María Estrella Martínez de Yankelevich decidió romper el pacto de silencio y encender la mecha de una bomba de tiempo en los tribunales entrerrianos. Lejos de conformarse con el papel de chivo expiatorio tras haber sido condenada por el fraude histórico en el cobro de tributos, la ex Jefa de Despacho disparó directo hacia la cúspide del poder al denunciar penalmente al ex titular de la ATER, Marcelo Casaretto, junto a su plana mayor de directores. El giro no solo redefine la trama del desfalco multimillonario a las arcas públicas, sino que instala una hipótesis demoledora sobre la autoría intelectual del delito: la maniobra no fue el atrevimiento solitario de un par de empleados infieles, sino una aceitada ingeniería delictiva pergeñada, avalada y ejecutada desde las más altas esferas del organismo fiscal.
Para comprender la lógica detrás del esquema fraudulento, resulta fundamental desentrañar el funcionamiento cotidiano de las compensaciones truchas dentro de la administración tributaria. La revelación de la imputada empalma de lleno con las recientes condenas dictadas en juicios abreviados a empresarios particulares que se beneficiaron con el borrado de deudas, como el caso de Javier David Kolln, quien reconoció haber pagado retornos económicos para alterar los sistemas y simular que sus firmas poseían créditos a favor contra el Estado. Sin embargo, lejos de tratarse de una simple travesura informática ejecutada por administrativos de baja categoría, la operatoria requería de un engranaje jerárquico complejo donde los expedientes eran armados y digitados desde los despachos superiores. La denunciante remarca con énfasis que su total ignorancia en materia de computación y su rol meramente manuscrito hacían imposible que el personal de carrera pergeñara semejante defraudación sin la complicidad operativa del Director de Informática, Germán Gietz, y del resto de los directores obsecuentes.
Un elemento clave que desmonta la teoría de que la culpa moraba únicamente en las oficinas subalternas es la posesión de claves de nivel superior y las decisiones administrativas tomadas al asumir la gestión. Según se detalla en la presentación judicial, el ex Director Ejecutivo Marcelo Casaretto no solo habría concentrado el manejo absoluto de la caja, sino que al ingresar removió estratégicamente al Director de Administración, Javier Clotet, sin designar un reemplazante, al tiempo que dispuso por orden superior que los expedientes de compensación no regresaran a la ATER, limitándose a recibir copias de resoluciones ministeriales para imputar saldos ficticios en las cuentas corrientes. Esta arquitectura de control centralizado demuestra que las máximas autoridades ostentaban los privilegios informáticos indispensables para mover saldos tributarios y que cualquier alerta temprana sobre movimientos sospechosos fue deliberadamente ignorada, tal como ocurrió en el año 2012 cuando un auditor y el Director de Interior, Manuel Valiero, advirtieron anomalías en las cuentas de dos contribuyentes sin que se abriera investigación alguna.
La reconstrucción de los hechos revela una asombrosa fragilidad institucional frente a los mecanismos de control fiscal y expone la doble vara con el que la Justicia viene midiendo el escándalo de la ATER. Mientras los expedientes avanzan a cuentagotas logrando que contribuyentes privados y ex jefes de división acepten penas condicionales y pongan la firma en acuerdos abreviados, la acusación de la ex funcionaria busca perforar el cerco de impunidad que protege a los directores de área como Damián Alcides Zoff, César Del Castillo y Federico Borra. Las pericias informáticas realizadas sobre el sistema tributario provincial comprobaron que la plataforma SAT era un colador digital permeable a la manipulación de cualquier usuario, una vulnerabilidad sistémica que no parece haber sido un error de diseño, sino un canal liberado para la fuga de millones de pesos bajo el amparo de la vista gorda oficial.
La persistencia de esta trama de corrupción a lo largo de los años pone de manifiesto que el verdadero enriquecimiento ilícito no quedó depositado en los bolsillos de los empleados administrativos. En su escrito ante la Fiscalía, Martínez de Yankelevich exige un examen cruzado sobre la evolución patrimonial de Abelardo Daniel Gaggión, de ella misma y del propio Marcelo Casaretto junto a sus directores, para determinar a ciencia cierta quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de la caja negra impositiva durante la gestión. Se trata de una interpelación directa a las investigaciones judiciales del fuero local, que hasta el momento han concentrado el castigo en el eslabón más accesible de la cadena de mando, omitiendo analizar que ningún particular habría podido ingresar a los servidores públicos ni fraguar moratorias sin la venia directa del poder político de turno.
Esta explosiva denuncia se convierte así en un espejo incómodo para la política y la estructura estatal de Entre Ríos, evidenciando que los vaciamientos a las arcas públicas no son obra de voluntades aisladas, sino de sistemas de complicidad orgánica. A medida que la investigación penal deba resolver si cita a ratificar y ampliar sus dichos a los ex jefes acusados, la sociedad entrerriana asiste a un escenario donde los viejos pactos de silencio empiezan a resquebrajarse bajo el peso de las condenas. El dilema que enfrenta la Justicia ahora es expedirse sobre el fondo de la cuestión: determinar si el millonario perjuicio al erario público se detiene en los nombres de quienes apretaban los botones del teclado o si, por el contrario, alcanzará a los que permitieron, idearon y ejecutaron el fraude tributario más estrepitoso de la historia provincial.
