Diario Análisis Litoral

Desde 2006 somos el primer portal de noticias del litoral

Redacción

Somos desde 2006 el primer medio de comunicación del litoral argentino.

Cuando se quiere, se puede. Y en Santa Ana lo demostramos de nuevo. Playa 52 — uno de los rincones naturales más hermosos a orillas del Lago Salto Grande, elegido por familias y turistas que buscan descanso y contacto con la naturaleza — sigue creciendo y mejorando para todos quienes la visitan.

Novedades que marcan la diferencia:
▪️ Bajadas de madera accesibles diseñadas cuidadosamente para facilitar el ingreso al sector de playa.
▪️ Sillas anfibias disponibles para quienes lo necesiten, permitiendo el acceso al agua con comodidad y seguridad (¡un paso enorme hacia la inclusión!).
▪️ Bancos con mesas y nuevas sombrillas, que transforman cada visita en un momento más placentero y confortable.

En Santa Ana se entiende que el turismo es un derecho para todos, y estas mejoras no solo embellecen el balneario, sino que lo convierten en un destino más seguro, cómodo y hospitalario para personas de todas las edades y condiciones.

Playa 52 no solo ofrece paisajes espectaculares y tranquilidad para familias, también se afirma como un ejemplo de desarrollo turístico local que piensa en la accesibilidad real de cada visitante.

Seguramente Santa Ana será cada vez más placentera, inclusiva y memorable!

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionaron el Presupuesto 2026. Alertan sobre los fondos que perderá Entre Ríos con la reforma laboral

Durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatió el Presupuesto Nacional, el diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y fundamentó la posición de su bloque, que presentó un dictamen alternativo. Por su parte Blanca Osuna advirtió que se profundiza un ajuste regresivo que avanza sobre los sectores más débiles de la sociedad: estudiantes, jubilados, mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad.

Bordet cuestionó la idea de una supuesta “batalla cultural” para alcanzar el equilibrio fiscal y recordó su experiencia como gobernador durante ocho años: “Quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno sabemos que el equilibrio fiscal no es una consigna, sino una construcción. En Entre Ríos fue una de mis principales preocupaciones y, al finalizar mi gestión, dejé las cuentas de la provincia en perfecto orden fiscal y financiero”.

En ese sentido, señaló que el problema de fondo no es el equilibrio fiscal en sí, sino cómo se construye el presupuesto, y remarcó dos variables centrales: los ingresos y la asignación de los recursos.

Sobre la primera, advirtió que el Gobierno nacional ha resignado ingresos “para favorecer a los sectores más concentrados del poder económico, en detrimento de la clase media y de los sectores más vulnerables”.

Respecto de la asignación de recursos, Bordet sostuvo que el Presupuesto marca una senda regresiva y de ajuste de cara a 2026, con prioridades que no responden a las necesidades de la mayoría de los argentinos.

Para este gobierno las prioridades son la seguridad interior y los servicios de inteligencia, mientras no lo son nuestros jubilados, las personas con discapacidad —cuya emergencia se deroga— ni la educación, que atraviesa una profunda crisis, especialmente en las escuelas técnicas y agrotécnicas”, afirmó.

También alertó sobre la paralización de la obra pública en las provincias, mencionando rutas abandonadas, viviendas discontinuadas y problemas de hacinamiento y calidad ambiental que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

“El debate de fondo es qué presupuesto queremos. Desde nuestro bloque queremos un presupuesto, por eso presentamos un dictamen alternativo que contempla estas variables y asigna recursos para vivir en un país con valores federales y con respeto por todas las personas, independientemente de su condición”, subrayó.

Finalmente, Bordet se refirió a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y advirtió sobre una contradicción grave: “Entre Ríos recibirá 20.000 millones de pesos en ATN, pero al mismo tiempo en el Senado se debate una reforma laboral que modifica el impuesto a las ganancias para sociedades. Si se aprueba, nuestra provincia perderá 80.000 millones de pesos en 2026. Es incomprensible”.

Por todo ello, el diputado explicó por qué no acompañó el proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional y reiteró el compromiso de su bloque con un modelo de país que respete el federalismo, la equidad y los derechos de quienes habitan la República Argentina.

“Los más débiles no deben ser las víctimas del ajuste de Milei y Frigerio”

En tanto la diputada Blanca Osuna cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno nacional y advirtió que profundiza un ajuste regresivo que avanza sobre los sectores más débiles de la sociedad: estudiantes, jubilados, mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad.

Osuna señaló que el presupuesto recorta derechos y desfinancia políticas públicas esenciales, y convocó a los diputados entrerrianos que anticiparon su voto a favor del proyecto a “recorrer las escuelas técnicas ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos y dar la cara frente a estudiantes y docentes”, destacando que, pese al ajuste, existen experiencias concretas que muestran capacidad de innovación, compromiso y trabajo en instituciones educativas que resisten el abandono.

En ese sentido, puso especial énfasis en la situación de la educación técnica, al advertir que el proyecto avanza sobre los mecanismos de financiamiento que la sostienen y pone en riesgo a miles de escuelas que forman jóvenes para el trabajo y el desarrollo productivo del país.

Asimismo, la diputada sostuvo que “no se puede sostener al estado con aportes mínimos de los más poderosos y despojando a los más débiles en beneficio del sector financiero y de la especulación”, y cuestionó el rumbo económico y social del gobierno nacional.

Finalmente, Osuna planteó la necesidad de avanzar en una modificación del Código Penal a fin de incorporar un agravante en la configuración del delito previsto en el Título XI, “Delitos contra la Administración Pública”, Capítulo IV, vinculado al incumplimiento del funcionamiento de la administración pública. En ese marco, recordó que agravar las penas que establecen los artículos 248 y 249 ya servirá para quienes incumplen sus deberes y “quienes hoy votan en contra de la salud, la educación, los trabajadores y las necesidades del pueblo respondan ante la ley”. Y afirmó que la historia demuestra que “los pueblos no se suicidan” y se movilizan en defensa propia. Más temprano que tarde, la justicia debe cumplir el rol que le corresponde.

La exfuncionaria cuestionó en redes sociales la política habitacional del Gobierno nacional y provincial. Sin embargo, persisten interrogantes sobre proyectos anunciados durante su gestión que nunca fueron explicados públicamente.

Hay silencios que pesan más que los discursos grandilocuentes. Y hay voces que, cuando reaparecen, no lo hacen para hacerse cargo de su pasado, sino para señalar desde una supuesta superioridad moral que ya no les pertenece.

Blanca Osuna volvió a hablar. Esta vez desde Facebook. Acusó al gobierno nacional y provincial de “bastardear el derecho a la vivienda”, de rematar tierras públicas y de entregarlas a la especulación inmobiliaria. Palabras fuertes. Denuncias graves. Conceptos constitucionales bien declamados. Pero una pregunta se impone antes de cualquier debate ideológico: ¿con qué cara, con qué derecho y con qué representación se anima Blanca Osuna a señalar a otros?

Porque cuando la ciudadanía le pregunta —con razón— por qué no hicieron ustedes las viviendas cuando gobernaron, la respuesta nunca llega. Cuando se le recuerda el Estadio Único de Paraná, presentado con bombos y platillos en el Teatro 3 de Febrero junto al gobernador de turno, el silencio es absoluto. ¿Dónde está ese estadio? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la explicación?

Blanca Osuna habla de derecho a la vivienda, pero nunca explica qué pasó con las promesas incumplidas, con los anuncios que quedaron en renders, con los actos oficiales que hoy sólo sobreviven en archivos y recuerdos incómodos. Habla de tierras públicas, pero no explica qué ocurrió en barrios como Amarras del Paraná, donde los vecinos no tienen acceso público al río. ¿Eso también es justicia social? ¿O ahí la Constitución no aplica?

Más grave aún: cuando una dirigente política acusa delitos, negociados y maniobras ilegales, no alcanza con hacerlo en redes sociales. En un Estado de Derecho, quien acusa tiene la obligación de denunciar ante la Justicia. Lo contrario no es valentía política: es irresponsabilidad institucional. Y peor todavía, puede ser complicidad. No queremos pensar que Blanca Osuna sea cómplice de los delitos que insinúa. Pero entonces, señora, ¿ya presentó la denuncia donde corresponde?

Resulta llamativo —por no decir indignante— que quien jamás rindió cuentas por el Estadio Único, quien nunca explicó el destino de fondos públicos ni asumió responsabilidades políticas por promesas fallidas, hoy pretenda erigirse en fiscal moral del presente. En un país normal, ese historial impediría ocupar cargos públicos, cobrar sueldos del Estado o pontificar sobre derechos vulnerados.

Antes de acusar a Milei, a Frigerio o a cualquier otro, Blanca Osuna debería hacer algo mucho más simple y mucho más honesto: devolver la plata del Estadio Único, explicar su gestión y llamarse a silencio. Después, recién después, podrá hablar de derechos, de Constitución y de vivienda digna.

La política no necesita más discursos altisonantes sin memoria. Necesita respuestas. Y Blanca Osuna todavía debe muchas.

Durante la mañana del viernes 19 de diciembre de 2025, el diputado provincial Roque Fleitas mantuvo una reunión protocolar con el intendente Francisco Azcué y luego encabezó un encuentro partidario en el local de La Libertad Avanza. El eje estuvo puesto en la gestión, el fortalecimiento territorial y la articulación política como camino para el desarrollo local.

El presidente de La Libertad Avanza Entre Ríos y diputado provincial, Roque Fleitas, junto a la vicepresidenta del espacio, Zuly Cauzzi, desarrollaron este viernes 19 de diciembre de 2025 una agenda política e institucional en la ciudad de Concordia, caracterizada por un marcado perfil de diálogo, articulación y búsqueda de consensos.

Durante la mañana, Fleitas y Cauzzi mantuvieron una reunión protocolar y de cortesía con el intendente Francisco Azcué, en la que se abordaron distintos aspectos vinculados a la gestión municipal, la realidad actual de la ciudad y la importancia de sostener canales de diálogo institucional abiertos, más allá de las pertenencias partidarias.

Desde el entorno del diputado provincial destacaron el rol de Fleitas como articulador político, con una mirada orientada a construir puentes entre los distintos niveles del Estado, entendiendo que la cooperación institucional resulta clave para generar oportunidades concretas para Concordia. En ese marco, también se conversó sobre futuras gestiones y posibles buenas noticias para la ciudad por parte del Gobierno nacional, siempre dentro de un enfoque responsable y de respeto institucional.

Finalizada la reunión en el municipio, las autoridades provinciales se trasladaron al local de La Libertad Avanza Concordia, donde fueron recibidas por Ignacio Cabrera, referente del espacio en la ciudad, junto a militantes y miembros del equipo local. Allí se desarrolló un encuentro de trabajo en el que se analizó el crecimiento del partido, el ordenamiento territorial y los desafíos políticos de cara al futuro.

Durante la actividad partidaria, Fleitas remarcó la necesidad de consolidar equipos locales fuertes, con vocación de diálogo y anclaje territorial, subrayando que el crecimiento del espacio debe ir acompañado de responsabilidad política y compromiso con la realidad social de cada ciudad. En la misma línea, Cauzzi destacó la importancia de la unidad interna y el trabajo coordinado como pilares para fortalecer el proyecto libertario en Entre Ríos.

También formaron parte de la actividad Hermes Roy Liberman y María de los Ángeles Frencia, concejales de La Libertad Avanza en la ciudad de Colón, quienes vienen desarrollando una labor legislativa sostenida y con fuerte impronta libertaria en el ámbito del Concejo Deliberante local. Desde la conducción provincial del espacio destacan su trabajo como una referencia concreta de cómo trasladar los principios de transparencia, control del gasto, defensa del contribuyente y coherencia discursiva a la práctica legislativa cotidiana. Su accionar, señalan, no sólo fortaleció la presencia de La Libertad Avanza en Colón, sino que además es observado como un modelo a replicar por otros equipos del interior de la provincia, en el marco del proceso de consolidación territorial que impulsa el espacio a nivel provincial.

La jornada cerró con un mensaje común orientado a construir una alternativa política sólida, basada en el diálogo, la presencia territorial y la articulación institucional, reafirmando a La Libertad Avanza como un espacio en expansión en Concordia y la provincia.

Redaccion: Análisis Litoral

Juicio político, segundas líneas y una vacante demasiado tentadora**

En Entre Ríos, los juicios políticos rara vez se explican por lo que figura en los expedientes. Detrás de los tecnicismos, los descargos jurídicos y las declaraciones formales, suele haber algo más: poder, vacantes, equilibrios rotos y nombres que no aparecen en los títulos pero sí en las decisiones.

El caso de Susana Medina de Rizzo parece encajar, una vez más, en esa lógica.

El expediente dice una cosa, la política otra

Formalmente, la vocal del Superior Tribunal de Justicia enfrenta dos denuncias graves: ausencias prolongadas de la jurisdicción durante años completos y un presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, organización que Medina integra y preside. A eso se suma el cuestionamiento sobre la marcha de su despacho, con cifras de morosidad que ella niega de plano.

En su descargo, Medina hace lo esperable: niega todo, denuncia persecución institucional, pide el rechazo in limine y se presenta como víctima de un mecanismo de hostigamiento que amenaza la independencia judicial. Jurídicamente, su defensa está bien armada. Políticamente, llega tarde y sin respaldo.

Porque si algo queda claro es que Medina está sola.

La soledad como síntoma

No hay pronunciamientos fuertes del Poder Judicial en su defensa. No hay operadores visibles que salgan a bancarla. No hay señales de que alguien esté dispuesto a pagar el costo político de sostenerla.

En los tribunales se comenta —en voz baja— que su salida es casi un hecho. No por la contundencia del expediente, sino porque ya nadie la necesita en ese lugar.

Y ahí empieza a aparecer la segunda línea del caso.

El verdadero botín: una silla en el STJ

El juicio político avanza con una velocidad inusual porque habilita algo mucho más valioso que una sanción ejemplar: una vacante en el Superior Tribunal de Justicia.

El oficialismo de Rogelio Frigerio tiene la mayoría en Diputados para impulsar el proceso. El peronismo, lejos de resistir, parece dispuesto a acompañar. Las diferencias internas existen, pero no alcanzan para frenar la maquinaria.

La historia se repite: Chiara Díaz, Castrillón, antes. Ahora Medina. Denuncia, presión, desgaste, jubilación anticipada. El procedimiento rara vez llega a su fin. El resultado, casi siempre, es el mismo.

¿Quién empuja desde las sombras?

En Casa de Gobierno dejaron trascender que detrás de Medina estaría Guillermo Michel. El argumento es endeble y roza lo anecdótico: un voto en el Tribunal Electoral que benefició a Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú. Demasiado poco para explicar una operación de esta magnitud. Más parece una cortina de humo que una hipótesis seria.

Otros apuntan hacia la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, surgida al calor del jury contra Cecilia Goyeneche. No es un dato menor: ese espacio ya demostró capacidad de presión, instalación mediática y vocación por incidir en la conformación del poder judicial.

En los pasillos se dice algo más concreto: hay un nombre dando vueltas para ocupar la vacante. Y cuando eso ocurre, el resto es trámite.

Frigerio, Romero y el control de daños

Que el gobernador se reúna en su casa con los diputados de la Comisión de Juicio Político no es un gesto inocente. Que Rosario Romero haga lo propio con el bloque del PJ, tampoco.

Ambos saben que el problema no es solo Medina, sino el precedente. Frigerio pide “responsabilidad” mientras deja correr el proceso. Romero intenta frenar, pero llega sin fuerza. El peronismo, dividido y debilitado, parece más preocupado por no quedar expuesto que por defender una posición institucional coherente.

El discurso de la ética y la práctica del poder

Medina habla de independencia judicial. Sus denunciantes hablan de ética pública. Pero el sistema muestra otra cosa: el juicio político como herramienta de reordenamiento interno, no como mecanismo excepcional.

Las ausencias, las licencias, los viajes y los vínculos institucionales pueden ser discutibles. Lo que no se discute es que durante años fueron tolerados. El problema no es lo que hizo Medina, sino cuándo dejó de ser funcional.

La pregunta incómoda

Entonces, la pregunta no es si Susana Medina es culpable o inocente.
La verdadera incógnita es otra:

👉 ¿Quién gana con su salida y quién pierde si se queda?

Cuando la respuesta aparece clara, el expediente pasa a segundo plano.

Y en Entre Ríos, como tantas veces, la justicia vuelve a ser el escenario donde se dirimen disputas que poco tienen que ver con la ley y mucho con el poder.

Redacción: Análisis Litoral con información de Entre Ríos Ahora / Pagina política /pagina Judicial

 No se trata de una vecina más ni de un conflicto entre particulares sin relevancia pública. La Justicia condenó a Liliana Salinas, Diputada Provincial en funciones, a devolver el inmueble que ocupaba irregularmente y a pagar casi tres millones de pesos en concepto de alquileres adeudados, en una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa la conducta de quienes ocupan cargos públicos.

La notificación judicial llegó antes de Navidad, casi como una ironía del calendario. Con Cédula Judicial en mano, el fallo del juez Ponce en la causa “Iriarte Francisco Ramón c/ Salinas Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres” dejó al descubierto una situación que dista mucho del discurso de austeridad y ejemplaridad que suele exigirse —y proclamarse— desde la política.

La sentencia es clara: la diputada provincial oriunda de Concordia tiene un plazo de 10 días para abandonar la vivienda ubicada en calle Laprida Nº 1747, inmueble que habría ocupado sin cumplir con sus obligaciones contractuales, y abonar más de 35 meses de alquileres impagos.

No es un dato menor que en diciembre del año pasado este medio ya había informado sobre el embargo al sueldo legislativo de Salinas, medida judicial que se le impuso en su carácter de diputada. Salinas, además, es presidenta del Partido Conservador, sello que fue utilizado por Javier Milei en Entre Ríos para competir en las elecciones presidenciales de 2023. Un dato político que vuelve inevitable la pregunta sobre la coherencia entre los discursos de orden, legalidad y respeto a la propiedad privada, y los hechos concretos.

Un año después de aquel embargo, llegó el fallo definitivo. En su primer dictamen, el juez resolvió:

“Condenar a Gladys Liliana Salinas a desalojar el inmueble sito en calle Laprida Nº 1747 de esta ciudad, la que se hace extensiva a cualquier otro ocupante, restituyéndolo a Francisco Ramón Iriarte”.

El segundo punto del fallo agrava aún más la situación:

“Condenar a Gladys Liliana Salinas, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez a pagar al actor Francisco Ramón Iriarte, en forma solidaria y en el término de diez días, la suma de $2.182.500, en concepto de alquileres adeudados”.

Condenaron a la Diputada Provincial Liliana Salinas a devolver el inmueble que usurpaba y a pagar casi $3 millones de pesos

Iglesias y Rodríguez, cabe aclarar, son los garantes que respaldaron a la diputada al momento de alquilar el inmueble. Por la morosidad de la legisladora, serán ellos quienes deban responder en primera instancia ante el propietario, quedando luego habilitados a reclamar judicialmente a Salinas lo que eventualmente deban pagar.

Según pudo confirmar este medio, los garantes ya iniciaron acciones legales para resguardarse económicamente y han expresado su solidaridad con el propietario, manifestando sentirse —junto a él— perjudicados por el accionar de quien ostenta una banca en la Legislatura provincial.

El monto fijado por la Justicia corresponde a los alquileres impagos desde mayo de 2022 hasta febrero de 2024, pero el fallo agrega que deberán sumarse los meses posteriores hasta la efectiva restitución del inmueble, más intereses y costas judiciales, que fueron impuestas a los demandados bajo el principio objetivo de la derrota.

El caso vuelve a instalar una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué estándar ético se les exige a los representantes públicos? Porque cuando una diputada provincial es condenada por no pagar alquileres durante casi tres años y por retener un inmueble contra fallo judicial, ya no se trata solo de un problema habitacional.

Se trata de credibilidad, responsabilidad institucional y del ejemplo que se da desde el poder.

Efectivamente, alquilar está cada vez más duro.
Pero cumplir la ley debería ser obligatorio, sobre todo para quienes la votan.

La localidad de Ubajay presentó en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires la 28.ª edición de la Fiesta Provincial del Yatay y una nueva edición de los Carnavales Ubajayenses, dos celebraciones emblemáticas que forman parte de la identidad cultural, turística y comunitaria de la región.

El encuentro permitió dar a conocer en la Ciudad de Buenos Aires estas festividades que, año tras año, convocan a vecinos y visitantes de toda la provincia y del país, poniendo en valor las tradiciones, la producción local y las expresiones artísticas de Ubajay.

Participaron de la presentación Verónica Luxen, presidenta municipal de Ubajay, y Lisandro Giménez, director de Cultura y Turismo, quienes brindaron detalles sobre la grilla de actividades, las propuestas artísticas y las distintas acciones previstas para ambas celebraciones, que conjugan tradición, música, danza y participación popular.

En relación a la Fiesta Provincial del Yatay, se informó que la jornada se realizará el sábado 21 de febrero, de 10 a 16 horas, con acceso gratuito al predio, donde el público podrá recorrer stands gastronómicos y de artesanos. A partir de las 18 horas comenzarán los espectáculos de destreza criolla y las presentaciones artísticas en el escenario principal, junto con clases de gastronomía en vivo basadas en el fruto de la palmera Butiá Yatay. La entrada general tendrá un valor de $15.000.

Durante la jornada se realizarán montas en distintas categorías y se presentarán artistas como Sentimiento Campero (Santa Fe), El Patrón del Chamamé (Entre Ríos) y el cierre musical estará a cargo de Mario Pereira.

Por su parte, los Carnavales Ubajayenses se llevarán a cabo el 13 de febrero sobre una de las principales avenidas de la localidad, con la participación de la Comparsa Butiá Yatay y comparsas invitadas de distintas ciudades de la provincia, como Concordia y Concepción del Uruguay, en una celebración que rinde homenaje permanente a la identidad local y a la palmera yatay.

Durante la presentación, José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, expresó:  “Quiero agradecer a todas las personas que formaron parte del calendario de actividades de la Representación durante el año, a las localidades entrerrianas, a los productores, a los artistas y a los periodistas, cuyo acompañamiento y difusión permiten ampliar el alcance de nuestras acciones y visibilizar el trabajo que se realiza desde la Casa de Entre Ríos.”

“Quiero agradecer al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza y la libertad de trabajo, y destacar el trabajo articulado con las áreas de Turismo, Cultura y la Secretaría General de la Gobernación, que nos permitió avanzar de manera conjunta en los objetivos planteados para el año.”

“Y, especialmente, un reconocimiento al equipo de la Representación, cuyo compromiso y trabajo cotidiano hacen posible la realización de cada uno de estos encuentros.”

En un acto realizado en la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al Jefe de la fuerza, oficializó los cambios en Direcciones y Jefaturas Departamentales dispuestos por el gobierno provincial para optimizar la seguridad.

El Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles una importante reorganización en la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de  Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.

“Es un día importante para la Policía, como todos los años se producen cambios en base a una evaluación permanente de la gestión de la Institución. Esta decisión no es en contra de nadie, es un reconocimiento a los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora y , generar cambios para mejorar el servicio de seguridad. Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años en servicio y eso se agradece mucho”, explicó el ministro Roncaglia.

Los cambios fueron oficializados a través del Decreto Nº 3641/2025. Esta reestructuración responde a estrictas razones de servicio y forma parte de una estrategia de renovación funcional propuesta por la Jefatura de Policía. El objetivo central es fortalecer la gestión operativa, administrativa y el despliegue territorial en toda la provincia.

La medida abarca áreas sensibles y estratégicas como la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Operaciones y Seguridad Pública, así como las jefaturas de departamentos clave como Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, entre otras.

A continuación, el detalle de los oficiales jefes superiores que asumieron sus nuevos cargos:

Direcciones Generales
Prevención de Delitos Rurales: Crio. Mayor Cristian Andrés Allegrini.
Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Jorge Alberto Moreyra.
Asuntos Internos: Crio. Mayor Pedro Alfredo Silva.
Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Diego Martín Cabello del Campo.
Drogas Peligrosas: Crio. Mayor Claudio Benito Passadore.
Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Crio. Mayor Fabiola Andrea Butala Farber.

Subdirecciones Generales
Ayudantía y Planeamiento: Crio. Inspector Mariano Andrés Vecchio.
Departamentales del Paraná: Crio. Mayor José María Pérez.
Drogas Peligrosas: Crio. Inspector Pablo Gastón Preisz Casas.
Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Martín Ramón Tello.
Asuntos Internos: Crio. Inspector Sonia Mariela Capellino.
Administración y Logística: Crio. Inspector Miguel Eduardo Retegui.
Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Luis Alberto Báez.
Institutos Policiales: Crio. Inspector María del Rosario Cornejo.
Policía Científica: Crio. Inspector Alberto Martín Grinovero.
Prevención de Delitos Rurales: Crio. Inspector Horacio Raúl Ludi.

Jefaturas Departamentales
Paraná: Crio. Inspector Hernán Walter Góngora.
Gualeguaychú: Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday.
La Paz: Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk.
Colón: Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez.
Federación: Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente.
Feliciano: Crio. Mayor Romualdo Javier Ramírez.
Victoria: Crio. Inspector Roberto Carlos Jesús Donda.
Federal: Crio. Inspector Daniel Marcelo Della Giustina.
Tala: Crio. Inspector Lucio Martín Cepeda.
Islas del Ibicuy: Crio. Inspector Héctor Esteban Riquelme.

Subjefaturas Departamentales
Paraná: Crio. Inspector Juan Pablo Claucich.
Gualeguaychú: Crio. Inspector Mauricio Oscar Asler.
Federación: Crio. Inspector Marcos Misael Pereyra.
Federal: Crio. Inspector José Luis Luna.
Feliciano: Crio. Inspector Diego Gustavo Wasinger.
Victoria: Crio. Inspector Ricardo Daniel Ríos.
Gualeguay: Crio. Inspector Mauricio Ariel Ferreyra.
Colón: Crio. Inspector Juan Martín Furlong.
San Salvador: Crio. Inspector Darío Martín Schwindt.

El recurso fue concedido por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ahora deberá resolver la Cámara Federal de San Martín. Ayer, la oposición le dio un golpe al intento del oficialismo de derogar la ley definitivamente en el Presupuesto 2026

El Gobierno nacional apeló la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien declaró inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó que sea ejecutada de inmediato en todo el país.

La decisión judicial del 12 de diciembre pasado fue apelada por la Procuración del Tesoro de la Nación por “causar agravio al Estado Nacional”. El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla con el patrocinio letrado del subprocurador, Julio Comadira.

El juez concedió la apelación “con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo apelado seguirá vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín. Además dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.

La presentación ratifica una decisión política del Gobierno que ayer generó tensión en el Congreso: la oposición logró rechazar el capítulo del Presupuesto que incluía la derogación definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado por la oposición.

Ahora la Casa Rosada aspira a revertir esa votación en el Senado y volver a insistir en Diputados con la redacción general del Presupuesto, algo que quedó demostrado ayer que no será sencillo.

El fallo cuestionado

González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto presidencial 681/2025, que suspendió la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad con el argumento de falta de partidas presupuestarias asignadas a ese financiamiento.juez federal de Campana Adriánjuez federal de Campana Adrián González Charvay (Nicolás Stulberg)

El juez ordenó su “inmediata aplicación”, advirtió por una violación del sistema republicano. El conflicto se desató cuando el Ejecutivo, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la norma pero suspendió su aplicación invocando la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que cualquier legislación que autorice gastos debe prever su financiamiento.

El juez sostuvo que la cláusula suspensiva “resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional”, al subordinar una decisión de los representantes del pueblo a una reglamentación de jerarquía inferior (el artículo 2 del decreto 681/2025).

El juez de Campana también objetó el argumento presupuestario y calificó esta justificación como engañosa, dado que la propia Ley de Emergencia faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas.

El fallo advirtió que se trataba de un “argumento falaz cuya falsía queda evidenciada en la simple lectura” del texto, que otorgaba las herramientas necesarias para cubrir los gastos.

Los fundamentos

Al evaluar los fundamentos del decreto impugnado y sus consecuencias en los hechos, el juez federal de Campana concluyó que la medida y sus resultados “no son otra cosa que un caso de clara discriminación a personas con discapacidad”, afectando también a niños y adultos mayores que sufren una doble vulnerabilidad.

González Charvay agregó que el Gobierno usó decretos para modificar el presupuesto en otras áreas, pero se negó a hacerlo en este caso. Según sentenció, aceptar la postura oficial implicaría validar un “uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN”, lo cual contradice las obligaciones asumidas por el Estado argentino.

La resolución judicial ahora apelada también ponderó la gravedad de la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras. El magistrado describió la situación actual como una “alarmante pérdida de poder adquisitivo” que “redunda en una merma en la calidad y la continuidad de todas las acciones destinadas a proteger, promover y restaurar la salud”.

Este panorama, según se desprende del fallo, mantiene en una situación de vulnerabilidad extrema a quienes el Estado “está obligado a proteger” con mayor celo.

La sentencia también invocó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que prohíbe tomar medidas que disminuyan los niveles de protección ya alcanzados. El juez consideró que la suspensión de la norma provocaba, como resultado directo, un “deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud”, afectando a un grupo social que requiere una tutela especial.

Finalmente, la Justicia desestimó el intento del Estado de presentar como solución la posible inclusión de fondos en el presupuesto del año 2026.

González Charvay determinó que esa promesa futura no resolvía la emergencia actual y reafirmó que “se impone una protección reforzada y la adopción de acciones positivas” de manera inmediata para garantizar una respuesta a la emergencia del sector.

Las comunicaciones, originadas desde un mismo número, incluyeron mensajes intimidatorios que motivaron la intervención de organismos encargados de la protección institucional

Las advertencias incluyeron frases como “mañana le quemamos el país entero” y “vamos a prender fuego el país”

En la tarde de este miércoles, la rutina de los operadores de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional se vio interrumpida por un par de llamadas que, lejos de la habitual consulta o denuncia ciudadana, trajeron consigo un tono de amenaza, con advertencias explícitas sobre la posible comisión de hechos violentos de alcance general dirigidas a las autoridades nacionales.

Desde el entorno de Particia Bullrich —ex ministra y actual senadora nacional—, informaron  que la primera comunicación, se escuchó: “Avísale a tu Ministra que mañana le quemamos el país entero, íntegro”. Actualmente, la titular de la cartera es Alejandra Monteoliva, quien asumió su cargo hace dos semanas.

Minutos después, se realizó una segunda llamada, en la cual reiteraron la amenaza: “Mañana vamos a prender fuego el país”. La comunicación no terminó ahí. “¿Cómo podés estar trabajando para esta basura?”, continuó el interlocutor.

or que ella: estaba solaEl contenido de las amenazasEl contenido de las amenazas generó preocupación por posibles hechos violentos de alcance general

La Coordinación de Denuncias de la Línea 134 verificó que ambos llamados, realizados a las 16:38 y 16:45, provinieron del mismo número telefónico.

El Ministerio de Seguridad judicializó el caso, al considerar que las expresiones tenían carácter intimidatorio y aludían directamente a la posibilidad de actos violentos masivos, lo que representa un hecho relevante para la seguridad institucional y pública.

Hace tan solo unos días, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo recientemente a un vecino de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei.

La investigación comenzó en septiembre, cuando la División Seguridad Presidencial de la fuerza federal detectó un mensaje publicado por un usuario apodado “Martiancorp” en una reconocida red social.

El posteo decía: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.Ante este mensaje, la División Delitos Constitucionales comenzó las tareas para identificar al responsable, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, y la Secretaría N°24 de María del Pilar Cavallero.

A partir de análisis de datos y otras medidas de investigación, se estableció que el autor de la amenaza sería un joven argentino de 21 años, residente en un domicilio sobre la calle Velazco, en González Catán. El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia.

¿Qué es la Línea 134?

La Línea 134 es el canal telefónico institucional y gratuito del Ministerio de Seguridad para la recepción de denuncias, sugerencias y reclamos en materia de seguridad. Se trata de un servicio de alcance federal, en funcionamiento las 24 horas del día, todos los días del año, en el que las personas denunciantes pueden optar por no brindar sus datos personales. La administración de la línea es competencia de la Coordinación de Denuncias, dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

Los procesos de toma, registro, análisis y derivación de las denuncias recibidas se encuentran documentados, y se enmarcan en un Sistema de Gestión de Calidad, el cual obtuvo el certificado de calidad concedido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

La línea 134 recibe denuncias sobre delitos federales, de interés federal, irregularidades en el desempeño y la actuación del personal de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales, y todo delito o situación que afecte a la seguridad pública. Entre los diferentes llamados que se reciben se encuentran aquellos que denuncian una presunta situación de trata y explotación de personas y/o delitos conexos, ante lo cual se cuenta con un procedimiento específico para la toma y registro de estas denuncias, en pos de obtener toda la información indispensable que facilite la investigación del hecho denunciado.

Ante la recepción de la denuncia, se evalúa si requieren, por ser casos de Emergencia, la intervención inmediata de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales. Si, en cambio, se tratara de una situación de Urgencia, la misma es remitida vía correo electrónico a la PROTEX, poniendo en conocimiento mediante Expediente Electrónico a la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

Se realiza un análisis inmediato de las denuncias recibidas, que consiste principalmente en la búsqueda de antecedentes o coincidencias en los registros disponibles en esta Coordinación de Denuncias, con el propósito de cotejar si lo denunciado ya se encuentra registrado o siendo investigado por el Poder Judicial, a fin de evitar una posible duplicación en las investigaciones. Desde la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual se realiza una búsqueda de antecedentes sobre los datos que constan en las denuncias recibidas en la línea 134 en el Sistema Federal Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA), siendo tal información remitida a la PROTEX