Las noticias más relevantes del día en Argentina y la región, con cobertura de política, economía y actualidad. Información con análisis propio, contexto y una mirada crítica desde Análisis Litoral.
Dirigentes de la Unión Ferroviaria del Uruguay (UFU) mantuvieron un encuentro con el intendente de Salto, Carlos Albisu, con el objetivo de reimpulsar el histórico proyecto de conexión ferroviaria hasta la represa de Salto Grande. La reunión contó con la presencia del presidente del gremio, Washington Sánchez; el secretario general, Georgy Martínez; y el delegado local, Daniel Godoy.
El encuentro se dio en el marco del plan de modernización ferroviaria presentado recientemente en el Parlamento por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, lo que motivó al sindicato a solicitar audiencias con distintos intendentes del país para analizar el impacto territorial del nuevo esquema ferroviario.
Durante la reunión, los representantes sindicales entregaron al jefe comunal un documento en el que detallan las deficiencias actuales de la red ferroviaria y las obras que consideran indispensables para reactivar el servicio en el norte del país.
Uno de los puntos centrales fue la recuperación del tramo Queguay–Salto, de unos 90 kilómetros, una obra que quedó inconclusa y que formaba parte de los proyectos financiados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado en 2004 con el objetivo de fortalecer la integración regional, la competitividad y la cohesión social. La iniciativa apuntaba, entre otros objetivos, a consolidar la conexión ferroviaria entre Uruguay y Argentina.
Según explicó Sánchez, si bien la obra fue ejecutada en gran parte, surgieron problemas técnicos en su diseño: la vía fue proyectada para soportar 18 toneladas por eje, mientras que los puentes construidos solo admiten 14 toneladas. Ante esta incompatibilidad, se optó por reforzar algunas estructuras y avanzar hasta donde lo permitieron los recursos disponibles, lo que dejó inconcluso el tramo entre Queguay y la ciudad de Salto.
En ese contexto, el dirigente gremial señaló que el intendente Albisu manifestó haber abordado el tema tanto con la ministra Etcheverry como con el presidente Yamandú Orsi, remarcando la necesidad estratégica de recuperar esa conexión ferroviaria. Albisu también destacó el crecimiento sostenido de la actividad citrícola en la región y advirtió que, sin el ferrocarril como alternativa logística, las rutas podrían verse seriamente saturadas.
La reciente llegada de las primeras locomotoras al puerto de Montevideo reavivó las expectativas. La empresa logística involucrada ratificó su intención de conectar el litoral uruguayo con Paraguay y Bolivia, aunque aclaró que el proyecto depende de la rehabilitación de un corto pero clave tramo de vía férrea.
Para el departamento de Salto, esta posibilidad representa mucho más que un anuncio distante: significa la confirmación de que la región forma parte de la hoja de ruta inmediata de una inversión privada capaz de modificar la matriz productiva local.
Sánchez también cuestionó que el nuevo sistema ferroviario se esté desarrollando de manera insuficiente en algunas zonas del país y sostuvo que debería pensarse en un crecimiento real y sostenido. Recordó además que, durante la gestión de Albisu al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se impulsó el servicio de pasajeros entre Salto y la represa, y que el actual intendente ha manifestado reiteradamente su interés en el desarrollo ferroviario.
Finalmente, explicó que el objetivo del encuentro fue conocer de primera mano la visión del intendente sobre las posibilidades concretas de expansión del sistema ferroviario en el departamento.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes una recorrida por dos espacios turísticos estratégicos del perilago de Salto Grande que el gobierno provincial logró recuperar y poner en valor con el objetivo de fortalecer la oferta turística y generar desarrollo económico en la región de Concordia. Se trató del camping Las Palmeras y del complejo Termas de Ayuí y Parque Acuático, dos sitios emblemáticos que habían permanecido durante años en condiciones de abandono o bajo ocupaciones irregulares.
Durante la visita, el mandatario subrayó que la recuperación de estos espacios forma parte de un proceso iniciado hace dos años, orientado a devolver a la comunidad bienes públicos que habían sido “usurpados por unos pocos vivos” y que hoy vuelven a estar al servicio de todos los entrerrianos. “Decidimos recuperar para todos lo que durante más de 20 años estuvo en manos de unos pocos. Lugares muy lindos, que eran patrimonio de todos, hoy vuelven a ponerse en valor”, expresó Frigerio ante la prensa.
El gobernador remarcó que el trabajo no se limita a un solo punto del perilago, sino que abarca una estrategia integral que incluye el Hotel Ayuí, el camping Las Palmeras y, más recientemente, el camping La Tortuga, otro sector clave del lago de Salto Grande. “Estamos trabajando para todos los entrerrianos, recuperando bienes que son de todos y transformándolos en espacios dignos, limpios, con infraestructura y pensados para el disfrute de la gente”, afirmó.
Frigerio explicó que las tareas de restauración y puesta en valor se realizaron en un contexto económico complejo, con escasez de recursos, lo que obligó a priorizar el trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado y organismos. En ese sentido, destacó el esfuerzo coordinado entre la provincia, el municipio de Concordia, CODESAL, CAFESG, el STM y otras áreas técnicas. “Cuando los recursos no sobran, lo suplimos con trabajo en equipo. Cada uno aporta lo que puede para transformar lugares que antes estaban roñosos, sucios y sin infraestructura, en espacios que hoy dan orgullo”, señaló.
Respecto al camping de La Tortuga, el gobernador confirmó que el proceso de recuperación recién comienza, ya que en las últimas horas se tomó posesión formal del predio con intervención de la Justicia, la Fiscalía de Estado y la Policía. “Ahora vamos a evaluar en qué condiciones está y, cuando estemos seguros de que la gente lo puede disfrutar de manera cómoda y segura, lo vamos a abrir inmediatamente al público”, aseguró, sin descartar que pueda habilitarse durante la próxima temporada estival si los trabajos avanzan con rapidez.
En el cierre de la recorrida, Frigerio puso el foco en la importancia del turismo para la economía local y provincial, especialmente de cara al verano. Recordó que Entre Ríos cuenta con al menos 70 destinos turísticos de primer nivel y ubicó a Concordia como una de las ciudades más atractivas de la provincia. “No es solo la zona del lago: toda Concordia es muy linda para recorrer. Nos estamos preparando para una muy buena temporada, después de dos años difíciles, sobre todo para el sector turístico”, sostuvo.
Finalmente, el gobernador destacó que los últimos fines de semana largos registraron niveles récord de ocupación y se mostró optimista de que esa tendencia se consolide durante el verano, con carnavales multitudinarios, termas y playas colmadas de visitantes. “Eso significa trabajo, movimiento económico y recursos tanto para la provincia como para el municipio”, concluyó.
El peronismo impugnó la conformación de las comisiones que comenzarán a tratar la propuesta del gobierno nacional. Además adelantó que no participará de las reuniones y que judicializará todo. Asoma un escenario de alta conflictividad en la Cámara Alta .El Senado enfrenta un momento de alta tensión con el tratamiento del proyecto de reforma laboral que comienza a analizarse hoy en la Cámara alta. La decisión de avanzar con el debate de leyes en sesiones extraordinarias, sin el aval de todos los bloques, profundizó la crisis y dejó en evidencia la fractura política en la Cámara Alta.
El primer chispazo se produjo en la conformación de las comisión de Trabajo y Previsión Social para tratar la iniciativa que impulsa el oficialismo. Y los protagonistas fueron Patricia Bullrich (LLA) y el peronista José Mayans, quien impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.
“Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”, expresó José Mayans al abrir el debate sobre la conformación de las comisiones. “Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”, advirtió el referente peronista.
José Mayans habla acompañado por Juliana Di Tullio (Fotos: Mario Mosca/Comunicación Senado)
El senador recordó antecedentes recientes de conflictos similares y criticó la falta de consenso; para impugnar, se ampara en que no hubo ninguna sesión en la que se solicitara la conformación de las comisiones: “Ayer llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo, hoy, y se salvaba todo esto. En una reunión de emergencia se podía haber hecho. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto. Esto ya nos funcionó el año pasado. Ya el año pasado esa resolución nos sacó a nosotros un senador por comisión”.
Desde el bloque peronista, Martín Soria reforzó la postura de impugnación y rechazo al procedimiento: “Desde nuestro bloque no vamos a convalidar esta vulneración totalmente compulsiva y arbitraria del reglamento y de la Constitución que hoy están haciendo. Y que todos los argentinos tomen nota. Por eso no vamos a estar formando parte, seguramente, de esta integración y de esta convocatoria que es totalmente ilegal y viola el reglamento y la Constitución Nacional”.
u inhabilitaciónSe constiuyó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que designaron a Patricia Bullrich como presidente, que en la imagen discute con Juliana Di Tullio
En respuesta a las acusaciones, Patricia Bullrich desestimó los argumentos y defendió la legalidad del proceso y la continuidad de las actividades parlamentarias: “Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”.
Tras ser elegida presidenta de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate de manera contundente, mientras Mayans (a su lado) gesticulaba y se quejaba en voz alta, pero sin el micrófono activado y gritó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“. Nada de eso le interesó a la senadora de LLA, que cerró la reunión: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.
En ese marco, el peronismo ratificó su decisión de no participar en las reuniones y de judicializar el proceso, argumentando que la ley en discusión carece de legitimidad desde su origen y que la conducción parlamentaria ha incurrido en graves irregularidades.
La conductora se largó a llorar ante el juez en la mediación que tuvo este jueves con su exmarido.
Este jueves, Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron a ver las caras. En esta ocasión fue en la Justicia, en el marco de una mediación por las hijas que tienen en común.
TN pudo acceder a un video de la declaración de la conductora, quien se quebró ante el juez al recordar lo que el futbolista le habría hecho cuando ya estaban separados.
“Él sabe que yo trabajo con mi imagen y me filmó. De hecho, ese día, me entré a bañar y me filmó desnuda.Después de haber estado separados, él entró, abrió la puerta y me grabó. Y si bien no subió esa parte, la tiene”, relató visiblemente afectada en referencia a unas publicaciones que Icardi subió historias de Instagram el 20 de noviembre cuando ambos coincidieron en su casa de Santa Bárbara.
Para evitar confrontaciones, a Wanda Nara y Mauro Icardi les tomaron declaraciones por separado. (Foto: gentileza Rodrigo Alegre)
Las declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi
Wanda Nara relató en la audiencia que su expareja le mostraba a su círculo íntimo varias grabaciones privadas con las que tiempo después habría intentado extorsionarla. “Son casi 12 años de relación. Tiene material de todo tipo y las mostraba en reuniones de amigos a modo de chiste y yo siempre me enojaba. Estoy hablando de fotos y videos sexuales tantos míos con él como con otras personas en momentos que estuvimos separados”, dijo.
Para sustentar su acusación, explicó el presunto modus operandi del futbolista para mantenerla amenazada. “Encontré cámaras que yo no sabía que existían y que él tenía”. Hay una casa en la que tenemos 60 cámaras. Él sabe editarlas, cortar los pedacitos porque me las mandaba en forma de amenaza como diciendo: ‘Mirá lo que tengo’. “En dos departamentos que nosotros teníamos en Milán, habían cámaras que apuntaban directamente a la cama”, contó afectada.
Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron 12 años juntos (Foto: Instagram/mauroicardi)
En otro pasaje, sostuvo que estaría siendo víctima de violencia económica y que actualmente es ella quien mantiene a sus hijos gracias a sus distintos trabajos: “Mi mamá es otra persona que no duerme tranquila y por eso hay que actuar rápido. Mi decisión de venirme a Argentina tiene que ver un poco con eso, para sentirme contenida en mi país”.
“Yo tengo mucho miedo porque soy una mamá de cinco chicos. Y sobre todo, porque tengo tres hijos adolescentes que también presenciaron las amenazas. Han escuchado que he sido amenazada con estas imágenes”, manifestó entra lágrimas. Luego, aseguró: “Lo que me llevó rápido a denunciar es que todas las amenazas que él me fue haciendo, las cumplió todas”.
La historia no es nueva, pero vuelve a emerger con una gravedad que debería encender todas las alarmas institucionales. En Concordia, una ciudad golpeada por la pobreza estructural, la informalidad laboral y la desconfianza hacia la dirigencia, reaparece un nombre que jamás debió volver a ocupar un lugar de poder, ni político ni sindical: Iván Amaro.
La denuncia fue expuesta públicamente en un canal de streaming local por el periodista Marcelo Maffey, en una entrevista al exdiputado provincial Alejandro Bahler, quien en 2016 fue víctima de una planificación criminal para asesinarlo. El objetivo no era solo eliminarlo físicamente: el trasfondo político era claro y brutal. Amaro era su suplente. Si Bahler moría, él asumía su banca.
Un plan de asesinato documentado
Los hechos ocurrieron alrededor de 2016 y tomaron estado público cuando se viralizó un video escalofriante. En él, Iván Amaro aparece dando detalles logísticos sobre el crimen: pagos, movimientos, advertencias y hasta el cálculo de riesgos. No se trataba de una fanfarronada. La Justicia así lo entendió.
Amaro fue condenado en un juicio abreviado, con una pena condicional de tres años por tentativa de homicidio. Estuvo detenido varios meses y luego desapareció del escenario público local. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.
Bahler relató que el nivel de amenaza era tal que ya existía un operativo judicial y policial en marcha antes de que él mismo fuera notificado, y que quien aportó la documentación clave fue el entonces intendente Enrique Cresto, a partir de material que circulaba como amenaza interna dentro del propio entramado delictivo.
“Tenían hasta el lugar donde me iban a enterrar”, relató el exlegislador. Él y su familia vivieron bajo custodia, con miedo real, concreto, cotidiano. No fue un rumor político. Fue terrorismo mafioso.
De condenado a posible interventor sindical
El dato que reabre esta historia es, cuanto menos, alarmante: Amaro habría sido designado desde una federación nacional como posible interventor del Sindicato de la Fruta de Concordia.
La pregunta es inevitable: ¿Quién habilita que una persona condenada por tentativa de homicidio, con antecedentes penales graves e inhibiciones judiciales, sea considerada para conducir —o intervenir— una organización sindical?
No se trata de una discusión gremial menor. Los sindicatos están bajo órbita de la Justicia Federal. No son clubes barriales ni sellos partidarios. Representan trabajadores, manejan recursos, ejercen poder real.
Bahler fue claro: si esta designación avanza, se presentará ante la Justicia para exigir explicaciones formales. No por revancha personal, sino por un principio elemental de legalidad y sentido común.
Silencios que también son responsabilidad
Otro punto oscuro es el encubrimiento sindical previo. Según el testimonio, el propio secretario general nacional del gremio bancario habría firmado la expulsión de Amaro. Sin embargo, a nivel local, seguía protegido y sostenido, presuntamente por dirigentes que jamás dieron explicaciones públicas.
¿Quién lo sostuvo económicamente? ¿Quién lo reinsertó en estructuras de poder? ¿Quién mira hoy para otro lado?
Estas preguntas no son retóricas. Son el núcleo del problema.
Un mensaje peligroso para la sociedad
Designar —o siquiera intentar designar— a una persona con este prontuario como interventor sindical envía un mensaje devastador: que todo se puede negociar, que la violencia política prescribe, que el poder se recicla aunque esté manchado de sangre que, por fortuna, no llegó a derramarse.
En una ciudad como Concordia, donde miles de trabajadores sobreviven en condiciones precarias, banalizar los antecedentes penales de quienes pretenden representarlos es una forma más de desprecio social.
No se trata del Sindicato de la Fruta en sí. Se trata de los límites. De si existen o no. De si la Justicia, la política y el sindicalismo están dispuestos a sostenerlos.
Porque cuando un condenado por intento de asesinato puede volver al centro de la escena como si nada hubiera pasado, el problema ya no es individual: es institucional. Y es profundamente peligroso.
El exjefe de Red Bull quiere sumarse al team francés. Qué busca y el cargo que podría tener. Los detalles
El exjefe de Red Bull quiere sumarse al team francés. Qué busca y el cargo que podría tener. Los detalles
La posibilidad de que el inglés adquiera una participación en el team galo se enmarca en el contexto de la reciente reestructuración accionarial de Alpine, donde desde 2023 el 24% de las acciones pertenece al consorcio estadounidense Otro Capital, que cuenta entre sus inversores a figuras como el boxeador Anthony Joshua, el golfista Rory McIlroy y el actor Ryan Reynolds.
Este movimiento podría materializarse una vez que Horner finalice su “permiso de jardinería” tras su salida de Red Bull, lo que le permitiría volver a la F1 en la primavera de 2026, según describe el periodista neerlandés Erik Van Haren en The Telegraaf.
En el último año, Alpine atravesó una etapa de bajo rendimiento, situándose como el equipo con peores resultados en la temporada 2025. Para el venidero ejercicio, los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto dejarán de utilizar motores Renault en el flamante A526 y competirán con impulsores Mercedes, en un intento por revertir la tendencia negativa.
Mientras tanto, el Grupo Renault sigue siendo el accionista mayoritario de Alpine (76%), aunque la presencia de Otro Capital abrió la puerta a posibles cambios en la estructura de propiedad, ya que, según se filtró, el consorcio estadounidense estaría considerando vender su participación y ahí es donde estaría el interés de Horner más allá de tener un cargo importante en la escuadra de Enstone. Hoy el jefe del equipo es Steve Nielsen y Flavio Briatore es el asesor ejecutivo y también hombre fuerte dentro de la estructura.
Franco Colapinto junto a Flavio Briatore (@francolapinto)
Cabe recordar que Horner acordó con Red Bull una indemnización millonaria cercana a los 80.000.000 de libras esterlinas (más de 90 millones de euros). Según indicaron The Telegraph y BBC Sport. Se trata de una cifra que responde tanto a los años restantes de su contrato (que expiraba a finales de 2030) como a las cláusulas de no competencia incluidas en el acuerdo.
El interés de Horner en regresar a la F1 no se limita a un puesto directivo tradicional. Diversos informes señalan que el británico, de 52 años, aspira a convertirse en accionista de un equipo, siguiendo el ejemplo de su antiguo rival Toto Wolff, quien es coaccionista de Mercedes. En el pasado, Horner mantuvo conversaciones con Aston Martin para un posible cargo de director ejecutivo, aunque finalmente el puesto de director del equipo fue ocupado por su excompañero Adrian Newey.
La relación personal de Horner con Briatore facilitó el acercamiento entre las partes. Al ser consultado sobre las negociaciones, el ex responsable de Red Bull no negó estar en contacto con Renault o Alpine, pero prefirió no hacer más declaraciones. Por su parte, un portavoz de Alpine afirmó que el equipo nunca comenta públicamente este tipo de informaciones.
La incertidumbre persiste sobre si Horner y su grupo de inversores lograrán concretar la adquisición de la participación en Alpine. Por ahora, la única certeza es que el regreso del exjefe de Red Bull a la F1 podría coincidir con el final de su periodo de inactividad impuesto tras su salida del equipo austríaco, previsto para la primavera de 2026.
Avanza la modernización del Centro de Frontera Concordia para agilizar el cruce con Uruguay
El Centro de Frontera Concordia, que conecta la provincia de Entre Ríos con la ciudad de Salto (Uruguay), avanza en un proceso integral de modernización de sus instalaciones con el objetivo de agilizar el tránsito y optimizar la circulación entre ambos países.
Ya se encuentra operativo el nuevo sistema de control migratorio que permite realizar los trámites sin necesidad de descender del vehículo, tanto para quienes ingresan a la Argentina como para quienes viajan hacia Uruguay. Esta innovación apunta a reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en períodos de alta demanda turística y comercial.
Las obras se desarrollan en el marco del Programa de Infraestructura para la Integración, correspondiente al Préstamo FONPLATA 35/17, e incluyen la construcción de un nuevo sector de control aduanero, la renovación integral de la infraestructura existente y una reorganización del tránsito vehicular dentro del complejo. En ese sentido, se incorporaron más cabinas de control de ingreso y egreso, además de una nueva traza vial que facilita los retornos cuando los usuarios no pueden concretar el cruce fronterizo.
Asimismo, se reemplazaron pavimentos deteriorados por nuevos pavimentos de hormigón en las áreas destinadas al control de cargas, y se ejecutan trabajos de reparación en cubiertas, fachadas, solados y cercos perimetrales de los edificios que conforman el complejo. Las tareas continúan principalmente en el sector donde funcionaban las oficinas de Migraciones.
Desde el organismo responsable destacaron que estas mejoras permitirán ordenar y agilizar el tránsito en ambos sentidos, fortaleciendo un paso estratégico para la integración regional y el vínculo cotidiano entre Argentina y Uruguay.
Para conocer el estado del paso fronterizo y los requisitos vigentes de ingreso y egreso, se puede consultar el sitio oficial: 🔗 http://argentina.gob.ar/concordia
El Ministerio Público Fiscal imputó al exintendente de Concordia, Enrique Cresto, a los ex presidentes del IAPSER, Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, lo mismo que a Aldo Álvarez y a Fernando Barboza, este último actual funcionario del gobierno entrerriano (Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo), y al agente de seguros Ignacio Caprarulo.
Fiscalía les atribuye, a unos como autores y a otros como partícipes, la presunta comisión del delito de “negociaciones incompatibles y fraude en perjuicio de la administración pública”, en el contexto de la causa que investiga irregularidades que habrían sido cometidas en los trámites de contratación de pólizas de seguro desde la Municipalidad de Concordia.
En febrero del año 2024, luego de que se hiciera público un decreto mediante el cual fuera contratado “ad honorem” Ignacio Caprarulo como asesor de seguros, desde el Ministerio Público Fiscal abrieron una “investigación de oficio”, bajo la sospecha de que pudiera haberse cometido algún ilícito.
La apertura de la investigación se produjo formalmente el 8 de febrero de 2024. Desde entonces, fueron varias las medidas llevadas a cabo, entre ellas la requisa al teléfono de Caprarulo.
En principio, desde Fiscalía procuraron reconstruir los pasos de los trámites administrativos que derivaron en la contratación de Ignacio Caprarulo, tanto durante la gestión de Enrique Tomás Cresto como en el comienzo de la gestión de Francisco Azcué, aunque en este último caso el nombramiento fue revocado un mes después de producido.
Entre las primeras medidas investigativas encaradas por los dos fiscales inicialmente a cargo, José Arias (luego apartado de la causa) y Daniela Montangie, figuran oficios dirigidos a la Municipalidad de Concordia, que apuntaron a conocer en detalle no sólo las sucesivas contrataciones “ad honorem” sino también las consecuencias económicas que habrían ocasionado. Según lo que trascendiera en 2024, Caprarulo “habría estado cobrando cifras millonarias en comisiones desde el 2019 hasta fines del 2023”.
“Ignacio Caprarulo –reconstruyó el diario Junio- comenzó a oficiar de nexo entre el municipio y el IAPSER a finales del 2019, también en calidad de «ad honorem», mediante la resolución Nº11592/19 firmada por el ex intendente Cresto, para que brindara charlas y asesoramiento, y capacitaciones a todas las reparticiones municipales y sus entes descentralizados. Algo de lo que ya se ocupaba, por ejemplo, personal idóneo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral del municipio, convocando además a distintos profesionales”.
“Caprarulo –detalló Diario Junio- fue designado cuando el contador Juan Domingo “Palito” Orabona ya tenía más de dos años al frente de la empresa de seguros de la provincia y días después de asumido como presidente Alberto Fernández, cuyo jefe de Gabinete era Santiago Cafiero. Tanto con Orabona como con Cafiero, a Caprarulo lo vinculan lazos familiares. Sin embargo, de forma intempestiva, y muy llamativa -incluso para el mismo Caprarulo-, meses antes de terminar su mandato, el 1 de Octubre de 2023, el ex intendente Cresto lo desafectó y designó mediante una nota a CETW Broker de Buenos Aires para que actúe de intermediario entre el municipio y la compañía aseguradora de la provincia. La orden comunicada al IAPSER, que habría sido arrimada a la agencia local por el ex funcionario Max Klaric, es otra decisión que -siguiendo la misma línea- también carecería de fundamentos. Mientras tanto, de octubre a la fecha, las suculentas comisiones se fueron hacia la city porteña”.
“Las gestiones del asesor externo habían transcurrido sin levantar polvareda hasta que la nueva gestión volvió a darle el alta como productor designado del municipio, destacando en el decreto la calidad “ad honorem” y los méritos conseguidos «durante el período 2019/2023”, remató Diario Junio en una nota publicada el 10 de enero, que no pasó desapercibida para la investigación encarada desde Fiscalía.
Durante el lapso transcurrido desde febrero de 2024 a diciembre de 2025, la investigación siguió su marcha, aunque ya sin la intervención del Fiscal José Arias, oportunamente recusado por la defensa del exintendente Enrique Cresto.
Las imputaciones formales conocidas en las últimas horas, que también alcanzarían a un referente de CETW Broker de Buenos Aires, no anulan la presunción de inocencia, premisa constitucional que salvaguarda a cualquier imputado mientras no reciba condena firme.
La justicia entrerriana tiene sobre sus estrados un rosario de causas por corrupción que involucran a las máximas autoridades políticas de las últimas dos décadas. Mientras algunas condenas ya están firmes y aguardan la decisión de la Corte Suprema, otras investigaciones se encuentran en plena etapa de remisión a juicio, configurando un escenario judicial complejo que definirá el destino de exgobernadores, vicegobernadores, senadores nacionales y altos funcionarios provinciales.
Sergio Urribarri: entre prisión y múltiples causas
El exgobernador y exembajador en Israel Sergio Urribarri concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos. Con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en 2022 y confirmada por Casación en 2023, su situación procesal sigue siendo volátil. En enero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia ordenó su libertad junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera tras 50 días de prisión preventiva, mientras aguardan la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario federal.
Pero la condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública no es la única espada que pende sobre Urribarri. La “Causa Coimas”, que lo investiga junto al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, avanza firme hacia el juicio oral. En junio de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió remitir la causa a juicio tras rechazar todas las nulidades presentadas por las defensas. El Ministerio Público Fiscal pide 10 años de prisión para el exgobernador.
La acusación sostiene que Urribarri favoreció ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por Cardona Herreros, quien habría sido su testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano documentaron el pago de sobornos a través de viajes lujosos que el empresario paraguayo financió para la familia Urribarri. La prórroga irregular de contratos y la falsificación de fechas en actos administrativos configuran el núcleo de la imputación.
Además, Urribarri enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se encuentra en etapa de investigación, donde debe justificar el crecimiento patrimonial experimentado durante su gestión como gobernador entre 2007 y 2015.
Gustavo Bordet: la causa Securitas y la investigación patrimonial
El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, que sucedió a Urribarri entre 2015 y 2023, enfrenta dos investigaciones que podrían complicar su situación judicial.
La causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, lo coloca en el centro de un presunto esquema de coimas vinculado a contratos de seguridad privada con ENERSA, la empresa eléctrica estatal entrerriana. Un peritaje de 25.557 páginas de conversaciones de WhatsApp entre los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —procesados por pagar sobornos— menciona a Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habrían llegado hasta el exmandatario.
Los mensajes, que abarcan desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024, incluyen cifras concretas. En uno fechado el 28 de enero de 2019, Claudio Tórtul escribió: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millón”. Otro mensaje del 24 de septiembre de 2018 describe las negociaciones: “El Negro me dijo q si no le damos el 40 saca el pago con el ajuste. Reparte con Bordet Julio y el”. Un mes después se firmó la tercera adenda al contrato con ENERSA.
Aunque Bordet no está formalmente imputado, la investigación involucró la detención en abril de 2025 de Jorge González, expresidente de ENERSA y funcionario clave durante su gestión. En el allanamiento a su domicilio se secuestraron 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos.
Paralelamente, en abril de 2024, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso la apertura de una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, aunque hasta el momento no hay imputación formal.
Adán Bahl: entre la causa Securitas y los contratos truchos
El exvicegobernador, exintendente de Paraná y actual senador nacional electo Adán Bahl aparece mencionado en los mismos chats de la causa Securitas que comprometen a Bordet, según reveló el diario Clarín en noviembre de 2025. Si bien no está formalmente imputado, su nombre figura en las conversaciones de los hermanos Tórtul vinculadas a la continuidad de contratos con ENERSA y presuntas gestiones políticas.
Más grave aún es su vinculación con la causa de los contratos truchos legislativos. Aunque no está entre los imputados principales, investigaciones periodísticas lo señalan como una de las autoridades que habrían tenido responsabilidad en el sistema corrupto durante su período como vicepresidente del Senado. Sus hijos, Joaquín y Franco Bahl, fueron contratados irregularmente por la Legislatura en los últimos días de la gestión anterior, contratos que luego fueron anulados por el gobierno de Rogelio Frigerio.
Los contratos truchos: 53 millones de dólares desviados
La megacausa de los contratos truchos legislativos representa el mayor desfalco documentado en la historia reciente de Entre Ríos. Entre 2008 y septiembre de 2018 se desviaron 53 millones de dólares a través de un sistema de contrataciones fraudulentas en las cámaras de Diputados y Senadores.
Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. Los fiscales sostienen que Aguilera era el “recaudador” que recibía el dinero extraído de cajeros automáticos por prestanombres que cobraban cheques por servicios nunca prestados. Actualmente con prisión domiciliaria tras la liberación ordenada por el STJ en enero de 2025, Aguilera enfrenta la perspectiva de un juicio oral que, según cálculos judiciales, podría iniciarse a mediados de 2026.
El mecanismo era sofisticado: se contrataban personas que firmaban acuerdos por servicios ficticios, cobraban mediante cheques o transferencias, y entregaban entre el 90% y 95% del dinero a operadores como Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo. Estos, a su vez, trasladaban los fondos a través de intermediarios como Alfredo Bilbao hasta llegar a Aguilera y, presuntamente, a las máximas autoridades legislativas.
Los principales imputados incluyen a Gustavo Pérez: exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y hombre de confianza de Adán Bahl. Sergio Cardoso: director del Servicio Administrativo Contable de Diputados. Alejandro Almada: cuñado de Aguilera, operador clave del sistema. Roberto Ariel Faure y Alfredo Bilbao: contadores que facilitaban las operaciones
El expediente tiene 32 imputados y la remisión a juicio comenzaría a debatirse en 2025, con proyección de inicio del debate oral en 2026. La complejidad del caso y la cantidad de abogados defensores compartidos con otras causas de Urribarri ha retrasado los plazos procesales.
José Ángel Allende: el caso del juicio abreviado rechazado
El exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, protagoniza uno de los casos judiciales más prolongados y complejos del panorama entrerriano. Con 13 años de investigación desde que ANÁLISIS publicó en marzo de 2012 la denuncia periodística que dio origen a la causa, Allende intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la justicia.
Los juicios abreviados rechazados
En agosto de 2021, Allende llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocía su enriquecimiento ilícito en más de 1.069.841 dólares, delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, y amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni. El acuerdo establecía: Pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional; Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; Decomiso de su mansión del Parque Urquiza (valuada en 720.922 dólares) y la casa de calle Laprida (378.289 dólares); Multa de 3 millones de pesos.
Sin embargo, el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo, considerando que no cumplía con los requisitos legales. Previamente, en 2020, otro intento de juicio abreviado había sido declarado nulo por la Cámara de Casación Penal.
Según revelaciones periodísticas, el exgobernador Sergio Urribarri habría presionado a Allende para que no firmara el acuerdo: “No arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política”.
Tras el fracaso de los juicios abreviados, la causa continuó su curso. En marzo de 2025, Allende y toda su familia fueron citados a declaración indagatoria. El 30 de junio de 2025, el juez de Garantías N°8 Pablo Zoff dictó el procesamiento de Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron procesados Adriana Guadalupe Satler (esposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Diana María Cristina Traverso (exesposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Julio Alejandro Allende (hijo): partícipe necesario en ambos delitos; Victoria Allende (hija): partícipe necesaria solo en enriquecimiento ilícito, sobreseída en negociaciones incompatibles
–Los montos del enriquecimiento. Según el procesamiento del juez Zoff, el incremento patrimonial desproporcionado de Allende entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016 (período en que fue diputado provincial) asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de conceptos no cuantificados como: Mantenimiento de caballos de carrera; Viajes internacionales. Varios vehículos de alta gama; Participación en sociedades: Radio La Voz de Entre Ríos SA, Haras El Machazo SA, Cardinal Grydim SA; Departamentos en el mismo edificio de lujo donde Edgardo Kueider posee propiedades (Santiago del Estero y Tejeiro Martínez);
El juez determinó que Allende utilizó a sus familiares directos como personas interpuestas para disimular su verdadero patrimonio. Victoria Allende adquirió varios vehículos siendo menor de edad, sin ingresos registrados que justificaran esas compras. Los hijos compartieron con su padre participación en las sociedades mencionadas.
-Negociaciones incompatibles: la Fundación Esperanza. Este delito se atribuye específicamente a José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Satler en relación con la “Fundación Esperanza”. Entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011, Allende habría gestionado subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos siendo simultáneamente: Presidente y secretario de la Fundación Esperanza; Diputado provincial que avalaba y firmaba los pedidos de subsidios; Satler suscribía los pedidos como presidenta de la fundación, mientras Allende los avalaba como legislador. En dos casos, Allende personalmente solicitó y rindió los subsidios, configurando un claro conflicto de intereses incompatible con la función pública.
Confirmación del procesamiento en noviembre de 2025
Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi apelaron el procesamiento, argumentando que:
– La pericia oficial del Cuerpo Técnico del Poder Judicial arrojó resultados favorables a Allende
– Se descartaron ingresos legítimos por motivos formales (documentos ilegibles)
– Se omitieron financiamientos bancarios documentados (como el crédito del Banco BERSA)
– El procesamiento consolidó bienes de otros coimputados como patrimonio de José Allende sin análisis individual
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó íntegramente el procesamiento, al considerar que existe el grado de probabilidad requerido para la elevación a juicio. Los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat defendieron el criterio del perito Héctor Enrique y rebatieron punto por punto los agravios de la defensa.
La prescripción de la causa por amenazas
En paralelo, el 3 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría declarar la prescripción de la causa por amenazas contra la ministra Sonia Velázquez, revocando la sentencia de Casación. El STJ consideró que los intentos fallidos de juicio abreviado no tenían entidad para interrumpir el curso de la prescripción.
Situación actual y proyección 2026
Allende enfrenta actualmente:
1) Causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles: procesamiento confirmado, encaminada a juicio oral en 2026
2) Causa por amenazas a Sonia Velázquez: prescripta por el STJ en diciembre 2025, por lo que la víctima irá a la Corte Suprema.
3) Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si prospera la condena
La defensa insiste en que se trata de una “utilización política” del caso, argumentando que Allende “ha enfrentado poderosos intereses corporativos” y que resulta “doloroso e injustificado involucrar a su familia sin elementos probatorios consistentes”.
El caso Allende representa una paradoja judicial: es el único imputado de alto perfil que intentó reconocer su culpabilidad mediante juicio abreviado, pero la justicia rechazó el acuerdo. Ahora, tras 13 años de investigación, enfrenta un juicio oral que podría iniciarse en 2026, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos de la historia judicial entrerriana.
Edgardo Kueider: detenido en Paraguay con dos causas por enriquecimiento ilícito
El exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider se encuentra en una situación judicial compleja que involucra dos jurisdicciones. Fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en la frontera entre Brasil y Paraguay al intentar ingresar a Ciudad del Este con 211.102 dólares, 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos sin declarar. Desde entonces permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, cumpliendo un año de detención.
En Argentina, Kueider enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito:
-Causa Federal – San Isidro: La jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por su vinculación con la causa Securitas y presunto lavado de dinero. Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el gobierno de Bordet (2015-2019) y representó al Ejecutivo provincial en asambleas de ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana que habría sido el epicentro del esquema de coimas investigado. En marzo de 2025, la magistrada ordenó siete detenciones en el entorno del exsenador, incluyendo a: Javier Rubel (primo): maestro mayor de obras, socio de Kueider en la empresa Betail SA; Rodolfo Daniel González (socio y amigo): empleado del Congreso, dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que Kueider fue interceptado en la frontera paraguaya; José Carlos Nogueras (contador): procesado con prisión preventiva por su rol en operaciones destinadas a ocultar el origen delictivo del dinero; Adriana Cecilia Crucitta (abogada): socia de González y empleada de la Biblioteca del Congreso; Ezequiel Gustavo Bovetti (contador); Gabriela Patricia Saint Pierre (esposa de Nogueras); Rita Soledad Machuca (exsecretaria de Kueider en la Gobernación).
En abril de 2025, la jueza Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a González, Rubel y Nogueras por lavado de dinero y asociación ilícita. Al resto les dictó procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
La investigación reveló que Kueider sería propietario de la empresa Betail SA, que posee departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Paraná (calle Santiago del Estero 511). Las expensas aparecían a nombre de Iara Guinsel Costa, su exsecretaria en el Senado y actual pareja, quien lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay.
-Causa Provincial – Concordia: El juez Ives Bastián y el fiscal José Arias también investigan al exsenador por enriquecimiento ilícito. Debido al conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, la Corte Suprema deberá dirimir qué juzgado continuará con la investigación.
En Paraguay, Kueider enfrenta un juicio oral y público que comenzará el 20 de abril de 2026 por el delito de contrabando en grado de tentativa. La Fiscalía paraguaya lo imputó junto a Iara Guinsel Costa por no haber declarado los 211.102 dólares al intentar cruzar el Puente de la Amistad desde Foz do Iguaçu.
La expectativa de pena es de hasta dos años y medio. Si la sentencia se acerca a ese techo, podría ser de cumplimiento efectivo. De lo contrario, quedaría en el margen condicional o incluso en una multa.
La jueza Arroyo Salgado sostiene que Kueider formó parte de una “asociación o banda” que perpetró maniobras “destinadas a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras” para otorgar “apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”.
El exsenador solicitó su extradición para ser juzgado en Argentina, pero Paraguay denegó el pedido. Kueider y Guinsel Costa continúan bajo arresto domiciliario en un dúplex del barrio San Vicente de Asunción, tras ser echados en febrero de 2025 del edificio de lujo donde inicialmente cumplían la medida.
Juan José Canosa: condena firme y causa por enriquecimiento ilícito
El expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) Juan José Canosa tiene una condena firme por negociaciones incompatibles con la función pública y enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que lleva 8 años de trámite.
En septiembre de 2018, un tribunal encabezado por el juez Alejandro Grippo condenó a Canosa a 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación, iniciada por NOTICIAUNO en enero de 2017, reveló que Canosa contrató a empresas vinculadas a su familia mientras presidía Sidecreer entre 2007 y 2015.
Los proveedores favorecidos fueron:
-Excelcom SA: empresa santafesina que facturó insumos informáticos. Detrás estaban su cuñada Alicia Susana Cuestas (pareja de su hermano Carlos Canosa), la hermana de ésta, María José Cuestas, y Diego Aníbal Urba (esposo de María José y amigo personal de Canosa)
-Texmer: proveedora de indumentaria propiedad de Mirta Graciela Gueler, suegra de su hermano Carlos Canosa
-JDR Construcciones: empresa constructora de José Daniel Romero, casado con María del Carmen Paul, hermana de la madre de Canosa
Entre las tres empresas, cobraron de Sidecreer casi un millón de dólares durante el período investigado.
La Cámara de Casación Penal confirmó la condena en diciembre de 2019. En febrero de 2021, la Sala Penal del STJ rechazó el recurso de apelación. Y en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” el recurso de queja, dejando firme la condena.
Paralelamente, Canosa enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se inició en diciembre de 2016 tras una denuncia del entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná).
En abril de 2017 se allanaron cuatro mutuales en Paraná: Mutual Modelo (Gualeguaychú 204); Mutual Urquiza (Urquiza 80); Mutual Solidaridad (Libertad 139); Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar). El Ministerio Público Fiscal descubrió que Canosa tenía depositados, como inversión, 920 mil pesos en la Mutual 10 de Abril, operación garantizada con un cheque del Banco Santander Río.
En marzo de 2024, Canosa compareció ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Pablo Labriola para solicitar su sobreseimiento. Sus abogados Miguel Ángel Cullen y Andrés Bacigalupo argumentaron “violación de los plazos razonables”, señalando que han transcurrido 8 años de investigación. “Pasaron ocho años de la investigación. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me voy a morir. Se ven afectados mis hijas, mi familia, mis amigos. La persecución que han hecho sobre mi persona no tiene nombre”, declaró Canosa ante el magistrado.
En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ aceptó un recurso de queja presentado por la defensa de Canosa y su esposa, la defensora oficial Paula Montefiori. Los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia votaron a favor; Miguel Giorgio disintió.
En diciembre de 2024, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el pedido de sobreseimiento, pero concluyó que se agotó el tiempo para que la Fiscalía continúe investigando. Le otorgó 40 días al MPF para que resuelva si lo sobresee o eleva la causa a juicio.
Canosa trabaja como abogado en la actividad privada y colabora con bufetes jurídicos, pero teme firmar escritos: “¿Qué pensarán mis clientes, que soy delincuente, que me enriquecí?”, se preguntó en audiencia.
Desde diciembre de 2015 es asesor legal de la Cámara de Diputados, cargo que deberá abandonar por la condena firme que lo inhabilita perpetuamente para ejercer funciones públicas.
La causa está en manos de los fiscales Juan Malvasio (hoy juez) y Santiago Brugo. La resolución sobre su situación procesal —procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento— debería conocerse en los primeros meses de 2026.
Nelio Calza: causa reactivada por enriquecimiento ilícito
El exdiputado nacional y expresidente de Sidecreer Nelio Calza, referente del Frente Grande en Entre Ríos, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se reactivó en agosto de 2025 tras años de relativo estancamiento.
La investigación se inició en diciembre de 2016 a partir de la misma denuncia del senador Raymundo Kisser que apuntó inicialmente a la administración de la tarjeta estatal Sidecreer durante el gobierno de Sergio Urribarri. De esa presentación se desprendieron legajos separados que involucraron tanto a Calza (presidente de Sidecreer antes de Canosa) como a su sucesor, quien ya fue condenado por negociaciones incompatibles.
La investigación fue encabezada por el fiscal Juan Malvasio (hoy juez) y luego continuada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
El patrimonio investigado
Las pericias contables detectaron movimientos bancarios y cambiarios de relevancia entre 2009 y 2018, incluyendo: Compra de títulos públicos; Adquisición de divisas; Constitución de plazos fijos; Múltiples operaciones cambiarias.
Entre los bienes que se le adjudican a Calza figuran: una embarcación: “Rey Power”, integrada al patrimonio en 2015; Más de 15 vehículos, incluyendo: Dos Chevrolet S10 doble cabina; Una Renault Trafic; Cuatro Volkswagen Polo; Un Chrysler Cruiser; Dos Volkswagen Bora; Un Volkswagen Passat; Un Volkswagen Golf; Un Peugeot 207; Un Renault Fluence; Un Peugeot 206; Un Nissan Visia; Un Fiat Palio; Un Fiat Duna.
También comprende a Inmuebles en diversas localidades: Paraná: propiedades en calles Laprida, Pirovano, Yrigoyen, Montevideo, Vélez Sarsfield y Colón (en Concordia); Santa Fe capital; Zona rural de María Luisa (departamento Las Colonias, Santa Fe)
La indagatoria proyectada para 2026
Según pudo conocerse, la Fiscalía está terminando de recepcionar distintas pruebas y concluyendo el análisis contable correspondiente. Se espera que Calza sea citado a declaración indagatoria entre septiembre y octubre de 2026.
Actualmente es uno de los principales referentes del Frente Grande en Entre Ríos. En el proceso electoral reciente, su espacio político dejó de ser aliado del Partido Justicialista y presentó las candidaturas de Carolina Gaillard y Paola Rubattino.
La labor investigativa busca determinar si Calza puede justificar el incremento patrimonial registrado durante su desempeño en cargos públicos, particularmente durante su gestión al frente de Sidecreer, la empresa estatal que quedó en el centro de las denuncias por corrupción que involucraron también a su sucesor Juan José Canosa.
Enriquecimiento ilícito: la agenda pendiente
Además de las causas por corrupción funcional, varios exfuncionarios enfrentan investigaciones por enriquecimiento ilícito que podrían derivar en juicios durante 2026 y 2027:
-Pedro Báez: El exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, ya condenado a 6 años y medio en el megajuicio de 2022, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal pidió su remisión a juicio con una solicitud de 5 años de cárcel para él y 3 años y medio para ella. La Fiscalía endilga un enriquecimiento injustificado de 632.053 dólares durante su desempeño como funcionario público entre 2007 y 2016. Báez fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal N°1, donde cumple prisión preventiva.
-Aldo Ballestena: El exsenador provincial por La Paz y actual titular del Ente Portuario enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se abrió de oficio en 2018 tras una publicación de ANÁLISIS que documentó su patrimonio millonario, incluyendo un Mercedes Benz de 60.000 dólares, un complejo en construcción de 24 departamentos a nombre de su hija, campos y propiedades. Aunque la investigación quedó “llamativamente planchada” según críticos, también aparece vinculado al sistema de contratos truchos como recaudador de fondos en el Senado entre 2015 y 2018.
-Domingo Daniel Rossi: El actual intendente de Santa Elena tiene una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito (3 años de prisión condicional) y enfrenta una nueva investigación junto a su esposa, la exdiputada Patricia Díaz. La Fiscalía investiga cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008.
-Martín Fernández (Gualeguaychú) y Hernán Vittulo (Gualeguay): Ambos tienen causas por enriquecimiento ilícito en trámite en el Ministerio Público Fiscal, aunque con escaso avance público en los últimos años.
Obras públicas
Domingo Daniel Rossi también tiene pendiente la causa por delitos de corrupción en el manejo de la obra pública en su ciudad. En agosto de este año, por segunda vez se suspendió el juicio oral contra el intendente de Santa Elena. El inconveniente no es menor: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso contra Rossi se había fijado con un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio. Hay un planteo del abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a uno de los integrantes del tribunal, la jueza Castagno, que a raíz de un entredicho en una audiencia lo denunció por amenazas. En realidad es la especialidad del abogado Reggiardo (que este año fue suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía, por diversas denuncias contra su accionar): todo el tiempo se pasa confeccionando recusaciones contra jueces y fiscales y de esa manera sigue enviando las causas para más adelante. Lo hizo siempre con Rossi, con su mano derecha, el dirigente Pichi Blázquez y también con causas contra él mismo. Reggiardo, además de su rol de abogado, se autopercibe periodista y lo ejerce a través algunas páginas webs y en canales de youtube, donde se la pasa hablando de él mismo y denuncia supuestos hechos de corrupción, pero nunca lo menciona a Rossi, que es su sostén económico, desde la comuna de Santa Elena.
Este de Rossi es el juicio por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal, según consignara la web entreriosahora.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano. Cabe acotar que el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.
La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos, donde la justicia deberá pronunciarse sobre más de una década de presunta corrupción sistémica que involucró el desvío de millones de dólares del erario público. Las condenas que puedan dictarse en 2026 y 2027 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, con el caso de José Ángel Allende como antecedente de juicio abreviado rechazado que otros imputados evitaron replicar, temerosos de sentar precedentes que puedan afectar a la red de funcionarios involucrados en las mismas prácticas.
El diputado provincial Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que busca crear en Entre Ríos la primera escuela del país con orientación en Inteligencia Artificial (IA).
“Créase, en el ámbito del Consejo General de Educación, la primera Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) con Orientación en Inteligencia Artificial”, dice la iniciativa.
Y deja en manos del Consejo General de Educación (CGE), “en el ejercicio de sus atribuciones”, la misión de elaborar y aprobar el plan de estudios correspondiente a la oferta educativa creada, “pudiendo además adoptar las medidas administrativas, pedagógicas y de articulación institucional que estime necesarias para su implementación”.
ESJA con orientación en Inteligencia Artificial
La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos con Orientación en Inteligencia Artificial tendrá como finalidades:
“a) Brindar una educación secundaria integral, con enfoque en competencias del siglo XXI y en el desarrollo de capacidades vinculadas a la innovación tecnológica.
“b) Fomentar el uso crítico, ético y responsable de la inteligencia artificial, asegurando la comprensión de su impacto social, cultural y laboral;
“c) Desarrollar habilidades de colaboración, liderazgo y trabajo en equipo, mediante metodologías activas y proyectos cooperativos;
“d) Promover la resolución de problemas, el análisis de información y el trabajo interdisciplinario, integrando inteligencia artificial como herramienta transversal en los distintos espacios curriculares”.
Maier ante “desafíos inéditos”
En los fundamentos, el legislador plantea: “La educación secundaria para adultos enfrenta actualmente desafíos inéditos, derivados de los rápidos avances tecnológicos, la digitalización de la información y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo laboral y social cada vez más dependiente de la Inteligencia Artificial (IA)”, afirmó y dijo que, “en este marco, la creación de una Escuela Secundaria para Jóvenes Adultos (ESJA) con orientación en Inteligencia Artificial constituye una propuesta innovadora y pionera en la provincia de Entre Ríos, capaz de ofrecer una experiencia formativa de alta calidad, inclusiva y adaptada a las exigencias del siglo XXI”.
“La propuesta incorpora formación en IA y competencias digitales, entendiendo que la Inteligencia Artificial es un acceso transversal a la información”, indicó el legislador y agregó: “El objetivo es ofrecer una formación actualizada, incorporando herramientas que son claves para el desarrollo personal, académico y laboral. La propuesta plantea una orientación específica en IA y competencias digitales, que funcionará como eje en todas las materias”.
José Mayans habla acompañado por Juliana Di Tullio (Fotos: Mario Mosca/Comunicación Senado)
Se constiuyó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que designaron a Patricia Bullrich como presidente, que en la imagen discute con Juliana Di Tullio
Franco Colapinto junto a Flavio Briatore (@francolapinto)
