Contratos Truchos: retoman audiencias

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Las audiencias de remisión a juicio de la causa de los Contratos Truchos a partir del 26 de mayo próximo, a partir de las 9, hasta el viernes 10 de julio, con el siguiente cronograma: los días martes y viernes, de 9 a 13; los miércoles y jueves, de 9 a 13; continuando en jornada vespertina de 16 a 19.

La decisión se adoptó luego de que el 23 de diciembre último la Cámara de Casación Penal rechazara un recurso de impugnación extraordinaria que habían presentado los defensores de los imputados de la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, una investigación penal que abarca el período que va de 2008 y 2018 y que procura establecer de qué modo funcionó una «organización» para distraer recursos públicos de la Legislatura mediante la confección de contratos laborales apócrifos.

Ya el 27 de noviembre último Casación había reprochado una resolución de la camarista María Carolina Castagno y declaró «mal concedidos» los recursos de casación.

Los recursos fueron planteados por un grupo de defensores de impuados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, decisión que firmó la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Maria Carolina Castagno.

Los recursos que Casación entendió “mal concedidos” fueron presentados por Emilio y Germán Fouces, defensores de Sergio Esteban Cardoso, Jorge Fabián Lázaro y José Javier Schneider; Iván Vernengo y Damián Petenatti, que ejercen la defensa de Alfredo Bilbao; Tomás Vírgala, en representación Roberto Ariel Faure; José Raúl Velázquez y Agustín Fontana, defensores de Flavia Marcela Beckman y Hugo Rubén Mena; Miguel Cullen, defensor de Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, , Maximiliano Degani y Pedro Eduardo Opromola y codefensor de Jorge Enrique De Breuil; y por éste último con asistencia del Pablo Hawlena Gianotti, y fueron contra la resolución dictada por la vocal de Juicio y Apelaciones N°1 de Paraná de fecha 5 de septiembre de 2025.

Los defensores habían abierto una amplia gama de planteos, a saber: exclusiones probatorias, nulidad del requerimiento de remisión a juicio, nulidad de acusación, pedidos de subsanación de defectos de la acusación; amén de pedidos de sobreseimiento instados en consecuencia.

Castagno habilitó a las defensas a recurrir su decisión, pero Casación tuvo una mirada diferente al entender que “habida cuenta no sólo de la etapa en que se encuentra la causa, sino también, por la expresa irrecurribilidad de lo resuelto por la Jueza de Garantías”. Es decir, el planteo nunca debió llegar al Tribunal de Juicios y Apelaciones, y menos aún a la Cámara de Casación Penal.

Contra esa decisión los defensores habían planteado una impugnación extraordinaria, que Casación volvió a rechazar.

El trámite

En una audiencia extensísima realizada el viernes 5 de septiembre en Tribunales -comenzó a las 11, y finalizó a las 17,13- la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná María Carolina Castagno hizo lugar a planteos clave de las defensas de los imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura y así trastocó la marcha de las audiencias de remisión a juicio, que están en pausa.

Si bien no hizo lugar a la mayoría de los requerimientos de los defensores, sí dio cabida a cambios relevantes en la tramitación de la causa Contratos: encomendó a la jueza de Garantías Marina Barbagelata que resuelva ahora y no que lo postergue para la etapa del juicio oral la petición de los defensores respecto al cambió la calificación, y en igual sentido se pronunció respecto del reproche que hay en torno a la prescripción y a la actuación de la Fiscalía de Estado como actor civil. Barbagelata había rehusado analizar esos planteos ahora y postergarlo para cuando se haga el juicio. Castagño le dice que debe atender esas presentaciones ahora, en la audiencia de remisión a juicio.

Había tres planteos de las defensas respecto al rol de Fiscalía de Estado: uno, la demanda tenía defecto legal de proposición, planteo rechazado por Barbagelata fue confirmada por Castagno; el otro reproche era la falta de legitimación activa y otra de prescripción. La discusión se había centrado en cuándo resolver esos dos últimos planteos. Barbagelata opinó que debía hacerse durante el plenario del juicio oral; en cambio, Castagno resolvió que debía dilucidarse en la audiencia de remisión a juicio.

También Barbagelata debe resolver el planteo en torno al cambio de calificación legal de los hechos investigaos. La discusión orilla en torno a si el hecho se trata de un concurso real o delito continuado. Si es concurso real, significa que entre el año 2008 y el año 2018, el período en el que se investiga la maniobra de los Contratos Truchos, se realizaron 10 hechos. En cambio, si es continuado se trata de un solo hecho. Al momento de cuantificar la pena, no es lo mismo cometer 10 hechos de peculado (robo para la popular) que un solo hecho. A ese planteo de la defensa Castagno resolvió que lo dilucide Barbagelata.

A comienzos de agosto, Castagno había dado vuelta resoluciones adoptadas por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, cuya tramitación en audiencia de remisión a juicio fue suspendida el 21 de julio último al hacer lugar la magistrada a recursos de queja interpuestos por las defensas. Precisamente, esos planteos fueron acogidos por Castagno.

«Así las cosas, sin avanzar sobre el fondo de las distintas cuestiones planteadas, lo que es propio del recurso que pretenden las Defensas, al existir una relación directa e inmediata entre los agravios constitucionales y convencionales invocados por las defensas traídos a estudio, tales como la defensa en juicio y debido proceso, y los pronunciamientos impugnados, corresponde, declarar mal denegados los recursos de apelación interpuestos, debiendo la Señora Jueza de Garantías proceder a su concesión, observando el trámite correspondiente al recurso concedido», dice la disposición que firmó este lunes 4 la vocal Castagno.

Así, hizo lugar a los recursos de queja presentados por los defensores Emilio y Germán Fouces, representantes de Sergio Esteban Cardoso, Jorge Fabián Lázaro y José Javier Schneider; de Victoria Halle, defensora de Mariano Speroni y Diego Martín Pagnoni; el planteo de Tomás Vírgala, defensor de Roberto Ariel Faure; también la presentación de Miguel Ángel Cullen, representante de Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Eduardo Opromolla; de Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Alfredo Bilbao; y el imputado Jorge Enrique De Breuil, junto al defensor Pablo Hawlena Gianotti quien ejerce su defensa junto con Miguel Cullen.

En consecuencia, Castagno declaró “mal denegados los recursos de apelación presentados por los defensores contra la resolución dictada por la jueza Barbagelata el 30 de junio en el marco de la audiencia de etapa intermedia, cuando rechazó las solicitudes de sobreseimientos instados a favor de los imputados; también, cuando rechaza el planteo de inexistencia de causa probable que fuera deducido por la defensora Halle, como recurso contra el rechazo a la oposición a la remisión a juicio y la omisión al tratamiento expreso del pedido de sobreseimiento de sus defendidos. También dio vuelta la resolución que decide desestimar los pedidos de cambio de calificación; como así también en tanto resuelve la omisión al tratamiento del pedido de sobreseimiento instado por el defensor Vírgala en favor de su defendido; y también en su decisión de diferir el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación para obrar en el actor y en el demandado, y la de prescripción, a la sentencia definitiva; lo que se comunicará a la misma para que proceda a su concesión.

Tramitación suspendida

El 21 de julio último, Barbagelata habilitó el camino de la apelación a una serie de recursos presentados por las defensas de los imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura y hasta que la cuestión no sea resuelta por un tribunal de alzada quedará en suspenso la tramitación del pedido de Fiscalía de remisión del caso a juicio oral y público.

La magistrada tuvo una primera decisión: un revés a las pretensiones de los imputados en la megacausa. En medio de la tramitación de las larguísimas audiencias de remisión de la causa a juicio, los defensores hicieron planteos para que se excluyan pruebas y testigos, petición que la jueza Barbagelata rechazó. Entonces, las defensas apelaron esa decisión con la expectativa de acudir ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Pero otra vez la magistrada les denegó esa vía.

Dengue: se confirmaron tres casos en Entre Ríos y se detectó otra variante

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El Boletín Epidemiológico Nacional informó que Entre Ríos registró tres casos confirmados de dengue en lo que va de la temporada 2025-2026. Todos importados.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó tres casos de dengue en Entre Ríos en el marco del inicio de la temporada de arbovirus 2025-2026. La información fue publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional N°797, que detalla la situación sanitaria de las provincias frente al avance de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Los casos de dengue

Según el informe, hasta la séptima semana epidemiológica de 2026, la provincia registró 252 casos notificados, de los cuales tres fueron confirmados por laboratorio. Las autoridades sanitarias también advirtieron sobre la detección de una nueva variante del virus, el serotipo DENV-3, lo que refuerza la vigilancia epidemiológica en la región.

En tanto que, a diferencia de otras jurisdicciones que ya registran casos autóctonos (como Formosa o Buenos Aires), los tres casos confirmados en Entre Ríos son considerados importados, es decir, con antecedentes de viaje al exterior: Cuba, Brasil y República Dominicana.

La detección del serotipo DENV-3 genera una atención especial en las autoridades sanitarias locales, ya que la introducción de nuevas variantes en una población que mayoritariamente ha tenido contacto con DENV-1 o DENV-2 puede aumentar el riesgo de cuadros clínicos más complejos.

El informe detalla que, además de los tres casos confirmados, Entre Ríos cuenta con: 238 casos descartados (con laboratorio negativo), ocho sospechosos que aún permanecen en estudio sin una conclusión diagnóstica final y un probable adicional con antecedente de viaje que está bajo análisis.

Recomendaciones

Ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o de articulaciones, se recomienda a los entrerrianos no automedicarse y consultar de inmediato al centro de salud más cercano, especialmente si han regresado recientemente de viaje por países de la región o Centroamérica.

“Contratos truchos II”: la nueva etapa de la investigación apunta a los responsables políticos del desfalco

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El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abrió formalmente la segunda etapa de investigación en la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura provincial, una trama de corrupción que, según la acusación, provocó un desfalco al Estado superior a 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.

La nueva investigación lleva la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, quienes ya participaron en la elevación a juicio de la primera etapa del expediente y cuentan con trayectoria en investigaciones por delitos contra la administración pública.

En esta segunda fase, la pesquisa promete avanzar sobre un punto que hasta ahora había quedado fuera del foco judicial: las responsabilidades políticas dentro de la estructura legislativa que permitió el funcionamiento del mecanismo fraudulento durante una década.

Los nombres bajo la lupa

Cuando en 2021 la causa fue elevada a juicio, la investigación se concentró principalmente en responsables administrativos, empleados legislativos y estudios contables que habrían montado la arquitectura de los contratos irregulares. Sin embargo, la acusación dejó fuera a quienes ocupaban la conducción política de las cámaras legislativas.

Si se toma como referencia el período en que se habría desarrollado la maniobra —entre 2008 y 2018—, la nueva investigación podría alcanzar a ex vicegobernadores de Entre Ríos como Pedro Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Humberto Bahl.

También podrían quedar bajo análisis los expresidentes de la Cámara de Diputados durante ese período, José Ángel Allende y Sergio Urribarri.

La investigación contempla además la posibilidad de avanzar sobre quienes ejercían la vicepresidencia primera del Senado en caso de que se determine que algunos vicegobernadores no firmaban directamente los contratos. En ese contexto aparece mencionado el exlegislador Aldo Ballestena, representante del departamento La Paz.

La mayor investigación por corrupción en Entre Ríos

La causa de los contratos legislativos es considerada la investigación más grande por corrupción en la historia de Entre Ríos.

Su origen fue casi casual. En la primavera de 2018, un policía detectó movimientos sospechosos en un cajero automático de Paraná, donde una persona operaba múltiples tarjetas de débito retirando dinero de forma sistemática. La alerta derivó en una investigación que terminó exponiendo un esquema de contrataciones irregulares dentro de la Legislatura.

Según la hipótesis fiscal, una organización integrada por empleados legislativos, profesionales contables y particulares habría utilizado contratos ficticios para desviar fondos públicos. En muchos casos se recurrió a “prestanombres”, falsificación de firmas, endoso de cheques y extracción sistemática de dinero.

La presunción de los investigadores es que parte del dinero sustraído habría sido destinado a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

Un expediente que estuvo años paralizado

El 1º de junio de 2021 los fiscales dieron por cerrada la investigación penal preparatoria y solicitaron la elevación a juicio oral. Sin embargo, las defensas plantearon que el expediente debía tramitarse en la Justicia Electoral, argumentando que el dinero desviado habría sido utilizado para financiar campañas políticas.

El planteo fue aceptado por el juez federal Daniel Alonso, lo que derivó en un extenso conflicto de competencia que pasó por la Justicia Electoral y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, paralizando la causa durante años.

Recién en 2024 el expediente volvió a la órbita de la justicia provincial, y en 2025 comenzaron las audiencias vinculadas al proceso de elevación a juicio oral.

Lo que viene

Actualmente el caso tiene 17 imputados, luego de que varios involucrados accedieran a suspensiones de juicio a prueba o probation.

Si se cumple el calendario judicial previsto, la primera etapa de la causa (“Contratos truchos I”) debería avanzar hacia el juicio oral en mayo de este año.

En paralelo, el nuevo expediente buscará responder una pregunta que sobrevuela desde el inicio del escándalo:

quiénes fueron los responsables políticos que permitieron —o se beneficiaron— de uno de los mayores desfalcos al Estado entrerriano.

Concordia: 60 millones para una “prueba piloto” sin estudios públicos y con final previsible

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Otra obra que nace sin planificación estratégica y que amenaza con convertirse en un nuevo experimento costoso para los ya castigados bolsillos de los contribuyentes concordienses.

Como señalamos en una nota anterior —“Extensión de la peatonal: entre la prueba piloto y la falta de una planificación integral”—, nuestra postura nunca fue oponernos por sistema a cada iniciativa municipal. Pero sí advertir cuando una decisión política parece más sostenida en encuestas poco creíbles que en estudios técnicos serios, diagnósticos urbanos integrales o consensos amplios con comerciantes y vecinos.

Esta semana, el municipio dio un paso más.

Licitación abierta y más de 60 millones en juego

Con la presencia del intendente Francisco Azcué, se realizó la apertura de ofertas para la obra de ampliación y puesta en valor de la Peatonal de Concordia, enmarcada en el llamado Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

El presupuesto oficial supera los 60 millones de pesos y será ejecutado con fondos propios. Es decir: recursos municipales en un contexto económico donde la prioridad, según el discurso oficial, debería ser la eficiencia y la austeridad.

Se presentaron cuatro oferentes:

  • CYALCO S.R.L
  • COCCO Construcciones
  • Eduardo Marcelo Chezzi
  • Jorge Fabricio Altamirano

La iniciativa se vincula al proyecto “Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia”, impulsado junto al Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, y contempla en esta primera etapa la ampliación desde Catamarca/Urdinarrain hasta 3 de Febrero/Ramírez.

“Prueba piloto”: el eufemismo de la improvisación

El subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que la licitación contempla la instalación de módulos móviles: bancos, cartelería, arbolado en macetas e iluminación para extender la peatonal durante los fines de semana como “prueba piloto”.

Aquí aparece el primer punto crítico.

¿Desde cuándo una inversión de más de 60 millones de pesos se justifica como “prueba piloto”?
¿Dónde está el estudio de impacto vial?
¿Dónde el análisis de tránsito, estacionamiento, seguridad, logística comercial y circulación alternativa?
¿Existe un plan integral de reordenamiento del microcentro o simplemente se agregan módulos para ver qué pasa?

El urbanismo serio no se improvisa con mobiliario móvil.

El relato oficial vs. la realidad económica

Desde el municipio se sostiene que el objetivo es “revitalizar y acompañar al sector comercial”, generando un corredor estratégico, moderno y sustentable.

Sin embargo, el contexto real es otro:

  • Comercios con caída en ventas.
  • Inflación acumulada que deteriora el consumo.
  • Tasas municipales cuestionadas.
  • Calles y barrios periféricos con demandas básicas sin resolver.

La pregunta que sobrevuela es inevitable:
¿Es esta la prioridad estructural de Concordia en 2026?

Revitalizar el comercio no depende únicamente de extender una peatonal los fines de semana. Depende de políticas fiscales, seguridad urbana, incentivos productivos, planificación del tránsito y una visión integral del centro como sistema urbano, no como escenografía de fin de semana.

Lo que no se dice

No se difundieron resultados técnicos públicos de la supuesta encuesta que habría respaldado la medida.
No se conocieron audiencias formales con vecinos de las calles afectadas.
No se explicó el plan a mediano plazo si la “prueba piloto” fracasa.

Y aquí es donde surge la advertencia que ya hicimos: cuando una obra nace sin planificación estratégica, sin consenso amplio y sin evaluación integral, el fracaso no es una posibilidad remota. Es un desenlace probable.

Final anunciado

Avanzar “contra viento y marea” puede sonar épico en el discurso político, pero en gestión pública suele traducirse en obstinación.

Si dentro de algunos meses la circulación se complica, los comerciantes no ven mejoras sustanciales, los vecinos reclaman y el mobiliario móvil termina deteriorado o abandonado, nadie podrá decir que no fue advertido.

No se trata de oponerse a todo.
Se trata de planificar antes de gastar.
Se trata de pensar la ciudad como proyecto y no como experimento.

La ampliación de la peatonal puede transformarse en un verdadero corredor comercial o en otro intento fallido de maquillaje urbano.

La diferencia no la harán los bancos ni las macetas.
La hará —o no— la planificación estratégica que hoy no aparece por ningún lado.

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Alejandro Monzon para https://www.analisislitoral.com.ar/

Joven fue muerto de un piedrazo tras un pelea vecinal en un barrio de Concordia

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Un conflicto vecinal terminó con la muerte de uno de ellos. Habría recibido un piedrazo en la cabeza. Hasta el momento, hay dos personas detenidas.

Un conflicto vecinal terminó con la muerte de uno de ellos. Habría recibido un piedrazo en la cabeza. Hasta el momento, hay dos personas detenidas.

Pelea fatal

Fuentes policiales informaran que durante las primeras horas de este miércoles, aproximadamente a la 01:45, personal de la comisaría Séptima resultó comisionado en inmediaciones de Yamandú Rodríguez y Calle 56, en el barrio Constitución.

En el lugar, vecinos habrían encontrado a un hombre de 28 años tendido en la vía pública, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia y a la policía.

Inmediatamente se iniciaron tareas de investigación, interviniendo personal de la División Policía Científica, y en comunicación con el fiscal en turno, Dr. Tscherning.

Conforme a las entrevistas realizadas a vecinos, se habrían escuchado gritos, y al salir de sus domicilios para tomar conocimiento de lo ocurrido, observaron a un joven en el suelo, sin signos vitales.

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Realizados los relevamientos fílmicos y testimoniales se logró determinar que el hecho consistió en un conflicto vecinal, entre el fallecido y otras dos personas, de las cuales una es menor de edad.

En el desenlace de la pelea, le arrojaron una piedra que lo habría golpeado en la cabeza. Hasta el momento, la causa de la muerte se encuentra bajo trabajo pericial aún no concluido.

Con la determinación de la identidad de los posibles autores resultaron solicitadas órdenes de allanamiento y detención de los sospechosos.

Detenidos

Aproximadamente a las 11:50 horas, se desplegó un operativo para dar cumplimiento a dos órdenes de allanamiento emitidas en el marco de la causa, para los domicilios de quienes serían los autores del hecho.

Ambos tuvieron lugar en domicilios de la zona oeste de la ciudad de Concordia. Se dio lugar al secuestro de elementos de interés para la investigación y el avance de la causa. Como saldo, los uniformados procedieron a la detención de las dos personas que se encontrarían involucrados en la ejecución del hecho.

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El menor de edad, de 15 años, luego de las diligencias correspondientes y con la intervención de funcionarios de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, fue entregado a sus padres.

El Gobierno presentó a los gremios docentes y estatales el proyecto de reforma previsional

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El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una reunión informativa con representantes de los gremios docentes y estatales para presentar los lineamientos del proyecto de reforma previsional que será enviado a la Legislatura.

El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Por parte de los trabajadores participaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, calificó la reunión como “una jornada de trabajo larga, de poco más de dos horas” y señaló que, por iniciativa del gobernador, se convocó a “todos los sindicatos concurrentes al sistema previsional provincial”.

Explicó que el objetivo fue compartir las principales premisas del proyecto y los puntos centrales sobre los que debería estructurarse la reforma, además de escuchar aportes y propuestas de cada sector.

En ese marco, adelantó que se conformarán mesas de trabajo sectoriales que serán coordinadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. “Ahora vamos a afinar el lápiz para lograr un proyecto lo más consensuado y homogéneo posible, con un denominador común: algo hay que hacer. No hacerlo sería un verdadero ajuste al bolsillo de los pasivos y de los trabajadores del presente y del futuro”, sostuvo.

Por su parte, Bagnat destacó “el respeto y el diálogo” durante el encuentro y detalló que los ejes principales de la reforma incluyen las edades jubilatorias, la progresividad, la garantía de no afectar derechos adquiridos, la movilidad, el haber inicial y los aportes vinculados a los regímenes especiales.

Además, señaló que el objetivo es “trazar una línea de defensa para poder seguir manteniendo el 82 por ciento móvil” y afrontar el desafío de los 120.000 trabajadores activos que en algún momento accederán a la jubilación, garantizando la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

Finalmente, el secretario general de UPCN, José Allende, definió la reunión como “muy positiva” y subrayó que la situación de la Caja “es un tema que preocupa y que debe abordarse con responsabilidad”.

Indicó que los gremios tendrán acceso al borrador del proyecto para analizarlo y realizar aportes. “Estamos de acuerdo con discutir. Cada sector tiene sus particularidades y distintos aportes para hacer. De la madurez de esta reunión puede surgir un proyecto consensuado que quizá no cubra el ciento por ciento del déficit, pero será lo posible”, concluyó.

Orden fiscal y confianza: Entre Ríos vuelve al mercado de crédito

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Por Fabián Boleas – Ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos

Entre Ríos volvió al mercado internacional de crédito después de varios años sin acceso al financiamiento externo. Esta semana se concretó una emisión por USD 300 millones con inversores internacionales. No es un dato menor: en el contexto macroeconómico actual, apenas cuatro provincias argentinas han logrado hasta ahora financiarse en los mercados internacionales. Entre Ríos es una de ellas.

Este resultado es consecuencia directa del ordenamiento fiscal iniciado en 2024. Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo: es la condición para recuperar la confianza y volver a generar oportunidades de desarrollo. La administración prudente de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones asumidas y la previsibilidad institucional permitieron avanzar en ese camino.

También es importante recordar el punto de partida. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar nos encontramos prácticamente sin ahorros y con una reputación financiera deteriorada tras la reestructuración concretada en 2021. Además, la estructura de ese bono concentró los pagos de amortización en nuestra gestión de gobierno. De hecho, a poco menos de dos meses de iniciar la nueva administración enfrentamos el mayor vencimiento de toda la vida del bono —USD 66 millones— para el cual las autoridades salientes habían dejado un fondo de reserva que no alcanzaba a cubrir el 40% del pago.

Ese escenario inicial explica buena parte del esfuerzo que debió realizar Entre Ríos para ordenar sus cuentas y reconstruir su credibilidad. Los resultados empiezan a verse: la provincia pasó del puesto 24 en 2023 al 15 en 2025 en los indicadores comparativos de desempeño fiscal y financiero.

La reciente vuelta al mercado de crédito es una consecuencia directa de ese proceso.

También es importante explicar para qué se utiliza este financiamiento. El objetivo principal es mejorar el perfil de la deuda existente, particularmente los vencimientos del bono reestructurado en 2021, que concentraba los pagos de amortización e intereses a partir de 2024.

La nueva emisión, con una vida promedio cercana a los seis años, incorpora además una opción de recompra del bono anterior. Esto permite distribuir mejor los vencimientos a lo largo del tiempo y hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos.

Al mismo tiempo, la operación permite cancelar pasivos en pesos con tasas significativamente más altas, reduciendo el costo financiero efectivo y disminuyendo la presión de vencimientos en el corto plazo. En definitiva, se trata de administrar responsablemente el perfil de la deuda para garantizar solvencia y previsibilidad, una práctica habitual en gobiernos y organizaciones que planifican con una mirada de largo plazo.

En cuanto al costo de la emisión, las condiciones obtenidas resultan competitivas en el contexto actual. Si se compara con la colocación realizada en 2017, la prima de riesgo pagada en esta oportunidad fue 48 puntos básicos menor. Este dato resulta especialmente relevante si se considera que desde entonces aumentó el costo internacional del dinero y también el riesgo soberano argentino.

Aún frente a otras jurisdicciones que accedieron recientemente al mercado, Entre Ríos consiguió condiciones razonables. La diferencia de tasa con Córdoba —una provincia con una economía considerablemente mayor y una situación fiscal mucho más holgada— no superó los 90 puntos básicos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, la comparación no es estrictamente válida, ya que se trata de jurisdicciones que no reestructuraron su deuda en los últimos años.

Las tasas reflejan el riesgo relativo, el tamaño de la economía, la estructura fiscal y el historial de cumplimiento. No todas las jurisdicciones parten del mismo punto ni enfrentan las mismas condiciones. Por eso es particularmente significativo que Entre Ríos haya podido volver al mercado internacional de crédito en estas circunstancias.

Por último, es importante precisar algunos números sobre el flujo real del bono. Considerando la tasa efectiva, la vida promedio cercana a seis años y el esquema de amortización previsto entre 2031 y 2033, en términos de flujo anual el costo de intereses del instrumento equivale a aproximadamente USD 28 millones en promedio por año. Algunas estimaciones difundidas recientemente no contemplan correctamente el cronograma de pagos ni la estructura de amortización.

En síntesis, esta emisión no es un punto de llegada sino un paso más en el proceso de ordenamiento financiero de Entre Ríos. Un camino basado en responsabilidad fiscal, cumplimiento de los compromisos y recuperación de la confianza.

El gobernador resaltó el accionar policial tras el secuestro de más de 1.300 kilos de marihuana

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Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, brindó detalles del operativo realizado en la jurisdicción de La Paz. Calificaron al procedimiento como uno de los más relevantes de los últimos tiempos.

En el marco de la entrega de móviles y equipamiento a la Policía de Entre Ríos, el mandatario brindó detalles sobre la droga secuestrada en la jurisdicción de La Paz y, al igual que las autoridades de la fuerza de seguridad, remarcó el compromiso en la lucha contra el narcotráfico. “Fue uno de los procedimientos más importantes de los últimos tiempos. Cuidar las fronteras es uno de los principales objetivos que nos propusimos para no dejar que entre la droga”, precisó, poniendo en valor el cuidado que hace la Policía de Entre Ríos de los pasos fronterizos.

En dicho procedimiento se secuestraron 61 bultos conteniendo 1.716 panes de marihuana compactada, con un peso total superior a 1.340 kilogramos, constituyendo uno de los secuestros más relevantes registrados en la jurisdicción de La Paz.

En referencia a este tema, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, calificando al procedimiento como un “gran golpe al narcotráfico”. Hizo hincapié en la labor de dos suboficiales de la Policía Rural quienes, mientras patrullaban para prevenir delitos en el campo, decidieron interceptar una camioneta sospechosa proveniente de Corrientes, que circulaba por caminos vecinales.

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Resaltó la proactividad de los agentes y subrayó que este resultado es fruto de la “dedicación y vocación” de los efectivos, quienes están “atentos a lo que está pasando”. Finalmente, aseguró que este operativo es una clara “demostración que la Policía está activa” y comprometida en combatir lo que definió como un “veneno para nuestra juventud”.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, señaló que los resultados obtenidos son una prueba del compromiso institucional en la lucha contra el crimen, y también destacó al personal de la Dirección General de Policía Rural y a los efectivos de la Jefatura Departamental La Paz que realizaron la detención. “El objetivo que tenemos es combatir la delincuencia, el microtráfico y narcotráfico”, sostuvo, y subrayó que el éxito de estas acciones demuestra que la misión de la fuerza se está cumpliendo, asegurando que “los resultados se ven”.

Finalmente, agradeció a todo el personal por el esfuerzo diario para “llevar seguridad a todos los ciudadanos entrerrianos”, reconociendo que, ante las dificultades, los integrantes de la fuerza “le ponemos el pecho seguro”.

Bordet cuestionó el tono del discurso de Milei y pidió “diálogo y respeto por la institucionalidad”

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El diputado nacional entrerriano advirtió que la “Argentina real” enfrenta cierre de pymes, pérdida de empleo y caída del poder adquisitivo, y sostuvo que gobernar “no es confrontar sin límites”.

El diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet, se pronunció tras el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y cuestionó el tono del mensaje brindado ante la Asamblea Legislativa.

“Más allá de los insultos y el desprecio por la institucionalidad que escuchamos en la Asamblea Legislativa, la Argentina real va a despertar mañana con una nueva pyme que cierra, con trabajadores que pierden su empleo y con familias que sienten que el sueldo ya no alcanza”, expresó el legislador entrerriano.

Críticas al enfoque del mensaje presidencial

Bordet sostuvo que “el autoelogio y la grandilocuencia pueden llenar un recinto por unas horas, pero no llenan la mesa de los argentinos ni sostienen el entramado productivo que hoy está en crisis”. En ese sentido, afirmó que “la violencia verbal no es el camino” y remarcó que el país “necesita diálogo, acuerdos y respeto por las instituciones, no descalificaciones permanentes”.

El exgobernador de Entre Ríos también hizo hincapié en la situación económica cotidiana de los hogares y señaló que “mañana habrá más facturas de servicios que aumentan de manera desproporcionada y menos poder adquisitivo en los hogares”, al considerar que “esa es la realidad que no se resuelve con discursos”.

“Gobernar es construir certezas”

En otro tramo de sus declaraciones, Bordet afirmó que “gobernar no es confrontar sin límites. Gobernar es construir certezas, cuidar el trabajo y generar desarrollo”.

Finalmente, el diputado nacional manifestó que, más allá de las diferencias profundas sobre el rumbo económico, “nunca deberíamos perder el respeto por la democracia y por quienes piensan distinto”. A su entender, la Argentina “no necesita más épica discursiva, sino más producción, empleo y un horizonte de estabilidad que devuelva esperanza a su gente”.

Goyeneche, de vuelta en Tribunales: “Vuelvo a estar en mi oficina trabajando”

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En esa frase, Cecilia Goyeneche resumió el final de una larga batalla, más de cuatro años, luego de que el 24 de mayo de 2022 el Jurado de Enjuiciamiento la destituyera del cargo, acusada de mal desempeño en la tramitación de la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura -que todavía se debate si se remite a juicio oral- periplo que tuvo un cierre el último viernes de febrero, con el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que siguió a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de diciembre de 2024, que había puesto serios reproches en todo el proceso.

Goyeneche había sido denunciada por los abogados Guillermo Reggiardo, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

El 30 de noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento decidió abrirle causa. El resultado fue así: el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, y Claudia Mizawak votaron por abrir causa a Goyeneche; también lo hizo el senador Armando Gay (Frente Creer); en cuanto a los miembros del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos rechazó la denuncia in límine, mientas que su colega Sonia Rondoni votó por darle curso favorable. El último voto, del diputado provincial Gustavo Zavallo (Frente Creer) también se inclinó por abrirle causa a la Procuradora Adjunta.

El 24 de mayo de 2022 se conoció el fallo del Jury: por 5 votos a 2 fue destituida.

Desde este lunes, Goyeneche, sin embargo, vuelve a ser Procuradora Adjunta.

Batalló contra lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que le había negado la posibilidad de recurrir su destitución.

En diciembre de 2024, el STJ quedó en una posición incómoda luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo lugar a un recurso de queja de la exProcuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, destituida en 2022 por el Jurado de Enjuiciamiento, resolución luego confirmada por el alto tribunal provincial al rechazar un recurso de inconstitucionalidad de la funcionaria desplazada.

Al enumerar los reproches que hizo Goyeneche al proceso de destitución y hacia algunos vocales del STJ, la Corte le da la razón en el punto que refiere a la «ausencia de imparcialidad del órgano acusador»: el Jurado de Enjuiciamiento decidió apartar a todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el jury a la exProcuradora Adjunta, y nombró un fiscal “ad hoc” de la lista de conjueces, el ya fallecido abogado de Gualeguay Gastón Justet. “Ello es así ya que el Superior Tribunal se negó a tratar la mayoría de esos agravios con el argumento inconstitucional, y teñido de un exceso de rigor formal manifiesto, de que las decisiones del Jurado que rechazaron recusaciones eran irrecurribles”, dijo la Corte.

“Al respecto, es preciso enfatizar que ninguna norma procesal está por encima de las garantías que la Constitución Nacional asegura a los habitantes de la Nación; ni, en este caso particular, del derecho que tienen los funcionarios a obtener la revisión de su destitución ante un órgano judicial, imparcial e independiente”, señaló el fallo.

También señaló que “es a todas luces evidente que el máximo tribunal provincial, bajo un argumento inaceptable a la luz de los principios constitucionales recordados, omitió tratar cuestionamientos conducentes, oportunamente formulados por la acusada, respecto de la ausencia de imparcialidad del órgano juzgador, tanto en lo que se refiere a la composición de aquel que dictó la resolución por la cual se decidió la formación del juicio político y se desplazó del conocimiento de la causa a los integrantes del Ministerio Público Fiscal (quienes fueron sustituidos por un fiscal ad-hoc conforme el orden del listado de conjueces del Superior Tribunal de Justicia), como respecto de aquella integración que posteriormente decidió la destitución de Goyeneche”.

Al respecto, recuerda las furiosas críticas de Goyeneche a los vocales del STJ Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Sobre ambos, la Corte sostiene que el Superior Tribunal entrerriano “no consideró los agravios relativos a la intervención de los doctores Carubia y Mizawak. Cabe recordar que ambos suscribieron la resolución interlocutoria que dispuso la apertura del juicio político y decidió sustituir al órgano acusador por un fiscal ad hoc; y el primero de ellos, además, integró el Jurado que dictó el veredicto y firmó la decisión de destitución”. Al respecto, observó que “los jueces del Jurado de Enjuiciamiento podían ser recusados y debían inhibirse en caso de haber intervenido o tenido interés en el resultado de la causa que motiva el enjuiciamiento, y que la recurrente había planteado que ambos vocales habían intervenido como jueces en distintas etapas y decisiones en la causa penal Beckam -la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, NdelR-, que fue la que motivó el enjuiciamiento en su contra. Sin embargo, y pese a la trascendencia del planteo formulado, nada dijo al respecto, amparándose en la simple afirmación de que las decisiones del Jurado que rechazaban recusaciones eran irrecurribles”.

La Corte también cuestiona la decisión del STJ de no considerar la recusación de Goyeneche al vocal ya jubilado Juan Smaldone, «omisión que resulta especialmente reprochable porque, entre otros argumentos, Goyeneche denunció una afectación a la garantía de la imparcialidad patente y grave: que el magistrado recusado había intervenido en una causa judicial en la que se discutía exactamente la misma cuestión que después tendría que resolver como jurado (si era legítimo desplazar al Ministerio Público de su función como acusador y sustituirlo por un fiscal ad hoc). Su participación, además, no había sido para nada nimia, ya que había firmado la sentencia definitiva que rechazaba la acción».

El máximo tribunal sostuvo que “la respuesta del Superior Tribunal también fue arbitraria e insuficiente respecto al planteo de nulidad fundado en la designación de la doctora (Gisela) Schumacher». Sobre ese punto, opinó: «La recurrente había realizado un planteo sólidamente fundado, que daba cuenta de una grave infracción al debido proceso constitucional que afectaba al órgano juzgador. De tal modo, el Superior Tribunal estaba obligado a resolverlo y, por ende, podía ejercer todas las atribuciones que corresponden a un juez cuando decide un conflicto concreto de derecho, entre ellas, expedirse sobre los planteos de ilegitimidad e inconstitucionalidad de las normas que rigen el caso”.

Goyeneche volverá a tramitar las causas penales y sobre todo las causas por corrupción que, afirma, irritaron a un sector del poder político en la Provincia y derivaron en vendetta: sostiene que el proceso de jury fue una reacción a sus investigaciones judiciales.

En el desarrollo del pleito, se enemistó con un sector del Poder Judicial que, alega, actuó sin resguardo de la independencia.

Pero asegura que vuelve sin rencores. Habrá que esperar.

Fuente: Entre Ríos Ahora