Cristina recibe visitas, arma agenda y opina de economía como si siguiera gobernando… y la Justicia sigue mirando para otro lado.
POSTEO DE LA EX PRESIDENTE
El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI.
¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal.
¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran “muchas personas” y que, además, estaba “haciendo política”.
¡Pero si el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto!… Seis de ellos dirigentes de la FES y la UES… ¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA! ¿No me creés? Mirá las fotos.
Bueno… Pero la verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el “número de personas”, ni que estaba “haciendo política” (¿hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?).
Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo.
Y sino fijate los números… Entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día. En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Es decir: más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei.
Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes… tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas.
Y ojo… porque esto de “bajar la inflación” (hasta ahí nomás porque hoy sigue siendo más alta que a fines del 2015) con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de “economista experto en crecimiento con o sin dinero”… es de aprendiz de carnicero (con todo mi respeto a ese noble oficio).
P/D 1: Che… pero esto del bestiario mediático dando órdenes por la tele al bestiario judicial, y estos acatando todo a rajatabla, ¡ya es mucho!… es realmente obsceno.
Aunque pensándolo bien… ya que esto es así y parece que no va a cambiar… ¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y los argentinos nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?
La Justicia entrerriana vuelve a exhibir su peor rostro: el de una estructura lenta, temerosa, burocrática y funcional a los poderosos. Cada vez que un caso de corrupción golpea las puertas del poder político, el sistema judicial responde con una combinación letal de dilaciones, tecnicismos y tibiezas que vacían de sentido cualquier expectativa de verdad o reparación. Y la llamada megacausa de las Coimas, que arrastra hace más de una década el lastre del urribarrismo, no es la excepción: es la prueba más dolorosa de una decadencia institucional que ya nadie puede disimular.
Porque mientras los fiscales reconstruyen con detalle quirúrgico el circuito de coimas, sobreprecios, favores, dinero en efectivo, cheques triangulados, objetos de lujo y pasajes comprados a funcionarios, el exgobernador Sergio Urribarri está hoy en su mansión, riéndose del sistema, ostentando una reclusión domiciliaria VIP que indigna a la mayoría de los entrerrianos. Las imágenes que circulan desde hace meses —asados, reuniones políticas, tertulias con dirigentes que buscan congraciarse con un condenado por corrupción— describen con crudeza el estado actual de la Justicia: es tan débil con los poderosos como implacable con los ciudadanos comunes.
Un sistema que no se anima a encarcelar al poder
El contraste es brutal: mientras cualquier entrerriano de a pie va preso por muchísimo menos, el dirigente señalado como el cerebro de una estructura de recaudación ilegal millonaria sigue libre, activo, influyente y protegido. ¿La razón? Una Justicia que evita enfrentar a quienes acumulan años de conexiones políticas, empresariales y judiciales. Un sistema que parece más preocupado en resguardar privilegios que en honrar la Constitución.
La reciente resolución de la Cámara de Casación Penal —que rechazó el sobreseimiento solicitado por las defensas de Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros— fue presentada por algunos sectores como una señal de avance. Pero el trasfondo es otro: el proceso sigue empantanado, el tiempo juega a favor de los imputados, y la ciudadanía observa cómo la impunidad se mantiene intacta.
Los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel cerraron la vía de la queja. Una decisión correcta en lo técnico, pero insuficiente en lo político. Insuficiente frente al clamor social que exige una Justicia que deje de mirar para otro lado “cada tanto” y empiece a actuar con la fuerza que corresponde en causas donde se usó y abusó del dinero público.
Una causa monumental, un sistema vergonzosamente lento
La causa investiga un esquema organizado de coimas, sobornos, retribuciones ilegales y beneficios personales que se extendió durante todo el urribarrismo. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron cómo, licitación tras licitación, se montó un sistema matemático de corrupción: porcentajes fijos, PLM distribuidos como sueldos paralelos, sobreprecios planificados y una cadena de favores cuyo cálculo total —según informes contables— implica millones de pesos desviados del Estado provincial.
Las pruebas son tan abrumadoras que incluyen:
correos electrónicos
mensajes internos
planillas con distribución de coimas
asientos contables
pagos en efectivo
cheques triangulados
compras de objetos de lujo
pasajes aéreos para funcionarios y familiares
entregas de dinero en las oficinas del empresario Cardona
la trama de empresas asociadas para simular servicios
el vínculo directo entre Cardona y Urribarri, con comunicaciones a través de líneas telefónicas a nombre de terceros
Todo está documentado. Todo está probado. Y aun así, el exgobernador continúa sin pisar una cárcel.
Una Justicia que se esconde detrás del reglamento
Las defensas presentaron una interminable serie de recursos, recusaciones y planteos de nulidad. Y el sistema judicial entrerriano respondió como siempre: con laberintos procesales, con resoluciones que miran más la letra chica que la gravedad institucional del caso, con decisiones que evitan avanzar con fuerza y con un uso del “gravamen irreparable” como comodín para la inacción.
El juez de Garantías Julián Vergara rechazó pruebas pero también sostuvo que la denegatoria del sobreseimiento no es apelable. El juez Brugo confirmó luego esa postura. Casación cerró la vía. Y pese a que todo suena a avance, la maquinaria real se mueve a paso de tortuga, con un juicio oral que se anuncia pero nunca llega.
Mientras tanto, la sociedad entrerriana asiste a un espectáculo indignante: un exmandatario condenado en otra causa (las “Causas unificadas”), procesado en esta megacausa de coimas, y con acusaciones de 10 años de prisión efectiva, viviendo sin sobresaltos, recibiendo visitas políticas y ejerciendo influencia real sobre sectores del peronismo que lo siguen considerando un “jefe”.
El divorcio total entre la Justicia y la sociedad
La decadencia ya no es abstracta: es palpable. Una Justicia que no le habla a la gente, que no responde a su demanda de integridad, que no actúa con celeridad ni capacidad, que no se planta frente a un poder político que durante años colonizó sus estructuras.
La imagen no podría ser más simbólica: Urribarri en su mansión, entre privilegios y asados; la Justicia entrerriana, entre expedientes y excusas. Y en el medio, millones de entrerrianos que pagaron —literalmente— las coimas con las que se enriqueció un pequeño círculo.
La pregunta es simple: ¿cuántas pruebas más hacen falta para que la Justicia actúe con la firmeza que la sociedad exige?
La respuesta, lamentablemente, la conocemos todos.
La Cámara de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Sergio Urrinarri, y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicados en la megacausa de las Coimas, y con pedidos de condena de 10 años de cárcel para el primero, y 9 años de prisión para el segundo.
Los defensores habían llegado en queja a Casación luego del rechazo al planteo casatorio efectuado por parte del juez de juicio Santiago Brugo y en el que, entre otros planteos, perseguían que se dictase el sobreseimiento de Urribarri en esa investigación penal. Con el votos de los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, la Cámara de Casación Penal les cerró esa vía.
“Por todo ello -dice la resolución de la Cámara-, estando suficientemente fundamentado el rechazo de los recursos casatorios oportunamente interpuestos, y no verificándose que se haya descartado erróneamente un supuesto válido para habilitar la instancia casatoria; al no verse configurado tampoco prima facie un gravamen irreparable que justifique adelantar la jurisdicción de esta Cámara; y atendiendo también al principio taxativo que rige en relación a la admisibilidad de esta instancia, siendo imprescindible la constatación del mentado gravamen irreparable, o afectación tal que permita excepcionar las reglas generales (todo lo cual no se verifica en autos), corresponde rechazar las quejas interpuestas”.
El 5 de junio último, al resolver la remisión de la megacausa a juicio, con pedido de condena a 10 años de cárcel para Urribarri y 9 años para Cardona Herreros, el juez de Garantías Julián Carlos Vergara desechó distintos planteos de las defensas, a saber: no hizo lugar a la exclusión de pruebas cuya admisibilidad fuera cuestionada por los abogados defensores; rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado; y también denegó el pedido de nulidad del requerimiento fiscal.
El 5 de agosto el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Santiago Nicolás Brugo revisó a pedido de las defensas esa resolución de Vergara y la dejó firme. También, rechazó un recurso de queja. Ante esa resolución, lo defensores fueron con un recurso de casación, que el magistrado tampoco aceptó, y entonces le quedó la vía de la queja.
Las defensas entendieron que la resolución de Brugo, a la que consideran «arbitraria», no trató «todos los agravios sin argumentos concretos». Señalaron que «está en juego aquí la garantía del debido proceso que no es otra cosa que el cumplimiento estricto de la ley». Y señalaron que «estamos ante un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior en razón de la violación a la garantía del debido proceso».
En su resolución, Brugo señaló que el ordenamiento legal «dispone que sólo resulta apelable por parte del `fiscal y el querellante` la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podrá apelar el sobreseimiento cuando no se hubiera observado el orden que establece el art. 397 o se le hubiera impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado ante su pedido que el proceso no afecta su `buen nombre y honor`. No admite discusión que sólo puede apelarse por `los interesados` el dictado del sobreseimiento, no la resolución denegatoria del mismo, resultando esta última resolución inapelable».
El magistrado desestimó los recursos de queja del defensor de Urribarri, y también de los representantes legales de Carlos Haidar, otro imputado, Juan Antonio Méndez y José Candelario Pérez; del empresario Diego Armando Cardona Herreros, José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz; y de Luis Alfonso Erbes, Andrés Bacigaluppo y Franco Azziani Cánepa.
Además, declaró abstracta la queja del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, por cuanto el exfuncionario accedió un acuerdo de juicio abreviado y aceptó haber cobrado coimas de manos del empresario Cardona Herreros.
El caso ya fue elevado a juicio oral el 1º de agosto, aunque por vía separada las defensas recusaron a los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, incidente que de momento no ha sido resuelto.
A mediados de junio último, el juez de Garantías Julián Vergara rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en la causa que investiga supuesto cobro de coimas durante el urribarrismo, investigación en la que el extitular del Poder Ejecutivo tiene pedido de condena a 10 años de cárcel. Y también denegó la apelación.
En la resolución, el magistrado planteó que “no resulta procedente el recurso de apelación interpuesto por los señores defensores de los encartados Sergio D. Urribarri, Diego A. Cardona Herreros, Miguel A. Ulrich, Carlos M. Haidar, Luis A. Erbes y Guillermo Smaldone contra la resolución que le denegó el sobreseimiento puesto que esta no se encuentra incluida dentro de los supuestos expresamente previstos por el ritual para la procedencia del recurso ni se encuentra dentro decisiones que se declaran apelables”.
El juez recordó que la ley “habilita el recurso de apelación pero respecto del sobreseimiento ´concedido´ y ´no el denegado´. Dicha postura fue la adoptada por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay en los autos ´Cuesta, Hugo Tomás s/ Abuso de Autoridad ´ (…), en donde se dijo: ´En esa faena, con la simple lectura del artículo 399 del CPP queda claro que sólo resulta apelable por parte del fiscal y el querellante la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podría apelar cuando no se hubiera observado el orden que establece el artículo 397 o se le hubiere impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado, ante su dictado, de que el proceso no afecta el buen nombre y honor’ del sospechado”.
Vergara sostuvo que “el Código Procesal local establece de modo enfático que la denegatoria del pedido de sobreseimiento no es apelable”. Por otra parte, “tampoco resulta apelable el dictado de la resolución que deniega el sobreseimiento dado que ella no causa un gravamen irreparable puesto que la decisión de que el imputado siga sometido a la investigación forma parte de la garantía constitucional de juicio previo”.
Los defensores también apelaron la resolución dictada el 5 de junio al considerar que dicha decisión les causa un «gravamen irreparable» al no hacerse lugar a la nulidad y exclusión de la evidencia obtenida por el Ministerio Público Fiscal ya que, según su criterio, la agregación al legajo lo fue en violación a las leyes, especialmente, cuestionan la admisión de la prueba digital y/o electrónica y la incorporación de testimoniales claramente condicionadas, ambas ofrecidas por Fiscalía.
“En este sentido –dijo el juez-, adelanto que el recurso de apelación también debe rechazarse por inadmisible en atención a que lo resuelto en fecha 05/06/25 y admitir como válida la evidencia probatoria ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y fuera cuestionada por los señores defensores no causa gravamen irreparable que habilite la admisión del recurso de apelación”.
En cambio, el juez sí hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que ejerce su propia defensa, que puso en crisis la resolución de Vergara que dispuso no admitir una serie de evidencias probatorias propuestas por el mencionado letrado en ejercicio de su defensa propia ya sea en el escrito de contestación ( oposición ) del requerimiento fiscal de elevación a juicio”.
Qué se investiga
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En un audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.
Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral. A continuación, se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, referente a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esta suma está distribuida de la siguiente manera:
36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri) lo que arroja una suma total de $1.000.007 (un millón siete pesos)
36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como equipo identificamos a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales.
5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales identificamos a José Gervasio Laporte que arroja un total de $149.713.
7,29% a una persona que no identificamos.
7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones “Ruso” hacen referencia a Luis Alfonso Erbes), que arrojó $141.940
Además del cálculo de estos pagos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo sindicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”, plasmó Yedro.
Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo:
$30.000 mensuales para Lemon que sumó $240.000.
$106.000 mensuales PLM Entre Ríos arrojando un total de $848.000
“En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”, leyó la fiscal este jueves.
Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así:
$7000 PLM uno
$7000 al Ruso que dio un total de $252.000
PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000
PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos lo que arrojó $360.000
“En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre:
Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000
MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000
DAC $40.000 que arrojó $1.440.00
Ruso $20.000 y arrojó un total de $720.000
Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000
También hubo distribución interna.
Licitación 2/15 arrojó un PLM total de $1.836.000
Ruso $7000 arrojó un total de $126.000
Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal.
Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000
Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000 lo cual arrojó $270.000 para cada uno.
“Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal.
“Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM”
Así lo subrayó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica, cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”.
En la investigación desarrollada, los fiscales consiguieron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios de los mismos, en base a las comunicaciones internas y los asientos contables. Las operatorias variaron: se libraron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”, también hubo dinero en efectivo, y las empresas compraron objetos y servicios para funcionarios políticos o familiares de los mismos.
“No solo tomamos en consideración mensajes de correos, anotaciones y registros hallados sino también se cotejó con asientos contables, expedientes de cada licitación, expedientes de pago. A través de la documentación que Fiscalía se ocupó de recabar, la mecánica quedó plasmada ahí”, manifestó Yedro.
La fiscal manifestó que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esto surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”.
Pasajes, objetos y un vínculo estrecho
La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone por parte de las empresas que conducía Cardona Herreros u otras asociadas, también la adquisición de alfombras que se entregaron en un departamento de calle Lafinur de Capital Federal (uno de los domicilios del exgobernador) y que recibió Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron el único objeto, Relevamientos Catastrales compró una heladera y una cinta para correr que fueron entregados en el mismo domicilio de Capital Federal y que recibió la esposa del exgobernador.
Las contrataciones del Estado provincial a las empresas, la huella de los sobreprecios y las coimas, la compra de objetos costosos y pasajes aéreos desde las empresas a los funcionarios políticos y familiares. Todo queda enmarcado en el estrechísimo vínculo amistoso entre Urribarri y Cardona Herreros.
Esa relación queda expuesta a partir de cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados en la investigación. “Sabido es que el exgobernador usaba líneas registradas a nombres de tercero para comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, solía usar utilizar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, apuntó la fiscal.
A continuación se publican varios de los mensajes registrados en la causa.
El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.
Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.
Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
De todos ellos, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, zafó con juicio abreviado; esa misma beneficiará al exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Hacienda, Miguel Ulrich
La Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires, S.E. Bogna Ruminowicz, solicitó personalmente a la Delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la región de Salto Grande, Sra. Silvia Sierak, la extensión de invitaciones formales a gobiernos, universidades, medios de comunicación y empresas de la región, informando esta gestión al Consejero de Asuntos Políticos-Económicos, D. Adam Ryszka. Gracias a esta articulación diplomática, ya han confirmado su presencia instituciones de Argentina y de la República Oriental del Uruguay, reflejando el creciente interés regional por fortalecer vínculos con el Estado de Polonia.
Un encuentro económico y estratégico de máxima relevancia
La Embajada de Polonia en Buenos Aires y la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH) organizan el Foro Económico 2025 Polonia–Argentina, que se desarrollará los días 26 y 27 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Acto Oficial tendrá lugar el 26 de noviembre, en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de representantes de gobiernos, instituciones, empresas, universidades y medios de comunicación de ambos países. El 27 de noviembre se realizarán encuentros sectoriales con sesiones B2B en los ámbitos tecnológico, agropecuario, energético y minero, exclusivos para participantes previamente acreditados.
El Foro contará con la presencia del Vicecanciller de Polonia, Marcin Bosacki; el Vicepresidente de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, Paweł Pudłowski; y delegaciones de los Ministerios de Finanzas, Clima y Medio Ambiente, y Bienes del Estado. Participarán además más de 30 empresas polacas líderes, con tecnologías e innovaciones en los sectores energético, minero, agro, espacial, FinTech y SpaceTech.
Participación académica internacional
Tres prestigiosas instituciones académicas polacas ya confirmaron su participación:
Universidad de Varsovia: el Prof. Paweł Wiechetek presentará un programa de cooperación en I+D+i, orientado a bioeconomía, salud y desarrollo sostenible, con especial enfoque en la región de la Triple Frontera (Argentina–Brasil–Paraguay).
NCBJ – Centro Nacional de Investigaciones Nucleares: referente europeo en investigación nuclear, tecnologías espaciales, ingeniería, ciencias ambientales, minería, energía y desarrollo farmacéutico.
Universidad Politécnica de Breslavia: una de las principales universidades técnicas de Polonia, destacada en innovación aplicada, transferencia tecnológica y cooperación con sectores industriales como energía, minería, medicina, IT, ingeniería y tecnologías espaciales.
Interés de la Región de Salto Grande
La Delegación de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la región de Salto Grande celebra la amplia respuesta institucional obtenida. Gobiernos regionales, universidades y medios de comunicación de ambas orillas del río Uruguay ya confirmaron su presencia, fortaleciendo el proceso de integración y cooperación con Polonia.
Contacto
Para mayor información, acreditación tardía o vinculación con empresas e instituciones participantes, comunicarse con: Delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la Región de Salto Grande Sra. Silvia Sierak 📞 03454-134843
Las declaraciones de Pete Hegseth se dieron enuna entrevista con el medio estadounidense One America News, tras un anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio.
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que con la decisión del presidente Donald Trump de designar como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, que asegura es encabezado por Nicolás Maduro, el Pentágono tiene ahora un abanico de “nuevas opciones”.
Y es que el secretario de Estado, Marco Rubio, cabe resaltar, dijo el domingo que Estados Unidos iba a designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, lo que convierte en delito que cualquier persona en el país proporcione apoyo material al grupo.
Las declaraciones de Hegseth se dieron en una entrevista emitida el jueves por el medio estadounidense One America News y, en extractos publicados, fue citado diciendo que la designación “trae un montón de nuevas opciones para Estados Unidos”.
Hegseth dijo que Maduro “no es un líder legítimamente elegido de Venezuela”, lo que coincide con distintos señalamientos por diversos sectores internacionales, y repitió las acusaciones de que está involucrado en el tráfico de drogas.
Funcionarios estadounidenses han acusado al Cartel de los Soles de trabajar con la banda venezolana Tren de Aragua, que Washington designó anteriormente como una organización criminal transnacional, para enviar narcóticos ilegales a Estados Unidos.
La nueva designación entrará en vigor este lunes, de acuerdo con lo anunciado por Estados Unidos, mientras que el Gobierno de Trump continúa afirmando que Maduro dirige el Cartel de los Soles y tiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que contribuya en su captura.
Cuando se le preguntó si la designación significa que Estados Unidos podría atacar los activos de Maduro en Venezuela, Trump dijo en la Casa Blanca que si bien, les “permite hacerlo”, no han dicho que vayan “a hacerlo”.
Trump también ha aseverado en los últimos días que podría estar abierto a conversaciones con Maduro, luego de que se diera a conocer, semanas atrás, que se había cortado cualquier vínculo de comunicación entre Estados Unidos y el régimen.
La medida se conoce en medio de un enorme despliegue militar en la región, que incluye el mayor portaviones de la Armada estadounidense, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.
Las fuerzas estadounidenses de la región, entretanto, han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos barcos de la droga en el Caribe y el Pacífico, que han cobrado la vida de al menos a 83 personas, presuntamente narcotraficantes, según Washington.
Grupos de derechos humanos, mientras tanto, han condenado el accionar, calificándolo de ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles.
El temporal de lluvia, actividad eléctrica y viento generó destrozos en AMBA y Córdoba, mientras rige una alerta amarilla por tormentas en el centro del país.
Un intenso temporal avanzó este jueves sobre la zona central del país provocando destrozos, anegamientos y complicaciones en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) y de la provincia de Córdoba. El fenómeno coincidió con la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.
El aviso del SMN también abarca sectores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y San Luis.
Las imágenes que inundaron las redes sociales muestran la llegada repentina del temporal, con cortinas de lluvia, actividad eléctrica constante y ráfagas que en algunos puntos superaron los 60 kilómetros por hora.
En Baradero, los videos registrados por vecinos permitieron ver la actividad eléctrica antes de que las precipitaciones comenzaran a ganar intensidad.
DIluvio en Baradero
En el Oeste del conurbano, las ráfagas causaron la caída de un poste de luz en Morón, que terminó sobre la calzada y afectó a una vivienda cercana, obligando al corte del tránsito en la zona.
Destrozos por el temporal al Córdoba
En la provincia de Córdoba, el temporal llegó acompañado de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones que complicaron varias localidades. En barrio Los Álamos de Córdoba Capital, el viento provocó la caída del techo de un polideportivo, dejando a la estructura completamente dañada luego del paso de la tormenta, donde dos niñas resultaron con heridas.
En Villa María, vecinos registraron una gran caída de granizo que sorprendió tras una jornada marcada por temperaturas muy elevadas. Según medios locales, el fenómeno comenzó de manera abrupta y derivó en calles cubiertas de piedras de hielo en pocos minutos.
Las autoridades provinciales continúan en alerta ante reportes sobre daños provocados por condiciones climáticas en las próximas horas.
Mirá algunas de las imágenes que vecinos del AMBA y de Córdoba compartieron en las redes sociales:
#llueve torrencialmente en CABA! Diluvio total con rayos, truenos y cortina de agua espesa en Palermo y alrededores. La furia de la naturaleza a pleno💨🌧🌨🌩 pic.twitter.com/tTwNucJ99P
La crisis del Partido Justicialista de Concordia dejó de ser una interna partidaria para transformarse en un conflicto institucional, policial y político de una gravedad sin precedentes en la historia reciente de la ciudad. Lo que hasta ayer era una disputa de conducción hoy se convirtió en un escándalo que involucra denuncias de usurpación, intervención policial, registros fílmicos, violencia de género sin intervención judicial y la sombra de viejos operadores políticos que, pese a haber perdido toda legitimidad, buscan volver a controlar un partido que ellos mismos llevaron al abismo.
El inicio del escándalo: las cámaras del PJ captan el ingreso de los consejeros
La secuencia comenzó cuando Facundo Ruiz Díaz, presidente del PJ recientemente destituido por el Consejo Departamental, advirtió a través de las cámaras de seguridad del edificio partidario movimientos irregulares: un grupo de dirigentes ingresaba a la sede en medio de la noche, manipulando accesos y desplazándose en los pasillos internos como si tomaran posesión del lugar.
Las imágenes —según confirmaron fuentes cercanas al titular destituido— mostraban a personas identificadas dentro de la estructura partidaria en momentos en que se ejecutaba la maniobra de cambio de cerraduras y toma de control del inmueble.
Ruiz Díaz, al ver la escena, consultó de inmediato con abogados y radicó una denuncia policial, dando comienzo a un expediente penal que hoy sacude los cimientos de la vida política local.
Intervención policial y resguardo del edificio
La denuncia motivó la intervención de la Policía de Entre Ríos, que se hizo presente en la sede partidaria y permanece custodiándola para evitar incidentes, a la espera de instrucciones judiciales sobre la legalidad o ilegalidad de las acciones ejecutadas por el grupo de consejeros.
Según fuentes policiales, el caso está caratulado como posible usurpación, y todas las personas que aparecen en los registros fueron notificadas en el marco de la denuncia.
Los denunciados: quiénes son, a qué responden y qué intereses representan
De acuerdo a la presentación judicial y al material audiovisual, los dirigentes presentes fueron:
Javier Orduna, abogado del PJ, congresal partidario y referente visible del PAR.
Facundo Pérez, consejero suplente e hijo del histórico dirigente gremial “Turco Pérez” (ATE).
Sabrina Masariche, consejera vinculada políticamente a Enrique Cresto.
Fabián Adente, consejero.
Ana Mengarelli (PAR), consejera.
Andrea Brassat (PAR).
Agustín Cáceres (PAR).
Todos ellos están mencionados en la denuncia como presuntos responsables del ingreso irregular y la intención de tomar control material del inmueble, según la carátula policial.
El operativo fue percibido por miembros de la actual gestión como “un avasallamiento brutal, típico de quienes siempre creyeron que el partido era una propiedad privada”.
El dato más fuerte: Orduna y una denuncia de violencia de género sin actuación judicial
En medio de la crisis, sale a la luz un aspecto aún más grave: Javier Orduna, uno de los protagonistas centrales del operativo, tiene una denuncia por violencia de género presentada por la vicepresidenta del PJ Concordia, Yanina Barbona, que ya fue asentada en sede judicial.
Lo más escandaloso es que, pese a la magnitud del hecho, no hubo actuación de oficio, ni medidas cautelares, ni movimientos institucionales que garanticen protección o investigación. Silencio total. Y hoy, ese mismo dirigente denunciado por violencia aparece liderando el ingreso a la sede partidaria, ofreciendo un cuadro de impunidad que genera indignación profunda dentro del partido.
“Es una persona violenta, que actúa siempre al límite. Si no se hace lo que él quiere, lo intenta imponer por la fuerza”, señalan fuentes internas de la actual gestión que aseguran sentirse amenazadas y avasalladas.
Cresto y Giano: los titiriteros de una dirigencia sin autoridad moral
En medio del caos, resurge una sospecha que para muchos en el peronismo ya es certeza: Enrique Cresto y Ángel Giano, dos figuras centrales del peronismo local que perdieron toda credibilidad social y partidaria, estarían operando desde las sombras la maniobra destituyente.
No aparece en fotos. No firman documentos. No levantan teléfonos públicamente. Pero los movimientos del sector vinculado a ellos, los nombres alineados a sus estructuras y la lógica política de la operación apuntan directamente en esa dirección.
El diagnóstico interno es despiadado:
Cresto, señalado como el “mariscal de la derrota”, perdió toda legitimidad y arrastra un nivel de rechazo incluso entre la propia militancia.
Giano, desgastado por años de internas y alianzas pendulares, aparece como parte del mismo modelo agotado.
Ambos son considerados por gran parte del PJ como responsables históricos de la pobreza estructural y la desocupación crónica de Concordia, cuyos indicadores de miseria se consolidaron durante sus gestiones.
Son dirigentes que “se cagaron en la gente”, dicen hoy jóvenes militantes, resumiendo una década de frustraciones acumuladas.
Lo paradójico —y ofensivo para muchos afiliados— es que quienes condujeron el peronismo a su peor crisis política, social y electoral en décadas, buscan ahora volver al control partidario, incluso si eso implica operaciones de fuerza, atropellos legales o el uso de sectores juveniles como punta de lanza.
Un partido dividido entre la renovación real y la decadencia histórica
En este escenario, la disputa no es generacional, sino moral: un sector de jóvenes militantes realmente renovadores —como Orduna en el discurso pero no en sus acciones— intenta tomar el partido con métodos cuestionables, mientras otros jóvenes rechazan las prácticas violentas y la tutela de estructuras vetustas como las de Cresto y Giano.
La sociedad observa, los afiliados murmuran, y el PJ sigue hundiéndose en su propio laberinto.
¿Qué queda después? Una interna que ya no es interna
El PJ Concordia enfrenta hoy:
Denuncias penales por usurpación.
Denuncia de violencia de género sin tratamiento judicial.
Policeía resguardando la sede.
Cámaras de seguridad como prueba central.
Ingresos nocturnos registrados en video.
Figuras que perdieron legitimidad intentando recuperar poder.
Una ciudad devastada socialmente por los mismos dirigentes que ahora reaparecen.
El peronismo local no atraviesa una interna: atraviesa una crisis ética, una fractura de autoridad, una disputa por el control de los despojos de un modelo agotado.
Conclusión: el dilema no es la presidencia del PJ, es Concordia
El verdadero debate ya no es quién se sienta en el sillón de la sede partidaria. El debate es otro:
¿Va a seguir Concordia prisionera de los dirigentes que la hundieron en décadas de pobreza, desocupación y manipulación política? ¿O podrá, de una vez por todas, romper el círculo de decadencia que hoy estalló en una causa penal?
La primicia está en marcha. El expediente también.
La novela judicial de Edgardo Kueider acaba de entrar en modo prime time: ahora será la Corte Suprema la que decida quién se queda con la investigación por enriquecimiento ilícito del ex senador entrerriano. Un detalle no menor: dos juzgados compiten para investigarlo, un privilegio que sólo el peronismo de Concordia y sus satélites parecen seguir ostentando incluso en tiempos de vacas flacas.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, elevó al máximo tribunal la disputa que mantiene con el juez de Garantías N° 2 de Concordia, Ives Bastián. Ambos avanzan, por carriles distintos, sobre el patrimonio de Kueider. La defensa del ex senador asegura que no tiene preferencia por ningún fuero —una frase que en la política local se traduce como “tenemos preferencia, pero no vamos a decir cuál”.
Los tiempos, como siempre, juegan a favor del imputado: fuentes judiciales deslizaron que el expediente no tendría definición antes de la feria de verano. La resolución podría estirarse cómodamente hacia 2026, un año electoral en Entre Ríos. Casualidad, seguro.
Un origen que ningún peronista quiere recordar
La pelea entre juzgados se disparó después del famoso episodio en Paraguay, cuando Kueider fue detenido con U$S 200.000 sin declarar. Pero en realidad, ambos expedientes ya estaban vivos: uno en Concordia y otro en San Isidro. Lo paraguayo sólo sirvió para que la historia explotara mediáticamente y para que algunos dirigentes locales volvieran a practicar el noble arte del silencio estratégico.
El 17 de diciembre, Arroyo Salgado pidió a Bastián que se inhibiera. Tres meses más tarde, desde Concordia recibió un “no” rotundo y una invitación a resolver todo en la Corte. La defensa apeló, pero la Cámara entrerriana ratificó al juez provincial. Ahí empezó el verdadero partido.
14.000 fojas, Securitas, Enersa y un mecanismo que ya es marca registrada
En el escrito enviado a la Corte el 3 de noviembre, Arroyo Salgado justificó su competencia con cuatro argumentos, dos sustantivos y dos formales.
Entre los materiales, remarcó la vinculación del supuesto enriquecimiento ilícito con delitos federales, como el lavado de activos, y la relación con la megacausa Securitas, que investiga el pago de coimas a organismos públicos nacionales y provinciales —entre ellos, Enersa, la empresa eléctrica entrerriana. Según la jueza, entre 2013 y 2018 los sobornos habrían ascendido a U$S 7.600.000, además de una evasión estimada entre 12 y 36 millones de dólares, todo mediante proveedores fantasma. Casi un manual actualizado del “progresismo” K.
En cuanto al avance, San Isidro lleva más recorrido:
Más de 50 cuerpos sólo en Securitas (unos 10.000 folios)
118 incidentes anexos
En la causa Kueider: 20 cuerpos, 80 incidentes y 15 imputados
No parece una causa incipiente sino una verdadera enciclopedia del descontrol administrativo entrerriano de la última década.
La jurisprudencia también juega su parte: la Corte ya estableció que cuando hay sospechas de lavado vinculadas al ejercicio de cargos públicos, la causa debe quedar en la justicia federal, aunque algunos hechos se hayan cometido en territorios provinciales.
El miedo a Concordia: cuando la Justicia provincial no es tan “amistosa” como antes
“Nos da igual quién investigue”, dijo el abogado Juan Martín Cerolini. Pero en el círculo íntimo del ex senador la historia es otra. Si el caso no pasa a San Isidro, quedará concentrado en Concordia, donde el fiscal José Arias es quien lleva la batuta gracias al sistema acusatorio provincial.
Arias es señalado por el entorno de Kueider como un fiscal que tiene “animadversión hacia el peronismo”. En criollo: un “gorila”, dijeron sin rodeos. Y para sostener la acusación, recuerdan que la Cámara de Casación lo apartó de tres causas por supuesta pérdida de imparcialidad, todas contra el ex intendente justicialista Enrique Cresto, el gran perdedor político de los últimos años, hoy reducido a defender un capital político que prácticamente se evaporó tras su gestión municipal y su fallido paso por el ENOHSA.
La ironía: Cresto y Kueider fueron aliados hasta que dejaron de serlo. Entre Concordia y Buenos Aires ya no quedan lealtades, pero sí muchos expedientes en común.
A todo esto se suma un dato de color: Arias proviene de una familia ligada al integrismo católico. Su padre, recordado por negarse a celebrar un matrimonio igualitario en 2010 mientras era titular del Registro Civil. Una saga que mezcla moralismo, política y devociones varias, como si a la trama le faltaran condimentos.
Un trasfondo más profundo: la herencia política del ConcordiaGate
Mientras la Corte define si la pelota vuelve a Concordia o se queda en San Isidro, la causa Kueider reabre una discusión incómoda para el peronismo entrerriano: la decadencia institucional de Concordia, construida durante años por dirigentes como Kueider, Cresto y otros exponentes del mismo espacio, que gobernaron la ciudad como si fuera un feudo con franquicia política nacional.
No es casual que pobreza, indigencia y desocupación hayan sido problemas estructurales durante las gestiones de esos mismos apellidos. Tampoco lo es que las causas judiciales que ahora avanzan apunten a la administración de recursos públicos, contratos y vínculos con empresas estatales. La política local ya no puede esconderse detrás de slogans progresistas mientras el deterioro social avanza.
Un nuevo capítulo en la interminable saga del PJ de Concordia tuvo lugar en las últimas horas. El Consejo Departamental de la segunda ciudad más grande de Entre Ríos, con mayoría de sus integrantes presentes, resolvió destituir al titular partidario, Facundo Ruiz Díaz, tras su negativa a renunciar a la presidencia.
Como había trascendido a principios de noviembre, parte de la conducción le pedía que “voluntariamente” diera un paso al costado tras haber militado en las legislativas para una lista que no fue la del partido. Ruiz Díaz recibió una carta documento con ese pedido, que calificó como “ilegítimo”. Ante su negativa, el Consejo avanzó con la destitución.
Según publicó Letra P, el acta ya fue presentada al Consejo Provincial del partido. El Consejo departamental es soberano y tiene la potestad de tomar la decisión; la autoridad provincial solo debe validar las firmas.
Cresto y Giano: los operadores de un modelo agotado
Aunque públicamente no aparecen involucrados, numerosos sectores internos coinciden en que Enrique Cresto y Ángel Giano estarían moviendo hilos desde las sombras para condicionar o directamente voltear a la nueva conducción partidaria. La maniobra no sorprende: para la militancia y para gran parte de la ciudadanía, ambos forman parte del núcleo dirigencial que llevó al peronismo local al colapso electoral y social.
En el caso de Cresto, la evaluación es lapidaria: perdió toda legitimidad, está señalado como el “mariscal de la derrota”, y es cuestionado incluso por aquellos que alguna vez militaron bajo su estructura. Su figura aparece hoy asociada a una realidad innegable: bajo sus gestiones, Concordia mantuvo récords de pobreza, desocupación y exclusión, posicionándose año tras año entre las ciudades con peores indicadores del país.
A ello se suma Ángel Giano, cuya trayectoria reciente dejó una huella similar: alianzas fluctuantes, disputas internas sin rumbo y una desconexión profunda con la realidad social. Para buena parte de la militancia joven, tanto Giano como Cresto —y otros referentes del mismo espacio que integraron ese círculo de decisiones— son responsables directos de haber conducido a Concordia a los niveles crónicos de pobreza, indigencia y falta de oportunidades que todavía hoy condenan a miles de familias.
La acusación es puntual: ellos construyeron el modelo que ahora intentan controlar otra vez, pese al evidente rechazo social que arrastran.
Una paradoja irritante: los más cuestionados intentando volver
La tensión interna tiene un trasfondo casi grotesco: dirigentes sin legitimidad pública, señalados por la ciudadanía como parte del problema estructural de la ciudad, vuelven a la carga —desde las sombras o desde los sellos partidarios— para intentar recuperar poder. Lo hacen sobre la espalda de jóvenes que intentan enderezar lo que ellos mismos dejaron caer.
Mientras tanto, Ruiz Díaz enfrenta el reproche formal de haber militado para otro espacio. Respaldó la candidatura de Héctor Maya (Partido Socialista), en una lista acompañada por el ex PAR Gustavo Guzmán y con el apoyo de UPCN, conducido por José Allende, referente político del ahora destituido presidente.
El acta: destitución y cambio de cerraduras
El acta del 14 de noviembre establece tres puntos: destitución, ejercicio colegiado de la conducción y el cambio de cerraduras de la sede. La conducción provincial ya validó el documento, y la destitución quedó firme.
Para garantizar la validez legal, los consejeros presentaron corrimientos por renuncias y fallecimientos que habilitaron que suplentes firmaran como titulares.
La renovación juvenil frente al desgaste moral de la vieja guardia
La movida interna está impulsada por un grupo de jóvenes que representan una renovación real: Javier Orduna (PAR), Facundo Pérez (Germán Abdala–ATE), entre otros. Buscan reconstruir al peronismo desde abajo, con una práctica política distinta y sin las conductas que, según ellos, hundieron al partido en la desconfianza social.
En esa reconstrucción chocan de frente con lo que describen como “la vieja dirigencia que se cagó en la gente”, la misma que gobernó —y desgobernó— durante años, consolidando los indicadores más dolorosos de la ciudad: pobreza estructural, desocupación crónica, desigualdad persistente y una fractura social que todavía sangra.
Quién es Facundo Ruiz Díaz
Ruiz Díaz llegó a la presidencia del PJ en marzo de 2024 con la lista Renovación Peronista, que triunfó con apenas 698 votos en una interna de bajísima participación dentro de un padrón de 16.000 afiliados. Antes había participado del armado que impulsó a Giano como precandidato a intendente en las PASO de 2023.
Es empleado provincial y titular de UPCN Concordia. En las legislativas militó la lista Entrerrianos Unidos, que llevó a Maya como senador y a Guzmán como diputado nacional.
Un final abierto, pero con una certeza: el peronismo ya no puede volver a ser lo que fue
La disputa no termina con un acta ni con un cambio de cerraduras. Lo que está en juego dentro del PJ Concordia no es un sillón, ni la presidencia partidaria, ni un control administrativo. Lo que se define es si el peronismo vuelve a quedar secuestrado por los mismos dirigentes que lo llevaron al abismo, o si de una vez por todas se permite que nuevas generaciones, limpias del desgaste y del cinismo acumulado, empiecen a reconstruir lo que otros destruyeron.
El dilema no es 2027.
El dilema es si Concordia va a seguir atrapada en las manos de los responsables de su pobreza o si podrá empezar —al fin— un camino distinto.
Los directivos de la empresa procesados por pagar coimas los nombran en conversaciones que la Justicia obtuvo de sus celulares.
Una serie de chats de entre dos hermanos y empresarios procesados por pagar coimas involucró en esa trama de corrupción y relaciones políticas al ex gobernador peronista de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, y al senador nacional del PJ electo de esa provincia, Adán Bahl.
Se trata de la causa que investiga la justicia federal de San Isidro en la que la empresa de seguridad Securitas pagaba coimas para quedarse con contratos con el estado. En el caso de Entre Ríos, con Enersa, la empresa estatal eléctrica de esa provincia.
Los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, están procesados por el pago de sobornos, y en la investigación se secuestraron sus teléfonos celulares. De allí se obtuvieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024.
El ex gobernador Gustavo Bordet Foto: Juan José García.
Según surge de los chats, los Tortul tenían fuertes vínculos con el poder político de Entre Ríos. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, dicen los Tortul de manera textual en una de sus conversaciones.
“El Negro” es José Gervasio Laporte, el entonces secretario Legal y Técnico del gobierno de Bordet y Sindico de Enersa, fallecido y que en la causa judicial es clave.
“Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, hablan los hermanos en una conversación de marzo de 2017 para aumentar el contrato con Enersa.
Los chats que involucran al ex gobernador Bordet
Un año después tienen otra charla en la que hablan de un 40 por ciento de sobornos: “El Negro me dijo q sinle damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Menpidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable”
Los hermanos hacen referencia a reuniones con Bordet en la casa de Gobierno y a la necesidad de tener una relación más directa con el entonces gobernador: “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”.
Esa relación se encaminó porque en 2019 los Tortul dicen “esa guita se la lleve yo a Bordet” y “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”
Los chats que involucran al ex gobernador Bordet
Otra conversación de noviembre de 2019 hace referencia a cómo era el reparto de las coimas con nombres y montos. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”.
Más involucrados
En los chats también aparece el nombre de Bahl, electo senador nacional por Entre Ríos. En las elecciones legislativas de octubre encabezó la lista del peronismo que salió segunda. Bahl fue vicegobernador de Bordet .
Adán Bahl y Bordet
Las referencias de las conversaciones sobre Bahl son de cuando era intendente. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen en referencia a un negocio inmobiliario.
“Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”, dicen en otro tramo.
La relación de Tortul con Bahl tenía una mayor expectativa. El dirigente se presentó como candidato a gobernador en 2023 pero perdió las elecciones. “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”, se esperanzaban los hermanos.
La reacción
En un comunicado, el ex gobernador Bordet aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”.
Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, Bordet señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”.
Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
