El juez de juicio Gervasio Labriola rechazó los recursos de apelación planteadas por las defensas del exgobernador Sergio Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, ambos imputados en una causa por enriquecimiento ilícito. Labriola confirmó lo resuelto por el juez de Garantías Mariano Budasoff, aunque de momento las audiencias de remisión a juicio seguirán suspendidas hasta tanto se resuelva ese incidente.
Los defensores de Urribarri y de Cardona Herreros acudirán ahora a la Cámara de Casación para insistir con sus planteos.
El último viernes 27 de marzo, Budasoff rechazó el planteo de sobreseimiento para el extitular del Ejecutivo entrerriano formalizado por su defensor Miguel Cullen, y también por los representantes legales del coimputado Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, que es defendido por José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz.
El magistrado declaró “improcedente el recurso de apelación” contra la resolución dictada oralmente durante los días 25 y 26 de marzo de 2026 “en cuanto rechazo los pedidos de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 67 del Cód. Penal, afectación de la garantía de plazo razonable y afectación de la garantía de ´ne bis in idem´ -el principio ne bis in idem prohíbe juzgar o sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho, NdelR)”.
En cambio, el magistrado concedió “con efecto suspensivo el recurso de apelación” interpuesto por los defensores “contra la resolución dictada oralmente durante los días 25 y 26 de marzo de 2026 en cuanto rechaza los planteos de exclusión probatoria de los informes I0376 e I0280 del Gabinete de Informática Forense y los elementos secuestrados en el allanamiento realizado en el inmueble ubicado en Av. Sesquicenteneario N° 4540, Ruta Nacional 197 Country Club San Jorge Village, manz. 21, parcela 8 de la localidad de Los Polvorines, partido Malvinas Argentinas de la Provincia de Buenos Aires”.
El efecto suspensivo implica la paralización de las audiencias de remisión a juicio hasta que el recurso sea resuelto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Efectiamente, eso fue lo que ocurrió: hasta que Labriola resuelva la apelación, la remisión a juicio quedó paralizada.
Las audiencias se habían conccretado los días 25 y 26, pero este vierrnes quedaron en compás de espera.
Originalmente, la tramitación de las audiencias de remisión de la causa a juicio -pedida en 2023 por Fiscalía- se programó para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril, a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1 de los Tribunales de Paraná. Ese esquema quedará modificado en virtu de la reprogramación que ordenó el magistrado.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimeinto que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.
El juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.
A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.
Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.
En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.
El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.
