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En el principal cruce con Colombia, madres, padres y hermanos sostienen la esperanza mientras persiste el control y el miedo

Y de pronto, delante de un cartel con fotos de colombianos, con su nombre impreso debajo, empezó a llegar gente. Luego, abrazos, besos y emociones. Era poco después del mediodía en el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal paso que une Colombia y Venezuela a la altura de los departamentos de Norte de Santander y Táchira. Varios familiares de detenidos en las famosas cárceles de Caracas concurrían a compartir la noticia que les devolvió la esperanza: el gobierno de Delcy Rodríguez decidió liberar presos políticos.

“Sé, como madre que soy, que va a volver. Lo sé; mi instinto de madre me lo dice”. Habla Miriam Angarita, madre de Guzmán Humberto Ramírez Angarita, una mujer que espera hace 10 años que su hijo regrese. Dice que su hijo era “motorista” y que vivía en la localidad venezolana de Ureña. Por su parte, un comunicado oficial del gobierno venezolano informó que se trataba de un terrorista que operaba con paramilitares. Así son todos los casos que escuchó el enviado de LA NACION; la gran mayoría de los detenidos tienen los mismos cargos.

Mientras contaba su caso a LA NACION, se daba vueltas, señalaba la foto y continuamente la besada. “Hace 10 años que lo detuvieron. Nunca más supe nada hasta hace 4 meses que liberaron a unos presos. Uno de ellos me dijo que en la cárcel había un joven que se llamaba Guzmán Humberto Ramírez Angarita. No puede ser una casualidad, es mi hijo”, relató emocionada. se le cortaba la voz, esta vez cruzada por la esperanza. “Yo lo di por muerto, pensé que lo habían matado. Mi esposo murió hace 4 años sin escuchar de nuevo su voz. Pero yo lo voy a volver a ver”.

Nadie tenía ninguna información respecto de qué tan cerca o tan lejos está ese soñado momento en que los familiares regresen por alguno de los tres puentes que hay en la zona. Pero no importaba mucho; el asunto es que la sangre les volvió a correr cuando se enteraron que ya se habían producido algunas liberaciones en Caracas.

De a poco, llegaban más familiares de presos políticos. Todos ellos, según comentaron, estaban detenidos la cárcel El Rodeo, el principal complejo penitenciario ubicado en el departamento de Miranda, en las afueras de la capital.

En Rodeo I está alojado, entre otros, el gendarme argentino Nahuel Gallo. “El Rodeo es una cárcel que parece una tumba, celdas de cemento de dos metros sin ventanas, ventilación o luz”, denuncian los familiares al describir las condiciones extremas de estos reclusos, muchos de ellos aislados del mundo exterior y sin poder ver ni comunicarse nunca más con sus allegados.

“Esta ya no es una cárcel común, sino un centro de torturas diseñado para borrar identidades y quebrar cuerpos”, agregan los familiares ante la escasez de agua para el uso más elemental y las dificultades para hacerles llegar a los presos artículos de limpieza hasta los hacinados calabozos.

“Mi padre hace cuatro años que permanece detenido. Tiene 70 años, pero va a volver. Es una brutalidad lo que han hecho con ellos”, dijo Javier Giraldo. Su padre, que también lleva su nombre quedó detenido en territorio venezolano con cargos de espionaje y traición a la patria. Ese es el cargo que tienen prácticamente todos los presos políticos y son los delitos que estos días les endilgan los guardias a quienes consideran tienen una actividad sospechosa.

Por caso, son varios los testimonios que recabó LA NACION sobre una de las medidas más intimidatorias que se agravó en los últimos días del otro lado de la frontera. Los guardias interceptan constantemente a los ciudadanos en la calle y les revisan el celular. Un mensaje, una foto guardada o cualquier movimiento digital puede ser considerado motivo para la detención y traición a la patria. “A un vecino lo llevaron detenido, le dijeron que en su estado de Whatsapp tenía algo que estaba contra el régimen. Y lo detuvieron”, contó una mujer que todos los días cruza a trabajar a una casa de familia en Cúcuta.

Nubia Mise se llegó ahí por solidaridad. “Mi hermano, Josué Mise, ya fue liberado hace un par de meses. Pero yo vengo por solidaridad porque en todos estos años de lucha esto se convirtió en una familia. Y los compañeros de mi hermano están todos dentro de la cárcel, no liberaron a nadie”, contó.

Como es habitual desde que cayó el régimen de Nicolás Maduro, la frontera se movilizó. Y las postales de esa tensión en aumento se ven todo el tiempo. De hecho, frente a donde se congregaban los familiares de los detenidos, dos jóvenes pararon una moto con chapa identificatoria venezolana. Los dos estaban enfundados con remeras que tienen los motociclistas que se dedican a pasar gente que los encuadra como miembros de alguna cooperativa o grupo. Uno se recostó en su motovehículo; el otro, se posó en una baranda. Y allí empezaron su tarea de fotografiar a cada uno de los que estaban en el improvisado encuentro. Sin pudor.

Así transcurrieron todos estos días en la frontera, con mucha gente de la guardia venezolana que cruzan, miran y toman nota de los que hablan con la prensa, o hacen alguna declaración. Los esperan, dicen, del otro lado para que expliquen esa conducta que, de acuerdo al amplio encuadre, para el régimen podría tratarse de “traición a la patria”. De ahí que, a partir del martes, cuando se intensificaron los registros de celulares y los controles, se tornó cada vez más difícil que los venezolanos acepten contar lo que sucede en su país.

Cuando ya eran varios frente al cartel con las fotos de los detenidos, llegó Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño. “A mi hijo lo detuvieron y lo condenaron por espionaje falso. Y ya cumplió la condena. Hace seis meses que se cumplió el tiempo, pero no lo han soltado. Hoy me dijeron que seguramente lo van a dejar en libertad porque el ya pagó sus culpas y cumplió la condena”, se ilusionó. “¿Lo pudo visitar o ver alguna vez en la cárcel?“, preguntó LA NACION. ”Jamás, desde 2019 no lo vimos ni hablamos”, contestó.

El caso de su hijo mereció un posteo en X del temido Fredy Bernal, el gobernador del estado de Táchira. “Se ha detenido a Brandon José Castaño Ocampo, de nacionalidad colombiana, de 22 años de edad, integrante de la banda paramilitar del “PAISA”. Felicitaciones a los efectivos de la #GNB y del #CICPC. ¡Seguimos hablando con hechos, no con rumores!“. Según su madre nada tiene que ver con esa banda, pero de cualquier manera, dice, ya fue condenado y cumplió esa pena.

Así las cosas, la frontera entre Venezuela y Colombia siempre encuentra algún motivo para refractar las decisiones políticas del gobierno central. En estas horas, la guardia de los familiares de un grupo de presos detenidos del otro lado del límite que esperan verlos aparecer. “Tenemos noticias de que la diplomacia de Colombia trabaja para la liberación de todos los presos”, dijo Javier Giraldo.

Y como se dijo, el puente, una vez más protagonista. Esta vez ya no para ser el paso de la diáspora sino para ser testigo de la finalización una de las más aberrantes conductas del régimen chavista: privar de la libertad a una persona solo por pensar distinto. Un rasgo inequívoco de las dictaduras.

Ya se concretó la salida de cinco ciudadanos españoles y crece la atención sobre la posible puesta en libertad del gendarme argentino Nahuel Gallo

La presión de Washington ha forzado la apertura de las cárceles políticas de la revolución bolivariana apenas cinco días después de la operación militar estadounidense que descabezó a la dictadura chavista. La liberación de un “número importante” de prisioneros es la primera decisión política de envergadura de la transición bajo control remoto de Washington, liderada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Al cierre de esta edición se desconocía el número de presos liberados, aunque al menos un grupo de cinco españoles viajaba en avión desde Caracas a Bogotá para dirigirse desde la capital colombiana a España. Familiares y activistas esperaban a las puertas del Helicoide caraqueño para confirmar la excarcelación de sus seres queridos.

“Es un gesto nuestro”, adelantó la presidenta encargada, en petit comité, a un grupo de diputados que acudieron el miércoles al Palacio de Miraflores para dar por iniciada la legislatura, en un intento de disimular que la presión de Washington los ha forzado a abrir las cerraduras de sus mazmorras: el martes, Donald Trump había señalado que el famoso centro de torturas de Caracas, en referencia a la cárcel del Helicoide, administrada por la policía política del régimen, estaba por cerrar.

Una decisión “unilateral” del chavismo reciclado, aseguró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de comunicar al país y al mundo la apertura de las mazmorras de unos presos políticos que nunca existieron oficialmente para el chavismo. El hermano de Delcy agradeció la mediación de su gran aliado europeo, José Luis Rodríguez Zapatero, del mandatario brasileño Lula da Silva y del gobierno de Qatar, como si para excarcelar a personas inocentes hiciera falta algún tipo de conversación.

Zapatero encabeza a un lobby político que trabaja a toda máquina para adecentar el nombre de Delcy tanto dentro como fuera de Venezuela, una función que ya cumplió en tiempos de Maduro.

Pese al gesto y las especulaciones, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que “hubo combate” contra Estados Unidos en la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, al tiempo que desestimó estar “sometidos” en medio de presiones de Donald Trump.

“Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate y hubo combate por esta patria”, dijo Rodríguez durante un acto en homenaje a los caídos durante el operativo estadounidense que dejó al menos 100 muertos, según cifras oficiales. “No estamos subordinados ni estamos sometidos. Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado”, agregó.

Los liberados

La noticia provocó un auténtico terremoto entre familiares y activistas de derechos humanos. Varias organizaciones adelantaron que personajes muy relevantes preparaban sus pertenencias para abandonar la prisión. Entre ellos se destacaban Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ) y uno de los líderes opositores en la Plataforma Unitaria, y Freddy Superlano, de Voluntad Popular (VP), también clave en la alianza de los demócratas.

En la antesala de la libertad se encontraban al cierre de esta edición Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, secuestrado hace un año cuando llevaba a sus niños al colegio; el activista Javier Tarazona, quien al frente de Fundaredes había desnudado las alianzas de Maduro con las narcoguerrillas colombianas; los periodistas Nakary Ramos y Julio Rojas y los dirigentes políticos Perkins Rocha, Dignora Hernández y Henry Alviárez, los más próximos a María Corina Machado en su partido, Vente Venezuela.

“Las liberaciones son una buena noticia. Esperamos que se lleven a cabo sin demora y que alcancen a todas las personas detenidas injustamente. Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales”, reaccionó Alberto Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre los que ya habían recuperado la libertad se encontraba Rocío San Miguel, emblemática figura de la sociedad venezolana y presidente de la ong Control Ciudadano para la Defensa, la Seguridad y la Fuerza Armada Nacional. La activista hispano-venezolana fue encarcelada hace 23 meses, bajo acusaciones de conspiración y traición a la patria. Las pruebas presentadas para sustentar su caso resumen la estrategia del absurdo que se ha aplicado a la inmensa mayoría de los más de 800 presos de las cárceles chavistas. En el caso de San Miguel fueron los mapas de las distintas regiones militares de Venezuela, de acceso público y que estaban desde años antes en la página web de su ong.

En el avión que la condujo de Bogotá a Madrid también viajaron cuatro españoles que compartieron prisión con el gendarme argentino Nahuel Gallo en el Rodeo 1. Se trata de dos turistas vascos, el marinero canario de un barco cazatesoros y de un comerciante valenciano.

“Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, confirmó Alfredo Romero, presidente de la ong Foro Penal, al inicio de un proceso lento y tortuoso, que en otras ocasiones se ha prolongado incluso días. La esperanza de los defensores de los derechos humanos es que se libere a la mitad de los 800 presos políticos, según las informaciones que habían recibido, aunque la exigencia es que todos ellos recuperen la libertad.

Lo más llamativo es que las liberaciones suceden en una transición teledirigida desde Washington, mientras Caracas no ha dejado de aplicar el terrorismo de Estado contra su gente. “Hay mucha claridad que si bien Maduro no está, el aparato de control y represión continúa intacto. Además, es un momento muy angustiante, dado que el sector de Diosdado Cabello está haciendo demostraciones de fuerza con la presencia de colectivos revolucionarios en las calles, de una manera que no ocurría hace mucho tiempo. Con el decreto de estado de conmoción vigente, están siendo detenidas más personas”, alertó el sociólogo Rafael Uzcátegui, presidente del Laboratorio de Paz.

Las redes sociales han recogido incluso el video en que la policía fuerza a una mujer a disculparse por haber reaccionado con alegría a la extracción del tirano Maduro. “No lo hice con mala intención, de todo corazón me arrepiento, no soy extremista. Que me perdonen de verdad”, recitó una joven esposado entre dos agentes enmascarados que le doblaban en tamaño.

“Para que los venezolanos entendamos este proceso de liberaciones como un verdadero gesto hacia una transición pacífica, este debe venir acompañado de dos cosas: el fin de la persecución, la política de la puerta giratoria en la que salen unos mientras otros son detenidos, y el inicio de un proceso para el retorno de los exiliados”, profundizó para LA NACIÓN el internacionalista Luis Peche, víctima de un atentado transnacional el año pasado en Bogotá, en el que recibió seis disparos en el cuerpo.

Para amortiguar el efecto de las liberaciones, Delcy Rodríguez compareció en televisión para anunciar la puesta en marcha de obras para rehabilitar lo destruido durante el ataque militar del 3 de enero. “Que llegue la mano amorosa del gobierno bolivariano”, sentenció.