“fraude en ATER” La denuncia de María Estrella Martínez de Yankelevich reabre una pregunta que incomoda al poder político: ¿un fraude que durante una década permitió compensar deudas con créditos tributarios inexistentes pudo funcionar sin que los máximos responsables del organismo lo supieran?
La historia que parecía encaminada a cerrarse acaba de abrir una puerta mucho más peligrosa para el poder político entrerriano.
María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER y recientemente condenada por su participación en una millonaria maniobra de compensaciones tributarias fraudulentas, volvió a presentarse ante la Justicia.
Esta vez no para negar los hechos por los que fue condenada, sino para señalar hacia arriba.
Su denuncia pide investigar a Marcelo Casaretto, histórico dirigente del peronismo entrerriano y exdirector ejecutivo de ATER, además de otros cinco exfuncionarios que integraban la estructura jerárquica del organismo.
Y el planteo es explosivo porque apunta al corazón del problema:
¿Cómo pudo funcionar durante diez años una maquinaria destinada a generar créditos tributarios ficticios, compensar deudas reales y evitar el ingreso de dinero a las arcas provinciales sin que quienes conducían el organismo supieran absolutamente nada?
La pregunta todavía no tiene respuesta judicial.
$46 millones que hoy serían $14.700 millones
La investigación abarcó maniobras realizadas entre 2004 y 2014 y terminó dividida en tres grandes expedientes.
El perjuicio nominal estimado rondó los $46 millones de aquellos años. Actualizado mediante CER, el monto equivale aproximadamente a $14.700 millones a valores de agosto de 2026, unos US$9,7 millones al tipo de cambio mayorista.
El mecanismo investigado era concreto: se incorporaban datos falsos al sistema tributario para hacer aparecer a determinados contribuyentes como acreedores del Estado. Esos créditos inexistentes eran utilizados luego para cancelar obligaciones tributarias reales.
En términos simples: se borraban deudas que existían utilizando créditos que no existían.
Y mientras las pantallas del sistema podían mostrar una operación aparentemente válida, el dinero que debía llegar al Estado nunca ingresaba.
Ahora la mirada apunta a los despachos superiores
Martínez de Yankelevich sostiene que semejante estructura no podía haber sido montada exclusivamente por empleados de niveles administrativos.
En su denuncia afirma que jamás habría podido llevar adelante las maniobras sin la aprobación y el consentimiento de las máximas autoridades.
Entre los denunciados aparecen Marcelo Casaretto; Damián Alcides Zoff, exresponsable de Impuestos; César Del Castillo, de Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, de Informática; Federico Borra, del área Jurídica; y Manuel Valiero, responsable de Interior.
También afirma que en 2012 se habrían comunicado movimientos inusuales detectados en cuentas de contribuyentes y que Casaretto habría hecho caso omiso de esas advertencias.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con las claves informáticas de mayor jerarquía y la posibilidad de acceder y modificar información tributaria.
Si esas afirmaciones logran ser corroboradas, el expediente podría adquirir una dimensión completamente diferente.
Ya no estaría en discusión únicamente quién ejecutó las operaciones.
La pregunta pasaría a ser:
¿Quién las permitió, quién las conocía y quién tenía capacidad para detenerlas?
El problema de siempre: ¿abajo o arriba?
La política argentina tiene una vieja costumbre: cuando aparece un escándalo dentro del Estado, rápidamente aparecen responsables administrativos, empleados, expedientes y funcionarios de segunda línea.
Pero pocas veces la investigación consigue llegar hasta quienes verdaderamente tenían el poder de decisión.
Por eso esta denuncia resulta particularmente sensible.
Porque Martínez de Yankelevich no está diciendo que sea inocente.
Está diciendo algo diferente:
“Yo participé, fui condenada, pero esto no pudo hacerse solamente desde donde yo estaba”.
Y esa afirmación deberá ser probada.
No alcanza con una declaración. No alcanza con una sospecha. No alcanza con un apellido.
Pero tampoco sería razonable ignorarla.
Casaretto, un hombre que conoce como pocos la maquinaria estatal
Marcelo Casaretto ocupó cargos públicos durante más de tres décadas.
Fue ministro de Economía, senador provincial, asesor de distintas gestiones, presidente del IAPV, diputado nacional y, entre 2011 y 2015, estuvo al frente de ATER.
Por eso la denuncia tiene una particularidad política imposible de ignorar.
No apunta a un funcionario periférico. Apunta a quien estuvo sentado en la conducción del organismo recaudador.
Eso no significa que sea responsable de las maniobras.
Significa que, si la Justicia decide avanzar, tendrá que determinar qué grado de conocimiento y control tenía la conducción sobre lo que sucedía dentro de ATER.
Un nuevo capítulo para un peronismo que todavía carga con demasiadas preguntas
La denuncia aparece en una provincia donde distintas administraciones peronistas quedaron vinculadas en los últimos años a investigaciones judiciales de enorme impacto.
Urribarri, Bahl, Kueider, Bordet y ahora Casaretto aparecen —cada uno en situaciones procesales completamente diferentes— asociados a expedientes que volvieron a poner bajo la lupa el funcionamiento del poder político entrerriano.
Y aquí conviene hacer una distinción fundamental:
investigado no significa culpable; denunciado no significa condenado.
Será la Justicia la que determine responsabilidades.
Pero existe también una responsabilidad política que no necesita esperar una sentencia para formular preguntas.
Cuando durante una década se producen maniobras millonarias dentro del organismo encargado de recaudar los impuestos provinciales, alguien debería explicar qué controles funcionaban, cuáles fallaron y por qué.
La pregunta que nadie quiere contestar
El expediente podrá determinar quién fue responsable penalmente.
Pero hay una pregunta que pertenece al terreno político y que no debería desaparecer detrás de los expedientes:
¿Cómo pudo ocurrir?
Porque si el fraude se hizo abajo, hay que explicar por qué los controles de arriba no funcionaron.
Y si existieron advertencias, hay que determinar qué hicieron quienes las recibieron.
Y si nadie sabía nada, entonces el problema es todavía más grave:
¿Quién estaba realmente controlando la caja de Entre Ríos?
La Justicia tendrá ahora la palabra.
Pero la política entrerriana también debería empezar a dar explicaciones.