La investigación judicial que inició tras el aterrizaje forzoso de una aeronave en Ibicuy en enero de 2025, avanza en pos de la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. La banda utilizaba una avioneta para el transporte de la droga y había construido una caleta subterránea para su ocultamiento en una localidad de provincia de Buenos Aires.

Los últimos allanamientos

El pasado 16 de septiembre un juez dispuso la ejecución de seis allanamientos (cinco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y uno en la localidad de General Rodríguez, en provincia de Buenos Aires). Fuentes judiciales confirmaron que “la organización poseía una propiedad en la localidad de General Rodríguez, donde construyeron una fosa especialmente acondicionada para el almacenamiento del cargamento de estupefacientes”.

“La caleta se encontraba recubierta con tierra para impedir su observación a simple vista, a raíz de la búsqueda se hallaron 26.650 kilos de cocaína en el pozo”, sumaron. Además acreditaron que “desde General Rodríguez se trasladaba parte de la droga a un departamento de alquiler en la ciudad de Buenos Aires y desde allí se comercializaba en horarios nocturnos a compradores de CABA y el conurbano bonaerense”.

Asimismo informaron que “en el departamento se halló 23.020 kilos de cocaína y en el vehículo utilizado para la distribución, alrededor de 250 gramos de cocaína, listos para su distribución”.

Como resultado de los operativos llevados a cabo se concretó “la detención de cinco personas (cuatro de ellas de nacionalidad peruana y una argentina), el secuestro de 49.670 kilos de cocaína, dinero en efectivo (pesos y dólares), dos (2) vehículos, tres(3) balanzas de precisión, telefonía celular, dispositivos de almacenamiento de datos y documentación de interés para la causa”.Todo a raíz de “la intervención de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, del Juzgado Federal de Gualeguaychú y los investigadores de Gendarmería Nacional pudieron desbaratar la organización criminal en sus tres etapas: transporte, logística y comercialización, siendo en definitiva una pesquisa íntegra”, aseguraron.

Esta etapa final fue desarrollada por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas, con apoyo de personal y medios del Destacamento Móvil 6, Escuadrón Fuerzas Especiales “ALACRAN”, Dirección Antidrogas, Departamento de Coordinación de Criminalística y Estudios Forenses de la Región I, Dirección de Criminalística y Estudios Forenses y Escuadrón “Buenos Aires”.

La investigación judicial

El 22 de enero pasado, una aeronave de bajo porte aterrizó de emergencia en un campo de la localidad de Ibicuy, en Entre Ríos. En esa oportunidad fue detenido el piloto -de nacionalidad brasileña- y su acompañante –una mujer de nacionalidad boliviana- quienes transportaban en la aeronave más de 350 kilos de cocaína.

Desde el inicio de la investigación intervino el Escuadrón N° 56 y la Unidad de Inteligencia Criminal de Gendarmería Nacional de Gualeguaychú. Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Hernán Viri, con la intervención de la secretaría en lo Criminal y Correccional a cargo del Dr. Francisco J. Grego, el Fiscal Federal Pedro Rebollo, y la Procuraduría de Narco-criminalidad (PROCUNAR), a cargo del Dr. Diego Iglesias y el Dr. Martín Uriona.

Una vez formalizada la detención de las personas que se desempeñaron como transportistas de la droga, con la inclusión del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, se dio inicio a arduas tareas de investigación que tuvieron como objeto identificar la real identificación de la aeronave, como así también de las personas que facilitaron esta logística a la estructura criminal.

Como consecuencia de las investigaciones, y con la autorización judicial pertinente, el 24 de junio de 2025 se concretaron allanamientos que dieron como resultado el secuestro de dinero (moneda nacional y extranjera), cinco kilos de cocaína, lingotes de oro, joyas, un simulador de vuelo de avión íntegro, placa de identificación de la aeronave utilizada para el transporte de estupefaciente, la detención de un hombre de nacionalidad peruana y la orden de captura nacional e internacional de otras dos personas de nacionalidad peruana, en razón de comprobarse su participación directa en la puesta a disposición del narcotráfico de la aeronave secuestrada en el mes de enero en Ibicuy.

“La investigación se centró en identificar a las personas responsables de la carga de estupefacientes secuestrada, como así también el método de ocultamiento y el destino que estos dan a la droga ingresada. Así, con la participación de la Fiscalía Federal, la Procuraduría de Narcocriminalidad, el magistrado interviniente; los investigadores pudieron identificar a este eslabón de la estructura criminal, el lugar de acopio de la droga y el método su método de distribución”, explicaron fuentes con acceso al expediente judicial.

Tras el procesamiento de Steven Alessandro Villanueva Tomas por la Cámara Federal de Paraná en el caso de la avioneta que aterrizó en Ibicuy con 359 kilos de cocaína, se confirmó la detención de su hermano en Madrid, sobre quien pesaba una orden de captura internacional. En ese marco, el juez Viri ordenó el proceso para que sea extraditado a Argentina.Para la investigación llevada adelante por la Justicia Federal de Gualeguaychú, Saúl Ángel Villanueva Echevarría junto a sus hijos -Steven Alessandro Villanueva Tomas y Saúl Ángel Villanueva Tomas, todos de nacionalidad peruana- proveyeron la avioneta Cessna que fue utilizada por el piloto brasilero y la joven boliviana “reina de belleza”, para trasladar los 359 kilos de cocaína desde Bolivia hasta la Argentina.

Fuente: Radio2820

La ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche habló sobre la resolución del Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar García que dispuso “reponer” “en la situación administrativa” en la que se desempeñaba antes de que fuera apartada de sus funciones mediante resolución del Jurado de Enjuiciamiento, avalado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), fallo que luego fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No asumirá hasta que se pronuncia el STJ

Goyeneche volvió a ser parte de la estructura del Poder Judicial en la Procuración, y empezará a cobrar parte de su salario. Pero de momento no reasumirá su cargo porque para eso resta un pronunciamiento del STJ, que ahora está en la tarea de conformar tribunal ya que los vocales del máximo tribunal están recusados, a excepción de Carlos Tepsich.

“Esta situación se mantendrá hasta que, por imperio, del fallo de la Corte, que en su condición de máximo intérprete de la Constitución Nacional ha ordenado se deje sin efecto ´ex tunc´ (desde inicio) al ilegal procedimiento de enjuiciamiento llevado en su contra, momento en que su reposición se ha de completar”, dice la resolución N°140 firmada el 8 del actual por el Procurador.

“Me presenté pidiendo que me restituya”

Goyeneche detalló: “El fallo de la Corte de diciembre del año pasado dispuso anular la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que había confirmado mi destitución que había dispuesto el Jurado de Enjuiciamiento. La Corte sostuvo que era nulo todo el proceso desde la apertura del jury hasta mi suspensión en el cargo, que fue dispuesta en diciembre del 2021”, recordó y aclaró: “en realidad, lo dijo pero no lo dispuso. Dijo que una nueva sentencia del Superior Tribunal de Justicia tenía que disponerlo. No lo podían hacer ellos: la Corte es muy cuidadosa en no meterse en cuestiones de las provincias en función de respetar el federalismo”.

Explicitó que la anulación del fallo del STJ por parte de la Corte se basa en el hecho de que el máximo tribunal de Entre Ríos “no había resuelto bien todos los planteos que yo había hecho. Pero no se pudo avanzar mucho porque demoró mucho el expediente en bajar de la Corte a Entre Ríos. Hace diez días llegó el expediente. Al bajar el expediente, me presenté ante el Procurador General pidiendo que me restituya administrativamente en el cargo”.

“Cuando resuelva (el STJ), me reintegro”

“Cuando se dicta una nulidad de una sentencia o de un acto administrativo lo que ocurre es que las cosas tienen que volver al estado que estaban en el momento del dictado de ese acto. Cuando el STJ confirmó la decisión del jury, yo estaba administrativamente dependiendo del Ministerio Público Fiscal, aunque suspendida en el cargo”, recordó y dijo que “eso es lo que hizo el Procurador General: dispuso mi reintegro administrativo pero manteniendo la condición que había dispuesto el jury de mi suspensión. No se metió con eso porque no puede hacerlo. Pero sí dispuso el reintegro administrativo, con lo cual no estoy en funciones”.