Bandera roja. Ciudad de la costa del Uruguay inhabilitó sus playas por la altura del río
Los intendentes de la Microrregión Tierra de Palmares y la Costa del Uruguay expresaron su “preocupación” ante la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por las “permanentes y bruscas fluctuaciones del nivel del río Uruguay”.
“La falta de previsibilidad en el manejo hídrico está generando graves perjuicios al turismo, a las economías locales y a miles de trabajadores que dependen directamente del río. Playas inutilizables, infraestructura afectada y pérdidas económicas concretas son hoy una realidad cotidiana para nuestras comunidades”, expresaron en una carta dirigida al embajador Alejandro Daneri, presidente de la Delegación Argentina ante CTM.
La carta de los intendentes de la Micro Región Tierra de Palmares.
La creciente del río Uruguay se puede percibir en las localidades ribereñas de la costa entrerriana del Uruguay, donde los altos niveles en la altura del río perjudican distintas actividades.
“Las inversiones realizadas por los municipios para el desarrollo turístico se ven comprometidas por decisiones que no contemplan el impacto social, económico y territorial aguas abajo de la represa. Exigimos información clara, diaria y accesible, así como una revisión del esquema de gestión del recurso que contemple no solo criterios técnicos, sino también la realidad de las ciudades ribereñas”, indicaron.
“El río Uruguay no puede seguir siendo administrado de espaldas a quienes viven, trabajan y producen en sus costas”, concluyeron.
Reportes indican fuego antiaéreo contra drones en pleno centro de Caracas.
Caracas volvió a vivir una noche de extrema tensión. A dos días del operativo militar de Estados Unidos que culminó con la detención del dictador Nicolás Maduro, se registraron disparos y detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano.
Los episodios ocurrieron en horas de la noche del lunes, cuando usuarios en redes sociales comenzaron a difundir videos y audios en los que se escuchan ráfagas de disparos y fuertes explosiones. En las imágenes se observan corridas, personas buscando refugio en comercios y portales, y un clima generalizado de pánico en el centro de Caracas.
Reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores en Venezuela
Según versiones coincidentes provenientes de la zona, la situación se habría desatado alrededor de las 20:00 (hora local), cuando drones no identificados sobrevolaron el perímetro del Palacio de Miraflores. En respuesta, unidades de defensa antiaérea del régimen abrieron fuego contra los aparatos, generando una seguidilla de detonaciones que se extendió por varios minutos.
El hecho se produjo apenas horas después de que Delcy Rodríguez jurara como nueva presidenta del régimen chavista, en un acto transmitido por la televisión estatal. De manera llamativa, mientras se escuchaban explosiones en el exterior, la señal oficial volvió a emitir la ceremonia de asunción, en un intento evidente de mostrar normalidad institucional en medio del caos.
Hasta el momento, las autoridades no emitieron un comunicado oficial que explique el origen de los disparos ni la naturaleza de los supuestos drones. Tampoco hubo precisiones sobre posibles heridos o detenidos. Sin embargo, fuentes consultadas aseguraron que el área fue rápidamente militarizada y que el Palacio de Miraflores quedó resguardado por vehículos blindados y efectivos armados.
Hay investigaciones judiciales que, aun en etapas preliminares, obligan a una lectura política más amplia. No porque exista una condena ni responsabilidades probadas, sino porque exponen zonas sensibles de la gestión que, de no atenderse con rapidez y claridad, pueden transformarse en focos de desgaste institucional innecesarios.
En Entre Ríos, una causa en curso vinculada al presunto desvío de alimentos pertenecientes a programas de asistencia social encendió una señal de alerta que el Gobierno provincial haría bien en no minimizar. La intervención de la Justicia, con allanamientos y secuestro de mercadería, coloca el tema en una dimensión que excede lo administrativo y exige respuestas políticas oportunas.
Más aún si se tiene en cuenta el antecedente aún irresuelto de la causa conocida como “comedores de Concordia”, donde la lentitud judicial dejó una estela de desconfianza social que todavía persiste. En ese marco, cualquier nuevo sobresalto vinculado a políticas alimentarias adquiere una sensibilidad particular.
Una investigación en marcha y hechos que deberán aclararse
La causa es impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul y se originó a partir de hechos ocurridos en diciembre de 2025. En los últimos días, derivó en allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Paraná, donde se secuestró mercadería que pertenecería al Ministerio de Desarrollo Humano, además de teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la investigación.
Los procedimientos se realizaron en al menos tres inmuebles, con un cuarto punto ya identificado, lo que llevó a los investigadores a analizar si se trató de una operatoria organizada y no de un hecho aislado. Esa hipótesis, por ahora, está bajo análisis judicial y será la Justicia la que determine responsabilidades individuales.
Entre los productos incautados figuran alimentos básicos de la asistencia social: leche en polvo, aceite, harina, fideos, arroz, yerba, azúcar, polenta, entre otros. Se trata de mercadería sensible, destinada a sectores vulnerables, lo que explica el impacto público del caso aun antes de definiciones judiciales.
El dato político que incomoda
La investigación incorporó además un elemento que generó especial atención: un video donde se observa la descarga de mercadería desde un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”.
La fundación es impulsada por el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza. Este dato, por sí solo, no implica una imputación ni responsabilidad penal, pero introduce una dimensión política que el Gobierno no puede ignorar. En estos casos, el problema no siempre es lo que se prueba en sede judicial, sino lo que queda sin explicar en el plano público.
En tiempos de alta exposición mediática y con sectores periodísticos atentos al menor error, el silencio o la demora en aclarar situaciones sensibles suele jugar en contra de la gestión, aun cuando no existan responsabilidades directas comprobadas.
Un Gobierno con aciertos que no debería cargar con “daños colaterales”
El actual gobierno provincial ha mostrado iniciativa, continuidad de gestión y varios aciertos en distintas áreas. Precisamente por eso, no debería permitirse —ni por inocencia ni por descuido— la acumulación de “daños colaterales” que pueden erosionar esa imagen.
Cuando surgen sospechas razonables, la experiencia indica que las dos herramientas más eficaces son la transparencia inmediata y las decisiones preventivas. Apartar transitoriamente a funcionarios o colaboradores bajo investigación, o bien salir rápidamente a dar explicaciones claras y documentadas, suele ser menos costoso que dejar que el tema escale sin control.
La ausencia de reacción política, en cambio, deja el campo libre para lecturas maliciosas, operaciones mediáticas y titulares con animosidad manifiesta, que colocan al oficialismo en el centro de la escena por razones que podrían haberse evitado.
Controles, trazabilidad y una advertencia necesaria
Más allá de las responsabilidades individuales que determine la Justicia, el caso vuelve a poner el foco en los mecanismos de control y trazabilidad de una de las áreas más sensibles del Estado. La política alimentaria no admite zonas grises: cada bolsa de alimentos debe tener un recorrido claro, verificable y auditable.
La pregunta que sobrevuela no es solo judicial, sino administrativa y política: ¿los sistemas actuales son suficientes para evitar desvíos?, ¿existen alertas tempranas?, ¿se revisan periódicamente los circuitos de entrega y distribución?
Responder a esas preguntas con hechos concretos puede ser tan importante como el avance de la causa judicial.
Una oportunidad para ordenar y dar señales
Lejos de ser únicamente un problema, este episodio puede convertirse en una oportunidad para que el Gobierno provincial refuerce su compromiso con la transparencia, revise procedimientos y marque límites claros.
La sociedad entrerriana, especialmente en un contexto de dificultades económicas, observa con atención cómo se administran los recursos destinados a los más vulnerables. No se trata de condenar antes de tiempo, pero tampoco de mirar para otro lado.
Cuando la Justicia investiga, la política debe acompañar con responsabilidad. Porque en estos temas, la falta de explicaciones suele pesar casi tanto como los hechos mismos.
Y en un escenario donde algunos medios están expectantes del mínimo error, anticiparse, aclarar y corregir no es una debilidad: es una forma inteligente de gobernar.
Mientras las escuelas entrerrianas acumulan problemas estructurales, salarios que corren detrás de la inflación, edificios deteriorados y una formación docente que muchas veces depende más del esfuerzo individual que de una política sostenida, la conducción de AGMER vuelve a elegir otro camino: el de la militancia ideológica internacional, ajena —y hasta ofensiva— a su función principal.
Este 3 de enero de 2026, la comisión directiva central del gremio docente emitió un comunicado en el que denuncia una supuesta “intromisión de Estados Unidos en América Latina”, repudia un “ataque imperialista a Caracas” y habla del “secuestro del presidente de Venezuela”, en una defensa implícita —y sin matices— del régimen de Nicolás Maduro, un gobierno señalado internacionalmente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución política, censura y represión.
La pregunta es inevitable: ¿qué tiene que ver todo esto con la educación entrerriana?
Ideología antes que escuela
AGMER no es un partido político ni una organización de geopolítica internacional. Es —o debería ser— un gremio docente, con responsabilidades concretas y urgentes:
discutir salarios dignos,
exigir condiciones edilicias seguras,
promover capacitaciones reales y de calidad,
defender a los docentes sin someter a las familias y a los alumnos a extorsiones recurrentes.
Sin embargo, una vez más, el sindicato parece cómodo en el rol de tribuna ideológica, repitiendo consignas de manual, citando la Doctrina Monroe y hablando de “patios traseros”, mientras evita cualquier autocrítica sobre su propio accionar local.
Resulta, como mínimo, vergonzoso que quienes tienen influencia directa en la formación de niños y adolescentes naturalicen —o justifiquen— regímenes autoritarios, (con mas de 900 detenidos políticos incluso niños ) cerrando los ojos frente a la realidad venezolana: éxodo masivo, presos políticos, pobreza estructural y un Estado capturado por una élite gobernante.
Febrero: la vieja historia
El contraste es aún más irritante cuando se recuerda el patrón repetido año tras año: silencio durante meses, y cuando llega febrero, paro, presión y conflicto, con la educación como rehén y las familias atrapadas en disputas que podrían —y deberían— haberse trabajado antes.
¿Por qué no hay comunicados encendidos en octubre o noviembre reclamando presupuesto educativo? ¿Por qué no hay el mismo énfasis discursivo para exigir planes de infraestructura, conectividad, formación continua o evaluaciones serias del sistema?
La respuesta parece clara: la ideología rinde más que la gestión.
Un llamado de atención
No se trata de censurar ideas, sino de ubicar prioridades. Cuando un gremio docente se pronuncia con fervor para defender a un dictador extranjero, pero no logra resolver —ni anticipar— los problemas básicos de la educación provincial, algo está profundamente mal.
AGMER debería preguntarse si representa a los docentes entrerrianos o a una agenda política que nada tiene que ver con el aula, el pizarrón y el futuro de los chicos.
Porque educar no es adoctrinar, defender derechos no es justificar autoritarismos, y la escuela no puede seguir siendo rehén de quienes confunden sindicalismo con militancia partidaria.
El senador provincial Rubén Dal Molín respondió a las declaraciones de Guillermo Michel y afirmó que la subejecución en Vialidad Provincial es un problema histórico y estructural. “Los números muestran una realidad que no empezó ahora y que esta gestión decidió enfrentar con decisiones concretas”, sostuvo.
Las declaraciones de Guillermo Michel sobre una supuesta subejecución del presupuesto en Vialidad Provincial omiten un dato central: la subejecución no es un fenómeno reciente ni atribuible a la actual gestión, sino un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década.
El cuadro que acompaña esta respuesta, elaborado a partir de datos oficiales, es claro. Desde 2009 a la fecha, la participación del gasto de Vialidad sobre los ingresos provinciales viene cayendo de manera sostenida, al igual que la distancia entre el presupuesto asignado y el efectivamente ejecutado. Los picos de subejecución se registran en distintos períodos de gobierno, muchos de ellos bajo administraciones del mismo signo político que hoy cuestiona.
“La discusión no puede darse desde consignas ni oportunismos. Los datos muestran que el problema es histórico”, señaló Dal Molín, y agregó que la causa debe buscarse en “una burocracia pesada, procedimientos obsoletos y una verdadera máquina de impedir dentro del organismo”, situación advertida en reiteradas oportunidades por ex autoridades de Vialidad, entre ellos Bell.
En ese marco, el senador remarcó una diferencia clave con gestiones anteriores: la actual administración dispuso la afectación específica de recursos para Vialidad Provincial y estableció un criterio de responsabilidad fiscal que antes no existía. “Hoy, los montos que no alcanzan a devengarse al 31 de diciembre no se pierden ni vuelven a Rentas Generales, sino que quedan como crédito para el ejercicio siguiente. Antes, la subejecución implicaba perder fondos para caminos y rutas. Hoy no”, explicó.
Dal Molín subrayó además que el gobierno provincial está avanzando en mecanismos concretos para reducir la burocracia, como convenios con municipios y comunas, consorcios camineros y esquemas de ejecución descentralizada, con el objetivo de atacar el problema de fondo que durante años nadie quiso enfrentar.
“El problema de la subejecución existe, pero no empezó ahora. La diferencia es que hoy se lo reconoce, se lo explica con datos y se lo enfrenta con decisiones. Lo demás es relato”, concluyó.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que la operación militar de Washington busca un cambio de régimen y el control de los recursos naturales, exigiendo la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.
https://youtu.be/2-TJWjqWsSU
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este sábado 3 de enero la agresión militar «sin precedentes» de Estados Unidos contra el territorio nacional, perpetrada a la 1:58 de la madrugada, que culminó con el ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Rodríguez afirmó que en «hay un solo presidente en este país y se llama Nicolás Maduro Moros».
Acompañada de altos funcionarios del Gobierno Bolivariano, la vicepresidenta encabezó una reunión de urgencia del Consejo de Defensa de la Nación en el Palacio de Miraflores ante la agresión militar en contra Venezuela. En este contexto, Rodríguez recordó que el ejecutivo venezolano ya había advertido sobre una agresión en curso bajo «falsas excusas y pretextos», destacando que «las caretas se habían caído».
La vicemandataria enfatizó que el verdadero objetivo de esta operación es «el cambio de régimen en Venezuela», lo que permitiría a Estados Unidos «la captura de nuestros recursos energéticos, minerales y naturales». Hizo un llamado a la comunidad internacional para que sea consciente de esta verdad.
Los representantes de los poderes públicos del Estado venezolano, el alto mando militar y otras autoridades clave participaron del Consejo de Defensa de la Nación. Desde allí, la vicepresidenta exigió la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, reafirmando al mandatario como el «único presidente de Venezuela».
Rodríguez informó que el Organismo de Seguridad Ciudadana y «todo el poder nacional» de Venezuela se activaron. Esto busca ratificar la defensa de la independencia, soberanía e integridad territorial, que calificó de «salvajemente atacada». También añadió que «el pueblo de Venezuela se ha activado en las calles», siguiendo un llamado previo de Maduro para la activación de la FANB y las milicias bolivarianas.
El 3 de enero de 2026 quedó marcado como una fecha histórica en la convulsionada historia política de Venezuela: la captura de Nicolás Maduro cerró, al menos simbólicamente, un ciclo de poder autoritario que durante años condicionó a toda la región. Ese hecho, que conmocionó al escenario internacional, reabre también en la Argentina un debate pendiente: el de las responsabilidades políticas, los respaldos explícitos y los silencios cómplices que acompañaron al régimen venezolano desde el exterior.
En ese contexto, reaparecen imágenes y gestos del pasado que hoy incomodan a más de un dirigente argentino. Fotografías, declaraciones y posicionamientos públicos que, con el paso del tiempo, dejaron de ser simples expresiones ideológicas para transformarse en documentos políticos de una época.
Entre esos antecedentes vuelven a escena vínculos y admiraciones explícitas hacia el régimen venezolano por parte de dirigentes del justicialismo, incluidos referentes de Entre Ríos. Blanca Osuna y José Cáceres, figuras históricas del peronismo entrerriano, formaron parte de ese entramado político que durante años observó —cuando no celebró— la experiencia del chavismo primero y del madurismo después.
La imagen que hoy circula como prueba elocuente no es menor: actos oficiales, gestos de cercanía y una narrativa común que en su momento se justificaba bajo el discurso de la “integración latinoamericana”, pero que hoy resulta difícil de sostener frente al colapso institucional venezolano. No se trata de imputaciones judiciales, sino de hechos políticos verificables: hubo respaldo discursivo, hubo afinidad ideológica y hubo un prolongado silencio cuando la deriva autoritaria del régimen ya era inocultable.
Blanca Osuna, exintendenta de Paraná, y actual diputada nacional y dirigente de peso dentro del PJ entrerriano, construyó su trayectoria en sintonía con los gobiernos kirchneristas. En ese marco, su cercanía política con los gobiernos de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro no fue un hecho aislado, sino parte de una lógica compartida por amplios sectores del peronismo gobernante de aquellos años.
José Cáceres, dirigente central del PJ entrerriano y presidente del Consejo Provincial del partido durante 2024–2025, también integró ese universo político que miró a Venezuela como modelo alternativo, aun cuando los signos de deterioro democrático ya eran evidentes. Su rol actual dentro del justicialismo provincial vuelve a poner bajo la lupa esos antecedentes, en momentos en que el PJ discute su identidad, su liderazgo y su credibilidad social.
El caso entrerriano no es una excepción. Es el reflejo de una relación mucho más profunda entre sectores del poder argentino y el régimen venezolano. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las principales aliadas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y hasta hoy gran parte de los acuerdos, compromisos y entendimientos entre ambos gobiernos permanecen envueltos en un manto de opacidad que la historia aún no terminó de develar.
La captura de Maduro el 03/01/2026 no solo representa un quiebre para Venezuela. También obliga a revisar, con honestidad política, quiénes acompañaron, justificaron o relativizaron un modelo que derivó en autoritarismo, pobreza y persecución. Lo que alguna vez se presentó como una “causa latinoamericana” hoy aparece, para amplios sectores de la sociedad, como una relación profundamente nociva para la Argentina.
Traer estos hechos a la actualidad no es un ejercicio de revancha ni de oportunismo. Es un acto de memoria política. Porque las fotos existen, las palabras quedaron registradas y las decisiones tienen consecuencias. Y porque, en un país que intenta dejar atrás décadas de fracasos, recordar quiénes aplaudieron modelos que terminaron en tragedia también forma parte del debate democrático.
La pregunta sigue abierta: ¿hubo autocrítica real o solo un conveniente silencio con el paso del tiempo?
Horas después de una audaz operación militar que sacó del poder al líder Nicolás Maduro y lo expulsó del país, el presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos gobernaría Venezuela al menos temporalmente y aprovecharía sus vastas reservas de petróleo para venderlas a otras naciones.
La dramática acción culminó una intensa campaña de presión de la administración Trump contra la nación sudamericana y su líder autócrata, así como meses de planificación secreta que resultaron en la acción estadounidense más contundente para lograr un cambio de régimen desde la invasión de Irak en 2003. Expertos legales cuestionaron inmediatamente la legalidad de la operación.
Hablando con los periodistas horas después de la captura de Maduro, Trump reveló sus planes de explotar el vacío de liderazgo para “arreglar” la infraestructura petrolera del país y vender “grandes cantidades” de petróleo a otros países.
Maduro y su esposa , secuestrados durante la noche en su domicilio en una base militar, fueron trasladados inicialmente a bordo de un buque de guerra estadounidense camino a ser procesados por una acusación formal del Departamento de Justicia que los acusa de participar en una conspiración narcoterrorista. Un avión que transportaba al líder depuesto aterrizó la tarde del sábado en Nueva York.
El vicepresidente de Venezuela exigió en un discurso que Estados Unidos libere a Maduro y lo llamó el líder legítimo del país.
La autoridad legal para la incursión, realizada sin la aprobación del Congreso, no estaba clara de inmediato, pero la administración Trump promovió la expulsión como un paso hacia la reducción del flujo de drogas peligrosas a los EE. UU. El presidente promocionó lo que vio como otros beneficios potenciales, incluida una participación de liderazgo en el país y un mayor control del petróleo.
Trump afirmó que el gobierno estadounidense ayudaría a gobernar el país y ya lo estaba haciendo, aunque no hubo indicios inmediatos de ello. La televisión estatal venezolana continuó difundiendo propaganda a favor de Maduro, transmitiendo imágenes en vivo de simpatizantes protestando en las calles de Caracas.
“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde se jactó de que esta “operación extremadamente exitosa debería servir como advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses”.
Se eleva humo en el aeropuerto de La Carlota tras escucharse explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron imputados en 2020 por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, pero el Departamento de Justicia publicó el sábado una nueva acusación contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, que describió al régimen como un “gobierno corrupto e ilegítimo” impulsado por una red de narcotráfico que inundó Estados Unidos con cocaína. El gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como líder del país.
Trump publicó una foto en las redes sociales que muestra a Maduro vistiendo un chándal y una venda en los ojos a bordo del USS Iwo Jima.
Ataque a primera hora de la mañana
La operación se produjo tras un esfuerzo de meses de la administración Trump para presionar al líder venezolano, que incluyó un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas sudamericanas y ataques a embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe acusadas de transportar drogas. La semana pasada, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones en una zona de atraque que se cree fue utilizada por cárteles de la droga venezolanos, la primera operación directa conocida en territorio venezolano desde que Estados Unidos inició los ataques en septiembre.
Ataque a primera hora de la mañana
La operación se produjo tras un esfuerzo de meses de la administración Trump para presionar al líder venezolano, que incluyó un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas sudamericanas y ataques a embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe acusadas de transportar drogas. La semana pasada, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones en una zona de atraque que se cree fue utilizada por cárteles de la droga venezolanos, la primera operación directa conocida en territorio venezolano desde que Estados Unidos inició los ataques en septiembre.
La operación en Venezuela, que tuvo lugar 36 años después de la invasión estadounidense a Panamá en 1990 que condujo a la rendición y captura del líder Manuel Antonio Noriega, se desarrolló al amparo de la oscuridad la madrugada del sábado cuando Trump dijo que Estados Unidos apagó “casi todas las luces” en la ciudad capital de Caracas mientras las fuerzas avanzaban para extraer a Maduro y su esposa.
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las fuerzas estadounidenses habían ensayado sus maniobras durante meses, aprendiendo todo sobre Maduro: dónde estaba y qué comía, así como detalles de sus mascotas y su ropa.
“Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, analizamos, ensayamos una y otra vez”, dijo Caine. “No para acertar, sino para asegurarnos de no equivocarnos”.
La caída de Nicolás Maduro marca un quiebre histórico en América Latina y devuelve la esperanza a un pueblo sometido durante años por la represión y la miseria.
La caída de Nicolás Maduro no es un hecho aislado ni un simple cambio de nombres en el poder. Es la derrota política y moral de uno de los regímenes más autoritarios y corruptos que sufrió América Latina en las últimas décadas. Se termina un ciclo de opresión, hambre y persecución que devastó a millones de venezolanos y los empujó al exilio, al silencio o a la pobreza extrema.
En este contexto histórico, Mauricio Retamar, referente político comprometido con la defensa irrestricta de la libertad y la república, celebró el fin del madurismo como “una señal inequívoca de que ningún régimen puede sostenerse eternamente cuando gobierna contra su pueblo”. Sus declaraciones expresan el sentir de millones que durante años denunciaron los abusos, mientras muchos preferían mirar para otro lado.
“La caída de Maduro no es una intervención ideológica ni una revancha partidaria: es el triunfo de la dignidad humana sobre la tiranía”, sostuvo Retamar, subrayando que el daño causado por el chavismo no fue solo económico, sino profundamente institucional y cultural.
Durante años se intentó justificar lo injustificable. Se relativizaron violaciones a los derechos humanos, se negó el hambre, se romantizó la represión. Hoy la realidad se impone con contundencia: no existen dictaduras buenas ni autoritarismos aceptables, sin importar el relato con el que se los disfrace.
La salida de escena de Nicolás Maduro abre una oportunidad histórica para reconstruir Venezuela desde la libertad, con instituciones fuertes, elecciones libres y un Estado al servicio de los ciudadanos y no de una casta enquistada en el poder.
Como afirmó Mauricio Retamar, este momento debe servir de advertencia para toda la región: los pueblos pueden ser sometidos por un tiempo, pero la historia siempre termina alcanzando a los tiranos. Hoy no gana un sector político. Hoy gana la libertad.
El presidente de Estados Unidos informó que su país llevó a cabo un “ataque a gran escala”. El chavista fue trasladado en avión junto a su esposa, Cilia Flores
El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, informó este sábado que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.
Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.
En una breve comunicación con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue “una operación brillante”.
“Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, señaló.
El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.
A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.
Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.
Además, circularon imágenes que mostraron varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.
También se vieron imágenes de cientos de autos intentando huir de la zona en conflicto. Los videos mostraron a agentes de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro deteniendo a todo civil en la calle.
Otros habitantes en la región bombardeada reportaron explosiones en La Guaira, al mismo tiempo que apagones y detonaciones en Caracas, en un escenario que apuntaba a una escalada histórica.
“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, relató una pensionada de 67 años que pidió anonimato a AFP. “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, contó la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.
Emmanuel Parabavis, de 29 años, residente de El Valle, también manifestó que escuchó sonar “como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos”. “Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (…) contra los aviones que están sobrevolando por aquí”.
Los estallidos ocurrieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una flota naval en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y advirtiera que los días del dictador Nicolás Maduro en el poder “están contados”.
Trump afirmó el lunes que Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en Venezuela, lo que representó el primer ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano.
Por su parte, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro reportó este sábado por la madrugada lo que calificó como una “gravísima agresión militar” contra su país y declaró el estado de excepción tras las fuertes explosiones registradas en Caracas.
“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, señaló un comunicado emitido por las autoridades dictadura a través de la televisión estatal.
A su vez, llamó a la movilización del pueblo venezolano en repudio al bombardeo. Según destaca el comunicado, este hecho constituye “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.
El régimen de Nicolás Maduro informó que esta “agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.
En el texto, el líder dictatorial había anunciado la declaración del “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según se informó en cadena nacional.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela, luego de ataques de Estados Unidos que, según Donald Trump, concluyeron con la captura de Maduro.
Petro calificó las acciones de Washington como una “agresión a la soberanía” de América Latina y dijo que tendrán como consecuencia una crisis humanitaria.
Aunque propuso que la crisis se resuelva mediante el “diálogo”, el colombiano aseguró en la red X que ordenó el “despliegue de la fuerza pública” en la frontera con Venezuela, donde operan diversos grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico.
