La megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura sigue atrapada en un laberinto judicial que parece no tener fin. A pesar de la gravedad de los hechos, los defensores de los políticos implicados —varios de ellos aún ejerciendo cargos legislativos y ejecutivos— continúan encontrando recovecos procesales para dilatar las decisiones de fondo y evadir, al menos por ahora, el peso de la Justicia. Mientras tanto, la Justicia misma no logra ponerse en firme para dictaminar de una vez por todas, lo que alimenta la sensación de impunidad y posterga el objetivo principal: que se haga justicia y se corra el velo de la más atroz corrupción peronista.
En este escenario, las defensas de los implicados recurrieron la resolución adoptada el 5 de septiembre por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, María Carolina Castagno, y pidieron discutir el caso ante la Cámara de Casación Penal.
Los defensores interpusieron recurso de casación contra lo resuelto por Castagno en los apartados en los que rechazó los recursos de apelación de los defensores José Raúl Velázquez y Agustín Fontana, que representan a Flavia Marcela Beckman y Hugo Rubén Mena; Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Alfredo Bilbao; Tomás Vírgala, defensor de Roberto Ariel Faure, y Miguel Ángel Cullen, defensor de los imputados Gustavo Hernán Pérez, Pedro Eduardo Opromolla, Alejandro Luis José Almada, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani y Juan Pablo Aguilera; y Pablo M. Hawlena Gianotti, co-defensor de Jorge De Breuil; contra la resolución dictada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, del 9 de junio, en el marco de la tramitación de la elevación de la causa a juicio.
Barbagelata rechazó pedidos de exclusión probatoria formulados por las defensas, en lo que han sido, decisión que Castagno confirmó. Tampoco hizo lugar al planteo de la magistrada del 30 de junio último a través de la cual desestimó el pedido de declaración de nulidad del requerimiento de remisión a juicio; y también el reproche de los defensores respecto de la actuación de Fiscalía de Estado como actor civil.
En aquella audiencia del último viernes 5, en la que la jueza Castagno dio a conocer su decisión ante planteos de los defensores, Castagno hizo lugar en forma parcial a planteos clave de las defensas de los imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura y así trastocó la marcha de las audiencias de remisión a juicio, que están en pausa.Si bien no hizo lugar a la mayoría de los requerimientos de los defensores, sí dio cabida a cambios relevantes en la tramitación de la causa Contratos: encomendó a la jueza de Garantías Marina Barbagelata que resuelva ahora y no que lo postergue para la etapa del juicio oral la petición de los defensores respecto al cambió la calificación, y en igual sentido se pronunció respecto del reproche que hay en torno a la prescripción y a la actuación de la Fiscalía de Estado como actor civil. Barbagelata había rehusado analizar esos planteos ahora y postergarlo para cuando se haga el juicio. Castagño le dice que debe atender esas presentaciones ahora, en la audiencia de remisión a juicio.Había tres planteos de las defensas respecto al rol de Fiscalía de Estado: uno, la demanda tenía defecto legal de proposición, planteo rechazado por Barbagelata fue confirmada por Castagno; el otro reproche era la falta de legitimación activa y otra de prescripción. La discusión se había centrado en cuándo resolver esos dos últimos planteos. Barbagelata opinó que debía hacerse durante el plenario del juicio oral; en cambio, Castagno resolvió que debía dilucidarse en la audiencia de remisión a juicio.También Barbagelata debe resolver el planteo en torno al cambio de calificación legal de los hechos investigaos. La discusión orilla en torno a si el hecho se trata de un concurso real o delito continuado. Si es concurso real, significa que entre el año 2008 y el año 2018, el período en el que se investiga la maniobra de los Contratos Truchos, se realizaron 10 hechos. En cambio, si es continuado se trata de un solo hecho. Al momento de cuantificar la pena, no es lo mismo cometer 10 hechos de peculado (robo para la popular) que un solo hecho. A ese planteo de la defensa Castagno resolvió que lo dilucide Barbagelata.
A comienzos de agosto, Castagno había dado vuelta resoluciones adoptadas por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, cuya tramitación en audiencia de remisión a juicio fue suspendida el 21 de julio último al hacer lugar la magistrada a recursos de queja interpuestos por las defensas. Precisamente, esos planteos fueron acogidos por Castagno.
«Así las cosas, sin avanzar sobre el fondo de las distintas cuestiones planteadas, lo que es propio del recurso que pretenden las Defensas, al existir una relación directa e inmediata entre los agravios constitucionales y convencionales invocados por las defensas traídos a estudio, tales como la defensa en juicio y debido proceso, y los pronunciamientos impugnados, corresponde, declarar mal denegados los recursos de apelación interpuestos, debiendo la Señora Jueza de Garantías proceder a su concesión, observando el trámite correspondiente al recurso concedido», dice la disposición que firmó este lunes 4 la vocal Castagno.
Así, hizo lugar a los recursos de queja presentados por los defensores Emilio y Germán Fouces, representantes de Sergio Esteban Cardoso, Jorge Fabián Lázaro y José Javier Schneider; de Victoria Halle, defensora de Mariano Speroni y Diego Martín Pagnoni; el planteo de Tomás Vírgala, defensor de Roberto Ariel Faure; también la presentación de Miguel Ángel Cullen, representante de Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Eduardo Opromolla; de Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Alfredo Bilbao; y el imputado Jorge Enrique De Breuil, junto al defensor Pablo Hawlena Gianotti quien ejerce su defensa junto con Miguel Cullen.
En consecuencia, Castagno declaró “mal denegados los recursos de apelación presentados por los defensores contra la resolución dictada por la jueza Barbagelata el 30 de junio en el marco de la audiencia de etapa intermedia, cuando rechazó las solicitudes de sobreseimientos instados a favor de los imputados; también, cuando rechaza el planteo de inexistencia de causa probable que fuera deducido por la defensora Halle, como recurso contra el rechazo a la oposición a la remisión a juicio y la omisión al tratamiento expreso del pedido de sobreseimiento de sus defendidos. También dio vuelta la resolución que decide desestimar los pedidos de cambio de calificación; como así también en tanto resuelve la omisión al tratamiento del pedido de sobreseimiento instado por el defensor Vírgala en favor de su defendido; y también en su decisión de diferir el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación para obrar en el actor y en el demandado, y la de prescripción, a la sentencia definitiva; lo que se comunicará a la misma para que proceda a su concesión.
Tramitación suspendida
El 21 de julio último, Barbagelata habilitó el camino de la apelación a una serie de recursos presentados por las defensas de los imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura y hasta que la cuestión no sea resuelta por un tribunal de alzada quedará en suspenso la tramitación del pedido de Fiscalía de remisión del caso a juicio oral y público.
La magistrada tuvo una primera decisión: un revés a las pretensiones de los imputados en la megacausa. En medio de la tramitación de las larguísimas audiencias de remisión de la causa a juicio, los defensores hicieron planteos para que se excluyan pruebas y testigos, petición que la jueza Barbagelata rechazó. Entonces, las defensas apelaron esa decisión con la expectativa de acudir ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Pero otra vez la magistrada les denegó esa vía.
La decisión está contenida en un escrito que firmó este lunes 21 de junio.
Pero el celo de Barbagelata tropezó, el 1º de este mes, con una resolución de la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones María Carolina Castagno que revisó lo hecho y dio vuelta algunas de sus resoluciones.
Catagno dio vuelta una resolución de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, que en la tramitación de la audiencia de remisión a juicio de la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura había rechazado los planteos de exclusión de pruebas y testigos que Fiscalía quiere presentar en el debate, e hizo lugar a los reproches, al entender que la magistrada dictó una resolución que no se ajusta a derecho.
Castagno planteó que «la decisión adoptada» por Barbagelata «en orden al desestimiento de los distintos planteos de exclusión probatorias articulados por las defensas, se trata de una decisión expresamente apelable», dictada en instancia de garantías en el marco de la investigación penal preparatoria, «puntualmente en el curso de la audiencia de etapa intermedia (…)de la cual se predica ocasiona un gravamen irreparable a los imputados por presunta violación al derecho de defensa en juicio y debido».
Ahora, Barbagelata se mostró condescendiente con las defensas, aunque con matices.
Barbagelata dispuso “conceder el recurso de apelación interpuesto” por los defensores Iván Vernengo y Damián Petenatti, que representan al imputado Alfredo Bilbao, contra el punto XXIII de lo resuelto el 30 de junio último en cuanto “desestima los pedidos de declaración de nulidad del requerimiento de remisión a juicio, y de subsanación de defectos de la acusación a su defendido”.
También habilitó el recurso de apelación interpuesto de los defensores José Velázquez y Agustín Fontana –que representan a Flavia Beckman y Hugo Mena- contra el punto XXIV de lo resuelto el 30 de junio en cuanto desestima el pedido de declaración de nulidad del requerimiento de remisión a juicio de sus defendidos.
Además, concedió el recurso de apelación interpuesto por Tomás Vírgala, defensor de Roberto Ariel Faure- a la desestimación de los pedidos de declaración de nulidad de la acusación a su defendido, y de precisión del hecho.
Concedió el recurso de apelación interpuesto por Emilio y Germán Fouces –defensores de Sergio Esteban Cardoso, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider- sobre la desestimación al pedido de declaración de nulidad de la acusación a sus defendidos.
La jueza también habilitó el recurso de apelación interpuesto por Miguel Cullen –defensor de Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Eduardo Opromolla- contra la resolución del 30 de julio que desestimó el pedido de declaración de nulidad del requerimiento de remisión a juicio de sus defendidos.
Concedió el recurso de apelación interpuesto por los defensores Miguel Cullen y Pablo Hawlena Gianotti y el imputado Jorge De Breuil, contra la desestimación del pedido de declaración de nulidad del requerimiento de remisión a juicio de Jorge Enrique De Breuil.
Igual decisión adoptó la jueza Barbagelata respecto del recurso de apelación interpuesto por la abogada Victoria Halle –representante de Mariano Speroni y Diego Martín Pagnoni- en el punto que concede a la Fiscalía un plazo para corregir el hecho imputado a sus defendidos y no declara la nulidad del requerimiento de remisión a juicio de sus defendidos.
Por otro lado, denegó los recursos de apelación interpuestos por los defensores Fouces, Cullen y Hawlena Gianotti, y el imputado De Breuil, la decisión de rechazar los sobreseimientos instados en favor de sus defendidos y del propio Jorge Enrique De Breuil.
Denegó además los recursos de apelación interpuestos por los defensores Vernengo, Petenatti, Vírgala, Cullen y Hawlena Gianotti, y el imputado De Breuil, contra la resoluciói nque desestimó el pedido de cambio de calificación.
Otra de las decisiones de la jueza Barbagelata fue denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensor Halle contra lo resuelto en torno al rechazo al planteo de inexistencia de causa probable que fuera deducido como recurso contra el rechazo a la oposición a la remisión a juicio y la omisión al tratamiento expreso del pedido de sobreseimiento de sus defendidos.
Denegó también el recurso de apelación interpuesto por el defensor Vírgala, contra lo resuelto en fecha 30 de junio de 2025, en cuanto se omite el tratamiento del pedido de sobreseimiento de su defendido.
En tanto, concedió los recursos de apelación interpuestos por los defensores Fouces, Halle, Vírgala, Cullen y Hawlena GianoĴi, y el imputado De Breuil, contra lo resuelto el 30 de junio cuanto rechaza las excepciones de defecto legal en el modo de proponer las demandas interpuestas por el Estado provincial; e impone las costas a los vencidos.
Y al final denegó los recursos de apelación interpuestos por los defensores Fouces, Vernengo, Petenatti, Vírgala, Cullen y Hawlena Gianotti, y el imputado De Breuil contra lo resuelto en fecha 30 de junio de 2025, en cuanto difiere el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación para obrar en el actor y en el demandado, y la de prescripción, a la sentencia definitiva.
Y denegó el el recurso de apelación interpuesto por el defensor Vírgala, contra lo resuelto en fecha 30 de junio de 2025, en cuanto declara inadmisible por actividad procesal inoficiosa la contestación de la demanda efectuada por los defensores Emilio Fouces y Germán Fouces en favor de Gustavo Falco.
Además, dispuso que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial “fije la continuidad de la audiencia, una vez que haya recaído resolución del tribunal a-quem, sobre los recursos de apelación deducidos por las defensas, contra lo resuelto en fecha 9 de junio y 30 de junio de 2025”.
La investigación y su contexto
El último día de mayo de 2021, el Ministerio Público Fiscal había pedido la remisión de la causa a juicio -cuatro años atrás-, en un escrito de 540 páginas en el que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal y peticionaron la remisión a juicio de la causa con un total, entonces, de 32 imputados: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; y Viviana Giselle Mena Gioveni.
La lista de los que quedarán afuera del elenco de los 32 imputados originales serán 13 personas, aunque la cifra llega efectivamente a 14 con el sobreseimiento que se dictó a Gustavo Falco. Así, de 32 imputados originales el número quedó en 18. Pero con el abreviado a Scialocomo la cifra baja a 17 el número de imputados que irán a juicio oral de los 32 orignales.
La lista de los que ya zafaron de la megacusa y están próximo a hacerlo es la siguiente:
Los beneficiados
1) Renato Jesús Mansilla, pagará $5,4 millones en el plazo de 2 años y medio.
2) Nicolás Beber, $4 millones en cuotas, durante dos años y medio.
3) Verónica Caíno, $5, en el mismo plazo que el resto.
4) Fernando Gaston Sarnaglia, $1,8 millones, en cuotas durante dos años y medio.
5) Alejandro Ruben Ferreyra, $1.096.000 en dos años y medio.
6) María Victoria Alvarez, $750 mil, en dos años y medio.
7) María Macarena Alvarez, $590 mil, en dos años y medio.
8) Andrea Noemi Beatriz Demartin, $850 mil, en dos años y medio.
9) María Jazmin Mena Gioveni, $1.500.000 en un plazo de dos años y medio.
10) Viviana Giselle Mena Gioveni, $760 mil en un plazo de dos años y medio.
11) Juan Pablo Balladares, $1.500.000 en dos años y medio.
12) Guido Krapp. $10.000.000 en dos años y medio.
13) Esteban Scialocomo (juicio abreviado).
14) Gustavo Falco, sobreseimiento.
15) Esteban Scialocomo, abreviado, 3 años de prisión condicional, el pago de $6 millones y una multa de $90 mil.
En el pedido de remisión de la causa a juicio, había distintos pedidos de penas para un listado de personas que ya no es tal.
Cuando se remitió la causa a juicio, en 2021, el listado de penas pedidas por Fiscalía fueron las siguientes:
Penas
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enrique De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
La imputación fiscal dice respecto de Gustavo Hérnan Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Estaban Cardoso, Alejandro Luis José Almada y Juan Pablo Aguilera que entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Hugo Américo Luna (ya fallecido), Esteban Ángel Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmin Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.
Después, agrega: “Esta actividad habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho, el 20 de septiembre de 2018, con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000 por vínculo. Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011, con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018”.
“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con más de 700 contratistas -los que se encuentran individualizados-. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena. Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”, añade la imputación fiscal.
Al señalar responsables, especifica que “la expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona, director Administrativo Contable de Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro, director Administrativo Contable del Senado 2011/2015; Gustavo Hernán Pérez, sucesivamente jefe del área de contratos -23.01.2008 al 10.12.11, subdirector -11.12.11 al 10.12.15- y director del Servicio administrativo contable del Senado -11.12.15 al 03.10.18-, y Sergio Cardoso , director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas “sueldo” de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”.
Respecto de Cardoso, explica que “además de intervenir en la gestión de contratos falsos para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación, actuando en su carácter de director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011 y, siguiendo expresas instrucciones del Sr. presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió a los Sres. Diputados (Juan) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos 10 contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto que los ´contratistas´, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo. A su vez, y en relación a Gustavo Pérez, para consumar de manera eficiente la sustracción de dinero de las arcas del Estado provincial de la manera en que ha sido descripta, valiéndose éste de los distintos cargos que ocupó dentro del Servicio Administrativo y Contable de la Honorable Cámara de Senadores”.
Pérez, señala, “asumió el rol de organizador de la asociación criminal que fue instaurada a tales efectos, encargándose de coordinar y distribuir los roles que cumplieron el resto de los coencausados, tal como han sido detallados”.
Respecto del mecanismo, detalla que “luego de su libramiento por los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, los cheques eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartin, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Verónica Caíno, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Lun (ya fallecido), entre otros”.
A las personas “del círculo de confianza que operaban como ´cobradores´ de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87”.
Saqueo
“Ha quedado establecido –dicen los fiscales- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan: “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.
Más adelante, el escrito con el pedido de remisión a juicio destaca: “Asimismo, se pudo comprobar que el número de vínculos falsos experimento un rápido ascenso mientras se fue perfeccionando la mecánica extractiva de caudales públicos, y en particular luego de haber expandido el uso de las mismas maniobras a la Cámara de Diputados. Vale decir, el incremento fue directamente proporcional a la especialización de la arquitectura delictiva y de sus operadores”.
¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? Según el primer informe elaborado por el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, sería de $ 2.244.142.048,47.
Esa cifra fue actualizada. “Es así que el monto sustraído durante los casi 11 años que fueron objeto de investigación asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA $93,75 al 28/05/2021) nos informa de un total de $ 4.961.988.609”, apunta.
“De la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”, dice los fiscales, y agregan: “Pergeñada la maniobra ilícita, teniendo en cuenta su complejidad, era indispensable generar una estructura con diversos estamentos que se encargara de ejecutar las fases del accionar delictivo, que comprendía desde el reclutamiento de los falsos contratistas; la registración de los mismos ante los organismos recaudadores; la firma de los instrumentos públicos contractuales; la presentación de éstos en los servicios administrativos y contables de la Legislatura; la posterior aprobación por éstos y las respectivas autoridades legislativas (Presidentes o Vicepresidente de ambas Cámaras); la autorización del libramiento de los pagos respectivos por los Servicios Contables de ambas Cámaras; la supuesta acreditación de los falsos servicios prestados para otorgarle un aparente marco de legalidad; la percepción de los importes a través de la presentación de los cartulares ante el agente financiero de la Provincia; la necesidad de mantener regularizada la situación impositiva de los ´contratistas´ mediante el pago mensual del impuesto al monotributo e ingresos brutos ante la ATER, la confección de facturas falsas, y la aprobación de todas estas contrataciones, a pesar de las irregularidades que presentaban, por parte del máximo organismo de control de las cuentas de la Provincia, el Honorable Tribunal de Cuentas”.
Responsabilidades
“Un aspecto transcendental está constituido por los aportes al hecho de los distintos responsables de los servicios contables de las Cámaras legislativas, toda vez que, como administradores y custodios de los recursos económicos asignados a ambos cuerpos, entre otras prestaciones, eran los encargados de habilitar el pago de los contratos falsos, a través de cheques y/o depósitos bancarios”, indican los fiscales. Ese rol, aseguran, correspondía a Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lázzaro, Gustavo Hernán Pérez y Sergio Esteban Cardoso.
El cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, “durante todo el período investigado, pese a ocupar un cargo de menor jerarquía dentro de la estructura orgánica del Senado provincial, cumplió un rol preponderante dentro del entramado delictivo, toda vez que definía el sí y el cuánto de los contratos de obra de ambas cámaras, pese a pertenecer administrativamente al Senado provincial”. El cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, cumplía, según los fiscales, la función de «recaudador».
El rol del Tribunal de Cuentas
“La continuidad y persistencia en el tiempo de las ilicitudes endilgadas, tampoco podría haberse consumado sin la contribución de los funcionarios del Tribunal de Cuentas con desempeño estable en ambas Cámaras legislativas”, señala. Luego, apunta: “Es así como, contrariando su deber funcional de controlar la correcta aplicación del presupuesto de la Legislatura, mediante un riguroso cotejo, efectuaban controles limitados al análisis meramente formal de una escasa cantidad de contratos de obra, previamente seleccionados por los propios responsables de los servicios administrativos contables”.
Luego, se detienen identificar a los “destinatarios finales” de las operaciones ilícitas, y señala que la “evidencia colectada permite afirmar que existieron actores en este entramado que tuvieron como principal actividad recibir el producido final del ilícito, ocupando los estratos superiores de la organización”. Nombra a ese respecto a Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, “quienes aparecen en todas las anotaciones, como los receptores ´finales´ del dinero colectado”.
Más adelante, sostiene que otro “común denominador existente entre los miembros de la asociación ilícita es el hecho de que muchos de ellos, estaban ligados al Senado Nacional, a través de vínculos contractuales autorizados por los senadores Pedro Guillermo Guastavino y, posteriormente Sigrid Kunath, lo que indica que la organización utilizaba también estos recursos para el mantenimiento laboral de los encargados de las ´tareas de campo´ dentro el esquema organizacional”.
“De la evidencia reseñada y valorada, emerge claramente que para consumar las reiteradas sustracciones (así como las distintas ilicitudes mediales), se conformó una estructura delictiva segmentada que perduró por casi once años”, dicen los fiscales.
Pero no sólo encuentran que se cometieron los delitos de asociación ilícito, sino también los de peculado y de incumplimiento de obligaciones de funcionario público.
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