El encuentro se desarrollará del 15 al 17 de mayo y convocará a público interesado en los fenómenos aeroespaciales no identificados. La propuesta fortalece el posicionamiento de Entre Ríos en el turismo de reuniones, el turismo científico y las experiencias temáticas.
La décima edición del Congreso Internacional de Ovnilogía se realizará este viernes, sábado y domingo en distintos espacios de Victoria, bajo el lema “Evidencia y experiencia, Sudamérica habla”. La programación incluirá exposiciones, debates, presentaciones de investigaciones y actividades abiertas al público vinculadas al análisis y divulgación de fenómenos aeroespaciales no identificados.
Desde el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos destacaron el aporte de este tipo de encuentros a la diversificación de la oferta turística provincial, incorporando propuestas vinculadas al turismo científico y al denominado turismo ufológico, una modalidad que despierta creciente interés en distintos puntos del país y del mundo.
Asimismo, el evento representa un aporte significativo para el desarrollo del turismo de reuniones o segmento MICE, considerado estratégico por su capacidad de generar movimiento económico, ocupación hotelera y circulación de visitantes durante todo el año.
El congreso se consolidó en Victoria tras diez ediciones consecutivas, posicionando a la ciudad como un punto de referencia regional para este tipo de encuentros temáticos. La propuesta se sostiene además en más de tres décadas de trabajo impulsadas desde el Museo del OVNI, uno de los espacios más reconocidos del país dedicados a esta temática.
Entre las actividades previstas habrá jornadas de observación, instancias de intercambio académico, mesas de debate y presentaciones editoriales, en una agenda pensada tanto para especialistas como para quienes se acercan desde la curiosidad, el interés cultural o la experiencia turística.
La realización de congresos y encuentros especializados forma parte de una estrategia sostenida de fortalecimiento del turismo de reuniones en Entre Ríos, promoviendo propuestas que integran conocimiento, cultura, innovación y movimiento turístico en distintos destinos de la provincia.
En voto dividido la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la queja planteadea por el exgobernador Sergio Daniel Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en le megacausa de las Coimas. La vocal Susana Medina, que se sumó al voto de Miguel Giorgio -con la disidencia de Daniel Carubia- concluyó «que se aprecia un notorio exceso en el ejercicio de la facultad recursiva con el único propósito de originar una injustificada extensión del trámite judicial».
El inordio tiene origen en la audiencia de remisión a juicio, el 5 de junio de 2025, «oportunidad en que el Juez de Garantías (Julián Vergara) desestimó sus planteos referidos a la exclusión de evidencia; pedidos de sobreseimiento y pedidos de nulidad del requerimiento fiscal. Frente a esa decisión, adversa a sus intereses, las defensas interpusieron recursos de apelación que no fueron concedidos por improcedentes. Ante ello, se presentaron en queja ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, las que fueron rechazadas el 5 de septiembre de 2025. Ante esa postura, los recurrentes interpusieron recursos de casación que no fueron concedidos, también por resultar improcedentes. Fueron con una queja a la Cámara de Casación, rechazada el 20 de noviembre de 2025. Y la impugnación extraordinaria, luego, que fue denegada. Así, la queja fuer resuelta por la Sala Penal del STJ.
https://drive.google.com/file/d/1cvFmpbgFyTb73tnQAyIJCmbG7NXdkmPE/preview Como había informado Entre Ríos Ahora, la Cámara de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Sergio Urrinarri, y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicados en la megacausa de las Coimas, y con pedidos de condena de 10 años de cárcel para el primero, y 9 años de prisión para el segundo.
Los defensores habían llegado en queja a Casación luego del rechazo al planteo casatorio efectuado por parte del juez de juicio Santiago Brugo y en el que, entre otros planteos, perseguían que se dictase el sobreseimiento de Urribarri en esa investigación penal. Con el votos de los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, la Cámara de Casación Penal les cerró esa vía.
“Por todo ello -dice la resolución de la Cámara-, estando suficientemente fundamentado el rechazo de los recursos casatorios oportunamente interpuestos, y no verificándose que se haya descartado erróneamente un supuesto válido para habilitar la instancia casatoria; al no verse configurado tampoco prima facie un gravamen irreparable que justifique adelantar la jurisdicción de esta Cámara; y atendiendo también al principio taxativo que rige en relación a la admisibilidad de esta instancia, siendo imprescindible la constatación del mentado gravamen irreparable, o afectación tal que permita excepcionar las reglas generales (todo lo cual no se verifica en autos), corresponde rechazar las quejas interpuestas”.
El 5 de junio último, al resolver la remisión de la megacausa a juicio, con pedido de condena a 10 años de cárcel para Urribarri y 9 años para Cardona Herreros, el juez de Garantías Julián Carlos Vergara desechó distintos planteos de las defensas, a saber: no hizo lugar a la exclusión de pruebas cuya admisibilidad fuera cuestionada por los abogados defensores; rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado; y también denegó el pedido de nulidad del requerimiento fiscal.
El 5 de agosto el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Santiago Nicolás Brugo revisó a pedido de las defensas esa resolución de Vergara y la dejó firme. También, rechazó un recurso de queja. Ante esa resolución, lo defensores fueron con un recurso de casación, que el magistrado tampoco aceptó, y entonces le quedó la vía de la queja.
Las defensas entendieron que la resolución de Brugo, a la que consideran «arbitraria», no trató «todos los agravios sin argumentos concretos». Señalaron que «está en juego aquí la garantía del debido proceso que no es otra cosa que el cumplimiento estricto de la ley». Y señalaron que «estamos ante un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior en razón de la violación a la garantía del debido proceso».
En su resolución, Brugo señaló que el ordenamiento legal «dispone que sólo resulta apelable por parte del `fiscal y el querellante` la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podrá apelar el sobreseimiento cuando no se hubiera observado el orden que establece el art. 397 o se le hubiera impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado ante su pedido que el proceso no afecta su `buen nombre y honor`. No admite discusión que sólo puede apelarse por `los interesados` el dictado del sobreseimiento, no la resolución denegatoria del mismo, resultando esta última resolución inapelable».
El magistrado desestimó los recursos de queja del defensor de Urribarri, y también de los representantes legales de Carlos Haidar, otro imputado, Juan Antonio Méndez y José Candelario Pérez; del empresario Diego Armando Cardona Herreros, José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz; y de Luis Alfonso Erbes, Andrés Bacigaluppo y Franco Azziani Cánepa.
Además, declaró abstracta la queja del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, por cuanto el exfuncionario accedió un acuerdo de juicio abreviado y aceptó haber cobrado coimas de manos del empresario Cardona Herreros.
El caso ya fue elevado a juicio oral el 1º de agosto, aunque por vía separada las defensas recusaron a los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, incidente que de momento no ha sido resuelto.
La resolución
A mediados de junio último, el juez de Garantías Julián Vergara rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en la causa que investiga supuesto cobro de coimas durante el urribarrismo, investigación en la que el extitular del Poder Ejecutivo tiene pedido de condena a 10 años de cárcel. Y también denegó la apelación.
En la resolución, el magistrado planteó que “no resulta procedente el recurso de apelación interpuesto por los señores defensores de los encartados Sergio D. Urribarri, Diego A. Cardona Herreros, Miguel A. Ulrich, Carlos M. Haidar, Luis A. Erbes y Guillermo Smaldone contra la resolución que le denegó el sobreseimiento puesto que esta no se encuentra incluida dentro de los supuestos expresamente previstos por el ritual para la procedencia del recurso ni se encuentra dentro decisiones que se declaran apelables”.
El juez recordó que la ley “habilita el recurso de apelación pero respecto del sobreseimiento ´concedido´ y ´no el denegado´. Dicha postura fue la adoptada por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay en los autos ´Cuesta, Hugo Tomás s/ Abuso de Autoridad ´ (…), en donde se dijo: ´En esa faena, con la simple lectura del artículo 399 del CPP queda claro que sólo resulta apelable por parte del fiscal y el querellante la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podría apelar cuando no se hubiera observado el orden que establece el artículo 397 o se le hubiere impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado, ante su dictado, de que el proceso no afecta el buen nombre y honor’ del sospechado”.
Vergara sostuvo que “el Código Procesal local establece de modo enfático que la denegatoria del pedido de sobreseimiento no es apelable”. Por otra parte, “tampoco resulta apelable el dictado de la resolución que deniega el sobreseimiento dado que ella no causa un gravamen irreparable puesto que la decisión de que el imputado siga sometido a la investigación forma parte de la garantía constitucional de juicio previo”.
Los defensores también apelaron la resolución dictada el 5 de junio al considerar que dicha decisión les causa un «gravamen irreparable» al no hacerse lugar a la nulidad y exclusión de la evidencia obtenida por el Ministerio Público Fiscal ya que, según su criterio, la agregación al legajo lo fue en violación a las leyes, especialmente, cuestionan la admisión de la prueba digital y/o electrónica y la incorporación de testimoniales claramente condicionadas, ambas ofrecidas por Fiscalía.
“En este sentido –dijo el juez-, adelanto que el recurso de apelación también debe rechazarse por inadmisible en atención a que lo resuelto en fecha 05/06/25 y admitir como válida la evidencia probatoria ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y fuera cuestionada por los señores defensores no causa gravamen irreparable que habilite la admisión del recurso de apelación”.
En cambio, el juez sí hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que ejerce su propia defensa, que puso en crisis la resolución de Vergara que dispuso no admitir una serie de evidencias probatorias propuestas por el mencionado letrado en ejercicio de su defensa propia ya sea en el escrito de contestación ( oposición ) del requerimiento fiscal de elevación a juicio”.
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En un audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.
Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral. A continuación, se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, referente a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esta suma está distribuida de la siguiente manera:
36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri) lo que arroja una suma total de $1.000.007 (un millón siete pesos)
36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como equipo identificamos a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales.
5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales identificamos a José Gervasio Laporte que arroja un total de $149.713.
7,29% a una persona que no identificamos.
7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones “Ruso” hacen referencia a Luis Alfonso Erbes), que arrojó $141.940
Además del cálculo de estos pagos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo sindicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”, plasmó Yedro.
Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo:
$30.000 mensuales para Lemon que sumó $240.000.
$106.000 mensuales PLM Entre Ríos arrojando un total de $848.000
“En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”, leyó la fiscal este jueves.
Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así:
$7000 PLM uno
$7000 al Ruso que dio un total de $252.000
PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000
PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos lo que arrojó $360.000
“En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre:
Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000
MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000
DAC $40.000 que arrojó $1.440.00
Ruso $20.000 y arrojó un total de $720.000
Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000
También hubo distribución interna.
Licitación 2/15 arrojó un PLM total de $1.836.000
Ruso $7000 arrojó un total de $126.000
Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal.
Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000
Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000 lo cual arrojó $270.000 para cada uno.
“Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal.
“Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM”
Así lo subrayó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica, cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”.
En la investigación desarrollada, los fiscales consiguieron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios de los mismos, en base a las comunicaciones internas y los asientos contables. Las operatorias variaron: se libraron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”, también hubo dinero en efectivo, y las empresas compraron objetos y servicios para funcionarios políticos o familiares de los mismos.
“No solo tomamos en consideración mensajes de correos, anotaciones y registros hallados sino también se cotejó con asientos contables, expedientes de cada licitación, expedientes de pago. A través de la documentación que Fiscalía se ocupó de recabar, la mecánica quedó plasmada ahí”, manifestó Yedro.
La fiscal manifestó que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esto surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”.
Pasajes, objetos y un vínculo estrecho
La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone por parte de las empresas que conducía Cardona Herreros u otras asociadas, también la adquisición de alfombras que se entregaron en un departamento de calle Lafinur de Capital Federal (uno de los domicilios del exgobernador) y que recibió Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron el único objeto, Relevamientos Catastrales compró una heladera y una cinta para correr que fueron entregados en el mismo domicilio de Capital Federal y que recibió la esposa del exgobernador.
Las contrataciones del Estado provincial a las empresas, la huella de los sobreprecios y las coimas, la compra de objetos costosos y pasajes aéreos desde las empresas a los funcionarios políticos y familiares. Todo queda enmarcado en el estrechísimo vínculo amistoso entre Urribarri y Cardona Herreros.
Esa relación queda expuesta a partir de cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados en la investigación. “Sabido es que el exgobernador usaba líneas registradas a nombres de tercero para comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, solía usar utilizar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, apuntó la fiscal.
A continuación se publican varios de los mensajes registrados en la causa.
El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.
Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.
Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
De todos ellos, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, zafó con juicio abreviado; esa misma beneficiará al exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Hacienda, Miguel Ulrich
El Gobierno de Entre Ríos dispuso cambios en el sistema de multas por exceso de velocidad y estableció nuevas escalas de sanciones para infracciones de tránsito en rutas y calles de la provincia.
Según pudo saber Elonce, la medida modifica el artículo 3° del Decreto 863/24 del Ministerio de Seguridad y Justicia. La normativa lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia.
Cómo quedaron las nuevas multas
A partir de la modificación, las sanciones por exceso de velocidad se aplicarán según el porcentaje de infracción respecto del límite permitido.
La nueva escala quedó definida de la siguiente manera:
⭕Hasta 10% de exceso: 200 Unidades Fijas (UF)
⭕Entre 11% y 30%: 250 UF
⭕Entre 31% y 50%: 300 UF
⭕Entre 51% y 100%: 350 UF
⭕Más del 100%: 400 UF
Las Unidades Fijas se calculan en base al valor del combustible premium, por lo que el monto final de cada multa varía según el precio actualizado de la nafta.
Para dar un ejemplo y teniendo en cuenta que este miércoles Shell aumentó el precio de sus combustibles, y el V-Power Nafta alcanzó los $2.415 por litro, las multas irían desde los $480.000 hasta superar los $960.000.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostuvo que el incremento sostenido del precio de los combustibles generó un fuerte aumento en el valor de las multas, provocando un desfasaje respecto de los salarios reales.
Además, el texto señala que las sanciones deben mantener criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”, evitando que resulten “desproporcionadas o confiscatorias”.
El Gobierno también afirmó que el nuevo esquema busca reducir la litigiosidad administrativa y judicial derivada de multas consideradas excesivas y fomentar el pago voluntario de las infracciones.
Sistema progresivo para sancionar infracciones
La normativa incorpora un sistema progresivo que diferencia los niveles de gravedad según cuánto se supere la velocidad máxima permitida.
Según el decreto, el objetivo es que no reciban la misma sanción quienes exceden levemente el límite y quienes duplican la velocidad permitida.
En el expediente también intervino BROCART S.A., firma encargada del control y gestión de infracciones de tránsito en la provincia, que propuso el esquema de graduación de sanciones adoptado finalmente por el Ejecutivo.
Consulta de infracciones
La provincia de Entre Ríos cuenta con un sitio web para consultar las infracciones de tránsito y se puede acceder ingresando el dominio del vehículo. También se pueden consultar las normativas vigentes nacionales y provinciales en materia de tránsito y seguridad vial.
Este 15 de mayo a las 16 se realizará un encuentro abierto a la comunidad para presentar el plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. El espacio aporta a la organización y regulación de actividades recreativas, turísticas y educativas que se pueden desarrollar dentro del parque para promover su disfrute y garantizar la conservación del ecosistema. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía, ubicado en la esquina de las calles N° 10 y N° 7. Quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente.
El plan de Uso Público que se presentará fue elaborado considerando las opiniones y sugerencias que aportó la comunidad en la instancia de consulta pública realizada durante los primeros días de mayo. Es un documento que define la planificación y el ordenamiento de las actividades que vecinos y visitantes pueden realizar dentro del parque, como el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el senderismo y el trekking, el campamentismo y la recreación, los deportes no motorizados -como el kayakismo y los náuticos, el ciclismo, la natación y el pedestrismo-, la educación ambiental, los voluntariados y la interpretación del patrimonio natural y cultural. El uso público debe ser de bajo impacto ambiental, en línea con los objetivos y valores de conservación del área, para prevenir impactos negativos y asegurar la integridad ecológica del territorio.
Esta instancia de participación ciudadana es convocada por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Entre Ríos; la Coordinación del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; y la Municipalidad de Colonia Elía como representantes de la Comisión Ejecutiva de Manejo del área protegida; y por las organizaciones WCS Argentina y Banco de Bosques, como integrantes de su Comisión Asesora Local.
El ex intendente de Concepción del Uruguay, ex diputado nacional, y actual presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Lucio Godoy, analizó la realidad económica y política del país, marcada por la actitud y verborragia violenta del Presidente Javier Milei.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Godoy opinó que “el empresariado del mundo no le da mucha importancia o no alcanza a tomar contacto o conocimiento con los decires del Presidente. Yo creo que un empresario del mundo, y cualquier empresario de la Argentina también, para tomar decisiones de inversiones o de proyectos comerciales, o de objetivos de desarrollo de una empresa, toma en cuenta las variables económicas fundamentalmente, y por supuesto el ambiente político en general. Así que desde ese punto de vista no veo que sea un gran problema, porque las cuentas macroeconómicas son buenas y le ha ido dando resultados sucesivamente durante dos años, y a pesar del año pasado que fue muy confuso, muy complicado, muy complejo, los números son saludables”.
Respecto del costo social de ese logro macroeconómico, planteó que “más pobres estábamos hace tres años. Pobres como país, pobres como empresas, pobres como personas y como familias. Me parece que eso es como un latiguillo que se ha instalado, dicho casi sin pensar; hay una sensación de que esto es así, pero resulta que hay vacaciones y no se puede andar por las rutas porque se atestan. Creo que ha habido además un tremendo cambio de consumo. Están las famosas curvas de indiferencia en la economía, sobre todo en la microeconomía, que significan cómo uno reemplaza un tipo de consumo por otro tipo de consumo, o cómo se consume vía electrónica, que es una cosa increíble”.
De todos modos, aclaró: “Sí quiero hacer mi crítica a lo que está pasando en este momento, porque tengo una muy mala sensación, tengo desazón, porque se están demorando medidas tan elementales, por una cuestión que nunca había pasado en Argentina, que es la cuestión interna de un gobierno. De manera ostensible se nota eso, no es que sospechábamos cuando estaba (Fernando) De la Rúa, cuando estaba (Carlos) Menem, cuando estaba el que estuviera, que sospechábamos de alguna interna, de que fulano no se llevaba bien con mengano; por ejemplo, en la época de Menem se habló de haber dividido el gobierno según los gustos de sectores empresariales o políticos, pero hoy no es eso lo que sucede. Hoy sucede algo que, para colmo, está provocado fundamentalmente por un hecho que es el hecho de Adorni, y es increíble cómo se demora, se procrastina la toma de decisiones respecto de cosas que todos estamos esperando, como es por ejemplo el crédito hipotecario, que estarían dada todas las condiciones, porque incluso en los últimos dos meses ha crecido la actividad de la construcción inmobiliaria”.
“Hay como un retardo que le puede costar muy caro, nos está costando caro a todos y eso sí puede dar malas sensaciones de todo tipo, como que no estamos tan bien en realidad, porque también es cierto que este es un país no desarrollado, que viene de situaciones muy malas y en una América Latina que tiene características similares en todas partes, en el Uruguay, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Perú. Debería cambiarse ese ritmo rápidamente, porque si no, creo que le va a perjudicar muchísimo a la Argentina la demora”, advirtió.
Consultado respecto del gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, explicitó que “la provincia es muy dependiente de la Nación, y entonces creo que está muy limitado por dos cosas. Políticamente no creo que sea muy fácil tener soluciones que contradigan al gobierno nacional, pareciera que hay una especie de omnipotencia en ese sentido en el ámbito nacional. Y por otra parte no hay una capacidad financiera fuerte. Uno ve en la Región Centro cómo Santa Fe y Córdoba tienen atisbos o concreciones de crecimiento, pero son zonas de una capacidad económica enorme de la Argentina, yo diría que de las más grandes, y además también está la provincia de Buenos Aires, pero no es lo mismo (Axel) Kicillof que (Maximiliano) Pullaro o que (Martín) Llaryora, incluso no es lo mismo el conurbano que Rosario o Córdoba en sí mismo como ciudades. Así que veo que Entre Ríos en ese sentido sigue aletargada, como es propio de la estructura económica que tiene en la Región Centro, comparativamente hablando”.
“Es cierto que se ha disminuido la recaudación y eso impide cualquier tipo de acción positiva hacia adelante, pero me parece que no han tomado en cuenta que el famoso consumo que se disminuye, se disminuye por la vía de los comercios locales, pero por la vía de la compra a través de las plataformas que existen, no ha disminuido, por el contrario, yo creo que ha aumentado. Entonces yo creo que los gobiernos también tienen que fijarse en ese detalle, que no es un pequeño detalle, para ver cómo compiten de alguna manera. Y una de las cuestiones que todo el pueblo pone en el país son los impuestos a los ingresos brutos. No se puede seguir aumentando como sucede en algunos lugares. Y espero que Entre Ríos se pueda encauzar en ese sentido, de una manera más propia de estos tiempos. Yo creo que estamos en un momento del mundo donde va sustituyéndose con la robótica, el trabajo humano. Y esto es una realidad indiscutible y no es culpa de un gobierno, tiene que ver con el desarrollo tecnológico que ha tenido el mundo. Y esto va a ir provocando más complicaciones todavía. Así que creo que los gobiernos tienen que reinventarse, así como lo hacemos las empresas que vivimos con cambios tecnológicos permanentes, los Estados tienen que hacer lo mismo y tienen que incorporar gente muy idónea en lo que significa el mundo tecnológico que estamos viviendo en el siglo XXI”, analizó.
En cuanto a la oposición del peronismo entrerriano, consideró que “es una oposición que está desvencijada. Hay que ver cómo será la interna del peronismo en un país que acaba de ser desarmado por el golpe de las urnas, o lo que le pasó a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Además, y esto lo más importante de todo, diría que es la madre del borrego en el peronismo, la pelea del kirchnerismo con el kicillofismo va a ser muy fuerte, ya lo está siendo, y creo que eso va a dividir las aguas muy fuertemente. Y agreguemos las cuestiones provinciales. Creo que cada provincia tiene un diálogo distinto con el gobierno de la Nación, y eso va a provocar, hasta este momento, un desarme nacional del peronismo como nunca se ha visto”.
En ese marco, comparó que “la reelección de Milei está más cerca que el retorno de un dirigente peronista a la Presidencia de la Nación” y planteó que “con todo lo bien que he le ha ido a Milei, puede haber más una conflictividad social que una conflictividad política”.
“Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, y en muchas provincias pasa lo mismo, que hay mucha queja en los gobiernos provinciales por la cuestión de la distribución del ingreso, la coparticipación, y sin embargo se ve que Gildo Insfrán (gobernador de Formosa) no se queja nunca, que hace tantos años que está en la conducción de la provincia y teóricamente debe tener una coparticipación similar, pero no hay una queja como la puede haber en otras provincias. Quiero decir que estamos en un fenómeno que es propio de un cambio de régimen, porque acá no cambió un gobierno, acá no cambió el peronismo por el mileísmo, acá cambió un régimen populista, un régimen de distribución de riqueza sin tenerla, un régimen de distribución de la emisión monetaria contra un régimen que dice ‘no hay plata, no emito más’ y de aquí en adelante los parámetros tienen que ser otros. Y además, como si fuera poco y en beneficio del gobierno, una explosión de las economías naturales que están produciendo exportaciones voluminosas y que van a dejar al Estado Nacional con situaciones mucho mejores que antes. Entonces estamos viviendo un cambio de régimen”, concluyó.
El desempeño de Entre Ríos en materia de patentamientos fue señalado como uno de los indicadores positivos del sector, luego de que la provincia alcanzara en 2025 su mayor registro desde 2018, en un contexto de medidas de alivio fiscal impulsadas por el gobierno provincial
A partir de esa evolución, Entre Ríos recuperó participación en el mercado nacional. Desde ATER remarcaron que la baja impositiva mejoró las condiciones de actividad y favoreció la inscripción de vehículos en Entre Ríos. La mayor radicación de unidades, además, fortalece la base tributaria del Impuesto Automotor hacia los próximos años.
Los datos se conocieron en el encuentro de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Convenciones Regionales 2026, realizado días atrás en Rosario, y en el que participó la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, valoró la articulación con el sector privado y presentó los avances de la provincia en materia de alivio fiscal, simplificación tributaria y formalización del sector automotor. La evolución de los patentamientos fue uno de los datos incorporados al análisis sectorial.
Durante la actividad, se destacó que Entre Ríos superó en 2025 los 14.000 patentamientos de vehículos cero kilómetro, alcanzando su mayor registro desde 2018. Ese desempeño se dio en un contexto de medidas orientadas a reducir costos de inscripción y favorecer la radicación de vehículos en la provincia, entre ellas la reducción del Impuesto de Sellos. A partir de esa evolución, Entre Ríos recuperó participación en el mercado nacional.
Medidas que favorecen al sector Se destacó que uno de los principales cambios fue la reducción del Impuesto de Sellos para vehículos cero kilómetro, que pasó del 2,25 al 1,25 por ciento para concesionarios inscriptos en el Registro de Concesionarios Oficiales. También se redujo al 0,50 por ciento la alícuota para vehículos pesados, ómnibus y maquinaria agrícola.
“El camino no es aumentar impuestos. Es recaudar mejor, ampliar la base tributaria, facilitar el cumplimiento y controlar la informalidad”, sostuvo Korell. El funcionario señaló que el objetivo de la provincia es construir un sistema tributario más simple, justo y eficiente. En esa línea, remarcó la importancia de aliviar la carga donde sea posible, promover el cumplimiento voluntario y fortalecer los controles sobre las situaciones de informalidad.
Korell integró el panel “Escenario 2026: el impacto en el ambiente de negocios”, junto al presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Sebastián Beato; el presidente de la Regional Entre Ríos de la Asociación, Facundo Valvo; el presidente de la Regional Santa Fe de la Asociación, Jorge Pesado Castro;el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez; y el politólogo y economista Gustavo Marangoni.
Entre Ríos desarrolló el pasado 6 de mayo su jornada especial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, con presentaciones de obras, participación de escritores y actividades editoriales en el predio de La Rural.
En la Sala Julio Cortázar se realizaron las presentaciones de Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán ganadora del Premio Fray Mocho, y Perros de la lluvia, del escritor Ricardo Romero, editada por Azogue Libros.
La jornada convocó a escritores, editoriales, lectores y referentes del ámbito cultural y literario. Participaron el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; la directora de Industrias Culturales y Creativas, Rocío Rezzet; el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá; y la subdirectora de la Representación, Marcela Antola.
Durante la actividad, Stoppello destacó la presencia provincial en el principal encuentro editorial del país y sostuvo que “es una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso que Entre Ríos pueda expresar y compartir su potencia, su identidad y sus historias”.
Horizonte de sucesos fue seleccionada entre más de treinta obras presentadas en la convocatoria federal del Premio Fray Mocho. El jurado valoró la originalidad del conflicto narrativo, la construcción del relato y el trabajo sobre los detalles. La publicación estuvo a cargo de la Editorial de Entre Ríos.
Por su parte, Perros de la lluvia propone una historia ambientada en una Paraná atravesada por fenómenos extraños y hundimientos inesperados que alteran la vida cotidiana. El escritor Jorge Consiglio definió la novela como un relato que combina lo absurdo y lo ominoso dentro de un “verosímil perturbador”.
Además de las presentaciones, el stand entrerriano ubicado en el Pabellón Ocre 3017 continúa ofreciendo actividades junto a autores y editoriales de la provincia.
La participación de Entre Ríos en la Feria Internacional del Libro se extenderá hasta el 11 de mayo con nuevas propuestas culturales y editoriales impulsadas por el Gobierno provincial.
La autora concordiense, Neurocoach Profesional y Neuromentora, compartió una jornada de reflexión e intercambio en torno a la construcción de los vínculos familiares, la adopción y el rol de la verdad y el acompañamiento en los procesos de crianza.
La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue escenario de la presentación del libro “Misión Amor: Adoptar con el corazón, un lazo eterno”, de Patricia Servat, una obra que aborda la adopción desde una mirada íntima y reflexiva, poniendo el foco en la construcción de los vínculos familiares a través del amor, la verdad y el acompañamiento.
Durante la actividad, la autora compartió parte de su experiencia personal y relató cómo surgió la necesidad de escribir el libro, destacando el proceso de crianza junto a su hijo Ian, quien además participó en la publicación a través del prólogo de la obra.
En ese marco, Servat señaló que “el libro se llama Misión Amor porque habla de construir desde la verdad, el diálogo y el amor”, y remarcó la importancia de generar vínculos genuinos y conscientes en los procesos de adopción.
Asimismo, sostuvo que “hay una Patricia antes de Ian y una Patricia después de Ian”, al referirse al impacto que la maternidad tuvo en su vida personal y emocional.
La autora también reflexionó sobre la evolución social y cultural en torno a la adopción y destacó la necesidad de promover procesos basados en el respeto, la contención y el derecho a la identidad.
El evento fue moderado por José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, quien destacó el vínculo de amistad que lo une a la autora y valoró la sensibilidad con la que la obra aborda la construcción de los vínculos familiares.
La jornada contó con la presencia de la subdirectora de la Representación, Marcela Antola; la coordinadora de Relaciones Institucionales, María Teresa Colello; Enrique Salvatierra, representante oficial de la provincia de Tucumán en Capital Federal; y la artista plástica Griselda Lechini, junto a invitados, referentes culturales y asistentes que participaron de un encuentro orientado a promover el intercambio, la reflexión y el diálogo en torno a la adopción, la maternidad y las distintas formas de construir familia.
La actividad se desarrolló en el marco del ciclo cultural impulsado por la Representación, una propuesta orientada a promover la producción artística y literaria entrerriana y generar espacios de encuentro e intercambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Tribunal de Cuentas realizó una presentación formal ante el Ministerio Público Fiscal para notificar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y de miembros de su gabinete. Es en relación a la compra de maquinaria con supuestos sobreprecios.
Las actuaciones del organismo de control se originan en la detección en 2013 de un presunto sobreprecio pagado en la compra directa de una cargadora frontal y de una retroexcavadora por parte de la Municipalidad de Santa Elena.
El organismo atribuyó la responsabilidad por este daño a la hacienda pública los entonces funcionarios Adolfo Zenón Ortiz, María Inés Martínez y Roberto Carlos Méndez y al entonces -y también actual- intendente Domingo Daniel Rossi (PJ).
En diciembre de 2022, casi 10 años después de la adquisición, el TdC remitió las actuaciones a la Municipalidad de Santa Elena para que iniciara las gestiones judiciales necesarias para recuperar el monto del perjuicio. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo expresó formalmente que no iniciaría ninguna acción al respecto.
Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, al que accedió ANÁLISIS, ante la falta de avances en el recupero del dinero, el 5 de febrero de 2025 se iniciaron nuevas actuaciones para investigar el destino de los trámites y se libraron nuevos oficios pidiendo precisiones sobre la gestión del resarcimiento. Se vencieron los plazos y el municipio nunca contestó.
Desde la asesoría jurídica del TdC se remarcó que existe un evidente conflicto de intereses, ya que Rossi -quien por ley debería impulsar la demanda de recupero- es una de las personas señaladas como responsables del perjuicio, motivo por el cual debería haberse excusado.
Ante la situación, el lunes de esta semana el TdC notificó formalmente al Ministerio Público Fiscal “la posible comisión de un ilícito penal en los términos de los artículos 248 y 249 del Código Penal y la posible configuración de un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Fuentes judiciales informaron que el próximo paso es analizar si se da curso a la presentación y se inicia una investigación penal preparatoria.
Otras cuentas pendientes
En al Ministerio Público Fiscal en las últimas semanas se avanzó en otro legajo que involucra al intendente de Santa Elena. Es en un expediente que se abrió tras una denuncia pública realizada el año pasado por Ariel Juárez, coordinador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en la localidad, quien solicitó información sobre los 170 millones de pesos que recibió de Nación el municipio en octubre de 2023 para el Parque Industrial, dinero que no se habría destinado al proyecto. Rossi ya tuvo que designar abogado
Cabe recordar que está pendiente la realización del juicio oral y público por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente y otros exfuncionarios. Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Por otro lado, en junio de 2006 quedó firme la condena contra Rossi, quien fue declarado como autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y, en consecuencia, se lo condenó a la pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por el término de ocho años y a abonar una multa de 90 mil pesos.
Esa causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 1° de diciembre de 2009 la dejó firme. Actualmente, en la Fiscalía de Paraná hay abierto un expediente en la que se investiga nuevamente el delito. En el legajo también se encuentra Patricia Díaz, esposa de Rossi y senadora provincial (PJ – La Paz).
El Ejecutivo provincial detalló las auditorías realizadas, los fondos recuperados ante Nación y las acciones impulsadas para revertir años de falta de controles y reclamos sobre el sistema previsional entrerriano.
El Gobierno de Entre Ríos respondió formalmente el pedido de informes presentado por senadores del bloque Justicialista vinculado al financiamiento y la situación previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
La respuesta fue elaborada aún antes de que el requerimiento adquiera estado parlamentario, luego de que el pedido fuera difundido públicamente.
En ese marco, el Ejecutivo provincial brindó precisiones sobre las gestiones realizadas ante ANSES y el Estado Nacional, el estado de las auditorías previsionales, los acuerdos de financiamiento suscriptos y las acciones judiciales impulsadas por la Provincia para recuperar recursos adeudados.
Entre los principales puntos informados, se destacó que durante los años 2024 y 2025 la Provincia percibió aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional por parte del Estado Nacional, en el marco de convenios celebrados con ANSES.
Asimismo, se informó que los ejercicios correspondientes al período 2017–2020 ya fueron auditados y que el ejercicio 2021 se encuentra actualmente en proceso de auditoría técnica.
En la respuesta remitida al Senado, el Gobierno provincial sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, situación que, según se indicó, “significaba un obstáculo para efectuar cualquier reclamo o acción” vinculada al recupero de fondos previsionales adeudados por Nación.
El informe también afirma que “durante años la provincia no contó con la información, las auditorías ni la decisión política necesarias para defender sus recursos previsionales”, y señala que fue la actual gestión la que impulsó “por primera vez un proceso integral de auditoría, reclamo administrativo, recupero de fondos y litigio judicial”.
También se confirmó que la Provincia mantiene en trámite una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES por el recupero de fondos previsionales adeudados, acción iniciada en abril de 2024.
“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, señala la respuesta oficial.
Además, el Gobierno provincial precisó que el monto estimado del reclamo asciende actualmente a aproximadamente 154.606 millones de pesos, sujeto a la determinación definitiva resultante de las auditorías en curso.
En otro tramo del informe, el Ejecutivo sostuvo que “durante años los montos permanecieron congelados, sin reclamo”, y destacó que la actual gestión logró “no sólo reactivar los pagos, sino incrementarlos significativamente”.
Por otra parte, la respuesta aclara que los acuerdos de financiamiento celebrados con Nación “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”, y ratifica que “la Provincia no resigna sus derechos” en el marco de las negociaciones técnicas y judiciales en desarrollo.
Finalmente, el informe sostiene que la actual gestión logró revertir un escenario de “desconexión institucional” con los organismos nacionales y avanzar en una estrategia activa de defensa del sistema previsional entrerriano.
“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye la respuesta remitida a la Cámara de Senadores.
