Intendentes reclamaron a Caputo por fondos en una escena que vuelve a repetirse en la Argentina, pero que esta vez deja al descubierto una crisis más profunda en el funcionamiento de los municipios.
Lo que en otro momento hubiese generado una reacción automática de apoyo, hoy abre un interrogante incómodo: ¿el problema es solo la falta de recursos o también la forma en que se administran?
Intendentes reclamaron a Caputo por fondos y obras paralizadas
Intendentes reclamaron a Caputo por fondos vinculados a la paralización de la obra pública, la caída de la coparticipación y la reducción de transferencias nacionales.
El planteo es claro: aseguran que los municipios están asfixiados y que sin asistencia financiera se vuelve cada vez más difícil sostener servicios básicos.
Pero del otro lado, la respuesta del Gobierno nacional no se mueve en la misma lógica. El mensaje es otro: antes de pedir más recursos, es necesario ordenar las cuentas.
Ahí comienza el verdadero conflicto.
Municipios en crisis: entre la falta de recursos y la mala gestión
Cada vez que los intendentes reclamaron a Caputo por fondos, el debate volvió al mismo punto: la dependencia estructural de los municipios respecto del Estado nacional.
Durante años, el esquema fue relativamente simple. Cuando los ingresos no alcanzaban, el camino era aumentar tasas o recurrir a la Nación.
Hoy, ese modelo muestra signos evidentes de agotamiento.
En muchos casos, la generación de recursos propios es limitada, y las economías locales no logran despegar con la fuerza suficiente como para sostener estructuras municipales cada vez más costosas.
La discusión de fondo: eficiencia o dependencia del Estado
El reclamo no es solo económico. Es político y cultural.
Cuando los intendentes reclamaron a Caputo por fondos, también quedó en evidencia una discusión más profunda: ¿cuánto de esta crisis responde a factores externos y cuánto a problemas internos de gestión?
Mientras el sector privado enfrenta un contexto adverso ajustando costos, optimizando recursos y buscando eficiencia, el Estado —en muchos niveles— sigue funcionando con inercias difíciles de modificar.
La comparación, aunque incómoda, es inevitable.
El contraste con el sector privado
En el ámbito privado, cada peso cuenta. Las decisiones se toman en función de resultados concretos y medibles. La eficiencia no es un valor deseable: es una condición de supervivencia.
En cambio, en buena parte del sector público, esa lógica no siempre se aplica con la misma rigurosidad.
Por eso, cuando los intendentes reclamaron a Caputo por fondos, una parte de la sociedad no reaccionó con empatía, sino con escepticismo.
Porque detrás del reclamo aparece una pregunta que ya no puede evitarse: ¿se está gestionando bien?
Un modelo agotado que vuelve a ponerse en debate
Lo que está en discusión es mucho más que una transferencia de recursos.
Es el modelo de funcionamiento de los municipios en Argentina.
Durante décadas, se consolidó un esquema donde el gasto crece, la dependencia se profundiza y la responsabilidad se diluye entre distintos niveles del Estado.
Cuando ese sistema deja de recibir financiamiento constante, entra en crisis.
Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Lo que no se dice
Hay un punto que rara vez se menciona en el discurso público: no todos los municipios están en la misma situación.
Algunos lograron ordenar sus cuentas, mejorar su recaudación sin aumentar la presión fiscal y generar desarrollo local.
Otros, en cambio, siguen atrapados en una lógica de corto plazo, donde la solución siempre parece estar afuera.
La diferencia no es solo económica. Es de gestión.
Lo que viene
El conflicto está lejos de resolverse.
Es probable que los intendentes sigan reclamando a Caputo por fondos, y que el Gobierno nacional mantenga su postura de ajuste y control del gasto.
Pero hay algo que ya cambió.
La sociedad.
El ciudadano que paga impuestos —muchas veces con esfuerzo extremo— ya no acepta con la misma facilidad que el Estado administre mal y luego pida más recursos.
La tolerancia bajó. La exigencia subió.
CONCLUSION
Intendentes reclamaron a Caputo por fondos, pero el verdadero debate no pasa solo por el dinero.
Pasa por la capacidad de gestión, la eficiencia en el uso de los recursos y la responsabilidad política.
Porque en la Argentina que viene, ya no alcanza con pedir.
A la fiscal, que estuvo a cargo de la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la imputaron por “encubrimiento agravado”. Dijo que le llamaba la atención que Eduardo Taiano la hubiera imputado luego de que se le solicitó el pedido de juicio político por su accionar en la causa “cripto Libra”.
La ex fiscal Viviana Fein le solicitó este lunes al juez Julián Ercolini que dicte la falta de mérito y que dé lugar a las declaraciones testimoniales que solicitó, en una audiencia en la que se presentó en la causa que la investiga por el posible “encubrimiento agravado” en la escena en la que se encontró sin vida a titular de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015.
Fein, que ya está jubilada, se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py. En rigor se trató de una ampliación de indagatoria ante el fiscal Eduardo Taiano, al que señaló por considerar que la imputación que pesa sobre ella (de “encubrimiento agravado”) le resulta “absurda y hasta delirante”. Ya había declarado a fines del mes de febrero, luego de una suspensión de la audiencia el año pasado.
“El encubrimiento requiere un delito previo y conocido por el encubridor, que requiere colaborar con el autor y/o autores (…)”, sostuvo la ex fiscal en el acta de la audiencia
Fein aseguró que llegó a la casa del fiscal Nisman, en la torre Le Parc de Puerto Madero, durante la madrugada del 18 de enero de 2015 y que en ese momento era un “domicilio desconocido por ella”. Dijo que al arribar solo sabía que había una persona fallecida, sin conocer las circunstancias de la muerte y que tampoco conocía a ninguno de los policías que estaban allí ni a los altos mandos de las fuerzas de seguridad.
Remarcó que cuando llegó no había personal policial dentro del departamento. Fein subrayó que la causa “estuvo diez años bajo la órbita de la parte acusadora, durante mucho tiempo paralizada porque las pruebas son mínimas” y que ahora se la acusa únicamente a ella. En ese sentido, se consideró un “chivo expiatorio” del fiscal Taiano.
En otro tramo de la audiencia, Fein rechazó la imputación del fiscal Taiano, que la acusó de manipular la prueba. Dijo que quienes manejaron la prueba fueron los peritos y el personal de Prefectura, y esto fue observado por testigos.
Fein defendió el accionar de la policía, en particular del personal que tomó las huellas. Sostuvo que actuaron “con todos los recaudos desde un primer momento mientras hizo su trabajo dentro de todo el departamento”. Añadió que “muchas de las huellas que se levantaron no pudieron cotejarse por no tener todos los puntos característicos”.
La ex fiscal dijo que la puerta del departamento donde hallaron a Nisman sin vida “no estaba violentada” y que “sólo tiene apertura desde adentro”. Advirtió que si el fiscal Taiano tenía alguna sospecha respecto del accionar del vecino de Nisman, que podría haber permitido el acceso a su departamento a los presuntos autores en caso de que se trate de un crimen, pudo haberlo citado como testigo, algo que no hizo en más de 10 años.
Fein advirtió que le “llama la atención” que Taiano la haya acusado luego de que se le solicitó el juicio político por la causa “cripto Libra”, que instruye como fiscal.
Un “fiscal militante”
Fein dijo que el fiscal auxiliar Hernán Kleiman “concurre a los actos de aniversario de la muerte de Nisman” y que en uno de ellos disertó junto a la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fuera pareja de Nisman, la madre de sus hijas y querellante en la causa. Para Fein, Kleiman es un “fiscal militante”. En ese sentido, considera que habría una “violación grave al principio de falta de objetividad e imparcialidad previsto en la ley ogánica del Ministerio Público Fiscal”.
Por último, la ex fiscal dijo que la situación que está viviendo es una “pesadilla que le genera impotencia”. Ni el tribunal ni el representante del Ministerio Público le hicieron preguntas.
Fein se retiró de tribunales sin hacer declaraciones a la prensa.
Roncaglia intimó a medios y desató un fuerte debate sobre los límites del periodismo en Argentina.
El episodio protagonizado por el ministro Néstor Roncaglia no es un hecho aislado ni una reacción desmedida. Es, en todo caso, la expresión visible de un cambio de época que el periodismo aún no termina de procesar.
Las cartas documento enviadas a Crónica TV, Canal 9 y al periodista Tomás Méndez marcan un punto de inflexión. Ya no se trata sólo de una disputa mediática o de versiones cruzadas. Lo que está en juego es el límite entre investigar y acusar sin pruebas.
Durante años, cierto periodismo capitalino construyó su lógica sobre el impacto inmediato. El dato lanzado al aire, el título fuerte, la denuncia en potencial que rápidamente se transforma en certeza para el público. El problema es que ese mecanismo, efectivo en términos de rating, empieza a mostrar fisuras cuando entra en contacto con el sistema judicial.
Porque no es lo mismo opinar que imputar. Y mucho menos cuando se trata de delitos graves como el narcotráfico.
En el caso puntual, las versiones difundidas vinculaban a Roncaglia con supuestas maniobras ilegales apoyadas en material atribuido al condenado Daniel Celis y a la exfuncionaria Griselda Bordeira, en el marco de la causa conocida como Narcomunicipio. Un terreno de extrema sensibilidad donde cualquier afirmación debería estar respaldada por pruebas sólidas, no por interpretaciones o filtraciones de dudosa verificación.
Roncaglia respondió con una frase que resume el nuevo escenario: la libertad de expresión no es absoluta. No es una novedad jurídica, pero sí una advertencia política y mediática. En un contexto donde todo se viraliza y el daño reputacional es inmediato, las consecuencias de una denuncia falsa ya no se diluyen con el paso del tiempo.
El episodio donde Roncaglia intimó a medios marca un límite cada vez más claro.
Hay un cambio silencioso en marcha. Funcionarios, dirigentes y hasta particulares empiezan a reaccionar más rápido. Ya no esperan que el tema se enfríe. Intiman, exigen rectificaciones, y avanzan judicialmente si es necesario. El costo de publicar sin sustento empieza a ser tangible.
Al mismo tiempo, los medios enfrentan un riesgo creciente. Porque cuando se cruza la línea, no responde sólo el periodista. También queda expuesta la estructura que lo respalda. Empresas, editores y plataformas entran en la misma ecuación.
Lo que aparece entonces es una doble vara que el propio periodismo deberá revisar. Si la denuncia es cierta, el reconocimiento es inmediato. Si es falsa, el daño queda, pero la rectificación rara vez tiene el mismo alcance. Esa asimetría es la que hoy comienza a ser cuestionada desde los tribunales.
Lo que no se dice es que detrás de muchas de estas publicaciones conviven intereses políticos, operaciones cruzadas y disputas de poder. El periodista, en ese esquema, puede pasar de investigador a instrumento sin advertirlo. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es sólo ético. Es legal.
El caso Roncaglia deja una señal clara. El margen para el “run run” sin respaldo se achica. Y en un ecosistema donde la credibilidad está en crisis, cada error no sólo afecta a quien es señalado. También debilita al sistema informativo en su conjunto.
El periodismo sigue teniendo un rol central. Pero ese rol exige algo básico que nunca debió perderse: rigor. Porque en esta nueva etapa, la diferencia entre informar y dañar puede terminar resolviéndose en un expediente judicial.
El impacto del caso no se limita a una disputa puntual. A partir de ahora, cada publicación que implique una acusación grave deberá estar respaldada con mayor solidez. El episodio en el que Roncaglia intimó a medios funciona como advertencia para un ecosistema informativo que muchas veces prioriza la velocidad sobre la precisión. En ese escenario, la credibilidad vuelve a ser el activo central del periodismo.
Este miércoles 8 de abril, desde las 9:00 horas, la Facultad de Derecho de la UNNE será escenario de una audiencia pública que podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo del Nordeste argentino. En el centro del debate estará el proyecto del segundo puente Chaco–Corrientes, una obra estratégica que excede lo meramente vial y se instala como una decisión de largo alcance político, económico y ambiental.
La disertación estará a cargo del ingeniero José Sesma, quien viene impulsando una visión clara: no se trata solo de construir un nuevo puente, sino de definir qué modelo de desarrollo se quiere para las próximas décadas. El eje central de su planteo es la necesidad de avanzar hacia un puente bimodal, que integre transporte vial y ferroviario.
Según el análisis técnico presentado, la diferencia entre un puente exclusivamente vial y uno ferro-vial no es menor. Mientras el primero consolida un sistema dependiente del transporte por camión —más costoso, menos eficiente y con mayor impacto ambiental—, el segundo permite una integración logística real, articulando trenes, rutas y vías fluviales.
El informe destaca que el transporte ferroviario puede reducir las emisiones de dióxido de carbono en más de un 60% por tonelada transportada, además de mejorar la eficiencia energética y disminuir la congestión y la siniestralidad. En términos estratégicos, un puente bimodal no solo reduce costos a largo plazo, sino que posiciona a la región en un esquema logístico competitivo a nivel nacional e internacional.
La audiencia pública aparece así como una instancia clave de participación ciudadana, donde no solo se discute una obra de infraestructura, sino una política de Estado. La decisión que se tome no impactará únicamente en la conectividad actual, sino en la forma en que el Norte Grande crecerá, producirá y se integrará durante los próximos 50 años.
El mensaje es claro: no se trata de construir más rápido o más barato, sino de construir mejor. Porque, como advierten los especialistas, un puente sin ferrocarril nace limitado. Un puente bimodal, en cambio, nace preparado para el futuro.
Una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy, sostiene que una red rusa (“La Compañía”) buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de LLA.
Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para “inyectar” al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania.
Se documentaron firmas inexistentes y contenido fabricado. El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país.
Cuando Javier Milei llevaba pocos meses presidiendo Argentina, agentes rusos pusieron en marcha operaciones de desinformación e influencia política para desacreditar a su gobierno, según documentos filtrados a los que tuvo acceso un consorcio de 7 medios integrado, entre otros, por el medio africano The Continent y el inglés openDemocracy.
Milei, figura emergente en el ecosistema de la extrema derecha mundial, asumió el cargo en diciembre de 2023 y se alineó enseguida con los intereses estadounidenses, al principio apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. También fijó su sello: la “motosierra”, en referencia a las medidas para “destruir el Estado desde adentro”, y un discurso caracterizado por insultos a quien se le opusiera.
A medida que Argentina -una sociedad ya polarizada– se tensaba más, una red respaldada por los servicios de inteligencia exterior de Rusia y conocida internamente como “La Compañía”, trató de explotar ese clima y echar leña al fuego. La Compañía es una entidad privatizada que desplegó en 2024 operaciones de propaganda e influencia política en más de 20 países de África y América del Sur, según los archivos filtrados.
La información se encuentra en 76 documentos que obtuvo The Continent y que fueron analizados y verificados por un consorcio periodístico que incluye a openDemocracy, Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), Filtraleaks (Argentina) y 2 periodistas independientes de habla rusa.
Según los documentos, La Compañía se dedicó a contratar encuestas, informes sobre el complejo militar-industrial de Argentina y sus recursos petroleros en la Antártida, los partidos políticos y los sindicatos. También efectuó análisis de “riesgos y oportunidades”, perfiles de figuras públicas y “entrevistas a expertos, políticos, politólogos y economistas de la oposición”. Trazó, incluso, planes para apoyar a candidatos de la oposición en las elecciones legislativas de 2025.
Pero su actividad más intensa fue instalar “una red para la distribución de contenidos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”.
La investigación encontró registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, con un presupuesto de US$ 283 mil.
Los documentos, presuntamente dirigidos a los encargados y financiadores de La Compañía, consignan intentos de exagerar el alcance de las operaciones, por ejemplo, duplicando en las planillas algunos de los artículos efectivamente publicados en los medios.
Los registros incluyen facsímiles con supuestas tarifas fijas por la publicación de contenidos en cada sitio web, desde US$ 350 a US$ 3.100 por artículo. Pero no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros que pudieron haber actuado como intermediarios, agencias de prensa o consultoras de comunicación. Es posible, también, que estos montos fueran inflados. La investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién.
El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.
Pero muchos artículos incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos. Había también distorsiones, exageraciones y falsas noticias.
openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks, que colaboraron en esta investigación, contactaron a todos los medios mencionados en los documentos y lograron entrevistar a directores, editores o periodistas de 15 de ellos.
Muchos pidieron no ser identificados. Todos negaron cualquier implicación con dinero o campañas de Rusia. La mayoría de las fuentes explicaron que los artículos habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, descrito como una “agencia de prensa”, “consultora” o “intermediario”. Varios admitieron que se publicaron sin mucho control editorial.
Dos fuentes separadas reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de los artículos, pero por montos muy inferiores a los registrados en los documentos rusos. Las 2 fuentes dieron versiones parecidas sobre el origen de los artículos y del dinero. En un caso, se trató de intermediarios que contactaban a los periodistas para gestionar la publicación de artículos mencionando a un grupo de empresarios preocupados por el estado de la industria nacional. En el otro, empresarios enojados porque el gobierno de Milei suspendió toda la obra pública.
“Es posible, pero no muy frecuente, que un redactor pueda colar publicaciones sin conocimiento de su editor. Y, si es cierto que esta red pagó más de 250 artículos, entonces es muy improbable que ningún editor o editora haya prestado atención al tema”, dijo a openDemocracy el experto en medios e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Martín Becerra.
Y agregó: “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”.
Autores ficticios y contenido fabricado
Muchos artículos no tenían autoría y, cuando aparecían firmas, los nombres eran desconocidos o inventados.
Según los facsímiles publicados por openDemocracy, el sitio web Realpolitik supuestamente publicó 20 artículos a un precio de US$ 550 cada uno, por un total de US$ 11 mil. Todos tenían autores, pero cuando openDemocracy preguntó por ellos al director del medio, Santiago Sautel, este dijo que no los conocía.
“Publicamos columnas de opinión todo el tiempo”, dijo. Y agregó: “El origen de estas, en particular, lo desconocemos. Sí damos fe de que no se trató de ninguna maniobra non sancta cocinada tras bambalinas en una sede diplomática. Y si algunas de estas publicaciones se orquestaron en las sombras bajo algún interés puntual, lo desconocemos”.
Una de esas firmas, Manuel Godsin -vinculada a una noticia sobre las universidades que se manifestaban contra los recortes presupuestarios de Milei– fue desenmascarada ya 2 veces. Godsin aparece como doctor por la Universidad de Bergen y miembro de un Centre for Political and Strategic Studies. Nada de esto es cierto, tampoco su cara, que corresponde a la foto de un ruso llamado Mikhail Malyarov. En 2025, el medio Africa Confidential lo expuso como un “perfil virtual” usado para propagar desinformación prorrusa en ese continente.
Una investigación del medio africano Code for Africa, publicada en marzo a partir de un reporte de OpenAI, afirma que es una “identidad ficticia”, creada para “blanquear narrativas rusas en los medios de comunicación convencionales” mediante contenido generado por ChatGPT.
Estas caras no pertenecen a estos autores falsos. De izquierda a derecha: Gabriel di Taranto, Marcelo Lopreiatto, Juan Carlos López y Manuel Godsin | James Battershill / openDemocracy
Otras firmas fantasma identificadas en esta investigación son Gabriel di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto. Los 3 figuran como autores en el sitio web Diario Registrado, al que los documentos filtrados le atribuyen la publicación de 26 notas por un valor de US$ 28.600. El medio no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.
Di Taranto aparece en 20 artículos en 3 sitios web diferentes (Diario Registrado, C5N y Ámbito). Se lo describe como titular de un Máster en Comunicación Política por la Universidad Nacional de Avellaneda. Sin embargo, cuando Forbidden Stories le preguntó al respecto, la universidad negó que existiera tal título y afirmó que Di Taranto no figuraba como estudiante ni en ningún otro rol. La imagen vinculada a su biografía fue generada con software de Nvidia, según un artículo de Metro publicado en 2018, y se utilizó en varios perfiles de redes sociales.
Ámbito, un diario financiero tradicional que pasó al formato digital en 2024, aparece mencionado por la supuesta publicación de 8 artículos, valuados por los rusos en US$ 20 mil. Sus editores no respondieron a los pedidos de entrevista.
Entre tanto, la cara asociada a Juan Carlos López se puede encontrar en un banco de imágenes y, de nuevo, en perfiles de redes sociales en Facebook y LinkedIn, vinculada a diferentes nombres y actividades. Esta firma aparece en 9 artículos registrados en los documentos rusos y publicados en Diario Registrado.
C5N, el sitio web del canal de noticias C5N TV, figura en los documentos rusos publicando 17 artículos supuestamente por un valor de US$ 32.500, 14 de ellos firmados por Lopreiatto y Di Taranto. Sus editores declinaron hacer comentarios.
A24.com, un digital de noticias del canal A24 -parte del grupo América- publicó 10 artículos sin autoría o firmados como “Redacción A24”. Los documentos mencionan un presunto monto de US$ 16.500. Los editores no contestaron los pedidos de entrevista.
Diario Con Vos, un portal que perteneció al grupo de medios Radio Con Vos hasta 2024 y luego pasó a llamarse Es Nota, publicó 37 artículos a cambio, supuestamente, de US$ 40.700 según los documentos. La mayoría estaban firmados. Su director no aceptó el pedido de entrevista.
Otros digitales consignados en las planillas que publicaron artículos son Big Bang News (16 notas por US$ 12 mil) y Dos Bases (18 notas por US$ 6.300). Una fuente de Big Bang News negó cualquier relación con campañas o dinero de Rusia y aseguró que las notas fueron encargadas por los editores a sus periodistas. Dos Bases no contestó las preguntas del consorcio de medios.
El Grito del Sur, un digital de izquierda, aparece en los documentos con 6 notas por supuestamente US$ 2.400. En una respuesta por escrito, el editor en jefe Yair Cybel negó que hubieran aceptado dinero para publicarlas, pero aclaró que aceptan “toda información dispuesta a desacreditar al gobierno de Milei, con fundamento en la realidad objetiva”.
Y agregó: “Nuestro medio respalda fervientemente a la Federación Rusa en su conflicto con Ucrania, a Palestina en el genocidio al que lo somete Israel y a Argentina en su reclamo por Malvinas. Nuestro comité editorial en plenitud anhela que las tropas rusas de Putin avancen hasta tomar Londres, y hará su humilde aporte comunicacional para que eso se concrete”.
Tambores falsos de guerra
El 23 de agosto de 2024, el sitio web El Destape publicó una nota que contiene una versión sobre 3 argentinos detenidos por la policía chilena mientras transportaban un artefacto explosivo, un dron y “mapas electrónicos” de la región de Ñuble, cerca de la frontera binacional. El hecho, que aparece mencionado en el artículo firmado por Fernanda Velázquez, cuya única huella digital es una página con sus reportajes en El Destape, no pudo ser verificado.
Según openDemocracy, esta historia figura en un documento filtrado: “Para crear tensión entre Argentina y Chile (13-29 de agosto), se introdujo una noticia sobre Milei enviando un grupo de sabotaje para organizar un ataque terrorista contra el gasoducto transandino en Chile con el fin de interrumpir un contrato de gas, en interés de EE.UU.”.
El Destape -un portal de noticias lanzado en 2014 que incluye una emisora de radio y un canal de televisión- aparece en los documentos rusos. Sus editores se negaron a responder a las preguntas de openDemocracy.
La historia de los falsos saboteadores fue recogida por 2 digitales chilenos, Osorno en Vivo y La Razón. El editor de Osorno en Vivo, Juan Luis Rubilar, dijo a openDemocracy por escrito: “Alguien copió la nota y la puso en la web. No sabemos quién. No se recibió pago. Mil disculpas; si es falsa la podemos sacar de la web”. La Razón no contestó nuestras preguntas.
Los rusos ensayaron otros títulos escabrosos sobre Argentina y Chile, como “Mapa de la partición de Chile tras la guerra con Argentina” y “Se están reclutando soldados en Argentina para una guerra con Chile”. No encontramos registro de que algo así se hubiera publicado.
Otra línea de propaganda buscó explotar la extravagante relación de Milei con sus perros. “Objetivo y descripción: inyectar una noticia sobre Milei comprando 5 collares para perros de Cartier por valor de US$ 64 mil en EE.UU.”, dice uno de los documentos. No hay referencias sobre dónde se publicó esto, pero un artículo idéntico apareció en un sitio web de República Dominicana y en una publicación de Instagram.
Capturas de pantalla de publicaciones digitales que muestran graffitis y una pancarta con contenidos de La Compañía contra Ucrania y Milei | James Battershill / openDemocracy
¿Qué es La Compañía?
Los documentos muestran vínculos claros entre La Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido comandante Yevgeny Prigozhin, tal como reveló una investigación previa de openDemocracy, que puso de manifiesto cómo agentes intentaron apuntalar al tambaleante gobierno del ex presidente Luis Arce en Bolivia.
Uno de los 17 ex contratistas de Wagner que siguieron vinculados a La Compañía es Alexey Evgenievich Shilov, quien coordinó las acciones en Argentina. “Organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política proucraniana de los dirigentes de Argentina”, dice su biografía en uno de los documentos filtrados.
En octubre de 2024, los rusos tomaron nota de que las autoridades argentinas les seguían los pasos.
“A la luz del mayor control de los servicios especiales argentinos sobre la injerencia externa, los acuerdos alcanzados con las fuerzas de la oposición permitirán llevar a cabo más trabajo en el territorio del país utilizando fuerzas locales”, se lee en un plan de trabajo para intensificar los intercambios con políticos de la oposición.
Ocho meses después, el Gobierno argentino informó que había detectado una presunta red de agentes rusos involucrada en “campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino”. Dos residentes rusos, Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Yakovenko, fueron señalados como líderes del grupo.
La senadora argentina Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei hasta diciembre de 2025, dijo a Filtraleaks que a mediados de ese año fue advertida de actividades rusas de desinformación por la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que no mencionó a La Compañía, pero habló de pagos a medios y periodistas.
“Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación rusa en contra de nuestro gobierno”, dijo Bullrich.
Según una investigación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), publicada en enero de este año, Andriashvili y Yakovenko abandonaron Argentina rumbo a San Petersburgo días después de que el gobierno revelara sus nombres, pero regresaron en octubre de 2025. Al momento de publicar esta investigación, ambos siguen viviendo en Buenos Aires.
En una respuesta por escrito a openDemocracy, Andriashvili dijo: “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas. Y no tenemos ninguna relación con la organización mencionada en su descripción. Tampoco se han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones, simplemente porque no existen”.
En el negocio del caos
Cuando Milei llegó al gobierno, cambió la posición neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania de la administración de Alberto Fernández, que mantenía relaciones amistosas con Moscú.
En 2025, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y Milei totalmente alineado con él, Argentina se abstuvo en una votación de la ONU que reclamaba el retiro inmediato de Rusia de los territorios ucranianos invadidos. Washington votó en contra. Pero la guerra de Rusia contra Ucrania es un asunto marginal en la agenda pública argentina.
En las elecciones de 2025, el partido de Milei obtuvo una victoria ajustada y ganó más bancas en el Congreso -pese a estar inmerso en causas de corrupción– y después de que Trump dejara en claro que un rescate de US$ 20 mil millones para la economía argentina dependía de que el partido del Presidente ganara los comicios.
Además de los US$ 283 mil presupuestados por La Compañía supuestamente para influir en los medios, en los registros de gastos se encontraron US$ 343 mil repartidos en rubros como recopilación de información y organización del trabajo en el terreno.
“El resultado de esa inversión fue el opuesto al teóricamente pretendido. Lo que me hace dudar acerca de sus verdaderos propósitos”, dijo el experto en medios Martín Becerra.
“El Wagner Group, y en general las actividades de Putin en desinformación e inteligencia consisten en crear caos y desorden, generando un panorama de descrédito de instituciones legitimadas en el pasado, medios y periodistas incluidos”, dijo. El objetivo es “pescar en río revuelto”.
Por tanto, las campañas de desinformación rusas no deben interpretarse como unidireccionales. “Pueden, en un determinado contexto, favorecer a alguien como Donald Trump y, en otro, dañar su reputación”, señaló Becerra.
La Presidencia argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio de inteligencia SIDE, la Embajada de Rusia, Shilov y el SVR no contestaron los pedidos de entrevista de openDemocracy.
El abogado Jorge Monastersky pidió que se investigue la existencia de estructuras extranjeras organizadas que buscan infiltrarse en medios para incidir en la opinión pública
El abogado argentino Jorge Monastersky pidió a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional.
La denuncia, presentada este viernes 3 de abril por mail ante la Justicia Federal, reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.
Presenté una denuncia penal por averiguación de ilícito ante indicios serios de injerencia extranjera en el sistema informativo argentino y generar desestabilización en le gobierno del presidente @JMilei
En un Estado constitucional de derecho no puede admitirse —ni…
— Dr.Jorge Monastersky (@jorgemonasOK) April 3, 2026
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.
Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”. La fuente agrega: “La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) April 3, 2026
Para la presentación, el letrado recopiló información e investigaciones publicadas por Infobae (ver aquí), openDemocracy y otros medios.
Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura con financiamiento externo que, en territorio argentino, habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las compañías para las cuales trabajan.
La denuncia resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial.
El escrito solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de los contenidos, para lo cual propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios, así como solicitar informes a la entidad ARCA por movimientos financieros relevantes.
También exige determinar el grado de conocimiento o participación consciente de los eventuales involucrados, diferenciando entre inducidos y partícipes plenamente informados.
Riesgo institucional y urgencia judicial
La denuncia señala que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la “formación de la voluntad del electorado”, en especial durante períodos electorales, afectando “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”, según consta en el texto entregado al juzgado. Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino.
La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales. El documento solicita que la Justicia individualice las conductas y determine si reúnen los elementos propios de delitos previstos en la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Acciones solicitadas y medidas propuestas
El abogado pidió al tribunal que ordene una batería de medidas, incluyendo el análisis técnico de patrones de difusión digital por parte de la DATIP. Propone la consulta e intercambio de información con plataformas digitales y organismos estatales nacionales, e incluso –si surgiera la necesidad– iniciar procesos de cooperación internacional. Monastersky exige, además, la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal, para que impulse la investigación penal y propicie el esclarecimiento de los hechos, con miras a preservar los “intereses estratégicos” del país.
La denuncia enumera como urgente que el Poder Judicial “intervenga de manera oportuna a fin de esclarecer los hechos”, debido a la gravedad institucional que implica la probable injerencia de una estructura operativa internacional en el entorno mediático argentino.
Por Análisis Litoral | URGENTE – 3 de abril de 2026 – 18:39
La versión comenzó como tantas otras en la Argentina: fuerte, explosiva, viral. Una supuesta red financiada desde Rusia habría pagado cientos de artículos contra el presidente Javier Milei en medios nacionales. Nombres propios, cifras en dólares y una narrativa perfecta para alimentar la grieta.
Pero detrás del impacto inicial, empieza a aparecer algo más complejo. Y más incómodo.
El punto de partida no es menor. La investigación surge de documentos filtrados analizados por la organización internacional openDemocracy, donde se describe una operatoria de influencia vinculada al Kremlin. Según esos registros, se habrían financiado al menos 250 artículos en Argentina por una suma cercana a los 300 mil dólares, con el objetivo de erosionar la imagen del gobierno nacional en un contexto geopolítico cada vez más tenso.
El dato que enciende las alarmas no es solo el volumen de publicaciones, sino el mecanismo: autores que no existen, firmas apócrifas, contenidos insertados a través de intermediarios y una lógica que mezcla información real con construcciones narrativas diseñadas para influir.
Hasta ahí, los hechos en investigación.
Ahora bien, el salto que se dio en redes sociales fue inmediato. Se señalaron medios concretos, se habló de financiamiento directo y se construyó una idea más contundente: que sectores del periodismo argentino habrían cobrado dinero ruso para atacar a Milei.
Ahí es donde la historia se vuelve difusa.
Porque hasta el momento no hay pruebas públicas concluyentes que confirmen pagos directos a grandes medios. Las empresas mencionadas rechazaron las acusaciones, desconocieron a los supuestos autores y, en varios casos, deslizaron que los contenidos podrían haber ingresado a través de colaboraciones externas.
Y ese punto cambia todo.
Porque si la infiltración fue indirecta, entonces el problema no es una conspiración ideológica organizada. Es algo más estructural. Más profundo. Más difícil de admitir.
Un sistema mediático precarizado, con redacciones achicadas, dependencia de contenido externo y una velocidad informativa que muchas veces deja en segundo plano la verificación. En ese contexto, una operación de influencia no necesita comprar voluntades: le alcanza con encontrar fisuras.
Lo que aparece, entonces, no es solo una denuncia geopolítica. Es un síntoma.
El impacto político de estas revelaciones ya empieza a sentirse. No se trata únicamente de “fake news” aisladas, sino de la posibilidad concreta de una operación de influencia extranjera orientada a erosionar la confianza institucional y profundizar la polarización social.
Para el gobierno de Javier Milei, esta denuncia —que fue reforzada por investigaciones periodísticas locales y consorcios internacionales durante 2025— se transformó en una pieza clave para validar su alineamiento con Occidente y endurecer su discurso en materia de seguridad e inteligencia.
El vocero presidencial Manuel Adorni incluso advirtió sobre la existencia de estructuras vinculadas a ciudadanos rusos, mencionadas bajo nombres como “La Compañía”, que habrían impulsado la inserción de estos contenidos en medios locales mediante financiamiento externo.
En ese marco, el Gobierno volvió a poner en el centro de la escena a la Secretaría de Inteligencia del Estado, argumentando que Argentina podría ser objetivo de lo que se conoce como “guerra híbrida”: operaciones que no se libran con armas tradicionales, sino con información, manipulación y construcción de sentido.
Las consecuencias en el tablero político ya son visibles. La polarización se profundiza, alimentada por narrativas que explotan temas sensibles y muchas veces triviales, diseñados para amplificar la confrontación entre oficialismo y oposición. La grieta, lejos de cerrarse, encuentra nuevos combustibles.
Al mismo tiempo, se abre una crisis de credibilidad en el sistema mediático. La posibilidad de que contenidos con firmas inexistentes hayan circulado en portales reales expone fallas en los mecanismos de control editorial y deja al descubierto una debilidad estructural que trasciende ideologías.
En el plano internacional, la tensión también escala. Rusia ha negado sistemáticamente estas acusaciones, lo que enfría las relaciones diplomáticas y coloca bajo sospecha cualquier vínculo político, empresarial o sindical con ese país.
Pero quizás el dato más relevante no esté en Moscú, ni en la Casa Rosada.
Está en el propio sistema argentino.
Porque si efectivamente se pudieron infiltrar cientos de contenidos, el problema no es solo quién los financió. El problema es por qué pudieron circular.
En una Argentina atravesada por la desconfianza, la grieta y la saturación informativa, la frontera entre noticia, operación y relato es cada vez más difusa. Y en ese terreno, cualquier actor externo con recursos y estrategia puede encontrar espacio.
Lo que hoy se presenta como “el escándalo del año” todavía está en etapa de reconstrucción. Falta evidencia concluyente, falta trazabilidad y falta, sobre todo, separar el dato de la utilización política del dato.
Pero hay algo que ya quedó expuesto.
El sistema no es tan sólido como se creía.
Y cuando eso ocurre, la discusión deja de ser sobre Rusia, sobre Milei o sobre el kirchnerismo.
Pasa a ser otra.
Quién escribe lo que leemos. Quién valida lo que creemos. Y quién, en definitiva, está moldeando la realidad que consumimos todos los días.
Cada 2 de abril, la Argentina se detiene. No por rutina ni por calendario, sino por memoria. Una memoria que duele, pero que también une. Una memoria que no pertenece solo al pasado, sino que sigue latiendo en el presente de una Nación que no olvida.
A 44 años de la guerra en el Atlántico Sur, el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas vuelve a interpelarnos. Nos obliga a mirar hacia atrás, pero también hacia adentro. Porque lo que ocurrió aquel 2 de abril de 1982, con el inicio de la Operación Rosario, no fue solo un hecho militar: fue el comienzo de una historia marcada por el coraje, el sacrificio y el amor inquebrantable por la Patria.
Miles de jóvenes —muchos de ellos apenas salidos de la adolescencia— fueron enviados a un escenario hostil, lejano y extremo. El frío, el hambre, el aislamiento y la incertidumbre no lograron quebrar lo esencial: la voluntad de resistir, de cumplir, de defender una bandera que llevaban no solo en el uniforme, sino en el alma.
En cada trinchera, en cada guardia nocturna, en cada combate, hubo algo más que estrategia o disciplina. Hubo humanidad. Hubo miedo, sí, pero también valentía. Hubo compañeros que se cuidaron entre sí, que compartieron lo poco que tenían, que resistieron juntos lo que parecía imposible.
Los que no volvieron dejaron una ausencia que todavía pesa. Pero también dejaron un legado. No el de la guerra en sí, sino el de los valores que encarnaron: honor, lealtad, entrega. Un legado que no debería ser utilizado ni vaciado de sentido, sino comprendido en toda su dimensión humana y nacional.
Y los que volvieron —los veteranos— cargan con una historia que muchas veces fue silenciada, ignorada o malinterpretada. Hoy, su voz es imprescindible. Porque son ellos quienes sostienen viva la memoria real de Malvinas, lejos de discursos vacíos y más cerca de la verdad.
Malvinas no es solo una causa geopolítica. Es una herida abierta, pero también un punto de encuentro. Es la posibilidad de recordar que, incluso en los momentos más oscuros, hubo argentinos capaces de darlo todo por algo que consideraban justo.
A más de cuatro décadas, la pregunta no es solo qué pasó, sino qué hacemos hoy con ese recuerdo. Si lo dejamos en una fecha o si lo transformamos en conciencia. Si lo repetimos como consigna o lo asumimos como compromiso.
Porque Malvinas no terminó en 1982. Malvinas sigue siendo una causa nacional. Pero, sobre todo, sigue siendo una historia profundamente humana.
Y mientras haya memoria, habrá también una forma de justicia.
Mientras avanza el proyecto, comenzaron a conocerse algunos puntos clave que podrían cambiar por completo el acceso al préstamo.
El Gobierno nacional analiza la posibilidad de volver a lanzar los créditos de ANSES de hasta $1.500.000, una medida que podría beneficiar a miles de personas.
Sin embargo, quienes deseen acceder a estos préstamos deberán cumplir con una serie de requisitos y condiciones específicas que serían clave para su aprobación.
Cuáles serían las restricciones para acceder a los nuevos créditos de ANSES
Uno de los aspectos más relevantes es que las personas que accedan a este financiamiento y mantengan una deuda activa no podrían ingresar al mercado de cambios para comprar dólares, ni a través de entidades bancarias ni mediante herramientas financieras como el dólar MEP o el contado con liquidación, hasta haber cancelado el crédito por completo.
A su vez, si bien el dinero sería acreditado en la misma cuenta donde el beneficiario cobra su prestación, el esquema buscaría fomentar el consumo directo mediante tarjeta de débito u otros medios de pago electrónicos. En esa línea, no se descarta la implementación de controles o límites sobre determinadas transferencias, movimientos hacia terceros o incluso inversiones.
Otra de las pautas centrales es que quienes obtengan el préstamo no podrán asumir nuevas deudas ni modificar la forma en la que cobran su prestación si eso altera el porcentaje de la cuota mensual, que se descontaría automáticamente del haber antes de ser depositado. El objetivo de esta medida sería asegurar el cumplimiento del pago y reducir el riesgo de sobreendeudamiento.
Quiénes podrán acceder al préstamo de $1.500.000 y qué requisitos deberán cumplir
En relación con quiénes podrían acceder, la iniciativa incluye ajubilados y pensionados del SIPA que perciban hasta seis haberes mínimos, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), beneficiarios de Pensiones No Contributivas, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casas particulares registrados.
En caso de que el proyecto avance, la propuesta permitiría extender el acceso al financiamiento a sectores clave de la población, aunque bajo una serie de requisitos y restricciones pensadas para regular el destino del dinero y garantizar el cumplimiento de las cuotas.
La reciente profundización en la baja de retenciones por parte del gobierno de Javier Milei vuelve a colocar al campo en el centro del tablero político y económico argentino. Pero esta vez, con un condimento distinto: no se trata solo de aliviar la carga fiscal, sino de abrir —quizás por primera vez en décadas— una ventana real para cambiar el modelo productivo del país.
La medida, que continúa reduciendo los derechos de exportación sobre productos clave como soja, maíz y carne, es leída en el interior como un gesto concreto hacia quienes generan divisas, empleo y arraigo territorial. En provincias como Entre Ríos, donde el pulso económico depende en gran parte del agro, el impacto no es teórico: es inmediato.
Pero detrás del dato fiscal hay algo más profundo.
Lo que no se dice
Durante años, el campo fue la caja de emergencia del Estado. Cada crisis, cada déficit, cada urgencia: la respuesta era la misma. Subir retenciones.
Desde el conflicto por la Resolución 125 hasta los niveles del 33% en soja durante el gobierno de Alberto Fernández, la historia reciente muestra un patrón repetido: castigar al que produce para sostener un modelo fiscal que nunca cierra.
Ese esquema no solo generó enfrentamientos políticos. También moldeó una cultura productiva defensiva, donde el productor se acostumbró a sobrevivir más que a innovar.
Una oportunidad que va más allá del alivio
La baja de retenciones no es solo una mejora en los márgenes. Es, potencialmente, un punto de inflexión.
Porque si el campo deja de estar asfixiado, aparece algo que en Argentina suele escasear: margen para pensar, invertir y transformar.
Y ahí es donde se abre una discusión que casi nunca se da:
¿Y si el problema no era solo cuánto se producía… sino cómo?
Durante décadas, el país se apoyó en un modelo primarizado: exportar granos, carne, materias primas. Commodities. Volumen. Precio internacional.
Pero el mundo cambió.
Hoy no alcanza con producir. Hay que diferenciarse.
De granero a supermercado del mundo (pero en serio)
Argentina tiene condiciones únicas para dar un salto cualitativo:
Alimentos con trazabilidad y valor agregado
Producción orgánica y sustentable
Industria alimentaria con identidad regional
Innovación en biotecnología y agroindustria
La baja de retenciones puede ser el disparador de ese cambio.
Menos presión fiscal no solo mejora la rentabilidad. También libera capital para algo más importante: creatividad productiva.
Pasar del commodity al producto elaborado. Del grano al alimento terminado. De exportar volumen a exportar calidad.
Convertirse, de una vez, en ese “supermercado del mundo” tantas veces declamado… pero nunca concretado.
La otra cara del modelo
Claro que hay un límite.
El propio gobierno condiciona la baja de retenciones al superávit fiscal. Eso implica que el viejo dilema sigue vigente: cuando la caja aprieta, la tentación de volver a gravar al campo siempre está.
Ahí es donde la oportunidad se vuelve urgente.
Porque si el agro logra reconvertirse, agregar valor y diversificar exportaciones, deja de ser solo una fuente de recaudación rápida y pasa a ser algo más potente: un motor de desarrollo estructural.
Lo que está en juego
El debate no es simplemente político ni ideológico.
No es solo “apoyar o no al gobierno”.
Es entender que el interior productivo tiene, hoy, una ventaja poco frecuente en la historia argentina: un contexto donde producir es menos castigado.
Y eso cambia todo.
Pero también exige algo a cambio.
Porque si el campo —y toda la cadena agroindustrial— usa este alivio solo para producir más de lo mismo, la oportunidad se pierde.
En cambio, si lo usa para innovar, invertir y escalar en calidad, Argentina puede empezar a ocupar un lugar distinto en el mundo.
No como proveedor de materias primas. Sino como generador de alimentos de excelencia.
En síntesis
El campo argentino ya demostró que puede resistir.
Ahora tiene la oportunidad de demostrar algo más difícil: que puede transformarse.
La baja de retenciones no es un punto de llegada. Es un punto de partida.
La pregunta no es si este gobierno hizo más o menos que otros. La pregunta de fondo es otra:
¿Vamos a seguir siendo un país que exporta lo que le sobra… o uno que vende al mundo lo mejor que sabe hacer?
