La Justicia entrerriana vuelve a exhibir su peor rostro: el de una estructura lenta, temerosa, burocrática y funcional a los poderosos. Cada vez que un caso de corrupción golpea las puertas del poder político, el sistema judicial responde con una combinación letal de dilaciones, tecnicismos y tibiezas que vacían de sentido cualquier expectativa de verdad o reparación. Y la llamada megacausa de las Coimas, que arrastra hace más de una década el lastre del urribarrismo, no es la excepción: es la prueba más dolorosa de una decadencia institucional que ya nadie puede disimular.
Porque mientras los fiscales reconstruyen con detalle quirúrgico el circuito de coimas, sobreprecios, favores, dinero en efectivo, cheques triangulados, objetos de lujo y pasajes comprados a funcionarios, el exgobernador Sergio Urribarri está hoy en su mansión, riéndose del sistema, ostentando una reclusión domiciliaria VIP que indigna a la mayoría de los entrerrianos.
Las imágenes que circulan desde hace meses —asados, reuniones políticas, tertulias con dirigentes que buscan congraciarse con un condenado por corrupción— describen con crudeza el estado actual de la Justicia: es tan débil con los poderosos como implacable con los ciudadanos comunes.
Un sistema que no se anima a encarcelar al poder
El contraste es brutal: mientras cualquier entrerriano de a pie va preso por muchísimo menos, el dirigente señalado como el cerebro de una estructura de recaudación ilegal millonaria sigue libre, activo, influyente y protegido.
¿La razón? Una Justicia que evita enfrentar a quienes acumulan años de conexiones políticas, empresariales y judiciales. Un sistema que parece más preocupado en resguardar privilegios que en honrar la Constitución.
La reciente resolución de la Cámara de Casación Penal —que rechazó el sobreseimiento solicitado por las defensas de Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros— fue presentada por algunos sectores como una señal de avance. Pero el trasfondo es otro: el proceso sigue empantanado, el tiempo juega a favor de los imputados, y la ciudadanía observa cómo la impunidad se mantiene intacta.
Los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel cerraron la vía de la queja. Una decisión correcta en lo técnico, pero insuficiente en lo político. Insuficiente frente al clamor social que exige una Justicia que deje de mirar para otro lado “cada tanto” y empiece a actuar con la fuerza que corresponde en causas donde se usó y abusó del dinero público.
Una causa monumental, un sistema vergonzosamente lento
La causa investiga un esquema organizado de coimas, sobornos, retribuciones ilegales y beneficios personales que se extendió durante todo el urribarrismo.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron cómo, licitación tras licitación, se montó un sistema matemático de corrupción: porcentajes fijos, PLM distribuidos como sueldos paralelos, sobreprecios planificados y una cadena de favores cuyo cálculo total —según informes contables— implica millones de pesos desviados del Estado provincial.
Las pruebas son tan abrumadoras que incluyen:
- correos electrónicos
- mensajes internos
- planillas con distribución de coimas
- asientos contables
- pagos en efectivo
- cheques triangulados
- compras de objetos de lujo
- pasajes aéreos para funcionarios y familiares
- entregas de dinero en las oficinas del empresario Cardona
- la trama de empresas asociadas para simular servicios
- el vínculo directo entre Cardona y Urribarri, con comunicaciones a través de líneas telefónicas a nombre de terceros
Todo está documentado. Todo está probado.
Y aun así, el exgobernador continúa sin pisar una cárcel.
Una Justicia que se esconde detrás del reglamento
Las defensas presentaron una interminable serie de recursos, recusaciones y planteos de nulidad. Y el sistema judicial entrerriano respondió como siempre: con laberintos procesales, con resoluciones que miran más la letra chica que la gravedad institucional del caso, con decisiones que evitan avanzar con fuerza y con un uso del “gravamen irreparable” como comodín para la inacción.
El juez de Garantías Julián Vergara rechazó pruebas pero también sostuvo que la denegatoria del sobreseimiento no es apelable.
El juez Brugo confirmó luego esa postura.
Casación cerró la vía.
Y pese a que todo suena a avance, la maquinaria real se mueve a paso de tortuga, con un juicio oral que se anuncia pero nunca llega.
Mientras tanto, la sociedad entrerriana asiste a un espectáculo indignante: un exmandatario condenado en otra causa (las “Causas unificadas”), procesado en esta megacausa de coimas, y con acusaciones de 10 años de prisión efectiva, viviendo sin sobresaltos, recibiendo visitas políticas y ejerciendo influencia real sobre sectores del peronismo que lo siguen considerando un “jefe”.
El divorcio total entre la Justicia y la sociedad
La decadencia ya no es abstracta: es palpable.
Una Justicia que no le habla a la gente, que no responde a su demanda de integridad, que no actúa con celeridad ni capacidad, que no se planta frente a un poder político que durante años colonizó sus estructuras.
La imagen no podría ser más simbólica:
Urribarri en su mansión, entre privilegios y asados; la Justicia entrerriana, entre expedientes y excusas.
Y en el medio, millones de entrerrianos que pagaron —literalmente— las coimas con las que se enriqueció un pequeño círculo.
La pregunta es simple:
¿cuántas pruebas más hacen falta para que la Justicia actúe con la firmeza que la sociedad exige?
La respuesta, lamentablemente, la conocemos todos.
