de mayo de 2026 entraba en vigencia el acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la producción de Daniel fue la que “completó el primer embarque que el país envió a Alemania con arancel cero”.
Luego de confirmarse que desde el 1 de mayo de 2026 entraba en vigencia el acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la producción de Daniel fue la que “completó el primer embarque que el país envió a Alemania con arancel cero”.
“Mi hija me avisó que logramos meter la miel con arancel cero”
Si bien reconoció que “la exportación da muchos logros, y la mayoría son con sabor a dulce”, sobre este hito en particular en diálogo con TN, dijo: “Me puse contento, era un sueño. Llegar con arancel cero a Estados Unidos y arancel cero a Europa, era impensado”.
En 1991 Daniel tenía “400 colmenas, casi como una producción secundaria”. Junto a su familia apostó a seguir creciendo, y ahora tiene unas 15.000.
“Producimos entre 600 y 800 toneladas de miel, y exportamos 2300, 2500″, detalló en TN el entrerriano, y se emocionó al relatar cómo fue el momento en que se enteraron que desde Concordia, estaban haciendo historia.
Así anunció el Canciller Pablo Quirno la vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la UE (Foto: x/pabloquirno).En los años 90 Daniel D´Ambros empezó a producir miel en el garage de su casa (Foto: X/marcasarg_).
“Mi hija, María de los Ángeles, que es la que está a cargo de la empresa, estaba muy expectante. No podía dormir y ella me avisó que logramos meter la miel con arancel cero. Estaba con una alegría enorme”, recordó.
“El arancel nos dolía hasta en el alma, parecía unb castigo”
Puntualmente, los tambores que enviaron a Europa llegaron a Alemania, y la miel fue la de eucaliptus, que es el tipo característico que consumen allí. “Tiene mucho cuerpo. La miel clara o ámbar se la lleva Estados Unidos, es de pradera, de alfalfa, y bastante más cara que esta”, indicó.
A pesar de que el productor apícola desde hace mucho tiempo exporta, ante el hito nacional contó que decidió guardar “un tambor de ese contenedor” que mandaron a Europa.
Jorge Sánchez del Bianco dijo a Cadena 3 que su cliente reconoció que la menor “es la del video”, pero aseguró que estuvo en su vivienda “30 o 40 minutos”. Afirmó que mintió “por temor que le pasara algo a su hija”.
El abogado defensor de Claudio Gabriel Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, brindó precisiones tras la ampliación de la declaración indagatoria de su cliente en el marco de la búsqueda de Agostina Vega.
En diálogo con Cadena 3, el letrado manifestó este viernes a la noche su sorpresa ante el llamado a declarar nuevamente y aclaró que la instancia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción y no por la defensa.
Según Sánchez del Bianco, Barrelier mantuvo en términos generales su postura inicial, aunque aportó nuevos detalles sobre los momentos previos a la desaparición de la adolescente de 14 años, buscada hace seis días en Córdoba.
Durante la declaración, el detenido admitió que Agostina ingresó a su domicilio, confirmando las imágenes que obran en la causa, pero aseguró que la joven permaneció allí apenas “entre 30 y 40 minutos”.
Barrelier describió su vivienda como una construcción antigua con habitaciones separadas y detalló que estuvieron en el sector de la cochera.
Allí, según sus palabras, se limitó a conversar con la menor para “entretenerla”, mientras ella esperaba que alguien pasara a buscarla en un vehículo.
Respecto al momento en que perdió contacto con la joven, el imputado reiteró la versión de un automóvil rojo, aunque brindó algunas características distintas a las aportadas anteriormente.
Sostuvo que Agostina se retiró de la propiedad por sus propios medios tras avisar “Me voy”, subiéndose a dicho rodado, momento en el cual él le perdió el rastro.
En la vivienda también se encontraban la esposa y la hija de Barrelier, además de una mujer de un matrimonio que vive en la planta alta, aunque el defensor no precisó si ellas pudieron ver efectivamente a la menor.
Otro punto clave de la indagatoria fue el uso de un Ford Ka negro perteneciente a una amiga de barrio Jofré. Barrelier reconoció haber utilizado ese auto el lunes 25 de mayo para trasladar herramientas relacionadas con una “changa” de instalación de una puerta.
¿Por qué mintió?
Por otra parte, al ser consultado sobre por qué inicialmente mintió diciendo que quien ingresaba a su casa era su hija y no Agostina, Sánchez del Bianco dijo que el acusado argumentó que lo hizo “por temor a que le pasara algo a su hija y para no exponerla”.
FOTO: Agostina Vega y Claudio Barrelier, el único detenido del caso. (Foto: redes)
El abogado defensor de Claudio Gabriel Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, brindó precisiones tras la ampliación de la declaración indagatoria de su cliente en el marco de la búsqueda de Agostina Vega.
En diálogo con Cadena 3, el letrado manifestó este viernes a la noche su sorpresa ante el llamado a declarar nuevamente y aclaró que la instancia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción y no por la defensa.
Según Sánchez del Bianco, Barrelier mantuvo en términos generales su postura inicial, aunque aportó nuevos detalles sobre los momentos previos a la desaparición de la adolescente de 14 años, buscada hace seis días en Córdoba.
Durante la declaración, el detenido admitió que Agostina ingresó a su domicilio, confirmando las imágenes que obran en la causa, pero aseguró que la joven permaneció allí apenas “entre 30 y 40 minutos”.
Barrelier describió su vivienda como una construcción antigua con habitaciones separadas y detalló que estuvieron en el sector de la cochera.
Allí, según sus palabras, se limitó a conversar con la menor para “entretenerla”, mientras ella esperaba que alguien pasara a buscarla en un vehículo.
Respecto al momento en que perdió contacto con la joven, el imputado reiteró la versión de un automóvil rojo, aunque brindó algunas características distintas a las aportadas anteriormente.
Sostuvo que Agostina se retiró de la propiedad por sus propios medios tras avisar “Me voy”, subiéndose a dicho rodado, momento en el cual él le perdió el rastro.
En la vivienda también se encontraban la esposa y la hija de Barrelier, además de una mujer de un matrimonio que vive en la planta alta, aunque el defensor no precisó si ellas pudieron ver efectivamente a la menor.
Otro punto clave de la indagatoria fue el uso de un Ford Ka negro perteneciente a una amiga de barrio Jofré. Barrelier reconoció haber utilizado ese auto el lunes 25 de mayo para trasladar herramientas relacionadas con una “changa” de instalación de una puerta.
¿Por qué mintió?
Por otra parte, al ser consultado sobre por qué inicialmente mintió diciendo que quien ingresaba a su casa era su hija y no Agostina, Sánchez del Bianco dijo que el acusado argumentó que lo hizo “por temor a que le pasara algo a su hija y para no exponerla”.
Finalmente, el abogado subrayó que su defendido asegura no haber salido de su casa durante la noche del sábado, sino que permaneció despierto hasta las 5 de la mañana.
El letrado evitó revelar precisiones adicionales por encontrarse la causa bajo secreto de sumario, pero confió en que los nuevos datos aportados corroboran la “posición exculpatoria” de su cliente.
Mientras tanto, la Justicia continúa investigando el paradero de la adolescente y peritando los elementos para intentar desentrañar el caso.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos neutralizó una posible amenaza contra una escuela de Paraná tras recibir información sensible procedente del FBI, canalizada a través de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia.
La información suministrada a las autoridades daba cuenta de mensajes emitidos por un menor de edad de Paraná, quien manifestaba su intención de realizar un ataque con armas de fuego contra alumnos de su escuela y posteriormente quitarse la vida.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) conformaron de inmediato una Mesa de Situación Interagencial para coordinar las tareas preventivas y de investigación. La contingencia se originó a partir de una alerta internacional recibida el jueves 28 de mayo, transmitida por representantes del FBI de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
Según se informó, la amenaza había sido publicada originalmente en la plataforma digital Discord y hacía referencia explícita a la intención de perpetrar un ataque masivo dentro de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez de Paraná. A partir de ello, las autoridades activaron un operativo de máxima urgencia para evaluar el escenario y prevenir cualquier situación de riesgo.
Como primera medida, y en el marco de la intervención judicial, se logró identificar al menor involucrado, el establecimiento educativo señalado y el domicilio donde residía. Mediante el cruce de información tecnológica y tareas de campo desarrolladas con carácter urgente, los investigadores individualizaron al presunto autor de las amenazas virtuales, tratándose de un alumno menor de edad domiciliado en Paraná.
Frente a la extrema gravedad institucional del hecho, la Jefatura de Policía dispuso la inmediata articulación entre las áreas operativas e investigativas de la fuerza, representantes del Ministerio Público Fiscal y autoridades del CGE. El objetivo fue centralizar la información disponible, coordinar las actuaciones y planificar las medidas de prevención necesarias. En ese marco, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de las clases durante la jornada del viernes 29 de mayo.
La medida permitió resguardar la integridad de la comunidad educativa y facilitar el despliegue de vigilancia policial permanente en las inmediaciones del establecimiento ubicado sobre calle Martín Zapata. Asimismo, con intervención de la magistratura competente y del Juzgado de Garantías en turno, durante la madrugada de este viernes se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del menor.
El procedimiento arrojó resultado negativo respecto de la existencia de armas de fuego, lo que permitió descartar de inmediato la presencia de elementos de riesgo físico vinculados al hecho. No obstante, se secuestraron dispositivos informáticos, teléfonos celulares y soportes digitales para su correspondiente análisis forense. Desde los organismos intervinientes destacaron que la rapidez de la respuesta y la articulación entre las áreas de seguridad, justicia y educación fueron determinantes para neutralizar la contingencia y garantizar la protección integral de alumnos, docentes y ciudadanía en general.
CONVOCATORIA ABIERTA DESDE EL MARTES 28 DE ABRIL HASTA EL JUEVES 11 DE JUNIO DE 2026
La Secretaría de Cultura de la Nación -a través del Fondo Nacional de las Artes -y la Fundación María Calderón de la Barca, lanzan en conjunto una nueva edición de este histórico premio bienal que busca reconocer y potenciar la producción pictórica argentina contemporánea.
Creada en 1962 por el Dr. Carlos Alberto Saráchaga, la Fundación María Calderón de la Barca es una institución privada sin fines de lucro que, desde hace más de 60 años, promueve el arte, la cultura, la educación y la acción solidaria en la Argentina.
En 1964 creó el Premio Pintura María Calderón de la Barca, una de las distinciones económicas más importantes del país, que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del arte a nivel federal, promover la circulación de obras y generar vínculos entre artistas, instituciones y el mercado cultural.
Destinatarios:
Podrán participar artistas visuales argentinos (nativos o naturalizados) mayores de 18 años, con al menos 2 años de residencia en la provincia por la que se postulan.
Deberán poseer un título de grado en artes visuales, carreras afines (como arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, fotografía o artes audiovisuales), o formación idónea.
Requisitos:
Cada participante podrá postular una única obra pictórica, realizada con posterioridad a 2022, que sea original, inédita y no haya sido premiada anteriormente.
La obra deberá tener un tamaño mínimo de 1,20 m de alto por 0,80 m de ancho, sin superar los 2 x 2 m, y no exceder los 20 kg de peso total, incluyendo marco y soporte.
La presentación se realizará desde el usuario del autor, mediante el envío de una fotografía de la obra, acompañada de su título, técnica y dimensiones, junto con una memoria descriptiva, copia del DNI y currículum vitae.
Premios adquisición:
Primer Premio Fundación: USD 30.000
Segundo Premio Fundación: USD 15.000
Tercer Premio Revelación Federal: USD 5.000
Podrán otorgarse también menciones honoríficas.
Un Jurado de Preselección elegirá entre 5 y 10 obras por cada provincia y CABA (según la cantidad de postulantes por jurisdicción), garantizando la inclusión de al menos 3 artistas emergentes por distrito. Posteriormente, un Jurado de Selección elegirá 24 obras finalistas (una por cada provincia y CABA), que serán exhibidas en una muestra en el Palacio Libertad en agosto de 2026. Durante el acto de inauguración, se anunciarán las tres obras ganadoras del concurso, que pasarán además a formar parte del patrimonio de la Fundación María Calderón de la Barca.
Plazos:
Cierre de la convocatoria: jueves 11 de junio
Anuncio de seleccionados para la exhibición: a partir del 20 de julio.
Recepción de obras en el Palacio Libertad: entre el lunes 3 y miércoles 5 de agosto.
Inauguración de la muestra: 13 de agosto. Finalización: 13 de septiembre.
Jurado:
Por la Fundación – Alberto Robredo (h), miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca – Presidente del Jurado. – Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del Fondo Nacional de las Artes. – Victoria Giraudo, curadora ejecutiva, ex jefa de Curaduría del MALBA.
Por la Secretaría de Cultura – Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes. – Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial. – Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes.
La región que produce energía para dos países convive con pobreza estructural, tarifas elevadas y décadas de promesas incumplidas
Mientras las turbinas siguen alimentando grandes ciudades, Concordia y Salto continúan esperando el progreso prometido hace más de cuatro décadas.
Por Alejandro Monzón para Análisis Litoral
La represa de Salto Grande fue presentada como una de las mayores epopeyas de integración y desarrollo de América Latina. Energía limpia, crecimiento económico, industrias, empleo, navegación, progreso social y una nueva era para el litoral argentino y uruguayo. Esa fue la promesa original.
Hoy, más de cuatro décadas después de la inauguración definitiva del complejo hidroeléctrico binacional, una pregunta incómoda sigue flotando sobre las aguas del río Uruguay:
¿Dónde quedaron los beneficios para Concordia y Salto?
Porque mientras la energía generada en Salto Grande continúa abasteciendo grandes centros urbanos, industrias y millones de usuarios en Argentina y Uruguay, las ciudades que convivieron con el impacto directo de la obra jamás lograron transformar aquel sacrificio histórico en bienestar permanente para su población.
Y el contraste duele.
La región que genera energía convive con algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país, mientras Concordia permanece atrapada en índices alarmantes de pobreza estructural y exclusión social.
La paradoja es brutal: las turbinas nunca dejaron de girar, pero el desarrollo regional sí.
EL SUEÑO DEL PROGRESO
Todo comenzó oficialmente en 1946, cuando los gobiernos de Juan Domingo Perón y Tomás Berreta firmaron el acuerdo binacional que dio origen a la futura represa de Salto Grande.
La iniciativa prometía aprovechar el río Uruguay “para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países”. No se trataba solamente de producir electricidad. El proyecto hablaba de integración regional, desarrollo humano y crecimiento sostenido.
Con el correr de los años, aquella visión se transformó en una megaobra sin precedentes para la región.
La construcción comenzó formalmente en 1974 y movilizó a miles de trabajadores argentinos y uruguayos. Concordia y Salto vivieron entonces una verdadera explosión económica. Hoteles repletos, alquileres imposibles de conseguir, comercios trabajando día y noche, consumo récord y salarios que movían toda la economía local.
Durante años, la ciudad respiró prosperidad.
Muchos todavía recuerdan aquella etapa como una especie de “edad dorada” para esta región del litoral.
Pero había un problema: esa prosperidad dependía exclusivamente de la obra.
Y cuando la obra terminó, también terminó el derrame económico.
CUANDO EL PROGRESO SIGUIÓ DE LARGO
La represa quedó. Las turbinas siguieron funcionando. La energía continuó viajando hacia las grandes capitales.
Pero Concordia quedó sola.
El final de la construcción dejó una región sin planificación productiva, sin reconversión económica y sin una estrategia de desarrollo capaz de reemplazar el gigantesco movimiento que había generado Salto Grande.
La gran pregunta aparece inevitablemente:
¿Cómo puede ser que las ciudades que producen energía para dos países jamás hayan recibido una tarifa diferencial real?
¿Cómo puede ser que el corazón energético del litoral argentino siga conviviendo con pobreza estructural?
¿Cómo puede ser que la riqueza del río Uruguay termine beneficiando principalmente a sistemas centrales alejados de la realidad regional?
Las respuestas nunca llegaron del todo.
Con el paso de los distintos gobiernos democráticos, el discurso sobre la “reparación histórica” se transformó muchas veces en una bandera política utilizada ocasionalmente, pero sin modificaciones estructurales profundas.
La región siguió esperando.
LO QUE NO SE DICE
Hay una discusión que durante años la política evitó abordar de frente.
Salto Grande terminó consolidando un modelo donde la región aporta recursos estratégicos mientras otros centros urbanos concentran gran parte de los beneficios económicos.
Porque la energía producida en el río Uruguay alimenta industrias, sistemas urbanos y economías alejadas del litoral, mientras Concordia y Salto nunca lograron consolidar un verdadero polo industrial energético propio.
La pregunta entonces se vuelve todavía más incómoda:
¿Quién se quedó realmente con la riqueza generada por Salto Grande?
Porque no alcanza con inaugurar plazas, cordones cuneta, edificios públicos o programas temporales financiados por excedentes.
La discusión de fondo es otra: energía accesible, radicación industrial, incentivos fiscales regionales, empleo genuino y un esquema permanente de desarrollo económico.
Todo lo demás termina siendo apenas administración de consecuencias.
FEDERACIÓN: EL PRECIO MÁS ALTO
La historia de Salto Grande también tiene un símbolo imposible de ignorar: Federación.
Para que la represa pudiera funcionar, una ciudad prácticamente desapareció bajo el agua.
Miles de familias fueron desplazadas. Se rompieron barrios enteros. Se perdió identidad social, cultural y afectiva.
Federación pagó el costo más visible de aquella promesa de progreso.
Y aun así, generaciones enteras aceptaron ese sacrificio bajo una convicción: que el futuro valdría la pena.
Décadas después, todavía persiste la sensación de que gran parte de aquella deuda histórica continúa abierta.
DICTADURAS, SILENCIOS Y HERIDAS
La megaobra avanzó bajo gobiernos militares en Argentina y Uruguay.
Las dictaduras impulsaron y aceleraron la construcción mientras la región convivía con persecuciones, listas negras, desapariciones y controles sobre trabajadores.
Con el tiempo también aparecieron otras sombras: las denuncias por enfermedades vinculadas al asbesto utilizado en instalaciones de la represa y las causas judiciales impulsadas por trabajadores afectados.
La historia de Salto Grande no solamente habla de ingeniería.
También habla de costos humanos.
EL PRESENTE: UNA REGIÓN QUE SIGUE ESPERANDO
En 2026, Concordia continúa encabezando rankings de pobreza e informalidad laboral.
Y mientras tanto, las boletas de electricidad siguen golpeando a miles de familias y comerciantes locales.
La sensación social se parece cada vez más a una certeza: el famoso “tren del progreso” pasó por la región… pero nunca se detuvo definitivamente.
La obra que prometía transformar el litoral terminó dejando una dependencia económica que jamás fue reemplazada por un verdadero proyecto de desarrollo sustentable.
Y allí aparece la deuda más profunda de todas: la incapacidad de la dirigencia política de pensar un modelo regional para el después.
EL MUNDO SÍ LO HIZO
Distintas regiones del mundo que convivieron con grandes represas lograron construir sistemas de compensación y beneficios permanentes para sus comunidades.
En Brasil y Paraguay, Itaipú permitió desarrollar infraestructura estratégica, regalías y crecimiento urbano regional.
En Canadá y Noruega, la renta hidroeléctrica se transformó en inversión local, desarrollo productivo y tarifas competitivas para las comunidades afectadas.
Aquí, en cambio, la discusión sigue atrapada entre anuncios, proyectos aislados y promesas que reaparecen en épocas electorales.
LA PREGUNTA FINAL
Tal vez haya llegado el momento de discutir algo más profundo.
Si la región entregó territorio, recursos naturales, identidad y generaciones enteras al desarrollo energético nacional, entonces el país también tiene una deuda histórica con el litoral.
Una deuda que ya no puede pagarse con discursos.
Porque las preguntas siguen ahí:
¿Puede existir justicia energética si quienes producen la energía no pueden pagarla?
¿Puede hablarse de desarrollo cuando las ciudades que sostienen el sistema siguen atrapadas en la pobreza?
¿Puede una región vivir eternamente del recuerdo de una obra gigantesca mientras las oportunidades siguen emigrando?
Quizás el mayor drama de Salto Grande no sea solamente lo que el agua tapó.
Sino todo lo que nunca llegó después.
LO QUE NO SE DICE
La energía barata terminó favoreciendo principalmente a grandes centros urbanos alejados del litoral. Concordia nunca consolidó un verdadero polo industrial energético. CAFESG terminó muchas veces absorbida por la lógica política y no por un proyecto estratégico regional. La reparación histórica sigue siendo más discursiva que real. El litoral continúa esperando un beneficio proporcional al sacrificio realizado.
¿QUÉ DEBERÍA RECLAMAR HOY LA REGIÓN?
Tarifa eléctrica diferencial permanente. Fondo regional de desarrollo productivo. Incentivos industriales para empresas electrointensivas. Coparticipación energética real. Plan binacional de desarrollo Concordia–Salto. Transparencia total sobre excedentes y regalías. Reconversión económica regional sustentable.
El miércoles 3 de junio a partir de las 15:00 en la biblioteca Julio Serebrinsky (Urquiza 721), se realizará una reunión previa a la conformación de una Orquesta de Cuerdas de esta institución.
Los interesados, (jóvenes y adultos) en formar parte de esta iniciativa que busca democratizar el acceso a la formación musical de calidad, deben concurrir el día y hora mencionados, a la reunión que tiene el por objeto organizar la conformación de esta propuesta.
El único requisito para formar parte de la orquesta es contar con instrumento propio.
La ruta del dinero en Concordia comenzó a exponer una trama de relaciones políticas, contrataciones, obras públicas y movimientos económicos que hoy están bajo la lupa judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Gustavo Bordet.
La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sumó este jueves un nuevo capítulo cargado de tensión política, sospechas empresariales y preguntas que empiezan a incomodar a sectores históricamente ligados al poder provincial.
Efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia realizaron cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia de Garantías y solicitados por el fiscal de la causa, el Dr. José Arias. Los procedimientos alcanzaron dos sucursales de la pinturería “Colorshop”, el local “Súper Color” y una vivienda del barrio privado Altos del Zorraquín, propiedad del empresario Salvador Carubia.
Pero detrás de los operativos no aparece solamente la búsqueda de documentación comercial o dispositivos electrónicos. Lo que empieza a emerger es algo mucho más profundo: una posible red de relaciones económicas, favores cruzados y movimientos patrimoniales que Fiscalía intenta reconstruir pieza por pieza.
Los muebles, las facturas y la pregunta que nadie logra responder
El dato que detonó los allanamientos surgió durante los procedimientos realizados semanas atrás en propiedades vinculadas a Bordet, tanto en calle Urquiza como en el Village Termal. Allí, los investigadores detectaron mobiliario de alta gama fabricado por Johnson, empresa especializada en cocinas, vestidores y amoblamientos premium.
Cuando Fiscalía rastreó la compra de esos productos, apareció un elemento inesperado: las facturas no estaban emitidas a nombre de Bordet, sino del empresario Salvador Carubia y de la firma GRUPPA 3 SRL. Sin embargo, las entregas fueron realizadas directamente en los domicilios del exgobernador.
La situación abrió una batería de interrogantes que hoy atraviesan toda la investigación:
¿Por qué un empresario pagaría mobiliario millonario para las viviendas particulares de un gobernador en funciones?
¿Existieron contraprestaciones estatales?
¿Se trató de una dádiva encubierta?
¿Hubo triangulación patrimonial?
¿Puede sostenerse la teoría de simples “favores entre amigos” cuando aparecen contratos estatales y relaciones comerciales de por medio?
Las sospechas no son menores. Mucho menos en una provincia donde la obra pública, los vínculos empresariales y determinados círculos políticos han convivido históricamente bajo un sistema de relaciones cerradas.
El teléfono que podría contener más de lo que se conoce
Fuentes extraoficiales indicaron que, durante el allanamiento en Altos del Zorraquín, Carubia se encontraba presente cuando irrumpió la policía. Los investigadores secuestraron un Iphone y una notebook que ahora podrían transformarse en piezas clave de la causa.
En ámbitos judiciales existe expectativa sobre el contenido de esos dispositivos: transferencias, conversaciones, archivos contables, presupuestos, vínculos comerciales o posibles intermediaciones que podrían ayudar a reconstruir el flujo económico detrás de determinadas operaciones.
Y es justamente ahí donde la investigación podría comenzar a escalar hacia otros nombres.
La sombra de nuevos “actores” en la película de corrupción entrerriana
Aunque oficialmente no existe información confirmada, en ámbitos políticos y judiciales de Concordia comenzaron a circular versiones sobre nuevas líneas investigativas que el fiscal tendría bajo análisis.
Una de ellas apuntaría a movimientos patrimoniales e inversiones que desde hace años llaman la atención entre empresarios, profesionales y dirigentes locales. En particular, algunas miradas empiezan a dirigirse hacia un conocido contador concordiense, vinculado políticamente a etapas de la gestión provincial, cuyo crecimiento económico y expansión empresarial habría despertado sospechas dentro del expediente.
Según trascendió, Fiscalía tendría interés en analizar operaciones realizadas mediante terceros, posibles estructuras societarias, inversiones inmobiliarias y movimientos comerciales que serían “visibles para cualquier concordiense”, según describen voces cercanas a la causa.
La hipótesis que comenzaría a explorarse es si existieron presuntos mecanismos de cobertura patrimonial mediante allegados, empresarios amigos o figuras utilizadas como eventuales testaferros para disimular activos, inversiones o incrementos patrimoniales difíciles de justificar.
Por ahora, todo se mueve en el terreno de las sospechas y líneas de análisis preliminares. Pero el clima en ciertos sectores políticos y empresariales de Concordia ya no es el mismo.
Porque en esta historia, los investigadores parecen convencidos de que todavía faltan aparecer varios nombres en escena.
Dentro de la causa volvió a tomar relevancia otra operación que en su momento generó cuestionamientos: la compra del terreno ubicado en avenida Chajarí y San Lorenzo, conocido como el loteo Mena/Beckman.
Los compradores fueron Salvador Carubia y su esposa.
El dato adquiere peso adicional porque Hugo Mena y Flavia Beckman aparecen imputados en la denominada Causa Contratos, una de las investigaciones más resonantes sobre presuntos desvíos de dinero en la provincia.
La conexión entre empresarios, operadores, contrataciones y funcionarios vuelve así a formar un entramado que la Justicia intenta descifrar.
La cifra que no cierra
Hay además un detalle que dentro de la investigación generó especial atención.
Según trascendió, el valor de los muebles pagados por Carubia y sus empresas para las viviendas de Bordet equivaldría a más del 20% del costo total de construcción declarado por el exgobernador para ambas propiedades.
El dato refuerza las sospechas sobre una posible subvaluación patrimonial.
Porque si solamente el mobiliario premium representa semejante porcentaje, entonces la pregunta empieza a ser inevitable:
¿Cuánto costaron realmente las propiedades?
Y sobre todo:
¿Quién terminó pagando verdaderamente la cuenta?
En Concordia, muchos observan esta causa como una película de corrupción entrerriana protagonizada por actores demasiado conocidos. La diferencia es que esta vez, detrás del telón político, parece haber fiscales dispuestos a seguir tirando del hilo hasta descubrir quiénes participaron realmente de la trama.
Los nombres que empiezan a sonar en voz baja en los pasillos del poder
Mientras la investigación judicial avanza sobre empresarios, facturación cruzada y posibles testaferros, en Concordia y Paraná hace tiempo que comenzaron a circular nombres que, hasta ahora, parecían intocables dentro de la estructura política y administrativa entrerriana.
Porque la pregunta que muchos empiezan a hacerse es si esta causa terminará únicamente en muebles, facturas y propiedades, o si detrás de todo esto existe una matriz mucho más profunda de negocios, retornos, contratos y enriquecimientos inexplicables sostenidos durante años.
En los pasillos judiciales y políticos algunos recuerdan que determinadas empresas no solamente aparecían vinculadas a obras y “obritas” del Estado, sino también a tareas tercerizadas en organismos estratégicos como Salto Grande o San Carlos, en épocas donde todavía resonaban nombres pesados del viejo esquema de poder concordiense. Y allí vuelve a aparecer una incógnita incómoda: ¿hubo internas, ajustes de cuentas o viejos socios que hoy decidieron soltar información para salvarse?
“Que destruyan pruebas”, ironizan algunos por lo bajo en ámbitos políticos, mientras otros se preguntan si parte de los movimientos financieros no habrían terminado fuera del país, particularmente en Uruguay, una plaza históricamente utilizada por empresarios y dirigentes argentinos para resguardar activos o triangular operaciones.
En paralelo, empiezan a crecer rumores —que por ahora permanecen en el terreno de las versiones políticas y comentarios de pasillo— sobre propiedades, inversiones y niveles de vida difíciles de explicar para algunos exfuncionarios, familiares y empresarios vinculados a distintos sectores del poder provincial.
Las conversaciones incluyen desde presuntas operaciones inmobiliarias realizadas a través de terceros hasta viviendas de altísimo valor ocupadas por familiares de exdirigentes que, en teoría, jamás podrían justificar semejante patrimonio con ingresos formales conocidos.
También reaparecen viejos nombres ligados al IAPV, al manejo de áreas sensibles del Estado y a hospitales públicos, mientras algunos memoriosos vuelven a preguntar qué ocurrió realmente con determinadas auditorías que jamás avanzaron, como las vinculadas al Hospital Masvernat y antiguas administraciones bajo sospecha.
En ese contexto, la sensación que empieza a instalarse en sectores políticos y judiciales es que el expediente podría transformarse en algo mucho más grande que una investigación patrimonial contra un exgobernador.
Porque si los investigadores logran reconstruir la ruta completa del dinero, las sociedades, las facturas y los vínculos empresariales, la causa podría terminar exponiendo una red política, administrativa y comercial mucho más amplia de lo que inicialmente se imaginaba.
Y allí aparecen nombres que todavía conservan lugares clave dentro del Estado provincial, organismos de control y estructuras administrativas que, paradójicamente, debían controlar justamente aquello que hoy la Justicia intenta desentrañar.
Por eso, más allá del impacto judicial, en Entre Ríos empieza a crecer otra discusión: cómo fue posible que durante años nadie viera —o nadie quisiera ver— patrimonios que crecían, inversiones llamativas, propiedades millonarias y empresarios que pasaban de un día para otro a manejar niveles económicos imposibles de explicar para la realidad promedio de la provincia.
La película recién empieza. Y en Concordia muchos creen que todavía faltan aparecer varios actores en escena.
