El PAMI oficializó una resolución que restituye y mejora la cobertura del 100% en medicamentos.
La Justicia Federal ordenó al PAMI dar marcha atrás y volver a las condiciones de cobertura del 100% en medicamentos.
La medida es de aplicación inmediata en todas las Unidades de Gestión Local (UGL) del país.
El trámite se realiza de forma online a través de la web oficial de PAMI en la sección de “Subsidio Social”.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó una resolución que amplía y mejora la cobertura del 100% en medicamentos. Esta medida impacta de forma positiva en la salud y el bienestar de los adultos mayores en Argentina.
Vuelve la cobertura 100% en medicamentos de PAMI
El diputado nacional Carlos Cisneros y la asociación civil REDECU comenzaron una acción de amparo colectivo ante las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del PAMI. Las normativas mantenían restricciones patrimoniales y burocráticas estrictas para que los jubilados puedan acceder a medicamentos de forma gratuita.
El Juzgado Federal N°2 de Mendoza falló a favor de los demandantes. De esta forma, ordenaron al organismo dar marcha atrás a la situación y restituir la gratuidad de los medicamentos a las condiciones previas a diciembre de 2024.
Cómo es la resolución del PAMI para la vuelta de la cobertura 100% en medicamentos
Esteban Leguízamo, titular del PAMI, presentó un “acuerdo de reparación integral” ante la Justicia. Así, la restitución será total ya que se aprueban nuevos y definitivos criterios para la cobertura de medicamentos al 100% por razones sociales.
Quedará ampliado el vademécum gratuito y se flexibilizan las barreras burocráticas de acceso. Y la aplicación será inmediata: la Dirección Ejecutiva emitió un memorándum interno oficial instruyendo a todas las Unidades de Gestión Local (UGL) de Argentina a ejecutar y aplicar la resolución de manera perentoria.
Cómo acceder a la cobertura en medicamentos de PAMI
Para acceder a este beneficio, el afiliado no puede estar registrado en otra obra social ni contar con cobertura de medicina prepaga. Además, el solicitante no debe ser dueño de más de un inmueble ni de vehículos de lujo; tampoco puede poseer embarcaciones o aeronaves, salvo excepciones por convivencia con personas con CUD.
El trámite se realiza online, siguiendo estos pasos:
Ingresar a la página oficial: pami.org.ar.
En “Trámites Web”, elegir “Medicamentos sin cargo por subsidio social”.
Completar el formulario, cargando datos personales, situación económica y la receta médica.
Esperar la evaluación del organismo, que confirmará si se cumplen los requisitos.
Retirar los medicamentos gratuitos en la farmacia indicada por el sistema.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Mendoza contra la distribuidora eléctrica EDEMSA volvió a poner en el centro de la escena a uno de los grupos empresarios más influyentes —y también más controvertidos— de la Argentina: el encabezado por Daniel Vila y José Luis Manzano.
La resolución judicial no sólo obliga a la empresa a pagar multas por incumplimientos en el servicio, sino que también deja al descubierto un mecanismo recurrente en la relación entre concesionarias y Estado: el intento de dilatar sanciones mediante recursos judiciales.
El fallo: un límite a la estrategia dilatoria
La Suprema Corte mendocina rechazó el recurso extraordinario presentado por EDEMSA y dejó firme la sanción aplicada por el EPRE. El punto central fue claro: la empresa debía pagar primero y reclamar después, tal como establece el contrato de concesión.
El tribunal descartó arbitrariedad y cerró la posibilidad de escalar el caso a la Corte Suprema de la Nación, marcando un precedente relevante en la regulación de servicios públicos.
Lo que no se dice
El fallo no sólo es técnico. También expone una tensión estructural: ¿hasta qué punto los grandes grupos concesionarios cumplen efectivamente con las reglas que aceptan al momento de obtener contratos con el Estado?
En este caso, la Justicia entendió que hubo una intención de eludir una obligación básica del esquema regulatorio.
Antecedentes: política, poder y negocios
Para entender la dimensión del grupo, hay que retroceder a los años ‘90.
José Luis Manzano, figura clave del menemismo, fue ministro del Interior de Carlos Menem. Su salida del gobierno estuvo rodeada de cuestionamientos políticos y denuncias que marcaron su imagen pública desde entonces.
Tras su paso por la función pública, inició junto a Vila una expansión empresarial que coincidió con el proceso de privatizaciones y concentración económica de la época.
Del Estado a los negocios regulados
El crecimiento del grupo se apoyó en sectores altamente sensibles:
Energía eléctrica (EDEMSA, Edenor)
Gas (Metrogas)
Petróleo (Phoenix Global Resources en Vaca Muerta)
Medios (Grupo América)
Se trata de áreas donde la relación con el Estado no es accesoria, sino estructural: concesiones, regulaciones, tarifas y marcos legales definen la rentabilidad.
Medios y poder: una expansión constante
El grupo consolidó su influencia con la adquisición de América TV y una red de medios en todo el país.
Este proceso se dio en paralelo a distintas etapas políticas: desde el menemismo hasta los gobiernos más recientes, atravesando crisis como la de Crisis de 2001 en Argentina.
Una constante incómoda
A lo largo de tres décadas, el grupo logró sostener y expandir su posición independientemente del signo político de los gobiernos.
Esa continuidad abre interrogantes inevitables:
¿Se trata de capacidad empresarial… o de adaptación al poder?
¿Cuánto influye la cercanía política en negocios regulados?
¿Dónde termina la inversión privada y dónde comienza la dependencia estatal?
El presente: entre sanciones y expansión
El fallo contra EDEMSA llega en un contexto donde el grupo sigue activo en sectores estratégicos y busca nuevas oportunidades de expansión.
En paralelo, su presencia en energía, minería y medios lo ubica como un actor central en la discusión sobre poder económico en la Argentina.
Cierre: más que un fallo, una señal
La decisión de la Corte mendocina no derriba un imperio, pero sí envía una señal:
que incluso los grupos más consolidados deben ajustarse a las reglas cuando el sistema institucional decide hacerlas valer.
La pregunta de fondo
En un país donde la relación entre política y negocios ha sido históricamente difusa, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión pendiente:
¿es posible un esquema de servicios públicos transparente cuando los mismos actores atraviesan gobiernos, regulaciones y estructuras de poder durante décadas?
Medios y poder: la red de influencia del Grupo América
El crecimiento del holding encabezado por Daniel Vila y José Luis Manzano no puede entenderse sin su pata mediática.
A lo largo de los años, consolidaron una estructura que combina televisión abierta, cable, radio, gráfica y plataformas digitales, conformando uno de los conglomerados más influyentes del país.
Televisión abierta y señales nacionales
El núcleo del grupo es América TV, una de las principales señales abiertas del país.
A esto se suma A24, canal informativo con fuerte presencia en la agenda política diaria.
También operan señales temáticas como:
América Sports
América Internacional
Radio: llegada directa a la agenda política
En el ámbito radial, el grupo controla:
Radio La Red
Radio Blue
En Mendoza, su base de origen:
Radio Nihuil
Estas emisoras han sido históricamente plataformas de instalación de agenda y posicionamiento político.
Gráfica y digital
El grupo también tiene presencia en medios tradicionales y digitales:
Diario Uno (con ediciones en Mendoza y otras provincias)
UNO Medios
Portales digitales asociados a sus marcas televisivas y radiales
Cable y distribución
A través de su estructura empresarial, también han tenido participación en sistemas de cable en distintas provincias, lo que les permitió controlar no sólo contenidos, sino también su distribución.
Un dato clave: lo que circula vs. lo confirmado
En el debate público suelen aparecer versiones sobre supuestas participaciones en otros grandes medios nacionales —como Telefe—.
Sin embargo, hasta el momento, esas afirmaciones no cuentan con confirmación oficial en términos de propiedad directa.
Esto no invalida el punto de fondo, pero sí obliga a distinguir entre:
El Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves la ordenanza que declara la emergencia ambiental en la ciudad. La medida habilita al Departamento Ejecutivo a implementar un nuevo esquema de recolección de residuos mediante la concesión de un sector del servicio a manos privadas.
Minutos después de la sesión, las partes salieron a decir lo suyo. Mientras que el bloque de Juntos por Entre Ríos defendió la iniciativa como una solución necesaria para un sistema “agotado”, el Justicialismo denunció una maniobra planificada para favorecer contrataciones directas sin transparencia.
El argumento oficial: “Fortalecer la gestión y preservar la salud”
Desde el bloque oficialista, el concejal Felipe Sastre fue el encargado de fundamentar la postura del gobierno local. Según el edil, la decisión busca revertir años de falta de planificación en una ciudad que ha crecido notablemente.
“En primer lugar a la sociedad debe quedarle en claro que el objetivo de esta decisión del Ejecutivo es fortalecer la gestión de residuos que a lo largo de los años, debido al crecimiento de la ciudad y sin planificación, se fue transformando en un desafío ambiental, sanitario y hasta económico para la Municipalidad”, remarcó Sastre.
El concejal subrayó que la declaración de emergencia brindará herramientas para ejecutar políticas que minimicen el impacto ambiental y permitan continuar con la erradicación de microbasurales. Además, enfatizó que la medida “se toma pensando en la gente para garantizar un servicio público que es esencial”.
Clarificaciones sobre la concesión y el empleo
Ante las críticas por una posible privatización total, Sastre aclaró que se trata de una concesión parcial y que el Estado mantendrá el rol de contralor.
“No se está privatizando. Como Estado vamos a estar siguiendo y controlando que se cumplan los mecanismos establecidos para que la recolección se haga en los términos que lo indique la concesión”, afirmó, citando modelos mixtos exitosos en otras ciudades del país.
Respecto a la situación de los empleados municipales afectados al área, el edil llevó tranquilidad: “Nadie pierde su fuente laboral con esta decisión ya que los trabajadores van a ser reubicados en otras áreas de la Municipalidad”.
La denuncia opositora: “Un negocio aceitado”
Por su parte, el Bloque de Concejales Justicialistas expresó un “profundo rechazo” a lo que consideran una degradación institucional del Concejo Deliberante.
“Entendemos que la declaración de emergencia constituye un artilugio legal para eludir los mecanismos de control y transparencia, reemplazando el proceso de licitación pública por la contratación directa”, señalaron en un comunicado titulado: “Algo huele mal en Concordia: ¿Emergencia ambiental o negocio?”.
Cuestionamientos a la celeridad del proceso
El peronismo local calificó el proceso como un “esquema sincronizado” y sostuvo que el operativo ya estaba en marcha antes de la votación:
Presencia de camiones: la noche previa habrían ingresado cinco unidades de la empresa VITSA.
Boletín Oficial: la ordenanza fue publicada y entró en vigencia a pocas horas de aprobada.
Comunicación anticipada: el comunicado oficial habría circulado antes de finalizada la sesión.
“Todo indica que en las próximas horas se avanzará con la firma del contrato. Se trata de un esquema sincronizado que configura, sin lugar a dudas, un negocio aceitado”, concluyeron.
Lo que no se dice: desorden estructural, pobreza visible y una deuda ambiental histórica
Más allá de la disputa política coyuntural, hay elementos que permiten ampliar la mirada y complejizar el debate.
En primer lugar, lo ocurrido en las horas previas a la votación expone un manejo, como mínimo, desprolijo del proceso de concesión. El ingreso de camiones recolectores de la empresa VITSA antes de la aprobación formal refuerza la idea de que la decisión estaba previamente ejecutada, independientemente del debate institucional.
Pero reducir el problema a esta discusión sería simplificarlo. La crisis de los residuos en Concordia no es nueva ni atribuible a una sola gestión. Por el contrario, atraviesa a distintas administraciones que nunca lograron controlar un punto neurálgico: el mantenimiento del parque automotor municipal. Los talleres, históricamente señalados por vecinos de la zona, han sido una caja negra donde el control efectivo brilló por su ausencia.
Las consecuencias de esa desorganización están a la vista: contenedores saturados en distintos barrios, microbasurales que se multiplican y un entorno degradado que ya no puede explicarse solo como una falla del servicio, sino como una expresión directa de la pobreza estructural que atraviesa la ciudad.
A esto se suma una deuda aún más profunda y silenciosa: el tratamiento de los residuos. El basural a cielo abierto del Campo del Abasto, en la zona de Cambá Paso, es quizás la imagen más cruda de esa desidia acumulada durante años. La contaminación de las napas por enterramiento de basura es un daño ambiental de larguísima recuperación, mientras que el terreno, horadado por la extracción de miles de metros cúbicos de ripio, presenta hoy un paisaje que muchos describen como un “campo de guerra”, improductivo y abandonado.
En ese contexto, la discusión sobre la concesión aparece como una pieza más —quizás necesaria, quizás apresurada— dentro de un problema mucho más amplio que incluye falta de planificación, ausencia de controles históricos y un deterioro social evidente.
Incluso en el corto plazo, ya comienzan a surgir dudas operativas: el primer esquema de recolección diagramado no se estaría cumpliendo en su totalidad, lo que abre interrogantes sobre la eficacia real del nuevo sistema en esta etapa inicial.
La doble lectura
La versión oficial habla de una decisión necesaria para ordenar un sistema colapsado y proteger la salud pública. La lectura opositora denuncia un mecanismo diseñado para acelerar contrataciones sin controles.
Pero por debajo de ambas narrativas subyace una verdad incómoda: el problema de los residuos en Concordia no empieza con esta ordenanza ni termina con una concesión.
Es el resultado de años —o décadas— de desorden, falta de control, degradación ambiental y una pobreza que ya no se puede ocultar detrás de un contenedor desbordado.
Pregunta abierta
Si la emergencia es real —y todo indica que lo es—, la pregunta ya no es solo quién presta el servicio, sino quién controla, cómo se planifica a largo plazo y, sobre todo, si existe una decisión política real de enfrentar el problema de fondo.
Porque sin eso, cualquier esquema —público, privado o mixto— corre el riesgo de convertirse en una solución transitoria sobre un problema estructural.
El Departamento de Estado anunció una recompensa para quienes aporten información sobre altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, señalados por planear y ejecutar actos terroristas en el mundo
En medio de su ofensiva contra Irán, las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre los principales líderes militares del régimen persa
“Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, declaró el Departamento de Estado. “Si tiene información sobre estos u otros líderes clave del CGRI o sus ramas, envíenosla a través de nuestra línea de información en Tor o Signal”.
Tor es una red abierta para la comunicación anónima. Los sitios web a los que se accede a través del navegador se conocen como la “web profunda” o “darknet”.
Los cinco hombres mencionados en el anuncio de la recompensa son el comandante del CGRI, Ahmad Vahidi; el jefe de inteligencia del CGRI, Majid Khademi; el jefe de drones del grupo paramilitar, Sa’id Aghajani; el jefe de ciberseguridad, Hamidreza Lashgarian; y Ali Abdollahi, quien dirige el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, un comando conjunto del ejército iraní. En su comunicado, el Departamento de Estado de EEUU afirmó que enviarles información “podría hacerle elegible para la reubicación y una recompensa”.
La semana pasada, Estados Unidos anunció una recompensa de hasta USD 10 millones por información que conduzca a la localización de altos funcionarios militares e inteligencia de Irán, incluyendo a su nuevo líder supremo, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Así lo indica la página web del Departamento de Estado, que detalla que la medida está dirigida a diez miembros asociados al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), fuerza leal al líder supremo y responsable de proteger el sistema clerical chií instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.
Este póster del Departamento de Estado de EE. UU. anuncia una recompensa de hasta $10 millones por información sobre líderes clave del IRGC de Irán, como el Ayatolá Mojtaba Khamenei, por su implicación en terrorismo global. (Departamento de Estado de Estados Unidos)
El anuncio se produjo tras la muerte de Alí Khamenei, anterior líder supremo de Irán, quien falleció junto a otros altos funcionarios iraníes en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero. Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder, asumió el liderazgo y se cree que resultó herido en los ataques. Desde entonces, no ha aparecido en público, aunque difundió varios comunicados.
Además del líder supremo, el gobierno estadounidense buscaba información sobre el ahora fallecido Alí Larijani, jefe de seguridad iraní; Esmail Jatib, ministro de Inteligencia; Eskandar Momeni, ministro del Interior; y dos funcionarios de la oficina de Khamenei. El sitio de recompensas también menciona a otros cuatro altos cargos, incluido el comandante del CGRI y el secretario del consejo de defensa, aunque sus nombres y fotografías no fueron publicados.
El Departamento de Estado afirmó: “Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”. El CGRI fue designado por Washington como organización terrorista extranjera, señalándolo como responsable de ataques donde han muerto ciudadanos estadounidenses.
Washington responsabiliza a Irán de planear asesinatos contra el expresidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses como represalia por la muerte del comandante militar iraní Qasem Soleimani en 2020. Las autoridades iraníes niegan cualquier vínculo con el terrorismo y describen las acusaciones estadounidenses como ataques políticos sin fundamento, alegando que Washington utiliza esos argumentos para justificar campañas de presión y sanciones.
Hay nombres que ocupan titulares. Y hay otros que orbitan en las sombras, pero que aparecerían —una y otra vez— en el corazón de los episodios más sensibles del poder argentino.
El de Franco Bindi parecería pertenecer a esta segunda categoría.
Abogado, supuesto operador silencioso y —según diversas versiones periodísticas— habitué de los márgenes donde se cruzarían política, justicia e inteligencia, Bindi volvería a emerger en la escena pública. Esta vez, no solo por su vínculo personal con la actual diputada nacional Marcela Pagano, sino por una trama más amplia que lo conectaría con el poder territorial de Gerardo Zamora.
Un nombre que se repetiría
En los últimos meses, el nombre de Bindi habría aparecido asociado a episodios de alto voltaje político: la difusión de audios que impactaron en la interna del oficialismo, supuestas gestiones paralelas en vínculos internacionales sensibles y una persistente presencia en causas judiciales complejas desde hace más de una década.
Nada de esto, por sí solo, constituiría prueba judicial. Pero sí configuraría un patrón: Bindi aparecería siempre en los márgenes de los conflictos donde se jugaría poder real.
El dato judicial más reciente
En ese contexto, en las últimas semanas se habría conocido un hecho concreto que vuelve a ubicar a Bindi en el centro de la escena judicial.
Según informó La Nación, la Cámara Federal de Casación Penal habría rechazado un recurso presentado por Marcela Pagano y Franco Bindi, quienes intentaban acceder al expediente en el que se investiga la filtración de audios vinculados al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El tribunal habría considerado que ninguno de los dos se encontraría formalmente imputado en la causa, motivo por el cual no correspondería su participación ni el acceso al expediente en esta etapa.
El trasfondo de esa investigación se vincularía con una denuncia del Gobierno por presunto espionaje y difusión ilegal de grabaciones sensibles, en las que se habría buscado influir en la opinión pública y en el escenario político.
En ese marco, desde el oficialismo se habría señalado a Pagano y a su entorno, incluyendo a Bindi, como posibles responsables de la difusión de esos audios, algo que fue rechazado públicamente por la propia diputada.
El origen del vínculo con Zamora
Para reconstruir esta historia habría que retroceder al año 2013. Según registros públicos, en ese período Bindi habría sido incorporado como asesor en el Senado, en paralelo a cuestionamientos judiciales en su contra.
Poco después, su estudio jurídico habría comenzado a prestar servicios para la provincia de Santiago del Estero, gobernada por Zamora. Desde entonces, distintas versiones lo ubicarían como un operador clave en Buenos Aires para atender intereses del poder provincial.
Aquí aparecería el primer dato estructural: no se trataría de un vínculo ocasional, sino de una relación sostenida en el tiempo.
Causas, operaciones y zonas grises
A lo largo de los años, el nombre de Bindi habría sido mencionado en distintos episodios: la denominada “Operación PUF”, vinculada a maniobras judiciales y mediáticas; declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña en causas de lavado; y supuestas intervenciones en expedientes sensibles que involucrarían a dirigentes políticos.
A esto se sumarían versiones —no confirmadas judicialmente— sobre vínculos con estructuras de inteligencia y contactos internacionales.
En términos periodísticos, lo relevante no sería validar cada acusación, sino observar el patrón: un mismo actor mencionado en escenarios distintos, pero siempre cerca de la disputa por el control judicial o político.
Pagano: la posible puerta de entrada al Congreso
El vínculo con Marcela Pagano agregaría una dimensión política directa.
La diputada, que habría llegado al Congreso de la mano de Javier Milei y hoy se posicionaría como una voz crítica dentro del propio espacio, quedaría inevitablemente atravesada por esta red de relaciones.
Sin necesidad de imputar responsabilidades, la pregunta sería otra: ¿hasta qué punto estos vínculos podrían influir en las dinámicas internas del poder?
Zamora y el poder silencioso
En este entramado aparecería una figura clave: Gerardo Zamora.
Con bajo perfil mediático pero alta incidencia política, el gobernador santiagueño encarnaría lo que el politólogo Giovanni Sartori definía como “poder de chantaje”: actores con pocos votos propios, pero capacidad decisiva en momentos clave.
Su relación con estructuras como la AFA y su influencia en el Senado lo convertirían en un jugador estratégico. Y en ese esquema, la figura de Bindi aparecería como posible nexo operativo.
Lo que no se diría
No habría, hasta el momento, condenas firmes que confirmen las acusaciones más graves. Sí existiría una reiteración de menciones en causas, operaciones y versiones periodísticas. Y ahora también, un expediente judicial en curso donde su nombre vuelve a aparecer en el contexto de una investigación sensible.
Y sobre todo, una constante: la opacidad.
En la Argentina, muchas veces el poder no se explicaría por lo visible, sino por lo que permanecería fuera de escena.
Una trama abierta
El caso Bindi no sería un hecho aislado. Sería, en todo caso, una ventana.
Una ventana a cómo se construirían —y se sostendrían— ciertas estructuras de influencia en la política argentina: con operadores discretos, vínculos cruzados y una frontera difusa entre lo legal, lo político y lo invisible.
La pregunta no sería solo quién es Franco Bindi.
La pregunta sería otra: ¿cuántos más operarían en la misma lógica sin haber sido todavía expuestos?
El fiscal que instruyó causa de corrupción aseguró que las acusaciones de «mafia» por parte de la expresidenta son una estrategia de defensa.
El fiscal federal Carlos Stornelli respondió públicamente a los recientes ataques de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo calificó a él y al fallecido juez Claudio Bonadío de «mafiosos» en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos. Stornelli evitó entrar en una guerra de insultos y señaló que estas descalificaciones son una «reiteración» de discursos anteriores que buscan desacreditar la investigación.
«Yo no respondo ese tipo de cosas. Yo comprendo que es una persona que se está defendiendo como puede», afirmó el fiscal, este martes en A24. Además, destacó que, aunque los imputados tienen derecho a mentir en su defensa, los abogados deben mantener la ética y no introducir información falsa en los alegatos.
Stornelli aseguró que hay «prueba abrumadora» contra CFK
Tras críticas sobre la falta de evidencias, Stornelli fue categórico al describir el material que sostiene la acusación contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios. El fiscal aseguró que en sus 46 años de carrera nunca tuvo una causa de tal magnitud y con hechos tan concretos de corrupción.
«Es muy difícil en una causa donde hay una cantidad de prueba abrumadora que ni siquiera yo podría recordar», explicó el fiscal, haciendo alusión a lo que Bonadío llamaba la «bitácora de la corrupción». Según los registros, existen videos de Oscar Centeno filmando la recaudación de bolsos con dinero en la Quinta de Olivos y testimonios que confirman el circuito de coimas.
Manzanares, el excontador de los Kirchner y el arrepentido clave
Uno de los puntos más políticos de la nota fue la mención a los «arrepentidos». Stornelli destacó especialmente el testimonio de Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, a quien definió como una pieza fundamental del esquema. El fiscal recordó que el arrepentimiento de Manzanares no fue solo una «colaboración eficaz», sino algo interno tras haber participado durante años en el sistema.
«Manzanares era un hombre del riñón… su declaración es como una enciclopedia de lo que ocurría», sentenció Stornelli. En el expediente también figuran datos sobre fortunas inexplicables, como los 60 millones de dólares que Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner, habría tenido en su departamento o las lujosas propiedades compradas en Miami y Nueva York.
🔴 EL FISCAL STORNELLI LE CONTESTA A CRISTINA KIRCHNER
Misterio y sospechas: de las bóvedas al crimen de Fabián Gutiérrez
El fiscal también se refirió a las polémicas excavaciones y allanamientos en el sur, confirmando que en la casa de El Calafate se descubrió una bóveda y que existen numerosos testimonios sobre cómo llegaba el dinero a ese lugar. «Hay muchos testimonios que dan cuenta de que todo el mundo sabía de qué se trataba», agregó sobre el movimiento de bolsos.
Finalmente, Stornelli recordó con impacto el asesinato de Fabián Gutiérrez, otro exsecretario que se había convertido en arrepentido. Aunque aclaró que es una apreciación personal, el fiscal cree que la muerte violenta de Gutiérrez estuvo vinculada a su colaboración con la Justicia. «Fue un shock… siempre tuve la convicción de que su muerte violenta había tenido que ver con su colaboración», concluyó.
La senadora libertaria cruzó a la exmandataria que se mostró molesta por ir a declarar de manera presencial a Comodoro Py.
La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien hoy declaró en el marco de la Causa Cuadernos. La dirigente, que cuenta con prisión domiciliaria, salió de su domicilio en San José 1111 rumbo a Comodoro Py, en una secuencia que generó molestias que ella misma reconoció ante los jueces.
Frente a esto, la exministra de Seguridad intervino y opinó: «Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil«, escribió de manera provocativa la dirigente en su cuenta de X.
«Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez hasta convertirlo en uno de los mayores dueños de tierras de la Patagonia. La única responsable de sus acciones es usted», completó Patricia Bullrich contra Cristina Kirchner.
Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil.
Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus…
Ante este tweet, La Cámpora salió en redes sociales a cargar conta la senadora de La Libertad Avanza, quien entre 2019 y 2021 estuvo vinculada con el falso abogado Marcelo D’Alessio. En su momento se filtraron chats sobre las supuestas tareas de inteligencias y espionaje ilegal, aunque la defensa de la exministra de Seguridad fue que, en realidad, las comunicaciones se dieron con un teléfono que usaba su nieto para jugar, pero que ya no le pertenecía.
En los intercambios, Patricia Bullrich le habría indicado a D’Alessio que se contactara con Rodrigo Bonini, quien en ese momento era el Director Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, para entregar material. Cuando eso salió a la luz, la por entonces dirigente del PRO reconoció que el teléfono fue de ella, pero al momento de esa conversación estaba en poder de su nieto.
Durante su indagatoria, la expresidenta mencionó a la dirigente de LLA al momento de enumerar las extorsiones en el Caso D’Alessio. Una de las maniobras era la de realizarle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira para espiarlo y luego extorsionarlo, tal y como recordó la exjefa de Estado.
«Le querían hacer una cámara oculta… El propio Stornelli le propone qué abogado puede ser el que le haga la cámara oculta a Ubeira. Se me va a armar un ‘quilombete’ (sic) con Patricia Bullrich«, declaró Cristina Kirchner durante su mención a la senadora.
El ministro de Justicia se refirió a las nuevas revelaciones de la causa $LIBRA. Pidió dejar actuar a los jueces y fiscales
Juan Bautista Mahiques se refirió por primera vez a las nuevas revelaciones del caso $LIBRA que sacuden a Javier Milei. Si bien no dio detalles de la investigación, el ministro de Justicia advirtió: “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”.
“Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso. El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una personas es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”, afirmó el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann por A24.
Luego insistió: “El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial. Es una comisión política (la que investigó en la Cámara de Diputados) pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”.
Mahiques junto a Milei cuando juró como ministro
El ministro Mahiques fue el primer integrante del gabinete nacional en referirse al caso que investiga si el jefe de Estado participó de una estafa con el lanzamiento de la fallida criptomoneda $Libra, anunciada el 14 de febrero de 2024.
Durante la entrevista, el titular de la cartera de Justicia remarcó que el caso es materia de investigación judicial y qué solo los jueces que abordan y definen el expediente pueden determinar responsabilidades. “Respeto la comisión Libra, que es una comisión como otras (en la Cámara de Diputados). Recuerdo la comisión de juicio político contra la Corte, estuvieron más de un año mancillando el nombre de los jueces de la Corte, no hubo un sólo delito ni condena alguna, y hoy los ministros están cumpliendo su tarea”, señaló Mahiques, recordando el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado en su momento por el ex presidente Alberto Fernández.
“La de Libra es una comisión política, pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, reiteró el funcionario nacional. Sus dichos refieren al informe final, presentado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. En su relato, Ferraro no dudó en atribuirle responsabilidad al presidente Javier Milei en la comisión del delito investigado, junto a otros funcionarios de su gobierno.El ministro de Justicia pidió que se respeten los tiempos judiciales antes de emitir juicios sobre el presidente Milei
Si bien Mahiques evitó en toda la entrevista referirse a las particularidades de la investigación judicial, sí hizo hincapié en que existen dos expedientes en paralelo, uno que investiga el hecho en sí en el que se involucra al presidente Milei, y otro, más reciente, que apunta a descubrir cómo se filtró la información que circuló en los últimos días, que da cuenta de supuestos llamados entre Milei y los presuntos desarrolladores de la fallida criptomoneda, a través del entonces asesor Mauricio Novelli.
“La realidad es que hay una causa por el caso Libra y hay otra que investiga la filtración de información que salió de un organismo, de la Procuración general de la Nación. Se denuncia que habrían accedido al archivo. Una persona no autorizada habría sacado información y se la habría dado a otra. Esa denuncia, es gravísima”, dijo Mahiques.
Luego añadió: “Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente en el que no debería haberse metido. Si pasó esto puede que no se haya cuidado la cadena de custodia y se puede haber adulterado el archivo”.
De esta forma, el ministro de Justicia sembró dudas sobre cómo las últimas revelaciones podrían terminar impactando en el proceso que afecta al presidente.
“Un dato no menor. La denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el presidente ni ningún ministro, la hizo el Procurador General de la Nación, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)“, subrayó Mahiques en su aparición televisiva.
El caso $Libra recobró actualidad en las últimas horas, a raíz del informa final del comisión investigadora en la Cámara de Diputados, presidente por Ferraro, que reconstruyó el presunto entramado para que el presidente le de difusión a la criptomoneda a cambio de supuestos pagos que totalizaron – según el diputado Ferraro – los 5 millones de dólares: El activo digital recibió abruptamente inversiones minutos después de su lanzamiento y luego se desvalorizó rápidamente, por lo que los inversores perdieron su dinero.
En la Argentina de los últimos años parece haberse instalado una curiosa paradoja moral: después de décadas de convivir con escándalos de corrupción estructural, con redes organizadas para el saqueo del Estado, parte del debate público se concentra hoy en episodios menores que, sin dejar de ser cuestionables, difícilmente puedan compararse con los sistemas de corrupción que marcaron a la política nacional durante décadas.
Digamos lo evidente: si se observan los temas que ocupan la agenda mediática en estos días —el lugar de la esposa de un funcionario en un avión oficial, un vuelo privado a Punta del Este o un mensaje en X (Twitter) vinculado a una criptomoneda— cuesta encontrar allí un daño directo comprobado al Estado o un esquema de apropiación sistemática de fondos públicos.
Eso no significa que todo esté bien ni que la ética pública deba relativizarse. No. La ética debe ser exigente siempre. Pero también debe ser coherente. Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cuándo nos volvimos tan puristas?
La memoria corta de la política argentina
La historia política reciente ofrece múltiples ejemplos de cómo la discusión pública ha oscilado entre escándalos menores y otros de magnitud estructural.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, uno de los episodios que ocupó titulares fue la polémica por la importación de pollos congelados en medio de la crisis económica de los años 80. A comienzos de los 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, la prensa dedicó semanas a discutir el llamado “caso del jardinero”, una controversia administrativa menor si se la compara con los escándalos posteriores que sacudirían al país.
Algo similar ocurrió años después con Mauricio Macri, cuando parte del debate político giró durante meses en torno a las empresas de su familia y a las decisiones empresariales de su padre, Franco Macri.
Nada de eso fue irrelevante. Pero tampoco puede ponerse en la misma escala que las estructuras de corrupción que, según múltiples investigaciones judiciales, funcionaron durante años en distintos niveles del Estado.
Cuando la corrupción se vuelve sistema
Los argentinos también hemos sido testigos de otra cosa: organizaciones piramidales de corrupción, donde el saqueo no era un hecho aislado sino un mecanismo de funcionamiento.
Las causas judiciales vinculadas a la obra pública, los sistemas de retornos empresariales o los circuitos de recaudación ilegal que surgieron en investigaciones como la conocida causa de los Cuadernos de las Coimas, revelaron la existencia de redes complejas de funcionarios, empresarios y operadores políticos.
En ese contexto, la figura de Cristina Fernández de Kirchner quedó en el centro de múltiples procesos judiciales, incluido el que culminó con una condena en la causa conocida como Causa Vialidad, vinculada al direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Esos expedientes —independientemente de las interpretaciones políticas que se hagan de ellos— describen mecanismos que implicaban miles de millones de pesos del erario público, redes de empresas y un entramado institucional destinado a sostener el sistema.
Ahí es donde aparece la diferencia de escala.
Ética sí, doble vara no
¿Puede haber corrupción en cualquier gobierno? Sin dudas. El poder siempre genera tentaciones y oportunidades.
Por eso, cuando surge un hecho cuestionable, debe investigarse y, si corresponde, sancionarse. Incluso puede haber responsabilidades políticas que obliguen a una renuncia. La ética pública no es negociable.
Pero confundir un episodio individual con una estructura organizada de saqueo estatal es otra cosa.
No es lo mismo un hecho irregular que un sistema diseñado para apropiarse de recursos públicos durante años.
La sociedad frente al espejo
Hay una reflexión más incómoda aún: la política no surge en el vacío. Es, en gran medida, un reflejo de la sociedad que la produce.
Cuando los argentinos naturalizan pequeñas transgresiones cotidianas —desde eludir reglas hasta justificar ventajas indebidas— terminan creando un clima cultural donde esas conductas también encuentran espacio en la política.
En ese sentido, el problema de la corrupción no es exclusivamente institucional. También es cultural.
El ejemplo del fútbol argentino
Para entenderlo basta mirar otro universo de poder: el fútbol.
La Asociación del Fútbol Argentino suele ser asociada a la figura de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, pero quienes conocen el funcionamiento interno del fútbol argentino saben que el sistema está compuesto por decenas de dirigentes, intereses cruzados y estructuras que trascienden a una sola persona.
El problema no es un nombre propio. Es la lógica de funcionamiento.
Y cuando esa lógica se naturaliza, el riesgo siempre es el mismo: la impunidad.
El verdadero peligro: la impunidad
La diferencia fundamental entre un sistema republicano saludable y uno degradado no es que exista o no corrupción —porque lamentablemente siempre existe— sino si esa corrupción puede ser investigada, juzgada y sancionada.
Cuando el poder político necesita perpetuarse para evitar rendir cuentas, aparece otra deriva peligrosa: el debilitamiento institucional, el avance sobre la Justicia, la persecución a la prensa crítica y, en los casos más extremos, el autoritarismo.
La historia latinoamericana está llena de ejemplos de ese proceso.
Una vara única
Por eso el desafío no es bajar el nivel de exigencia ética. Al contrario: la vara debe mantenerse alta siempre.
Pero debe ser la misma vara para todos.
Porque cuando la indignación se vuelve selectiva, cuando ciertos hechos se exageran mientras otros se minimizan, el debate público deja de ser moral y se convierte simplemente en una herramienta política.
Y en ese terreno, la sociedad termina perdiendo algo mucho más importante que una discusión mediática: pierde la capacidad de distinguir entre un error, un abuso y un sistema organizado de corrupción.
No cambiemos la vara. Porque cuando se pierde la medida de las cosas, también se pierde la memoria.
Un par de ataques a más de 1.125 kilómetros de distancia golpearon este jueves el corazón de refugios comunitarios y dejaron a los estadounidenses conmocionados con una incómoda sensación de inseguridad.
Primero, un tiroteo mortal, investigado como acto terrorista, devastó una universidad de Virginia en una ciudad militar. Horas después, un ataque selectivo de un vehículo que embistió una sinagoga de Michigan dejó a los congregantes profundamente conmocionados.
El tiroteo en la Universidad Old Dominion de Virginia fue cometido por un veterano que era un simpatizante del ISIS condenado. El atacante logró matar a una persona e herir a otras dos antes de que un aula de estudiantes del ROTC lo redujera y lo matara, informó el FBI.
Posteriormente, un vehículo embistió la sinagoga Temple Israel en el municipio de West Bloomfield, en un ataque que, según el FBI, tuvo como blanco a la comunidad judía, perpetrado por un ciudadano estadounidense nacido en el Líbano, según el Departamento de Seguridad Nacional.
La sinagoga había estado en alerta máxima por posible violencia durante las semanas previas a que el edificio quedara envuelto en llamas después de que el sospechoso atravesara el lugar conduciendo con un rifle y una gran cantidad de explosivos, indican las autoridades.
Aunque aún se desconoce el motivo del ataque, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, declaró que hay un “nexo” claro entre la guerra con Irán y el ataque, y agregó que no es coincidencia que el sospechoso haya atacado una sinagoga llamada Templo Israel.
Los incidentes se encuentran entre cuatro actos de violencia que han sacudido la conciencia colectiva de los estadounidenses en las últimas semanas.
Los dos ataques del jueves se produjeron pocos días después de que dos sospechosos de terrorismo fueran acusados de lanzar bombas improvisadas en una protesta frente a la casa del alcalde de la ciudad de Nueva York, en lo que las autoridades han descrito como un ataque inspirado por ISIS.
Menos de dos semanas antes, en Austin, Texas, un atacante que vestía una sudadera con capucha con la bandera iraní mató a tres personas e hirió a más de una docena en el bullicioso distrito de ocio de la ciudad.
Aunque el motivo aún se investiga, las autoridades tratan de determinar si el tirador se inspiró en parte en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán ese fin de semana, según informaron varios agentes del orden con conocimiento del caso.
El país se encuentra en un “ambiente de mayor riesgo” desde el inicio de la guerra con Irán, un “estado patrocinador del terrorismo”, declaró Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional durante la presidencia de Obama. Instó a la población a mantenerse “vigilante”.
A continuación los últimos acontecimientos en los dos ataques del jueves:
Embestida en una sinagoga de Michigan
Sospechoso identificado: El sospechoso del ataque a la sinagoga ha sido identificado por el DHS como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, quien nació en el Líbano y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2016.
Agentes trasladados al hospital: Al menos 30 agentes de las fuerzas del orden de diversos organismos fueron llevados al hospital por inhalación de humo, y un guardia de seguridad, uno de los varios presentes en el lugar que detuvieron el ataque, fue atropellado por el vehículo y se espera que se recupere, según informaron las autoridades.
Posible vínculo con un ataque aéreo israelí: Las autoridades están investigando informes que indican que el hombre dijo a algunas personas que tenía varios familiares que murieron en un ataque aéreo israelí en el Líbano en los últimos días, según informaron a CNN varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Tiroteo en la Universidad de Virginia
Identifican al atacante como simpatizante convicto de ISIS: El FBI identificó al atacante como Mohamed Bailor Jalloh, de 36 años, un exmiembro de la Guardia Nacional de Virginia que se declaró culpable de intentar ayudar a ISIS en 2016.
Estudiantes neutralizan al atacante: Jalloh abrió fuego dentro de un aula donde se encontraban estudiantes del ROTC, quienes no dudaron en enfrentarse a su agresor. Los estudiantes lo redujeron y lo abatieron, según informó la agente especial a cargo del FBI, Dominique Evans. Uno de los estudiantes apuñaló a Jalloh, según varias fuentes policiales con conocimiento del caso. Se desconoce la causa final de la muerte del atacante.
Víctima identificada: La persona fallecida fue el teniente coronel Brandon Shah, según la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien lo describió como un instructor del ROTC entregado a su trabajo, quien “no solo dedicó su vida al servicio de nuestro país, sino que también enseñó y guió a otros a seguir ese camino”. Otras dos personas también fueron hospitalizadas por heridas.
Una sinagoga de Michigan quedó envuelta en llamas
La sinagoga Temple Israel estuvo en alerta durante las últimas dos semanas, con una larga lista de agentes de seguridad desplegados después de que el jefe de policía del municipio de West Bloomfield advirtiera a las sinagogas de la zona sobre el potencial de violencia.
Sus preocupaciones se hicieron realidad este jueves poco después del mediodía cuando un sospechoso, armado con un rifle y una gran cantidad de explosivos, irrumpió “hasta el fondo” en la sinagoga del área de Detroit en un “acto de violencia selectivo contra la comunidad judía”, declararon las autoridades.
Se ordenó a los feligreses que se resguardaran en sus hogares mientras los maestros cuidaban de los niños, ayudándolos a mantener la calma, contó la rabina Arianna Gordon, directora de educación de la sinagoga. “Oímos disparos. Olíamos humo”, declaró a CNN.
Varios agentes de seguridad en el lugar fueron elogiados por detener la amenaza, lo que mantuvo a los estudiantes seguros y tranquilos en un incidente que podría haber sido “mucho peor”, comentó el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.
La policía responde a la escena de un tiroteo en el Templo Israel en West Bloomfield, Michigan, el jueves 12 de marzo. Jacob Hamilton/Noticias de Ann Arbor/AP
Aunque los agentes de seguridad dispararon contra el sospechoso, el sheriff aún no pudo determinar qué lo mató. Algo se incendió dentro del vehículo, agregó Bouchard.
El cuerpo del sospechoso resultó gravemente quemado, informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Aunque una mayor investigación revelará exactamente qué sucedió, la sinagoga quedó envuelta en llamas y docenas de agentes que ingresaron al edificio en busca de amenazas adicionales fueron tratados más tarde en el hospital después de inhalar una “cantidad significativa de humo”, señaló Bouchard.
Más de 100 agentes y analistas del FBI se movilizaron para mitigar y responder a la amenaza, a la vez que seguían pistas, según informó la agencia.
El FBI está trabajando con socios estatales, locales y federales para investigar el ataque, declaró Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Detroit.
El sheriff envió un mensaje de texto al jefe de seguridad del templo apenas dos días antes, mientras las fuerzas del orden se mantenían en contacto con los lugares de culto de toda la zona durante las últimas dos semanas, afirmó.
“Si creen que pueden atacar a la comunidad judía en este condado o en cualquier parte de este estado, están equivocados. No solo vamos a ponernos delante para protegerlos, vamos a ir por ti”, manifestó Bouchard. “Lo que sucede en el mundo a veces nos afecta, así que debemos reflexionar y estar preparados”.
El alguacil del condado de Oakland, Mike Bouchard, se dirige a los medios cerca del Templo Israel en West Bloomfield, Michigan, luego de un ataque, el 12 de marzo. Emily Elconin/Getty Images
El ataque con vehículo es el último de una serie de incidentes en una instalación o evento judío en EE.UU. y en el extranjero, ya que el número de incidentes antisemitas ha ido en aumento durante los últimos cuatro años en el país, según muestran los datos de la Liga Antidifamación
La seguridad no es nueva para el Templo Israel ni para las instituciones judías de Norteamérica, que invierten alrededor de US$ 765 millones anuales en seguridad, de acuerdo con las Federaciones Judías de Norteamérica.
Tras el ataque del jueves, las fuerzas del orden de todo el país están intensificando sus esfuerzos para proteger a las instituciones religiosas.
El Templo Israel se ha preocupado constantemente por ser un objetivo y ha reforzado la seguridad “en los últimos años”, declaró el rabino Gordon. “Toda nuestra seguridad durante ese tiempo ha reflejado que somos plenamente conscientes de cómo se ve el mundo hoy para la comunidad judía”.
El sospechoso de la Universidad de Virginia se inspiró en el ataque de 2009
Zachary Mulder, estudiante de la Universidad Old Dominion, recuerda la sensación de hundimiento que tuvo cuando escuchó a la gente gritar “tirador” y “pistola” mientras corrían desde el edificio académico donde acababa de estar sentado en clase.
“Me dio un vuelco el corazón”, declaró Mulder a WTKR, afiliada de CNN. “En ese momento me asusté bastante, porque no sabía realmente qué estaba pasando ni qué tan cerca estaba la amenaza”.
El incidente ocurrió dentro de un aula de estudiantes del ROTC en Constant Hall, donde Jalloh había gritado “Allahu Akbar” —o “Dios es más grande”— antes de disparar a los estudiantes, informó el FBI.
“Los valientes miembros del ROTC en esa sala lo sometieron, y si no hubiera sido por ellos, no estoy seguro de qué más habría hecho”, señaló Evans, el agente del FBI, el jueves.
Antes de que los estudiantes lo alcanzaran y lo mataran, Jalloh mató al instructor del ROTC Shah e hirió a otros dos, según informaron las autoridades. Las tres víctimas eran miembros de la universidad.
La policía llega al campus de la Universidad Old Dominion tras reportes de un tirador activo, el jueves 12 de marzo, en Norfolk, Virginia. John Clark/AP
Los investigadores creen que Jalloh se inspiró en un tiroteo de 2009 en la base militar de Fort Hood en Texas, durante el cual un psiquiatra del ejército mató a 13 personas e hirió a otras 32, indicó Evans.
El tirador parece haber estado rumiando el suceso desde al menos 2016, según los fiscales en ese momento.
Jalloh se alistó como ingeniero de combate en la Guardia Nacional de Virginia de 2009 a 2015, según confirmó un oficial militar. Poco después de dejar el servicio, fue arrestado por intentar brindar apoyo a ISIS.
En 2016, Jalloh intentó conseguir armas para ser utilizadas en lo que creía que sería un ataque cometido en nombre de ISIS y también intentó donar dinero al grupo, según el Departamento de Justicia.
Sin que Jalloh lo supiera, había estado hablando con una fuente del FBI que monitoreaba su comportamiento.
Al hablar sobre el cronograma de un posible ataque en suelo estadounidense, Jalloh “expresó que era mejor planificar una operación para Ramadán”, recoge una declaración jurada de un agente del FBI.
La agresión del jueves tuvo lugar durante el Ramadán, un mes sagrado musulmán que se observa como un tiempo de ayuno y renovación espiritual.
Jalloh se declaró culpable en 2017 de intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada y fue sentenciado a 11 años de prisión en 2017. Fue liberado de la custodia federal en diciembre de 2024.
A los estudiantes y al personal de Old Dominion les faltaban pocos días para tomarse unas vacaciones escolares de una semana. Tras el tiroteo, la universidad canceló las clases en su campus principal el jueves y el viernes.
“Nuestro campus y nuestra comunidad han sido verdaderamente conmocionados e impactados para siempre por este acto de violencia sin sentido, y queremos extender nuestros pensamientos y oraciones a las familias, las víctimas y aquellos que fueron afectados por este acto hoy”, manifestó el presidente de la universidad, Brian Hemphill, durante la conferencia de prensa del jueves.
El FBI aún se encuentra en las etapas preliminares de su investigación y solicita la colaboración del público. Se anima a cualquier persona con información sobre Jalloh o el ataque a que envíen pistas.
Holmes Lybrand, Hannah Rabinowitz y Rebekah Riess de CNN contribuyeron a este informe.
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