El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con los intendentes de Diamante, General Ramírez, Federación y Federal, donde entregó la resolución que les permitirá gestionar los fondos para obras estratégicas. Las iniciativas serán financiadas mediante el Fondo Fiduciario para Infraestructura Municipal por un monto superior a los 937 millones.
El mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Participaron además los intendentes de Diamante, Ezio Gieco; de Ramírez, Flavia Pamberger; de Federación, Ricardo Bravo; y de Federal, Alicia Oviedo.
Al término del encuentro, que se desarrolló este jueves, el ministro Hernán Jacob precisó que la reunión fue convocada por el mandatario junto a los intendentes y los ministros que “tenemos bajo nuestra responsabilidad la administración del nuevo Fondo Fiduciario para inversiones municipales”.
En ese marco, explicó que ese fondo es “una herramienta creada en este contexto de estrechez financiera para ayudar a los municipios entrerrianos a la ejecución de algunas obras que si bien son de incumbencia municipal tienen repercusión por su importancia en cuanto al plan de obra pública de la provincia”.
Precisó además que ese fondo tiene un sistema de “retroalimentación” con los repagos que hagan los municipios de estas asistencias. Asimismo, señaló que se trata del primer aporte y que “está abierto a futuros nuevos préstamos que se le entreguen a municipios para que puedan ir haciendo obras de mayor envergadura por etapas”.
El funcionario remarcó que se trata de “un esquema de esfuerzo conjunto y de responsabilidades compartidas, que puede dar respuesta a una demanda muy fuerte de la sociedad vinculada a la mejora de la infraestructura, tanto a nivel municipal como provincial”.
Por su parte, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, expresó su satisfacción “por el cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador”, y recordó que “el año pasado dialogamos sobre este proyecto y nos aseguró que íbamos a estar dentro del primer grupo, algo que hoy se está concretando”.
Las obras
Las resoluciones entregadas corresponden a intervenciones que apuntan a fortalecer la infraestructura urbana, optimizar los servicios y acompañar el crecimiento de las comunidades.
En la ciudad de Diamante se ejecutará la obra de desagüe pluvial y pavimentación en barrio Belgrano, con un presupuesto de alrededor de 194 millones de pesos.
En Federación se llevará adelante la remodelación y puesta en valor de la Plaza de los Constituyentes, con una inversión de casi 270 millones de pesos.
En tanto en Federal se ejecutarán obras de cordón cuneta y badenes en distintas arterias, con un monto superior a los 174 millones de pesos.
Finalmente, en General Ramírez se avanzará con la pavimentación del camino a las ferias, también conocido como acceso norte, con una inversión de 300 millones de pesos
El suicidio de una joven policía de 21 años, el jueves 2, mientras cumplía una guardia callejera -disparándose un tiro en el baño de un comercio -ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Siburu, de Chajarí- derivó en la decisión de la Jefatura de Policía de Federación de separar al titular de la Comisaría 1° de esa ciudad, Mauricio Maschio, y a un sargento de apellido Leonard.
El trágico desenlace ocurrió el jueves 2, a la siesta, en la ciudad de Chajarí.Una agente de la Policía decidió terminar con su vida en el baño de un local comercial próximo al lugar donde cumplía una guardia. Habría egresado como agente de la fuerza en diciembre último. Formó parte de la XXII promoción de la Policía.
Luego de ese suceso, Personal de Asuntos Internos de la Policía comenzó a trabajar en el hecho.
De acuerdo a lo que precisó el sitio Tal Cual Chajarí, mientras Daniela Guliana Lezcano Balzer -tal el nombre de la joven agente- era velada en una casa mortuoria chajariense, una delegación de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos comenzó a colectar toda la información y pruebas sobre el caso, mientras que paralelamente familiares se presentaron en Fiscalía para presentar una denuncia contra funcionarios policiales que, según ellos, pueden tener alguna responsabilidad en la muerte de la joven.
Este domingo, minutos antes de las 20, se recibió un radiograma en la oficina del Jefe Departamental Federación, Luis Cristian Valdez, en la que se resolvía la disponibilidad del actual Jefe de la Comisaría N° 1 de Chajarí, Mauricio Maschio y de un sargento de apellido Leonard.
Ante la consulta al Jefe Departamental respecto de las motivaciones de esas decisiones por parte del Comando Superior, afirmó que tal determinación fue tomada para “darle un marco de transparencia a la investigación y para darle a la familia una tranquilidad y también a la familia policial”.
“Trabajamos sobre la investigación, vamos colectando pruebas y ponemos en manos de la Fiscalía y de Asuntos Internos para llegar a la verdad”.
“Se dejará trabajar a los órganos competentes y una vez que se tengan las pericias pertinentes se ratificará o rectificará las decisiones tomadas”.
“Está todo a disposición de la investigación y pedimos que no se dilaten los tiempos para que tengamos la tranquilidad de que lleguemos a la verdad”, apuntó.
Una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy, sostiene que una red rusa (“La Compañía”) buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de LLA.
Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para “inyectar” al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania.
Se documentaron firmas inexistentes y contenido fabricado. El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país.
Cuando Javier Milei llevaba pocos meses presidiendo Argentina, agentes rusos pusieron en marcha operaciones de desinformación e influencia política para desacreditar a su gobierno, según documentos filtrados a los que tuvo acceso un consorcio de 7 medios integrado, entre otros, por el medio africano The Continent y el inglés openDemocracy.
Milei, figura emergente en el ecosistema de la extrema derecha mundial, asumió el cargo en diciembre de 2023 y se alineó enseguida con los intereses estadounidenses, al principio apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. También fijó su sello: la “motosierra”, en referencia a las medidas para “destruir el Estado desde adentro”, y un discurso caracterizado por insultos a quien se le opusiera.
A medida que Argentina -una sociedad ya polarizada– se tensaba más, una red respaldada por los servicios de inteligencia exterior de Rusia y conocida internamente como “La Compañía”, trató de explotar ese clima y echar leña al fuego. La Compañía es una entidad privatizada que desplegó en 2024 operaciones de propaganda e influencia política en más de 20 países de África y América del Sur, según los archivos filtrados.
La información se encuentra en 76 documentos que obtuvo The Continent y que fueron analizados y verificados por un consorcio periodístico que incluye a openDemocracy, Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), Filtraleaks (Argentina) y 2 periodistas independientes de habla rusa.
Según los documentos, La Compañía se dedicó a contratar encuestas, informes sobre el complejo militar-industrial de Argentina y sus recursos petroleros en la Antártida, los partidos políticos y los sindicatos. También efectuó análisis de “riesgos y oportunidades”, perfiles de figuras públicas y “entrevistas a expertos, políticos, politólogos y economistas de la oposición”. Trazó, incluso, planes para apoyar a candidatos de la oposición en las elecciones legislativas de 2025.
Pero su actividad más intensa fue instalar “una red para la distribución de contenidos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”.
La investigación encontró registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, con un presupuesto de US$ 283 mil.
Los documentos, presuntamente dirigidos a los encargados y financiadores de La Compañía, consignan intentos de exagerar el alcance de las operaciones, por ejemplo, duplicando en las planillas algunos de los artículos efectivamente publicados en los medios.
Los registros incluyen facsímiles con supuestas tarifas fijas por la publicación de contenidos en cada sitio web, desde US$ 350 a US$ 3.100 por artículo. Pero no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros que pudieron haber actuado como intermediarios, agencias de prensa o consultoras de comunicación. Es posible, también, que estos montos fueran inflados. La investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién.
El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.
Pero muchos artículos incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos. Había también distorsiones, exageraciones y falsas noticias.
openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks, que colaboraron en esta investigación, contactaron a todos los medios mencionados en los documentos y lograron entrevistar a directores, editores o periodistas de 15 de ellos.
Muchos pidieron no ser identificados. Todos negaron cualquier implicación con dinero o campañas de Rusia. La mayoría de las fuentes explicaron que los artículos habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, descrito como una “agencia de prensa”, “consultora” o “intermediario”. Varios admitieron que se publicaron sin mucho control editorial.
Dos fuentes separadas reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de los artículos, pero por montos muy inferiores a los registrados en los documentos rusos. Las 2 fuentes dieron versiones parecidas sobre el origen de los artículos y del dinero. En un caso, se trató de intermediarios que contactaban a los periodistas para gestionar la publicación de artículos mencionando a un grupo de empresarios preocupados por el estado de la industria nacional. En el otro, empresarios enojados porque el gobierno de Milei suspendió toda la obra pública.
“Es posible, pero no muy frecuente, que un redactor pueda colar publicaciones sin conocimiento de su editor. Y, si es cierto que esta red pagó más de 250 artículos, entonces es muy improbable que ningún editor o editora haya prestado atención al tema”, dijo a openDemocracy el experto en medios e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Martín Becerra.
Y agregó: “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”.
Autores ficticios y contenido fabricado
Muchos artículos no tenían autoría y, cuando aparecían firmas, los nombres eran desconocidos o inventados.
Según los facsímiles publicados por openDemocracy, el sitio web Realpolitik supuestamente publicó 20 artículos a un precio de US$ 550 cada uno, por un total de US$ 11 mil. Todos tenían autores, pero cuando openDemocracy preguntó por ellos al director del medio, Santiago Sautel, este dijo que no los conocía.
“Publicamos columnas de opinión todo el tiempo”, dijo. Y agregó: “El origen de estas, en particular, lo desconocemos. Sí damos fe de que no se trató de ninguna maniobra non sancta cocinada tras bambalinas en una sede diplomática. Y si algunas de estas publicaciones se orquestaron en las sombras bajo algún interés puntual, lo desconocemos”.
Una de esas firmas, Manuel Godsin -vinculada a una noticia sobre las universidades que se manifestaban contra los recortes presupuestarios de Milei– fue desenmascarada ya 2 veces. Godsin aparece como doctor por la Universidad de Bergen y miembro de un Centre for Political and Strategic Studies. Nada de esto es cierto, tampoco su cara, que corresponde a la foto de un ruso llamado Mikhail Malyarov. En 2025, el medio Africa Confidential lo expuso como un “perfil virtual” usado para propagar desinformación prorrusa en ese continente.
Una investigación del medio africano Code for Africa, publicada en marzo a partir de un reporte de OpenAI, afirma que es una “identidad ficticia”, creada para “blanquear narrativas rusas en los medios de comunicación convencionales” mediante contenido generado por ChatGPT.
Estas caras no pertenecen a estos autores falsos. De izquierda a derecha: Gabriel di Taranto, Marcelo Lopreiatto, Juan Carlos López y Manuel Godsin | James Battershill / openDemocracy
Otras firmas fantasma identificadas en esta investigación son Gabriel di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto. Los 3 figuran como autores en el sitio web Diario Registrado, al que los documentos filtrados le atribuyen la publicación de 26 notas por un valor de US$ 28.600. El medio no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.
Di Taranto aparece en 20 artículos en 3 sitios web diferentes (Diario Registrado, C5N y Ámbito). Se lo describe como titular de un Máster en Comunicación Política por la Universidad Nacional de Avellaneda. Sin embargo, cuando Forbidden Stories le preguntó al respecto, la universidad negó que existiera tal título y afirmó que Di Taranto no figuraba como estudiante ni en ningún otro rol. La imagen vinculada a su biografía fue generada con software de Nvidia, según un artículo de Metro publicado en 2018, y se utilizó en varios perfiles de redes sociales.
Ámbito, un diario financiero tradicional que pasó al formato digital en 2024, aparece mencionado por la supuesta publicación de 8 artículos, valuados por los rusos en US$ 20 mil. Sus editores no respondieron a los pedidos de entrevista.
Entre tanto, la cara asociada a Juan Carlos López se puede encontrar en un banco de imágenes y, de nuevo, en perfiles de redes sociales en Facebook y LinkedIn, vinculada a diferentes nombres y actividades. Esta firma aparece en 9 artículos registrados en los documentos rusos y publicados en Diario Registrado.
C5N, el sitio web del canal de noticias C5N TV, figura en los documentos rusos publicando 17 artículos supuestamente por un valor de US$ 32.500, 14 de ellos firmados por Lopreiatto y Di Taranto. Sus editores declinaron hacer comentarios.
A24.com, un digital de noticias del canal A24 -parte del grupo América- publicó 10 artículos sin autoría o firmados como “Redacción A24”. Los documentos mencionan un presunto monto de US$ 16.500. Los editores no contestaron los pedidos de entrevista.
Diario Con Vos, un portal que perteneció al grupo de medios Radio Con Vos hasta 2024 y luego pasó a llamarse Es Nota, publicó 37 artículos a cambio, supuestamente, de US$ 40.700 según los documentos. La mayoría estaban firmados. Su director no aceptó el pedido de entrevista.
Otros digitales consignados en las planillas que publicaron artículos son Big Bang News (16 notas por US$ 12 mil) y Dos Bases (18 notas por US$ 6.300). Una fuente de Big Bang News negó cualquier relación con campañas o dinero de Rusia y aseguró que las notas fueron encargadas por los editores a sus periodistas. Dos Bases no contestó las preguntas del consorcio de medios.
El Grito del Sur, un digital de izquierda, aparece en los documentos con 6 notas por supuestamente US$ 2.400. En una respuesta por escrito, el editor en jefe Yair Cybel negó que hubieran aceptado dinero para publicarlas, pero aclaró que aceptan “toda información dispuesta a desacreditar al gobierno de Milei, con fundamento en la realidad objetiva”.
Y agregó: “Nuestro medio respalda fervientemente a la Federación Rusa en su conflicto con Ucrania, a Palestina en el genocidio al que lo somete Israel y a Argentina en su reclamo por Malvinas. Nuestro comité editorial en plenitud anhela que las tropas rusas de Putin avancen hasta tomar Londres, y hará su humilde aporte comunicacional para que eso se concrete”.
Tambores falsos de guerra
El 23 de agosto de 2024, el sitio web El Destape publicó una nota que contiene una versión sobre 3 argentinos detenidos por la policía chilena mientras transportaban un artefacto explosivo, un dron y “mapas electrónicos” de la región de Ñuble, cerca de la frontera binacional. El hecho, que aparece mencionado en el artículo firmado por Fernanda Velázquez, cuya única huella digital es una página con sus reportajes en El Destape, no pudo ser verificado.
Según openDemocracy, esta historia figura en un documento filtrado: “Para crear tensión entre Argentina y Chile (13-29 de agosto), se introdujo una noticia sobre Milei enviando un grupo de sabotaje para organizar un ataque terrorista contra el gasoducto transandino en Chile con el fin de interrumpir un contrato de gas, en interés de EE.UU.”.
El Destape -un portal de noticias lanzado en 2014 que incluye una emisora de radio y un canal de televisión- aparece en los documentos rusos. Sus editores se negaron a responder a las preguntas de openDemocracy.
La historia de los falsos saboteadores fue recogida por 2 digitales chilenos, Osorno en Vivo y La Razón. El editor de Osorno en Vivo, Juan Luis Rubilar, dijo a openDemocracy por escrito: “Alguien copió la nota y la puso en la web. No sabemos quién. No se recibió pago. Mil disculpas; si es falsa la podemos sacar de la web”. La Razón no contestó nuestras preguntas.
Los rusos ensayaron otros títulos escabrosos sobre Argentina y Chile, como “Mapa de la partición de Chile tras la guerra con Argentina” y “Se están reclutando soldados en Argentina para una guerra con Chile”. No encontramos registro de que algo así se hubiera publicado.
Otra línea de propaganda buscó explotar la extravagante relación de Milei con sus perros. “Objetivo y descripción: inyectar una noticia sobre Milei comprando 5 collares para perros de Cartier por valor de US$ 64 mil en EE.UU.”, dice uno de los documentos. No hay referencias sobre dónde se publicó esto, pero un artículo idéntico apareció en un sitio web de República Dominicana y en una publicación de Instagram.
Capturas de pantalla de publicaciones digitales que muestran graffitis y una pancarta con contenidos de La Compañía contra Ucrania y Milei | James Battershill / openDemocracy
¿Qué es La Compañía?
Los documentos muestran vínculos claros entre La Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido comandante Yevgeny Prigozhin, tal como reveló una investigación previa de openDemocracy, que puso de manifiesto cómo agentes intentaron apuntalar al tambaleante gobierno del ex presidente Luis Arce en Bolivia.
Uno de los 17 ex contratistas de Wagner que siguieron vinculados a La Compañía es Alexey Evgenievich Shilov, quien coordinó las acciones en Argentina. “Organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política proucraniana de los dirigentes de Argentina”, dice su biografía en uno de los documentos filtrados.
En octubre de 2024, los rusos tomaron nota de que las autoridades argentinas les seguían los pasos.
“A la luz del mayor control de los servicios especiales argentinos sobre la injerencia externa, los acuerdos alcanzados con las fuerzas de la oposición permitirán llevar a cabo más trabajo en el territorio del país utilizando fuerzas locales”, se lee en un plan de trabajo para intensificar los intercambios con políticos de la oposición.
Ocho meses después, el Gobierno argentino informó que había detectado una presunta red de agentes rusos involucrada en “campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino”. Dos residentes rusos, Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Yakovenko, fueron señalados como líderes del grupo.
La senadora argentina Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei hasta diciembre de 2025, dijo a Filtraleaks que a mediados de ese año fue advertida de actividades rusas de desinformación por la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que no mencionó a La Compañía, pero habló de pagos a medios y periodistas.
“Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación rusa en contra de nuestro gobierno”, dijo Bullrich.
Según una investigación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), publicada en enero de este año, Andriashvili y Yakovenko abandonaron Argentina rumbo a San Petersburgo días después de que el gobierno revelara sus nombres, pero regresaron en octubre de 2025. Al momento de publicar esta investigación, ambos siguen viviendo en Buenos Aires.
En una respuesta por escrito a openDemocracy, Andriashvili dijo: “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas. Y no tenemos ninguna relación con la organización mencionada en su descripción. Tampoco se han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones, simplemente porque no existen”.
En el negocio del caos
Cuando Milei llegó al gobierno, cambió la posición neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania de la administración de Alberto Fernández, que mantenía relaciones amistosas con Moscú.
En 2025, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y Milei totalmente alineado con él, Argentina se abstuvo en una votación de la ONU que reclamaba el retiro inmediato de Rusia de los territorios ucranianos invadidos. Washington votó en contra. Pero la guerra de Rusia contra Ucrania es un asunto marginal en la agenda pública argentina.
En las elecciones de 2025, el partido de Milei obtuvo una victoria ajustada y ganó más bancas en el Congreso -pese a estar inmerso en causas de corrupción– y después de que Trump dejara en claro que un rescate de US$ 20 mil millones para la economía argentina dependía de que el partido del Presidente ganara los comicios.
Además de los US$ 283 mil presupuestados por La Compañía supuestamente para influir en los medios, en los registros de gastos se encontraron US$ 343 mil repartidos en rubros como recopilación de información y organización del trabajo en el terreno.
“El resultado de esa inversión fue el opuesto al teóricamente pretendido. Lo que me hace dudar acerca de sus verdaderos propósitos”, dijo el experto en medios Martín Becerra.
“El Wagner Group, y en general las actividades de Putin en desinformación e inteligencia consisten en crear caos y desorden, generando un panorama de descrédito de instituciones legitimadas en el pasado, medios y periodistas incluidos”, dijo. El objetivo es “pescar en río revuelto”.
Por tanto, las campañas de desinformación rusas no deben interpretarse como unidireccionales. “Pueden, en un determinado contexto, favorecer a alguien como Donald Trump y, en otro, dañar su reputación”, señaló Becerra.
La Presidencia argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio de inteligencia SIDE, la Embajada de Rusia, Shilov y el SVR no contestaron los pedidos de entrevista de openDemocracy.
El abogado Jorge Monastersky pidió que se investigue la existencia de estructuras extranjeras organizadas que buscan infiltrarse en medios para incidir en la opinión pública
El abogado argentino Jorge Monastersky pidió a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional.
La denuncia, presentada este viernes 3 de abril por mail ante la Justicia Federal, reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.
Presenté una denuncia penal por averiguación de ilícito ante indicios serios de injerencia extranjera en el sistema informativo argentino y generar desestabilización en le gobierno del presidente @JMilei
En un Estado constitucional de derecho no puede admitirse —ni…
— Dr.Jorge Monastersky (@jorgemonasOK) April 3, 2026
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.
Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”. La fuente agrega: “La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) April 3, 2026
Para la presentación, el letrado recopiló información e investigaciones publicadas por Infobae (ver aquí), openDemocracy y otros medios.
Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura con financiamiento externo que, en territorio argentino, habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las compañías para las cuales trabajan.
La denuncia resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial.
El escrito solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de los contenidos, para lo cual propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios, así como solicitar informes a la entidad ARCA por movimientos financieros relevantes.
También exige determinar el grado de conocimiento o participación consciente de los eventuales involucrados, diferenciando entre inducidos y partícipes plenamente informados.
Riesgo institucional y urgencia judicial
La denuncia señala que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la “formación de la voluntad del electorado”, en especial durante períodos electorales, afectando “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”, según consta en el texto entregado al juzgado. Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino.
La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales. El documento solicita que la Justicia individualice las conductas y determine si reúnen los elementos propios de delitos previstos en la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Acciones solicitadas y medidas propuestas
El abogado pidió al tribunal que ordene una batería de medidas, incluyendo el análisis técnico de patrones de difusión digital por parte de la DATIP. Propone la consulta e intercambio de información con plataformas digitales y organismos estatales nacionales, e incluso –si surgiera la necesidad– iniciar procesos de cooperación internacional. Monastersky exige, además, la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal, para que impulse la investigación penal y propicie el esclarecimiento de los hechos, con miras a preservar los “intereses estratégicos” del país.
La denuncia enumera como urgente que el Poder Judicial “intervenga de manera oportuna a fin de esclarecer los hechos”, debido a la gravedad institucional que implica la probable injerencia de una estructura operativa internacional en el entorno mediático argentino.
El macabro hallazgo se produjo este jueves por la tarde en una propiedad de calle Las Rosas y Tita Bonutti. La víctima, una joven con discapacidad, llevaría al menos tres días fallecida. La Justicia investiga el entorno familiar bajo un estricto hermetismo.
La ciudad de Federación se encuentra bajo un manto de dolor e interrogantes tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años en el interior de su hogar. El hecho, que salió a la luz este jueves, tuvo lugar en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Comisaría Tercera, en la intersección de las calles Las Rosas y Tita Bonutti.
Según los primeros datos anticipados por el medio La Última Campana, la víctima era una menor con discapacidad que se encontraba postrada en una silla de ruedas. La fiscal a cargo del caso, la Dra. Josefina Penón, confirmó que, al momento del hallazgo, el cuerpo presentaba un estado que indica que el deceso se habría producido al menos 72 horas antes.
El hallazgo y el entorno familiar
De acuerdo a la información recolectada por 7Paginas, con el correr de las horas, el escenario con el que se encontró la policía fue desgarrador. La adolescente fue hallada por otro menor de edad, familiar de la víctima, quien dio aviso inmediato del tremendo cuadro.
La investigación, liderada por la fiscalía y la Policía Departamental de Federación, se maneja con un fuerte hermetismo debido a la vulnerabilidad de la víctima y la complejidad del contexto familiar. Trascendió que la madre de la menor fallecida padecería problemas de salud mental, un factor que resulta clave para la Justicia al intentar reconstruir por qué pasaron tantos días sin que se advirtiera el fallecimiento de la joven dentro del propio domicilio.
Investigación en curso
En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y personal médico policial para realizar los relevamientos correspondientes. Se espera que la autopsia determine de manera fehaciente las causas de la muerte y si existieron factores de abandono o negligencia que pudieran haber precipitado el triste final de la joven.
Por el momento, la causa se desarrolla bajo una carátula preventiva, mientras la comunidad de Federación observa con consternación un suceso que pone bajo la lupa la red de contención para personas con discapacidad y salud mental en esa ciudad.
Detrás del pintoresco nombre con que el proyecto fue bautizado existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.
Luego de que nunca se trabara su tratamiento en el 2024 y el proyecto perdiera estado parlamentario, el Gobierno nacional volvió a ingresar la ley “Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.
Detrás del pintoresco nombre con que el proyecto fue bautizado existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.
Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha.
“La tarea lejos de ser engorrosa sirvió para visibilizar el exceso normativo que se fue acumulando a lo largo de la historia y para advertir su falta de sentido. En algunos casos, por haberse cumplido su objeto, por haber sido superadas esas regulaciones por nuevas prácticas, por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
Al respecto, se indica que “como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.
“Por ello, el proyecto de ley que se acompaña resulta de una revisión legislativa que apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales”, se agrega.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo busca invertir la lógica impuesta por “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX”, según la cual “se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido”.
“Sin embargo, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece claramente que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
En ese sentido, los autores del proyecto dan vuelta el principio imperante y afirman que “para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido”.
“Por ende, debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control”, subrayan.
6 motivaciones de la derogación de normas
a) Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
b) Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido.
c) Leyes que fueron mejoradas o superadas por otras leyes posteriores.
d) Leyes que obsoletas por los cambios tecnológicos.
e) Leyes que definían obligaciones para instituciones que ya no existen.
f) Leyes que crean organismos con financiamiento público
Leyes que afectan libertades
Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país
Ley N° 18.312 (1969). Controla la disponibilidad de papel de diario.
Ley N° 19.787 (1972). Obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar
Ley N° 20.120 (1973). Obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar.
Ley N° 20.959 (1975). Otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento.
Ley N° 20.983 (1975). Los medios quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
Ley N° 22.964 (1983). Esta ley permite la internación forzosa de enfermos de lepra.
Leyes superadas o mejoradas
Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona.
Ley N° 17.557 (1967). Versa sobre la instalación de equipos de rayos X para la seguridad.
Ley N° 20.843 (1974). Instaura figura de “Padrinazgo Presidencial” del séptimo hijo
Ley N° 22.109 (1979). Esta norma sobre la vacunación de la viruela ha sido superada por la Ley N° 27.491 que establece el plan integral de vacunación
Leyes obsoletas por avance de la tecnología
Ley N° 448 (1870). Premio a quien descubra una mina de carbón.
Ley N° 18.569 (1970), Ley N° 20.114 (1973) y Ley N° 23.756 (1989). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en Ejército, la Armada y el Ejecutivo.
Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional la explotación de carbón mineral.
Ley N° 21.895 (1978). Autoriza las emisiones de televisión en color.
Leyes que implicaban trámites inútiles
Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares.
Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.
Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura.
Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo
Ley N° 22.426 (1981). Esta ley obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado.
Ley N° 22.963 (1983). Esta ley obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin.
Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la calidad” en el sector privado y en la administración pública.
Ley N° 24.960 (1998). Instituye el premio “Prevención de las Adicciones”
Ley N° 25.750 (2003). Esta ley establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario.
Ley N° 26.227 (2007). Crea el Consejo Federal de la Juventud
Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.
Ley N° 27.171 (2015). Establece el registro del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.
Leyes sobre organismos financiados con fondos públicos nacionales que deberían autofinanciarse
Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina__IP__
Ley N° 24.807 (1997). Crea la Federación Argentina de Municipios.
Vialidad Nacional informa que, a partir del lunes 30 del corriente desde las 10, quedará habilitado al tránsito un tramo de 29 kilómetros que forman parte de la transformación en autovía de la Ruta Nacional 18, en Entre Ríos.
Se trata, según lo remitido este viernes a El Entre Ríos, de la sección comprendida entre el kilómetro 106, en cercanías al puente sobre Arroyo Tigrecito, y el kilómetro 135, en intersección con la Ruta Provincial N°6.
Se solicita a la ciudadanía circular atendiendo a la señalización y sentidos de dirección indicados dada la nueva configuración de la vía.
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), tras distintas instancias de diálogo institucional, alcanzaron un acuerdo que permitirá dar continuidad y previsibilidad a las prestaciones médicas en toda la provincia.
El convenio contempla una actualización de aranceles acorde a las posibilidades financieras de la obra social, resguardando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema y la cobertura integral para los afiliados.
Desde OSER destacaron que este acuerdo se inscribe en el proceso de normalización y equilibrio financiero iniciado en 2024, que permitió ordenar las cuentas, transparentar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de pago de la institución. “Este acuerdo es el resultado del diálogo y de la responsabilidad institucional. Nuestro compromiso es cuidar a los afiliados y, al mismo tiempo, sostener un sistema de salud viable y equilibrado”, señaló el presidente de OSER, Mariano Gallegos.
El acuerdo fue comunicado formalmente a las autoridades de OSER el viernes 20, luego de la reunión de Comisión Directiva de Femer, a través de una nota en la que se notificó la continuidad de las prestaciones para los afiliados de la obra social. Además, lo convenido establece aranceles, plazos de pago y una vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de renovación.
Ambas instituciones ratificaron su voluntad de seguir trabajando de manera conjunta, priorizando la calidad de atención y un mejor acceso a la salud para los entrerrianos.
El Ente Mixto de Turismo cerró su agenda en la capital uruguaya con una rueda de prensa, un encuentro con el sector turístico y la suscripción de una carta de intención para impulsar acciones conjuntas.
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos finalizó su acción promocional en Montevideo, República Oriental del Uruguay, con una jornada institucional que incluyó la presentación del destino ante medios de comunicación y operadores turísticos y la firma de una carta de intención con la Asociación Turística de Montevideo, orientada a avanzar en una agenda común de promoción e intercambio para el crecimiento de la actividad en ambos destinos.
Durante el encuentro, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó el enfoque de la política turística provincial: “En este siglo XXI el turismo propone experiencias, el turista quiere interactuar y ser parte. De eso se trata el trabajo que llevamos adelante con cada uno de los casi 70 destinos de la provincia, organizados en diez microrregiones con identidad propia”, introdujo y enfatizó: “Qué lindo es estar en Montevideo vendiendo Entre Ríos para que en el Uruguay se valore la posibilidad tan cercana de hacer turismo”.
Por su parte, la directora de Turismo de Montevideo, Karina Fortete, puso el acento en la construcción conjunta y en la oportunidad que representa la cercanía entre ambos territorios: “Los turistas muchas veces buscan combinar destinos y esta cercanía, que es geográfica pero también cultural, es una enorme oportunidad. Que este acuerdo sea el inicio de muchas acciones”, exhortó.
En la misma línea, el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud, remarcó el vínculo sostenido entre ambas orillas y afirmó que “el corredor del río Uruguay es turismo de ida y vuelta”. Mientras que el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Camilo Benítez, definió a Entre Ríos como “una provincia hermana”, y destacó el rol del turismo como dinamizador de la economía regional.
La jornada contó con la participación de destinos entrerrianos de la costa del Uruguay y del Paraná, entre ellos Federación, Concordia, Colón, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Victoria, Rincón del Doll, Laguna del Pescado y Villa Libertador San Martín, que acompañaron la presentación institucional y acercaron su oferta turística a operadores y medios uruguayos, junto con la entrega de productos regionales.
De este modo, Entre Ríos completó en Montevideo una agenda de tres días que combinó promoción en territorio, presencia institucional y vinculación con el sector turístico, en una de las principales plazas emisoras de visitantes hacia la provincia.
En el marco del programa de Prácticas Profesionales Supervisadas que impulsa la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, junto al Consejo General de Educación de Entre Ríos, alumnos de la Escuela de Educación Técnica N°57 “Fray Luis Beltrán” de Federación realizaron la instalación de 17 equipos de aire acondicionado en la Escuela Integral N°16 “Arturo Illia” de la misma ciudad.
La intervención se desarrolló a través de “Delegación Argentina, Escuela y Comunidad”, una línea de trabajo del programa que vincula a escuelas técnicas con instituciones educativas de la región, permitiendo que los estudiantes pongan en práctica conocimientos propios de su formación en entornos de trabajo reales, al tiempo que se realizan mejoras en establecimientos escolares.
En esta oportunidad, con equipos de aire acondicionado, herramientas y materiales aportados por la Delegación Argentina, los alumnos llevaron adelante tareas de instalación eléctrica, montaje y balance térmico, fortaleciendo su formación técnica y promoviendo experiencias tempranas de inserción laboral.
“Este tipo de iniciativas reflejan el valor que tienen las Prácticas Profesionales Supervisadas para la formación de los estudiantes. Complementar el aprendizaje con experiencias reales es fundamental para su preparación y futura inserción en el mundo del trabajo”, señaló el presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, Emb. Alejandro Daneri.
“Al mismo tiempo, esta acción permite mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades en la Escuela ‘Arturo Illia’, articulando educación, formación técnica y un aporte concreto a la comunidad”, agregó.
Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó la importancia de este tipo de experiencias formativas: “Las prácticas profesionales son una herramienta clave para fortalecer la educación técnica, porque permiten que los estudiantes vinculen lo aprendido en el aula con situaciones reales de trabajo. Además, este tipo de acciones generan un impacto positivo en la comunidad educativa”.
En tanto, Luca, alumno de 7° año de la Escuela Técnica, señaló el valor de representar a su institución y la importancia de las prácticas: “Es muy enriquecedor; aprendemos mucho más en la práctica que en la teoría y además hacemos un aporte a una escuela, lo cual para nosotros es un honor. Fue una jornada muy linda”.
La acción forma parte del trabajo articulado entre la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande y el Consejo General de Educación de Entre Ríos.
Aportes para continuar acompañando a la Escuela Integral N°16
Sumado a los 17 equipos de aire acondicionado, se entregaron elementos de fisioterapia y uniformes a la Escuela Integral N.º 16 “Arturo Illia”.
La iniciativa tuvo como objetivo continuar acompañando el desarrollo escolar de los más de 90 alumnos de nivel primario que asisten a la institución apadrinada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
