La novela judicial de Edgardo Kueider acaba de entrar en modo prime time: ahora será la Corte Suprema la que decida quién se queda con la investigación por enriquecimiento ilícito del ex senador entrerriano. Un detalle no menor: dos juzgados compiten para investigarlo, un privilegio que sólo el peronismo de Concordia y sus satélites parecen seguir ostentando incluso en tiempos de vacas flacas.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, elevó al máximo tribunal la disputa que mantiene con el juez de Garantías N° 2 de Concordia, Ives Bastián. Ambos avanzan, por carriles distintos, sobre el patrimonio de Kueider. La defensa del ex senador asegura que no tiene preferencia por ningún fuero —una frase que en la política local se traduce como “tenemos preferencia, pero no vamos a decir cuál”.
Los tiempos, como siempre, juegan a favor del imputado: fuentes judiciales deslizaron que el expediente no tendría definición antes de la feria de verano. La resolución podría estirarse cómodamente hacia 2026, un año electoral en Entre Ríos. Casualidad, seguro.
Un origen que ningún peronista quiere recordar
La pelea entre juzgados se disparó después del famoso episodio en Paraguay, cuando Kueider fue detenido con U$S 200.000 sin declarar. Pero en realidad, ambos expedientes ya estaban vivos: uno en Concordia y otro en San Isidro. Lo paraguayo sólo sirvió para que la historia explotara mediáticamente y para que algunos dirigentes locales volvieran a practicar el noble arte del silencio estratégico.
El 17 de diciembre, Arroyo Salgado pidió a Bastián que se inhibiera. Tres meses más tarde, desde Concordia recibió un “no” rotundo y una invitación a resolver todo en la Corte. La defensa apeló, pero la Cámara entrerriana ratificó al juez provincial. Ahí empezó el verdadero partido.
14.000 fojas, Securitas, Enersa y un mecanismo que ya es marca registrada
En el escrito enviado a la Corte el 3 de noviembre, Arroyo Salgado justificó su competencia con cuatro argumentos, dos sustantivos y dos formales.
Entre los materiales, remarcó la vinculación del supuesto enriquecimiento ilícito con delitos federales, como el lavado de activos, y la relación con la megacausa Securitas, que investiga el pago de coimas a organismos públicos nacionales y provinciales —entre ellos, Enersa, la empresa eléctrica entrerriana. Según la jueza, entre 2013 y 2018 los sobornos habrían ascendido a U$S 7.600.000, además de una evasión estimada entre 12 y 36 millones de dólares, todo mediante proveedores fantasma. Casi un manual actualizado del “progresismo” K.
En cuanto al avance, San Isidro lleva más recorrido:
- Más de 50 cuerpos sólo en Securitas (unos 10.000 folios)
- 118 incidentes anexos
- En la causa Kueider: 20 cuerpos, 80 incidentes y 15 imputados
No parece una causa incipiente sino una verdadera enciclopedia del descontrol administrativo entrerriano de la última década.
La jurisprudencia también juega su parte: la Corte ya estableció que cuando hay sospechas de lavado vinculadas al ejercicio de cargos públicos, la causa debe quedar en la justicia federal, aunque algunos hechos se hayan cometido en territorios provinciales.
El miedo a Concordia: cuando la Justicia provincial no es tan “amistosa” como antes
“Nos da igual quién investigue”, dijo el abogado Juan Martín Cerolini. Pero en el círculo íntimo del ex senador la historia es otra. Si el caso no pasa a San Isidro, quedará concentrado en Concordia, donde el fiscal José Arias es quien lleva la batuta gracias al sistema acusatorio provincial.
Arias es señalado por el entorno de Kueider como un fiscal que tiene “animadversión hacia el peronismo”. En criollo: un “gorila”, dijeron sin rodeos. Y para sostener la acusación, recuerdan que la Cámara de Casación lo apartó de tres causas por supuesta pérdida de imparcialidad, todas contra el ex intendente justicialista Enrique Cresto, el gran perdedor político de los últimos años, hoy reducido a defender un capital político que prácticamente se evaporó tras su gestión municipal y su fallido paso por el ENOHSA.
La ironía: Cresto y Kueider fueron aliados hasta que dejaron de serlo. Entre Concordia y Buenos Aires ya no quedan lealtades, pero sí muchos expedientes en común.
A todo esto se suma un dato de color: Arias proviene de una familia ligada al integrismo católico. Su padre, recordado por negarse a celebrar un matrimonio igualitario en 2010 mientras era titular del Registro Civil. Una saga que mezcla moralismo, política y devociones varias, como si a la trama le faltaran condimentos.
Un trasfondo más profundo: la herencia política del ConcordiaGate
Mientras la Corte define si la pelota vuelve a Concordia o se queda en San Isidro, la causa Kueider reabre una discusión incómoda para el peronismo entrerriano: la decadencia institucional de Concordia, construida durante años por dirigentes como Kueider, Cresto y otros exponentes del mismo espacio, que gobernaron la ciudad como si fuera un feudo con franquicia política nacional.
No es casual que pobreza, indigencia y desocupación hayan sido problemas estructurales durante las gestiones de esos mismos apellidos. Tampoco lo es que las causas judiciales que ahora avanzan apunten a la administración de recursos públicos, contratos y vínculos con empresas estatales. La política local ya no puede esconderse detrás de slogans progresistas mientras el deterioro social avanza.
