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Judiciales

Cobertura de la actualidad judicial en Entre Ríos, Corrientes y el Litoral argentino, con seguimiento de causas, fallos, investigaciones y decisiones de la Justicia. Un enfoque que busca aportar contexto, antecedentes y análisis sobre el funcionamiento del sistema judicial.

La encrucijada de la Cámara ante el escandaloso juicio abreviado de Pedro Gebhart: consagra el encapsulamiento judicial o apunta hacia los jefes

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Este lunes 29 de junio, la Cámara de Apelaciones de Paraná deberá resolver si homologa el polémico juicio abreviado del escribano Pedro Gebhart, un acuerdo exprés de la fiscalía que pretende clausurar la causa «Créditos Truchos« a cambio de una multa irrisoria y pena condicional, o si rechaza el pacto para ordenar que se profundice la investigación hacia los jefes políticos, la  Reina de los Contratos y el Príncipe Helado. 

Referenciageográfica

La ciudadanía entrerriana ya emitió su veredicto, porque existe la firme convicción de que este esquema fue diseñado para encapsular la culpa en los mandos medios y salvar del juicio oral a figuras de mayor peso como los diputados Laura Stratta y Juan José Bahillo.

El tribunal enfrenta una encrucijada histórica, la de poner un punto final al avance de la causa o emular el antecedente del confeso José Ángel Allende en 2020, cuando la Justicia le bajó el pulgar a la impunidad económica y exigió seguir investigando hasta las últimas consecuencias.

La distracción perfecta de un partido mundialista y la fuerte reprobación social que forzó la suspensión de la primera audiencia confluyen este lunes 29 de junio en los tribunales de Paraná. La Cámara Judicial se encuentra ante la decisión institucional más determinante de los últimos años, la de convalidar la parodia del pagar para zafar o devolverle la dignidad al sistema técnico de enjuiciamiento penal de Entre Ríos.

El fiscal Gonzalo Badano llega al estrado defendiendo un acuerdo que ofrece una pena de ejecución condicional, lo que garantiza que ningún imputado pise la cárcel, al exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Gebhart, y a sus secuaces administrativos a cambio de confesar el desvío del programa Jóvenes Emprendedores. El pacto incluye la devolución de apenas 100 millones de pesos, equivalentes a unos 65.000 dólares, una cifra escandalosa frente a un fraude real proyectado que supera los 3 millones de dólares mediante 500 créditos truchos peritados hasta el momento.

La gran pregunta que flota en los pasillos de tribunales, y que mantiene en vilo a la opinión pública, es si los magistrados van a homologar el convenio de la fiscalía o si van a firmar un rechazo contundente. De convalidarse, la Cámara estaría poniendo un punto final definitivo a la investigación, impidiendo que se profundice en el tendal de identidades robadas a personas vulnerables para cobrar cheques productivos que jamás llegaron a destino.

Por el contrario, el tribunal tiene la facultad legal de ordenar a la fiscalía que siga profundizando las pesquisas para determinar formalmente quiénes más están implicados en la matriz delictiva. El clamor general del periodismo local y de la sociedad civil apunta a que la estructura fiscal prefirió mirar hacia abajo, conformándose con los eslabones administrativos y cortando el hilo por lo más delgado.

Es un secreto a voces que las terminales de la corrupción rozan los estamentos más altos del poder político, en especial tras el secuestro y pericia de los teléfonos celulares de Pedro Gebhart, donde constan audios y mensajes que comprometerían de manera directa al actual diputado Juan José Bahillo y a la diputada Laura Stratta, mentora y protectora del escribano.

El escenario actual es un calco de lo ocurrido en 2020 con el confeso exlegislador y líder sindical José Allende. En aquel entonces, José Allende, procesado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, pretendía eludir la prisión acordando una pena condicional y la entrega de un puñado de inmuebles que ni siquiera eran de libre disponibilidad para el Estado.

Sin embargo, en un acto de independencia, el Tribunal integrado por los jueces, Castagno y Canepa declaró unánimemente inadmisible el acuerdo, le dijo a la fiscalía que sigan investigando y envió al imputado a las puertas del juicio oral y público.

La Cámara se enfrenta ahora al mismo espejo, porque los jueces deben decidir si actúan como guardianes de la transparencia y mandan a Pedro Gebhart a debate oral para que se ventile la maquinaria real de recaudación, o si se pliegan a la comodidad del encapsulamiento judicial.

Esto último consagraría un blindaje perfecto para Laura Stratta y Juan José Bahillo, quienes casualmente lideran el bloque opositor en la Cámara de Diputados, reteniendo los dos tercios de los votos necesarios para bloquear de antemano cualquier intento de Jury contra los fiscales que diseñaron el pacto. La moneda está en el aire y la ciudadanía espera saber si la Justicia entrerriana tendrá el coraje de mirar hacia arriba o si preferirá gritar los goles del Mundial para firmar el acta de la impunidad.

Jaque a las autoridades del IAFAS: el fiscal Ramírez Montrul ordenó el secuestro administrativo de los contratos con los Banfi por sospechas de graves irregularidades en los pliegos de juego

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El fiscal Alejandro Ramírez Montrul libró un urgente oficio a la Contaduría General de la Provincia, impulsado por la enorme repercusión de la denuncia por el desfalco de 6500 millones de pesos. El funcionario judicial exigió la remisión inmediata de todos los contratos, pliegos y concesiones entre el IAFAS, Newtronic S.A. y Telinfor Online S.A. porque mantiene firmes sospechas de graves irregularidades y connivencia de los funcionarios públicos en el vaciamiento patrimonial.

La matriz de corrupción, prebendas y falta de control que históricamente ha salpicado las dependencias del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, el IAFAS, acaba de detonar una verdadera bomba judicial cuyas esquirlas financieras amenazan con quebrar de forma definitiva el erario público de Entre Ríos. 

LegislaciónEntre Ríos

En las últimas horas, y como consecuencia directa de la enorme repercusión de la denuncia penal y civil por un perjuicio estimado en la estratosférica suma de 6500 millones de pesos, la Justicia provincial movió sus fichas de manera drástica.

El fiscal Alejandro Ramírez Montrul tomó cartas en el asunto y libró un urgente oficio dirigido a la Contaduría General de la Provincia exigiendo la remisión inmediata de la totalidad de los contratos, pliegos de licitación y actuaciones administrativas sustanciadas entre el ente regulador del juego, la firma concursada Newtronic S.A. y la continuadora de hecho Telinfor Online S.A., de la familia Banfi.

La orden del representante del Ministerio Público Fiscal confirma las peores sospechas criminales, porque para la fiscalía existen indicios vehementes de severas irregularidades en el otorgamiento de las concesiones y el desvío de fondos públicos.

El pedido de informes y secuestro documental no hace más que acorralar a los miembros del Directorio y gerencias del IAFAS, quienes quedaron en el ojo de la tormenta por haber avalado un esquema espurio de gerenciamiento ilegal a espaldas de la Ley de Concursos y Quiebras y de la propia normativa de contrataciones del Estado.

El avance de la investigación penal preparatoria en los tribunales de Paraná pone en la mira penal el oscuro proceso de transferencia patrimonial. El fiscal Ramírez Montrul no está convencido de la legalidad de los procedimientos y, ante la flagrante duda sobre la transparencia del negocio, decidió auditar de forma directa el soporte documental.

Esta documentación, bajo la mirada del Contador Público General, ya mantenía firmes observaciones y reservas administrativas, negándose el funcionario a convalidar el desfalco en un expediente que camina directo al procesamiento penal.

Los funcionarios del IAFAS, acostumbrados históricamente al amparo de resoluciones dictadas entre medianoches, se enfrentan ahora a imputaciones por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, ya que se sospecha el direccionamiento de prerrogativas estatales para beneficiar económicamente a un operador privado ajeno al contrato original.

Este sacudón judicial se fundamenta en la maniobra de vaciamiento fáctico perpetrada por el clan comandado por Carlos Banfi. Aprovechándose de la asfixia financiera de la legítima adjudicataria, Newtronic S.A., la cual tramita su Concurso Preventivo bajo el Expediente COM 009727/2025 ante el Juzgado Comercial Número 11 de la Capital Federal, Telinfor Online S.A. desembarcó de hecho para tomar el control de tres salas de juego clave en la provincia, que son Gualeguaychú, Gualeguay y el Casino Unificado de La Paz.

Sin embargo, en lugar de sanear los pasivos, los Banfi implementaron un mecanismo de desvío de flujos millonarios y rentas líquidas provenientes de los cánones de IAFAS directamente hacia sus cuentas corporativas individuales. Con esta maniobra eludieron las cuentas judiciales del concurso y dejaron de pagar a los proveedores, al fisco, mediante la actual agencia ARCA, y a la masa de trabajadores.

Dentro del nuevo escenario de la investigación penal, la ruta de los hechos se desata a partir de la denuncia pública y su repercusión mediática por el desfalco solidario de 6500 millones de pesos, lo que forzó la intervención del fiscal Ramírez Montrul mediante el envío del oficio urgente a la Contaduría General para exigir pliegos, contratos y concesiones bajo una sospecha firme de irregularidades y coimas.

De comprobarse la connivencia de los burócratas, el proceso marchará directo al procesamiento penal de los directivos del IAFAS por negociaciones incompatibles y violación de deberes públicos, confirmando el rechazo técnico que la Contaduría de la Provincia ya venía advirtiendo en los expedientes.

La situación procesal se agravó de manera irreversible tras la emisión de la polémica Resolución del Directorio de IAFAS Número 0253/2026, mediante la cual las autoridades dispusieron el cierre forzoso y definitivo del Casino Unificado de La Paz a partir del 1 de junio de 2026. 

Horarioy calendarios

Esta maniobra, coordinada entre el clan Banfi y el IAFAS a espaldas del juzgado comercial interviniente, significó el desmantelamiento liso y llano de las herramientas productivas indispensables para que la firma legítima pudiera facturar, generar flujos genuinos y hacer frente a sus acreedores.

Frente a las intimaciones formales y cartas documento, la cúpula de la entidad optó por lavarse las manos alegando una supuesta falta de legitimación, una flagrante omisión de control que ahora la justicia penal paranaense está dispuesta a desarmar pieza por pieza.

El desglose de los delitos imputados en la causa de Paraná detalla maniobras explícitas y responsabilidades compartidas. Por un lado, se acusa a Carlos Banfi y a los directivos de Telinfor Online S.A. por los delitos de Administración Fraudulenta y Vaciamiento, según los artículos 173 y 174 del Código Penal, al desviar flujos y cánones líquidos a cuentas individuales corporativas abandonando el pasivo de la firma, lo que generó un perjuicio superior a los 186 millones de pesos en pérdidas directas de caja.

Asimismo, se les imputa Retención Indebida por el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, debido a la interversión de título tras el distracto formal de enero de 2026, al negarse a devolver las salas y los slots de tragamonedas, lo que configura el secuestro material de las herramientas operativas de la firma concursada.

Por otra parte, los miembros del Directorio y gerencias del IAFAS enfrentan cargos por Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público según el artículo 248 del Código Penal, por omitir la fiscalización, aceptar cánones de un tercero sin título y emitir la Resolución de Cierre Número 0253/2026 en violación flagrante de la Ley de Concursos y Quiebras.

A esto se le suma la investigación por Negociaciones Incompatibles contemplada en el artículo 265 del Código Penal, debido al direccionamiento de prerrogativas estatales para beneficiar económicamente a un operador privado ajeno al contrato.

Toda esta ingeniería delictiva deriva en una Responsabilidad Civil Contractual Solidaria para el Estado de Entre Ríos y el IAFAS, que al ser el dueño originario del juego de azar y adjudicar mal amparando la gestión ilegal, debe absorber las deudas totales mediante una demanda civil de 6500 millones de pesos que terminarán pagando los entrerrianos. 

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El desenlace de esta batalla legal representa una verdadera tragedia anunciada para todos los habitantes de Entre Ríos, puesto que si los privados se declaran en insolvencia o la quiebra técnica se materializa, el ordenamiento legal obligará al Estado provincial a asumir el millonario costo.

Resulta moralmente inaceptable que mientras las guardias de los hospitales públicos de la provincia carecen de insumos básicos, gasas y medicamentos mínimos, y la obra pública se encuentra totalmente paralizada, los fondos del juego de azar se dilapiden en financiar aventuras empresariales oscuras y retornos corporativos.

La intervención directa de la fiscalía abre una luz de esperanza para frenar el saqueo del erario público, embargar preventivamente los activos de los Banfi y sentar en el banquillo de los acusados a los funcionarios del IAFAS.

Como directivas fundamentales para el seguimiento y control social de la causa judicial, los equipos de investigación deberán implementar un monitoreo diario sobre la Mesa de Entradas de la Contaduría General de la Provincia para constatar la entrega efectiva del pliego licitatorio original y las actas de entrega de hecho de las salas de Gualeguaychú, Gualeguay y La Paz.

De igual manera, resulta indispensable auditar bajo qué concepto ingresaron los fondos percibidos por el IAFAS de manos de Telinfor desde enero de 2026 hasta la fecha, a fin de acreditar el delito de percepción irregular de fondos públicos sin mandato legal.

Finalmente, la querella técnica deberá solicitar de forma inmediata al juez de Garantías de turno el embargo preventivo y la inhibición de las cuentas bancarias individuales del clan Banfi y de la firma Telinfor Online S.A. antes de que se complete el vaciamiento físico del parque de máquinas tragamonedas.

Fuente : R. David

Contrabando de neumáticos: imputaron a exjefe policial e involucran a expiloto de TC

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El contrabando de neumáticos en Entre Ríos quedó bajo la lupa de la Justicia Federal tras una investigación que reveló una presunta organización dedicada al ingreso ilegal de cubiertas de origen chino desde Paraguay para su posterior comercialización en distintos puntos de la provincia.

La causa involucra a comerciantes, transportistas, un exjefe de un puesto caminero y un expiloto de TC Pista, quienes fueron señalados como integrantes de una compleja maniobra que, según la investigación, operó durante varios años.

La pesquisa comenzó a mediados de 2022, cuando la Policía Federal recibió una denuncia que advertía sobre el ingreso clandestino de neumáticos fabricados en China. En ese momento, el conflicto que paralizaba las principales plantas del país había disparado la demanda y favorecido el crecimiento del mercado ilegal.

A partir de esa presentación, los investigadores desplegaron tareas de inteligencia, seguimientos, vigilancias, registros fotográficos, filmaciones e intervenciones telefónicas: la recopilación de pruebas permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que presuntamente eludía los controles aduaneros para abastecer comercios entrerrianos con cubiertas ingresadas de manera ilegal.

Cómo funcionaba la maniobra

Según la investigación, los neumáticos eran adquiridos en Paraguay e ingresaban al país ocultos en los ejes de camiones como ruedas de auxilio o debajo de compartimientos de acoplados y semirremolques.

Una vez dentro del territorio argentino, eran reemplazados por cubiertas usadas o inutilizables en una maniobra conocida como “desarme”, con el objetivo de evitar sospechas durante el regreso de los vehículos.

El principal proveedor señalado en la causa es José Roberto de la Pasión, comerciante de Chajarí y excandidato a concejal por el Frente Renovador en 2015. De acuerdo con el expediente, habría desarrollado un importante circuito de comercialización de neumáticos de origen chino que luego eran distribuidos en Paraná, General Ramírez, Chajarí, Villa del Rosario, Colonia Freitas y otras localidades entrerrianas.

Los allanamientos realizados en distintos comercios permitieron secuestrar más de 2.100 cubiertas presuntamente ingresadas de manera ilegal, valuadas en alrededor de 88 millones de pesos.

El rol de una empresa y la situación del piloto

Uno de los principales puntos de venta identificados por los investigadores fue Marcos Neumáticos SRL, con sede en General Ramírez y sucursales en Paraná y Chajarí. Durante los procedimientos se incautaron 560 neumáticos sin documentación que acreditara su importación legal, con un valor estimado en 38.801.657,94 pesos.

Dentro de la empresa, los investigadores ubicaron a Damián Markel, de 27 años, como una pieza clave en la adquisición, comercialización, control de stock y transporte de las cubiertas. Además de integrar el negocio familiar, desarrolla una carrera deportiva en el TC Pista, categoría previa al Turismo Carretera.

Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente lo muestran dialogando con el proveedor y con transportistas sobre el traslado de los neumáticos y los controles en ruta. En una de las conversaciones, tras conocer que Gendarmería realizaba inspecciones, sugirió modificar el recorrido para evitar inconvenientes y advirtió: “Si nos agarran, vamos a estar 26 horas en cana, boludo”.

Por esos hechos fue procesado por el delito de encubrimiento de contrabando agravado por la habitualidad y la Justicia dispuso un embargo de 5 millones de pesos sobre sus bienes.

Sospechas sobre protección policial

La investigación también puso el foco sobre la posible existencia de protección por parte de funcionarios encargados de los controles.

En ese contexto, fue imputado Esteban Silva Müller, exjefe del puesto caminero de Paso Cerrito, ubicado en un sector estratégico del corredor que conecta Entre Ríos con Corrientes.

Los investigadores sospechan que el exfuncionario policial habría recibido sobornos para permitir el paso de los camiones sin atravesar los controles habituales, una hipótesis que continúa siendo investigada dentro del expediente judicial.

En total, 17 personas quedaron involucradas en la causa, que busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y establecer el alcance de una maniobra que, según la investigación, abasteció durante años el mercado ilegal de neumáticos en distintas localidades entrerrianas.Fuente: Elonce

La Fiscalía solicitó 45 días de prisión preventiva para el maquinista acusado de provocar daños en varios vehículos y lesionar a conductores

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Pasadas las 10:30 de este viernes 26 de junio comenzó la audiencia de prisión preventiva contra César Gustavo Rodríguez, el maquinista detenido el pasado lunes, acusado de haber provocado una serie de daños a vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública y también a otros que circulaban, hechos en los que además varias personas resultaron lesionadas.

La audiencia fue presidida por el juez de Garantías, Mauricio Guerrero. En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron las doctoras Natalia Conti y Macarena Mondragón, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Mariano Giampaolo.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, único medio presente en la audiencia, las fiscales solicitaron la prisión preventiva para Rodríguez por el plazo de 45 días.

El imputado fue acusado por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, daño agravado, daños reiterados y resistencia a la autoridad, todos en concurso real.

Durante su exposición, las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que existen riesgos procesales que justifican la medida. Señalaron que todavía restan recibir declaraciones testimoniales a víctimas y testigos, por lo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Además, remarcaron el peligro de fuga, al considerar que Rodríguez intentó escapar cuando fue interceptado por personal policial.

Por su parte, el abogado Mariano Giampaolo se opuso al pedido de la Fiscalía al sostener que la libertad es la regla durante el proceso penal. En ese sentido, solicitó que, en caso de imponerse una medida cautelar, se disponga la prisión domiciliaria junto con otras medidas de control que consideró suficientes.

El defensor también argumentó que su asistido atravesaba un cuadro de estrés al momento de los hechos y afirmó que necesita permanecer en libertad para someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas. Agregó que la prisión preventiva podría agravar su estado de salud, ya que —según indicó— Rodríguez se encuentra atravesando un cuadro depresivo.

Finalmente, cuestionó la calificación legal sostenida por la Fiscalía y manifestó que, a su criterio, no corresponde imputarle lesiones graves en grado de tentativa, sino, en todo caso, lesiones leves, al entender que no existieron personas con lesiones de la gravedad descripta por la acusación.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, pasó a un cuarto intermedio y dará a conocer su resolución pasadas las 15 horas.

Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

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La seccional Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación confirmó su adhesión a la medida. Denuncian deterioro del poder adquisitivo

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Seccional Entre Ríos, anunció que este viernes 26 de junio llevará adelante un paro de actividades en consonancia con la jornada de protesta nacional. La medida, que contempla el mantenimiento de guardias mínimas, surge como respuesta a la falta de soluciones ante el retraso salarial y las precarias condiciones laborales que afectan al sector.

Desde la organización gremial señalaron que el reclamo se centra en la defensa de los haberes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la exigencia de un recupero real del salario. Según advirtieron, la inflación ha erosionado de tal manera los ingresos que, en la actualidad, existen trabajadores judiciales cuyos sueldos se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

“Atravesamos un contexto económico y social crítico que exige firmeza en la defensa de nuestros ingresos”, manifestó Bibiana Starck, secretaria General de la UEJN Entre Ríos. La dirigente reconoció que, si bien la medida puede derivar en descuentos salariales, la gravedad de la situación actual hace que la protesta sea esencial para buscar una mejora digna para todo el personal.

Problemáticas locales y nacionales

El conflicto no se limita únicamente a la cuestión salarial inmediata. El gremio también denuncia un deterioro en el funcionamiento del servicio de justicia y deficiencias en las condiciones edilicias.

A nivel provincial, la agenda de reclamos incluye la crisis en el funcionamiento de la obra social OSER. El firme rechazo al proyecto de reforma jubilatoria, ratificando la defensa del 82% móvil. La vigencia de la ley de enganche para evitar el achatamiento de las escalas salariales.

Cabe destacar que este malestar ya se había manifestado en mayo, durante una asamblea multitudinaria encabezada por el referente nacional Julio Piumato en el Palacio de Tribunales de Paraná. En aquel encuentro se analizó el atraso en los pagos de retroactivos y se sentaron las bases para la movilización que se concretará este viernes.

Finalmente, la conducción de la UEJN instó a los trabajadores de la provincia a sumarse activamente a la medida, resaltando que son el único gremio del sector con línea directa de gestión ante la Corte Suprema, lo que les permite negociar con “firmeza técnica” en el ámbito donde se definen las políticas salariales del Poder Judicial

Causa Seguros: Cresto en el centro de la escena y denunciando «trasfondo político»

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El juez de Garantías de Concordia, Mauricio Guerrero, desestimó los planteos de nulidad y sobreseimiento presentados por la defensa del exintendente Enrique Cresto. Se trata de una causa por “presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la administración municipal anterior”. La abogada María de los Angeles Petit, que defiende a Cresto salió a cuestionar duramente la decisión judicial. En tanto, el juez Guerrero concluyó que la imputación formulada por la fiscal Daniela Montangie “se encontraba correctamente realizada, con una descripción precisa de los hechos investigados, incluyendo tiempo, lugar, conducta y calificación legal”. Los dichos de la defensa.

Vale destacar que durante el año 2025 se formalizaron las imputaciones en los tribunales de la ciudad de Concordia. Los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning imputaron formalmente a Enrique Cresto; al exsecretario de Gobierno, Aldo Álvarez; y a Fernando Barboza, actual Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo. La investigación también alcanza a las autoridades de la aseguradora estatal entrerriana y a los intermediarios.

LAS CRITICAS A DICHA CAUSA Y EL COSTADO POLÍTICO

Ante las publicaciones que informaron el rechazo al planteo de nulidad de la imputación formulado respecto del exintendente Enrique Cresto, corresponde explicar los fundamentos de la defensa.

Luego de más de dos años de mantener a Cresto en estado de sospecha, la Fiscalía formuló una imputación cuya falta de precisión temporal y de datos concretos fue advertida, primero, ante la propia Fiscalía y luego ante el Juez de Garantías.

No se precisó con claridad la fecha del delito que se le atribuye. Ese es un punto central: Cresto no ejerció como intendente entre enero de 2020 y septiembre de 2022, porque presidió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Durante buena parte del período en que la Fiscalía ubica los hechos, no cumplía funciones municipales. Esa circunstancia fue acreditada con la ordenanza de licencia y el decreto de reingreso.

Toda imputación debe responder con claridad: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por qué? Debe precisar el hecho, su calificación legal y los elementos probatorios que lo sostienen.

Por eso, el pedido de nulidad resulta lógico: si Cresto no estaba a cargo de la Intendencia durante ese lapso, ¿cómo puede imputársele responsabilidad por hechos que se ubican dentro de ese período?

La Fiscalía sostiene —y aplica ese criterio en otros casos— que la sola firma de un acto administrativo, en este caso la designación de un asesor de seguros, configura un delito. Para esta defensa, ello no es suficiente: de aceptarse ese criterio en forma general, todos los gobernantes podrían ser imputados por los actos administrativos que suscriben.

La propia hipótesis fiscal indica que la presunta irregularidad no estaría en la designación, sino en que el asesor no habría cumplido el objetivo para el cual fue nombrado. La pregunta entonces es evidente: si Cresto no se encontraba en la Intendencia, ¿cómo puede ser responsable del seguimiento de esas funciones?

Por tratarse de una etapa inicial de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), y dado que la imputación puede variar según las pruebas que se produzcan, el Juez entendió que correspondía rechazar el planteo y continuar la investigación. Esa decisión fue apelada por esta defensa.

Durante la audiencia de lectura de la resolución, el Juzgado señaló a la Fiscalía que debía resguardar el buen nombre de las personas imputadas y evitar que la investigación permaneciera sin avances durante un plazo irrazonable, ya que una dilación innecesaria afecta la presunción de inocencia.

También remarcó la necesidad de analizar otras líneas de investigación y la eventual intervención de personas señaladas por esta defensa. Ello adquiere especial relevancia porque, en esta causa, el fiscal José Arias fue recusado y apartado a partir de planteos vinculados al direccionamiento político de la investigación.

Jurídica y procesalmente, la causa está en sus comienzos.

Sin embargo, su exposición mediática ocurre en un escenario político que no puede ignorarse: Enrique Cresto conserva vigencia como referente de eventuales proyectos electorales capaces de disputar la Gobernación de Entre Ríos o la Intendencia de Concordia en 2027.

En ese contexto, esta defensa advierte que se intenta afectar mediáticamente su figura a partir de una causa cuya acusación carece de precisión y sustento suficiente.

Como defensora técnica, sostengo que la investigación estuvo direccionada desde el inicio —y así lo demostramos ante la Cámara de Casación— y que no existen pruebas que sostengan la acusación.

Es interés de esta defensa y de Enrique Cresto que la IPP concluya con celeridad, para demostrar definitivamente la inexistencia de delito. La fragilidad de la hipótesis fiscal y la prolongación injustificada del proceso afectan el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Por ello, corresponde que la investigación avance con objetividad y sin demoras, hasta arribar a una definición que ponga fin a una acusación inconsistente y a cualquier intento de utilizar una causa judicial en trámite como herramienta de desgaste político y mediático.

Imputaron a Mireya López Bernis y a otros ex funcionarios por la abultada compra de GNC para vehículos que no existían en la Municipalidad de Concordia

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La Justicia investiga una serie de adquisiciones de gas natural comprimido realizadas entre 2020 y 2021 durante la gestión municipal anterior. Según la acusación fiscal, el combustible habría sido comprado para abastecer un parque automotor que no contaba con vehículos impulsados por GNC. Las imputaciones incluyen peculado, falsedad ideológica y abuso de autoridad.

La Justicia de Concordia avanzó en una de las causas más resonantes vinculadas a presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del ex intendente Enrique Cresto. Según pudo saber 7Paginas, fueron formalmente imputados la ex secretaria de Desarrollo Urbano Mireya López Bernis y otros ex funcionarios municipales en una investigación que analiza una serie de compras de Gas Natural Comprimido (GNC) realizadas entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, las adquisiciones fueron justificadas para abastecer vehículos del parque automotor municipal que, según surge de la investigación, no existían o no funcionaban con ese tipo de combustible.

La causa contempla al menos ocho hechos incorporados a la imputación y el monto total de las operaciones bajo sospecha supera los 2,6 millones de pesos de aquella época, cifra que actualizada representa varios millones de pesos.

La acusación fiscal

Según la imputación, el entonces director de Talleres y Depósitos de la Municipalidad, Jorge Raúl Pérez, habría impulsado reiteradamente compras directas de miles de metros cúbicos de GNC alegando necesidades operativas del parque automotor comunal.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en el ámbito municipal no existían vehículos impulsados por gas natural comprimido, por lo que las adquisiciones carecerían de justificación real.

La acusación agrega que el combustible habría sido utilizado posteriormente “en provecho propio y/o de terceros”, extremo que forma parte de la investigación judicial en curso.

El rol de los ex funcionarios

La ex secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, aparece mencionada en la mayoría de los hechos investigados debido a que, según la acusación, visó y aprobó los expedientes que permitieron concretar las compras.

También fueron imputados la ex directora de Compras y Suministros, Liliana M. Freytas; el ex coordinador Legal, y Claudio D’Antonio.

La Fiscalía les atribuye distintos grados de participación en los procedimientos administrativos cuestionados.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran la presunta omisión de solicitar presupuestos comparativos, la falta de cotejo de precios exigidos por la normativa municipal y la ausencia de controles administrativos que debían intervenir en cada contratación.

Facturas y compras bajo sospecha

Los hechos investigados comprenden adquisiciones realizadas a las empresas Chiqui García S.R.L. y Portal del Lago S.R.L.

Las operaciones cuestionadas incluyen compras por:

$229.950 entre septiembre y octubre de 2020.

$278.800 entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

$294.800 entre enero y febrero de 2021.

$310.800 entre febrero y marzo de 2021.

$310.800 entre marzo y abril de 2021.

$398.800 entre mayo y junio de 2021.

$370.300 entre julio y agosto de 2021.

$438.800 entre agosto y septiembre de 2021.

Todas las operaciones habrían tenido como destino declarado el abastecimiento de vehículos municipales que, según sostiene la investigación, no funcionaban con GNC.

Los delitos atribuidos

En cada uno de los hechos, la Fiscalía encuadró las conductas investigadas, de manera preliminar, en el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal.

Además, las imputaciones incluyen los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo con la acusación, Jorge Raúl Pérez fue señalado como presunto autor material de las maniobras investigadas, mientras que López Bernis, Freytas, D’Antonio y otros funcionarios fueron imputados como presuntos partícipes necesarios o coautores, según el expediente correspondiente.

Una investigación que sigue avanzando

Fuentes judiciales indicaron que la causa continúa en etapa investigativa y que aún restan medidas probatorias para determinar el destino final del combustible adquirido y establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.

La hipótesis de la acusación sostiene que existió una estructura administrativa destinada a justificar compras públicas sin una necesidad real, utilizando expedientes oficiales para dar apariencia de legalidad a operaciones que hoy son objeto de investigación penal.

Lo interesante de este caso sera saber si estos funcionarios obedecian a ordenes de otros cargos superiorios, como asi tambien los operarios de la empresa privada de Chiqui Garcia, que extendieron la facturacion.

Redacción de 7Paginas

Comenzó el juicio a Kueider en Paraguay y la Fiscalía informó que le devolvió casi 10 mil dólares

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El juicio oral contra Edgardo Kueider, exsenador nacional por Entre Ríos, y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, comenzó este martes por la mañana en Asunción, Paraguay, con la presentación de los alegatos de apertura de las partes. Ambos están acusados por el delito de contrabando de divisas en grado de tentativa, a raíz de un procedimiento realizado el 4 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Brasil con Paraguay.

Según la acusación inicial, Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay transportando en una mochila más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de cuatro millones de pesos argentinos sin realizar la correspondiente declaración ante las autoridades aduaneras. Sin embargo, hoy se informó un cambio respecto de los montos, ya que la Fiscalía devolvió algunos dólares y pesos a los acusados.

La audiencia se desarrolló ante un Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Adriana Planas y Elsa García, y el juez Matías Garcete. El inicio del debate sufrió una demora de alrededor de una hora y media debido a un inconveniente en la notificación a la Policía encargada del traslado de los imputados. Aunque la audiencia estaba prevista para las 8 de la mañana, los efectivos pasaron a buscarlos recién a esa hora, por lo que el juicio comenzó cerca de las 9.30.

El fiscal Ysrael Villalba presentó sus alegatos y ratificó que el Ministerio Público cuenta con los elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados. Además, pidió que el Tribunal considere la posibilidad de que los hechos acusados también se encuadren en otra modalidad de contrabando establecida en el Código Aduanero.

Además, explicó que fue devuelto una parte del dinero, quedando incautado la suma de USD 201.202, 640 mil guaraníes y 3.900.000 pesos. Es decir, devolvieron unos 9.798 dólares y 100 mil pesos. El agente informó que en sede administrativa ya se dispuso el decomiso del dinero y el remate del vehículo incautado.

Por su parte, los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalos sostuvieron que la Fiscalía no podrá demostrar los hechos atribuidos a su defendido. “El Ministerio Público debe acreditar cada punto con pruebas. Nosotros vamos a estar muy atentos y tenemos la firme convicción de que la teoría del caso no podrá ser acreditada”, señalaron al término de la audiencia en declaraciones al medio judicial paraguayo PDS Radio y TV Digital.

En relación con la acusación fiscal, los letrados indicaron que la hipótesis planteada por el Ministerio Público constituye una proposición que deberá ser demostrada durante el debate oral. “Es a través de la producción probatoria donde tendrá que acreditarse la configuración de ese tipo legal”, remarcaron. 

Tras los alegatos iniciales, el proceso avanzó hacia la etapa de producción de pruebas. Durante la primera jornada incluso se registraron modificaciones en el orden previsto para la incorporación de los elementos probatorios. La próxima audiencia fue fijada para el martes de la semana próxima a las 10.30.

De acuerdo con las estimaciones de las partes, el juicio podría extenderse entre cuatro o cinco audiencias y demandar cerca de un mes para su conclusión, aunque los plazos dependerán del avance que logre el tribunal en las próximas jornadas. La Fiscalía prevé presentar la semana próxima a los agentes aduaneros que participaron del procedimiento, testimonios que serán rebatidos por la defensa.

El desenlace del proceso podría tener además consecuencias políticas para Kueider. En caso de resultar absuelto, el exsenador podría reclamar ante el Senado argentino la revisión de la decisión que derivó en su expulsión de la Cámara alta el 12 de diciembre de 2024, pocos días después de haber sido detenido en territorio paraguayo.

Las causas en Argentina y el pedido de extradición 

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación. En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador. 

En ese proceso, Kueider está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos. 

De acuerdo a la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. En ese contexto, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

Contratos: ofrecieron evidencia sobre negocios inmobiliarios en Concordia y propusieron citar a Gustavo Bordet

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Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro ofrecieron la incorporación de un legajo investigado en Concordia, que contiene información sobre numerosos negocios inmobiliarios en esa localidad y propusieron citar, entre otros testigos, al exgobernador Gustavo Bordet. Este viernes pidieron la incorporación de esa documental y testimonios, como prueba de las “relaciones” entre imputados de la causa “contratos trucos” de la Legislatura. Citaron casi una treintena de escrituras realizadas ante dos escribanas que probarían la compraventa de inmuebles por parte de Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos imputados en el legajo actual. Entre los compradores figura Bordet.

“La Fiscalía ofrece un expediente iniciado el 2 de julio de 2024, en Concordia. El legajo cuenta de dos cuerpos. Se inició a partir de una denuncia de Luis Ángel Sanabria, que aportó un correo electrónico entre el imputado Gustavo Hernán Pérez y la escribana Luján Orabona”, adelantó Aramberry. “El inicio del legajo lo dice todo. Nos parece sustancial en cuanto vuelve a acreditar relaciones entre los imputados, y da cuenta de operaciones inmobiliarias a través de personas que no son los verdaderos titulares de los inmuebles. El dinero sustraído era invertido en operaciones inmobiliarias. Operaciones de venta de un loteo, situado entre las calles Chajarí, San Lorenzo, Victorino Simón y Espejo. Cobra importancia a partir de una prueba agregada a la causa, y muestra un plan de cobertura. Este correo electrónico fue enviado el 5 de agosto de 2009”, agregó Yedro y leyó:

“Asunto: Datos del otro firmante por el tema lotes.-

Luján, buenos días:

Palito me pidió que te pase los datos de otra persona para que también aparezca como firmante en la operación por la compra del loteo, él me dijo que ya te llama para avisarte:

Nombre y apellido: Beckman, Flavia Marcela

Domicilio: Almeida N°— Paraná

DNI: ———

CUIT: —————–

Fecha de nacimiento: 07/12/1968

Estado civil. Divorciada.-

Saludos.

Gustavo Pérez”

Palito es Juan Domingo Orbona, jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado y amigo del exgobernador Gustavo Bordet.

Los fiscales señalaron que la compraventa de loteos en Concordia, ocurre desde 2009 a 2015. “La gestión de documentación de esos lotes y terrenos se realizaba en la Escribanía de Luján Orabona. Son negociaciones que se llevaron en la Escribanía, los lotes se registraron con precios de 15 mil a 20 mil dólares. Las inversiones se realizaron en efectivo, en su mayoría, figuran como vendedores Hugo Mena y Flavia Beckman. Esto está cotejado con información de AFIP de Mena y Beckman, donde aparecen en su totalidad las compras. Aparecen también los nombres de las escribanas Lujan Orabona y María Dolores Mouliá”.

Los representantes del MPF aseguraron que la escribana Mouliá actuó en representación de Mena y Beckman, y que le entregaban dinero a la escribana Orabona. “Estas personas que ofrecemos como testigos vendrán a contar como eran las operaciones. Claramente, para la hipótesis de Fiscalía esto es importante, atento a lo que manifiesta Pérez sobre ‘Palito’. Es un legajo que inició con esa denuncia y, desde entonces, el fiscal recopiló información con testimonios y registros notariales, de la Propiedad Inmueble e información fiscal”, aseguraron.

Y posteriormente nombraron a los compradores de terrenos que comparecieron a la Fiscalía de Concordia. “Circunscribimos el número de ellos, a aquellos que surgen de la información oficial y acreditan lo reflejado en el legajo oficial”, acotaron y enumeraron:

“Pascucchielo, Marcelo Fernando

Benchoa Pablo Adrián

Matés Guillermo Alejandro

Barrios Enrique Horacio

Andrea Francolini

Silvio Palmerola

José Alberto Fornasari

María Ana Galli

María Josefina Paredes

Pedro Arturo Berbauwede

Carlos Raponi

Gustavo Bordet

Cristina Alfredo Lasco

Del Río Guillermo

Andrich Joaquín

Lafourcade María Paz

Lafourcade Celia Olga

Juan Bautista Pedroni

Luis Gini”.

Yedro y Aramberry dijeron también que pretenden incorporar planos, escrituras y otros documentos que constituyen el legajo realizado en Concordia por el fiscal José Arias. Y enumeraron 29 escrituras de compraventa:

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Pasccuhielo.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena y Matés.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Compraventa entre Mena y Ferreyra.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena a María Delfina

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Roque Ramos.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Guillermo Liberatori.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Silvio Palmerola.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (18-6-2010). Transacción entre Mena y Rogero.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-6-2010). Compraventa entre Mena y Fornasari.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (12-7-2010). Compraventa entre Mena y Ana Galli.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-7-2010). Compraventa entre Mena y Josefina Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-8-2010). Transacción entre Mena y Ramos María Laura.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (4-8-2010). Transacción entre Mena y Pedro Suare.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (13-8-2010). Transacción entre Mena y Bervaweder.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-8-2010). Transacción entre Mena y Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-9-2010). Transacción entre Mena y Raúl Horacio Devoto.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (28-10-2010). Transacción entre Mena a Gustavo Leonardeli.

Escritura de compraventa entre Mena y Mouliá (8-6-2011)

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (25-10-2010). Transacción entre Mena y Bordet.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-5-2013). Transacción entre Mena y Zulma Patricia Torres.

Escritura de compraventa entre Beckman y Guillermo del Río (12-8-2010).

Escritura de compraventa entre Beckman y Raponi (23-8-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Andrich (15-10-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Paz Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Lafourcade (4-1-15).

Escritura de compraventa entre Beckman y Franton (12-6-17).

Los fiscales sugirieron también que se incorporen recibos de dinero ante escribanas, y las testimoniales de Evelin Dalinger de Catastro de Municipalidad de Concordia; Ignacio del Valle, subsecretario Legal y Técnico de Municipalidad para que informe sobre obras de pavimentación, cordón-cuneta y otras mejoras en loteo de calles Espejo, Chajarí, Av. San Lorenzo y Victorino Simón. Se ofrecieron, además, folios reales del Registro de la Propiedad.

Oposición

A la incorporación de la prueba se opuso el defensor Leopoldo Lambruschini con tres argumentos: la prueba (legajo de Concordia) no guarda relación con el objeto procesal de la causa contratos que está en etapa de remisión a juicio; lo que pretende probar el MPF es “irrelevante” porque el delito de peculado no requiere la acreditación de uso del dinero sustraído; y por último dijo que hay un problema procesal de non bis in ídem porque “esta causa inicia con el doctor Arias. Pero la Justicia competente es la Federal bajo la calificación de lavado de activos. Si incorporamos esta prueba a este proceso, estamos asignando esa relevancia jurídica a estos hechos en este proceso. Eso implica avanzar sobre una materia sometida en otra jurisdicción, e impide en cuanto recepta doble condena y doble persecución”.

A su oposición adhirió el abogado José Velázquez y agregó que “la causa que se investigó en Concordia fue archivada”. Y adhirió Miguel Cullen.
Fiscalía de Estado desistió de un ofrecimiento.

Por último, el actor civil Tulio Kamlofsky ofreció realizar una pericia por parte del Tribunal de Cuentas (TdC). La idea era aportar un nuevo análisis que “determine los montos individuales de los contratos, el monto global, el origen y proveniencia de los montos para atender las contrataciones, que actualice sumas, que conecte información y establezca si existió perjuicio derivado de las contrataciones. Y de ser posible identifique a los responsables”.

Todos los defensores rechazaron el ofrecimiento, incluso la Fiscalía. Finalmente, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes que se presentó en la audiencia, desistió del ofrecimiento.

El ofrecimiento de prueba de la acusación pública se agotó este viernes. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, tomará una decisión al final de la etapa sobre la propuesta de los fiscales, las oposiciones y las reservas de los defensores.

Desde el martes que viene, según lo previsto, será el momento de los abogados para pedir la incorporación de evidencia que sirve al ejercicio de las defensas.

Causa

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.Fuente: Análisis Digital

ENTRE RÍOS Y EL PELIGROSO MENSAJE DE LOS JUICIOS ABREVIADOS EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN

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En Entre Ríos, la llamada “Causa Contratos” dejó de ser solamente un expediente judicial. Hace tiempo se transformó en un símbolo. Un símbolo de cómo durante años el Estado pudo haber sido utilizado como una estructura de extracción de dinero público mientras la política miraba hacia otro lado, la Justicia avanzaba lentamente y gran parte de la sociedad asistía resignada a un espectáculo repetido: el de la impunidad administrada.

Lo más preocupante ya no es únicamente la magnitud del presunto desfalco. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje institucional que podría quedar instalado si la mayor causa de corrupción de la provincia termina resolviéndose, en gran parte, mediante juicios abreviados y acuerdos que dejan afuera a actores clave del entramado político y económico.

El juicio abreviado, técnicamente, es una herramienta legal válida. Existe en el sistema penal argentino para acelerar procesos y evitar juicios extensos. Pero cuando se aplica de manera masiva en delitos de corrupción estructural, aparece inevitablemente una pregunta incómoda: ¿la Justicia busca llegar a la verdad completa o simplemente cerrar expedientes?

Porque el sentido común indica algo elemental: quien acepta un juicio abreviado reconoce responsabilidad penal. Entonces, si hubo reconocimiento del delito, ¿por qué la sensación social es que muchos “la sacan barata”?

En delitos comunes, el peso de la ley suele caer con rapidez sobre el ciudadano común. Pero cuando se trata de corrupción política, aparecen negociaciones, reducciones de pena, demoras interminables y estrategias defensivas destinadas no tanto a esclarecer los hechos sino a limitar daños patrimoniales y políticos.

Y allí emerge otro punto sensible de la causa: el intento de excluir del proceso a esposas o cónyuges de varios imputados. Una discusión que, más allá de los tecnicismos jurídicos, genera un enorme ruido social. Resulta difícil para gran parte de la ciudadanía creer que durante años circularan sumas millonarias, propiedades, movimientos económicos y estructuras de enriquecimiento sin que los entornos familiares conocieran absolutamente nada.

La sociedad entrerriana observa cómo se discute quién queda adentro y quién queda afuera del juicio mientras todavía persiste una pregunta central: ¿quiénes fueron realmente los beneficiarios finales del sistema?

Porque si la “Causa Contratos” fue —como sostienen investigadores y fiscales— una de las maniobras más grandes contra el erario público provincial, cuesta creer que semejante estructura pudiera funcionar sin cobertura política, administrativa y legislativa de alto nivel.

Y allí aparecen inevitablemente nombres pesados de la política entrerriana. Durante años gobernaron la provincia dirigentes con enorme concentración de poder político y control del aparato estatal. Resulta, cuanto menos, difícil imaginar que figuras de enorme centralidad institucional desconocieran completamente lo que ocurría en distintas áreas del Estado.

La discusión pública no pasa únicamente por determinar responsabilidades penales individuales. También gira alrededor de las responsabilidades políticas y morales de quienes condujeron la provincia mientras se desarrollaban estas maniobras.

El problema de fondo es que Entre Ríos parece atrapada en un modelo donde las causas de corrupción nunca terminan de llegar al corazón del poder. Siempre aparecen “fusibles”, intermediarios, operadores administrativos o figuras secundarias. Pero rara vez se avanza con la misma intensidad sobre quienes diseñaron, permitieron o protegieron los mecanismos estructurales de saqueo.

Y mientras tanto, el tiempo judicial corre a favor de los acusados.

La lentitud de la Justicia termina funcionando como otra forma de desgaste social. Los años pasan, los expedientes envejecen, la indignación pública se diluye y la sensación de impunidad crece. El ciudadano común termina convencido de que existen dos sistemas: uno duro y veloz para el vecino común y otro lento, negociable y flexible para la dirigencia política.

El caso del ex diputado provincial José Allende también dejó interrogantes abiertos. Primero aceptó un juicio abreviado y luego esa posibilidad retrocedió en medio de versiones, especulaciones y sospechas políticas jamás aclaradas del todo. Como suele ocurrir en Entre Ríos, abundan las versiones, los rumores y los comentarios de pasillo, pero escasean las explicaciones contundentes que devuelvan credibilidad institucional.

Lo más peligroso de todo esto no es solamente el daño económico provocado al Estado. Lo verdaderamente grave es el precedente cultural que queda instalado.

Si un funcionario observa que, después de años de investigación, demoras judiciales y negociaciones, las consecuencias reales terminan siendo relativamente leves, el mensaje implícito es devastador: la corrupción puede valer la pena.

Ese es el verdadero riesgo institucional que enfrenta Entre Ríos.

Porque cuando la sociedad deja de creer en la Justicia, cuando percibe que el poder político siempre encuentra mecanismos para protegerse, aparece el descreimiento democrático, la apatía social y el enojo ciudadano que luego termina canalizándose en extremos políticos o discursos antisistema.

La “Causa Contratos” todavía puede transformarse en un punto de inflexión histórico para la provincia. Pero para eso no alcanza con condenas parciales ni acuerdos procesales rápidos. La sociedad necesita saber quiénes fueron los responsables reales, cómo operó el sistema, quiénes se beneficiaron y hasta dónde llegaba la red de protección política.

De lo contrario, Entre Ríos corre el riesgo de confirmar una vez más la peor de las sospechas populares: que en la Argentina el poder nunca cae completo, apenas sacrifica algunas piezas para garantizar la supervivencia del sistema.