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El cargo por el cargo mismo termina dejando al descubierto la falta de preparación de algunos dirigentes. Resulta inentendible que un diputado provincial —y más aún en representación de la ciudad que lo vio nacer— desconozca que la represa de Salto Grande no puede ser privatizada, en virtud de los convenios binacionales y fundacionales que rigen su funcionamiento. Tampoco es factible su provincialización, tema que ya ha sido motivo de debates históricos en Entre Ríos.
Lo que en otro momento podría haberse considerado una declaración desafortunada y atemporal, hoy se suma a la contradicción expresada por el candidato a senador de la alianza, Joaquín Benegas Lynch. El dirigente, residente en La Paz desde hace apenas unos años, podría en parte justificarse por no ser entrerriano de origen ni haber profundizado en la información previa antes de entrar en el “ruedo” electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre. Pero el caso del diputado Marcelo López resulta mucho menos justificable.
El proyecto presentado por López
En los últimos días, el diputado provincial Marcelo López (presidente del bloque Juntos por Entre Ríos) presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución para reafirmar la relevancia estratégica, económica, social, ambiental y cultural de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, y manifestar la oposición a cualquier intento de privatización.
Según los fundamentos, la obra constituye “una de las infraestructuras hidroeléctricas más relevantes de la República Argentina, en tanto asegura una provisión significativa de energía limpia, renovable y sustentable al Sistema Argentino de Interconexión, red eléctrica de alta tensión que conecta a todas las provincias argentinas —excepto Tierra del Fuego— y a países vecinos”.
Antecedentes históricos
El proyecto también recorre antecedentes políticos. Recuerda el intento de privatización durante el menemismo y la férrea oposición que esa iniciativa despertó en dirigentes radicales, quienes buscaban evitar el traspaso del complejo hidroeléctrico a manos privadas. Entre ellos se destacó el entonces senador nacional Alcides López, que promovió iniciativas para impedir la privatización y plantear la transferencia de la represa al ámbito provincial.
En esa línea, la actual propuesta de López subraya la necesidad de preservar a Salto Grande bajo la órbita estatal y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial. El legislador sostiene que ello permitiría garantizar un acceso más equitativo al servicio, además de generar beneficios indirectos en materia de empleo, turismo, navegación fluvial y aprovechamiento de recursos naturales.
La contradicción
Sin embargo, la iniciativa del diputado choca con sus propias declaraciones previas, en las que deslizó la posibilidad de una provincialización, figura jurídica que en los hechos tampoco es viable bajo los acuerdos internacionales que sustentan a Salto Grande. Este traspié político expone no solo un desconocimiento técnico, sino también el riesgo de que los debates estratégicos sobre los recursos energéticos de Entre Ríos queden reducidos a consignas de campaña sin sustento.
Los últimos días de agosto de 2025 marcarán un punto de inflexión en la política argentina. No porque la confianza social hacia Javier Milei se haya desplomado —al contrario, aún mantiene un nivel de respaldo alto e inusual para cualquier gobierno a casi un año y medio de gestión—, sino porque las bombas que le explotan alrededor no provienen de la oposición, sino de su propio entorno. Y, como era de esperarse, la vieja política y los círculos privados que lucraron durante décadas con el Estado han encontrado en esa grieta una ventana para volver a escena.
El caso de la droguería Suizo Argentina, los allanamientos a la Andis, las acusaciones contra Karina Milei y los Menem, y el intento de fuga con cientos de miles de dólares en Nordelta son el material perfecto para el reciclaje de la casta. No sorprende que el abogado Gregorio Dalbón —hombre de Cristina Kirchner y pieza jurídica del kirchnerismo más rancio— haya aprovechado la ocasión para instalar la sospecha de coimas. Todo, en el marco de una campaña legislativa que pone a la provincia de Buenos Aires como el último bastión de una política que se robó un país entero.
Resumen de la trama orquestada por lo mas sucio de la politca , como siempre el Kirchnerismo
Lo cierto es que el caso todavía está en proceso: la justicia se toma sus tiempos, la información llega a cuentagotas y los medios, muchos de ellos responsables en otro tiempo de blindar al poder kirchnerista, hoy se regodean en ahondar con saña sobre Milei. No por amor a la transparencia, sino porque ven la posibilidad de debilitar al único gobierno que aún genera un vínculo genuino de confianza con la ciudadanía.
En paralelo, el capítulo del fentanilo contaminado dejó expuesto otro flanco: los organismos de control fallaron y el gobierno lo sabe. Sin embargo, la reacción fue rápida: detenciones, celebraciones públicas y un intento —tal vez torpe— de relacionar los hilos con empresarios cercanos al kirchnerismo. La tensión con la justicia, con jueces que reclaman respeto frente a la presión del Ejecutivo, muestra también una fragilidad institucional que no es nueva: está enquistada desde hace décadas.
Lo criticable no es que Milei enfrente este problema —a todo presidente, tarde o temprano, le tocan las sombras de su propio círculo—, sino que aún no logre diferenciar con firmeza la agenda de transparencia que prometió de las prácticas históricas que juró combatir. Y en ese terreno, la cercanía de personajes como Spagnuolo o los vínculos sospechados con la propia vicepresidenta Villarruel y los hermanos Milei no son detalles menores: son un riesgo directo a la credibilidad del proyecto libertario.
Mientras tanto, el kirchnerismo celebra la tormenta, agita denuncias y arma escenarios judiciales a la carta, como en los viejos tiempos. La diferencia es que hoy lo hace desde la defensiva electoral, intentando rescatar lo poco que queda de su poder en el conurbano bonaerense.El amigo y abogado de Javier Milei apareció en Pilar y habría intentado eludir a los oficiales. Estaría dispuesto a colaborar con la Justicia en la investigación de las coimas que salpica a Karina y los Menem.
El desenlace de estas causas no se conocerá mañana. La justicia argentina nunca tuvo apuro en avanzar cuando de poder real se trata. Pero lo que sí queda claro es que el presidente Milei enfrenta su prueba más dura: demostrar que las promesas de cambio no son un eslogan, sino una línea de conducta capaz de romper con lo peor de la política y de los negocios privados que hicieron de la Argentina una tierra de saqueo.
De lo contrario, las bombas que hoy estallan en su entorno pueden convertirse en la dinamita que erosione, desde adentro, la confianza que todavía lo sostiene.
DENUNCIA DE GREGORIO DALBON (ABOGADO DE LA EX PRESIDENTE CRISTINA KIRCHNER)
El exgobernador y actual legislador nacional Gustavo Bordet presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que disponga de manera urgente la construcción de una pasarela peatonal (puente), garitas de colectivos e iluminación en el cruce de la Ruta Nacional Nº 18 (Autovía) con la Ruta Provincial Nº 6, en la Comuna de Paso de la Laguna, departamento Villaguay.
Bordet destacó que esta obra es indispensable para la seguridad de los habitantes, ya que en la zona se encuentra la mayor parte de la población al norte de la autovía, mientras que las escuelas y la comisaría se ubican al sur, lo que obliga a niños, jóvenes y familias a atravesar diariamente la ruta con un alto nivel de riesgo.
“No se puede naturalizar que los chicos deban cruzar una autovía para ir a la escuela sin contar con un puente peatonal, sin iluminación suficiente ni señalización adecuada. Estamos hablando de la seguridad de la comunidad y de proteger la vida de los vecinos y vecinas de Paso de la Laguna”, subrayó el diputado entrerriano.
En este sentido, Bordet recordó que la conversión en autovía de la Ruta Nacional Nº 18 debía contemplar este tipo de obras complementarias que hoy son una demanda urgente de la población.
Asimismo, anunció que gestionará ante Vialidad Nacional una audiencia para el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, y la presidenta de la Comuna de Paso de la Laguna, Mariel Henchoz, a fin de acelerar los trámites y asegurar que la obra tenga la prioridad que corresponde.
Finalmente, el exgobernador señaló que la seguridad vial es una responsabilidad del Estado y debe ser abordada con políticas integrales: “La prevención y la concientización son importantes, pero nada sustituye a la infraestructura. Este puente peatonal, junto con la iluminación y las paradas de colectivos, es una obra esencial que no puede seguir esperando”, concluyó.
Vuelven a subir los sueldos de los senadores: pasarán los $10,2 millones en bruto desde noviembre
Es por la reciente actualización paritaria de los empleados del Congreso para los próximos meses. Los legisladores de la Cámara alta están atados a dicho mecanismo
En medio de una sesión compleja para el Gobierno en el Senado, se cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y los legisladores que integran la Cámara alta pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto, según las estimaciones realizadas en base al flamante acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.
¿Cómo se arriba a dicha cifra? En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto del Senado. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000.
En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.
Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien primero dudó -cuándo no- y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.
En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de $9,5 millones en bruto. Esto generó el repudio de varios bloques, en particular, del Frente de Todos.
Villarruel invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.
Desde varias bancadas -La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y algunos silvestres provinciales- se desprendieron de dicho aumento y habrá que ver qué harán con el de las últimas horas. Casi todo el kirchnerismo no lo hizo -como adelantó este medio, excepto el riojano Fernando Rejal y Kirchner, que cobra su jubilación-, así como la oscilante santacruceña Natalia Gadano -de opositora a aliada del Gobierno libertario según el día-, quien fue consultada en reiteradas oportunidades en junio, sin respuesta desde su despacho. En la información oficial, no aparece entre las renunciantes. En resumidas cuentas, casi partidos en mitades.
En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, respectivamente. En tanto, para septiembre, octubre y noviembre, el porcentaje será -para cada mes- de 1,2%, con un bono remunerativo de $20.000. Un acumulado de 7,52%. De esta manera, el módulo quedará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 de las dietas es que se llega a los más de $10,2 millones en bruto, sin los descuentos correspondientes -como Ganancias- que disminuirán el sueldo en mano de cara a los primeros días de diciembre.
Durante la corriente semana, el líder del gremio APL, el kirchnerista Norberto Di Próspero -respetado por muchos y temido por tantos otros-, arrasó y fue reelecto. Es una buena noticia para Villarruel y también para el titular de Diputados, Martín Menem. Quienes conocen el paño deslizan que las relaciones, a pesar de las “quejas” de los sindicatos por los sueldos, es más que cordial.
La relación de los argentinos con los medios de comunicación atraviesa uno de sus momentos más tensos. Según la encuesta nacional de Trends (mayo de 2025), el 59,1 % de la ciudadanía dice confiar en los medios en general. Pero detrás de ese número aparecen contrastes fuertes: un estudio de Zubán Córdoba (abril de 2024) señaló que apenas el 14,2 % confía en ellos como instituciones, mientras que más del 80 % directamente desconfía.
Los periodistas no corren mejor suerte: ocho de cada diez argentinos dicen desconfiar de su trabajo. El Instituto Reuters (2025) agregó otro dato revelador: solo el 30 % de los encuestados confía en “la mayoría de las noticias en general”, y esa confianza mejora apenas cuando la información proviene de medios elegidos personalmente.
Credibilidad en duda frente al poder
La falta de confianza también golpea la función de los medios como contrapeso político. Para la mayoría, los medios no logran limitar al gobierno ni fiscalizar al poder real. Solo el 28,3 % cree que pueden hacerlo. La mitad de los encuestados opina que tampoco los periodistas tienen esa capacidad, lo que evidencia una pérdida de legitimidad simbólica.
Periodismo precarizado y más vulnerable
A esta crisis de credibilidad se suma la precarización del oficio. El 61 % de los periodistas cobra salarios por debajo de la línea de pobreza, según el SiPreBA. Muchos deben sumar varios empleos para sobrevivir. Y no se trata solo de lo económico: un 27 % sufrió agresiones en el último año, la mayoría en redes sociales, y casi un tercio padece problemas de salud vinculados a la presión del trabajo.
Un periodismo mal pago, hostigado y sin respaldo institucional difícilmente puede ejercer un rol autónomo frente al poder político o económico.
Un claro ejemplo de como se ejerce presion a los periodistas , con diversa operaciones mediaticas que recurren a oscuros intereses
Redes sociales: el nuevo escenario de la opinión pública
La gran diferencia con décadas pasadas está en la irrupción de las redes sociales. Si en los noventa la agenda pública se definía casi en exclusiva en los grandes medios, hoy ese poder se encuentra fragmentado.
Plataformas como X, Facebook, Instagram, TikTok o YouTube no solo son canales de distribución, sino verdaderos espacios donde se forma opinión. Allí la información se mezcla con emociones, desinformación, memes políticos y mensajes virales que, muchas veces, influyen más rápido que una tapa de diario.
La respuesta inmediata que explota en las redes
Además, las redes trasladaron la confianza hacia comunidades digitales y referentes individuales —influencers, streamers o cuentas anónimas virales— que ganan un protagonismo impensado frente al periodismo tradicional. Esto refuerza la fragmentación del espacio público y profundiza la polarización.
Un clima de opinión más frágil y cambiante
La opinión pública argentina ya no se construye únicamente desde los medios tradicionales. Hoy es un terreno líquido, cambiante y altamente emocional. La ciudadanía oscila entre la desconfianza hacia los medios institucionales y la búsqueda de legitimidad en voces digitales más cercanas.
La consecuencia es clara: el poder de moldear el debate ya no pertenece a unos pocos grandes medios, sino a un ecosistema donde conviven noticias, fake news, discursos políticos, comunidades digitales y tendencias virales que en horas pueden instalar un tema en la agenda nacional.
El Gobierno de Entre Ríos impulsa una política de Estado integral de modernización, digitalización y eficiencia. En este marco, ATER eliminó la impresión de boletas en papel y pone a disposición de los contribuyentes múltiples opciones para cumplir con sus obligaciones.
Hoy es posible pagar impuestos utilizando solo el DNI. Los contribuyentes pueden dirigirse a cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios, donde, al presentar el DNI (o número de partida/dominio o CUIT), se les informará el monto adeudado y podrán elegir qué obligación abonar y la forma de pago (efectivo, tarjeta de débito o billeteras virtuales).
Más digital, más fácil
Adherirse a la Boleta Digital no es obligatorio, pero es el medio más práctico y cómodo para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades tributarias, ya que es responsabilidad de cada contribuyente estar al día con el pago de sus impuestos.
El proceso de adhesión es simple y práctico. Los contribuyentes pueden hacerlo de dos maneras:
Escaneando un código QR: Escaneando el código QR que aparece en la última boleta impresa que recibieron.
En la web oficial de ATER: En la sección de “Adhesión a la Boleta Digital”: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp
¿De qué formas se puede acceder a la Boleta Digital?
Por correo electrónico: al adherirse a la modalidad digital – y una vez completados los pasos correspondientes – la boleta llega directamente al correo electrónico del contribuyente, lo que constituye la forma más fácil y práctica de estar al día con los vencimientos.
Descarga directa: Descargando o imprimiendo la boleta desde la web de ATER.
¿Qué medios de pago pone ATER a disposición de los contribuyentes?
ATER ofrece una amplia variedad de opciones de pago, tanto digitales como presenciales:
Pago presencial sin boleta: En sucursales de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI, número de partida, dominio o CUIT. Esta opción permite abonar mediante tarjeta de débito, QR de billeteras virtuales, o efectivo.
Pago online: A través de Home Banking (Red Link y Banelco) o en PlusPagos.com y/o su app. Esta última opción permite abonar mediante tarjeta de débito o QR de billeteras virtuales.
Débito automático: Adhiriendo el impuesto a una cuenta bancaria.
Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.
Canales de ATER para consultas y asistencia personalizada:
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La Justicia dispuso el arresto del titular de las empresas acusadas por las 96 muertes vinculadas con la droga y parte de la plana mayor de las firmas
La Justicia ordenó la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma, el laboratorio vinculado con el fentanilo contaminado. El procedimiento está a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería.
A través de 10 allanamientos, con las órdenes de detención, se apuntó contra el titular de la firma y de Laboratorios Ramallo, las empresas que están siendo investigadas por la muerte de, al menos, 96 personas.
En ese sentido, detuvieron a otros involucrados que están vinculados con las acciones de las empresas, como Diego y Damián García, hermanos de García Furfaro, que llevaban el control de las actividades de los laboratorios. Asimismo, su mamá, Nilda Furfaro, quien es accionista y vicepresidenta de HLB.
En tanto, también realizaron los allanamientos con la posterior detención del director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, y a los directores técnicos de ambas firmas, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.
Por último, también se ordenó detener a los accionistas y autoridades de la empresa Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y a su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.
“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X con las fotos de algunos de los detenidos.
La Justicia, a través del juez Ernesto Kreplak, investiga a García Furfaro por la partida 31202 del fentanilo contaminado de HLB Pharma. En ese momento, de acuerdo a las reconstrucciones, la presidenta de la empresa era la abuela de García Furfaro, una jubilada que nunca tomó ninguna resolución ni se la vio en las instalaciones de la planta elaboradora de medicamentos de su nieto. Su madre y hermanos, Diego y Damián también formaron parte de HLB Pharma o Laboratorios Ramallo, elaborador exclusivo de medicamentos de la primera empresa.HLB Pharma es investigada por la fabricación de fentanilo contaminado
Este martes el juez recibió el estudio de las primeras 20 historias clínicas de pacientes fallecidos, realizadas por el Cuerpo Médico Forense. De ese total, al menos 12 pacientes empeoraron su cuadro después de recibir el medicamento contaminado con dos bacterias.
El informe reveló que los fallecimientos no se los pudo asociar como “Nexo Causal Directo” de la muerte del paciente. Sí, en cambio, certificaron que en doce historias clínicas la aplicación del fentanilo de HLB Pharma “constituye un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.
Para la causa es importante que los peritos certificaron que el fentanilo HLB Pharma estaba contaminado y que se encontró en la sangre de los pacientes.
Los facultativos también explicaron que: “El criterio y los tipos de nexo causal aplicados desde el punto de vista médico legal, están fundamentados en la legislación nacional, la doctrina legal y el conocimiento médico forense argentino, y surgen de fuentes doctrinarias, normativas y bibliográficas que son ampliamente utilizadas en el ámbito de la medicina legal”. Y desarrollan: “Entre los criterios y tipos de nexo causal aceptados en Argentina se encuentran Nexo causal directo: Cuando la acción u omisión es la causa inmediata y necesaria del daño o muerte. Nexo causal indirecto o concausalidad: cuando actúan varios factores concurriendo en la producción del daño. Se considera que la causa investigada tiene una alta probabilidad de haber contribuido de manera significativa en el daño o fallecimiento, aunque no pueda afirmarse con certeza absoluta que sea la única causa. Nexo causal fortuito: cuando la asociación entre el factor y el daño es accidental o sin influencia significativa”.
Bajo esas especificaciones científicas los peritos del Cuerpo Médico Forense concluyeron:
Nexo Causal Directo: Define aquellos casos en los que el cuadro infeccioso vinculado a los microorganismos con demostrada identidad fenotípica, molecular y genómica con los recuperados de las ampollas de Fentanilo de HLB PHARMA fueron la causa determinante del fallecimiento y/o enfermedad sin que existan otras condiciones médicas que puedan explicar dichos causales. No surgen casos de esta categoría en el relevamiento realizado”.
Nexo Concausal:“Define aquellos casos en los que el cuadro infeccioso vinculado a los microorganismos con demostrada identidad fenotípica, molecular y genómica con los recuperados de las ampollas de Fentanilo de HLB Pharma constituye un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal. Guarda Relación con el Fármaco Contaminado”. En este caso, el Cuerpo Médico Forense identificó 12 casos. En estas historias clínicas se determinó que el fentanilo contaminado, los pacientes con múltiples comorbilidades “contribuyó al desenlace fatal”.
Nexo Causal Fortuito: “Comprende aquellos casos en los cuales los pacientes presentan algún antecedente de infección que involucra a los gérmenes de estudio en coexistencia de eventos clínicos al momento de su fallecimiento con entidad suficiente para causar la muerte independientemente del antecedente mencionado. No obstante, ello, el cuadro infeccioso participó de la enfermedad del paciente”. En este caso se identificaron cuatro historias clínicas.
Casos no Clasificables con Fallecimiento: Hacen referencia a aquellos casos en los cuales existen documentos con fechas discordantes o existen documentaciones pendientes de remisión para su cierre. En este punto se identificaron cuatro pacientes.
Conclusiones médico legales
En el documento de 30 fojas y firmadas por todos los participantes, se explica que: “Todos los pacientes evaluados presentaron en el curso de su internación algún episodio de infección asociada a alguno o ambos de los microorganismos involucrados en esta causa cuyos estudios microbiológicos certificaron la existencia de trazabilidad entre las bacterias halladas en los pacientes y aquellas recuperadas en. las ampollas de Fentanilo HLB PHARMA lote 31202 certificándose su identidad fenotípica, molecular y genómica”. “Todos estos procedimientos implican la disrupción de las barreras anatómicas naturales, lo que incrementa de manera significativa el riesgo de desarrollar Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, entendidas como todos los procesos infecciosos que no estaban presentes ni en período de incubación al momento del ingreso del paciente a la unidad, y que son adquiridos durante el transcurso de su atención médicas. Las Infecciones asociadas al Cuidado de la Salud son eventos que irrumpen en la evolución clínica del paciente crítico incrementando su condición de riesgo con impacto en su evolución clínica, siendo un factor de riesgo independiente que incrementa la mortalidad”.
En tanto, detallaron que “la bacteria Ralstonia es un bacilo Gram negativo no fermentador oportunista que posee gran habilidad de supervivencia en condiciones de bajos nutrientes con posibilidad de sobrevivir en soluciones. No es un microorganismo habitualmente asociado a infecciones intrahospitalarias”, por lo tanto su presencia puede ser asociada a la contaminación en la etapa de elaboración del fentanilo en el laboratorio. Por el contrario la bacteria “Ralstonia no posee elevada patogenicidad, sin embargo, puede ocasionar evento séptico en pacientes inmunocomprometidos. Las infecciones por Ralstonia en pacientes críticos tienen implicancias significativas debido a su naturaleza oportunista y su perfil de resistencia a los antibióticos”: “Ralstonia picketii, Ralstonia mannitolilytica y Ralstonia insidiosa son patógenos emergentes con capacidad de ocasionar infecciones nosocomiales severas especialmente en pacientes con enfermedades subyacentes con incremento de la mortalidad”.
Por último aseguraron que: La Klebsiella es un bacilo gramnegativo, caracterizado por su elevada virulencia y capacidad infectante. A diferencia del microorganismo previamente mencionado se trata de un agente de elevada frecuencia de presentación como agente causal de infecciones asociadas al cuidado de la salud, especialmente en unidades cerradas de nuestro medio”.
Este es un primer tramo de las historias clínicas enviadas por el juzgado de Ernesto Kreplak que ya fueron informadas a las 24 personas sospechadas de tener algún grado de participación en la elaboración del medicamento y en velar por su esterilidad. Ahora se espera la llegada del resto de la documentación enviada a peritar por el magistrado.
La iniciativa busca ahorrar energía y mejorar la calidad de vida
Durante esta jornada, la Cámara de Diputados tratará en sesión un proyecto que busca modificar el huso horario oficial de Argentina, fijándolo en el -04 GMT. La propuesta obliga a atrasar una hora el reloj en todo el país y reaviva el debate sobre el impacto cotidiano de esta medida.
La iniciativa, encabezada por el diputado mendocino Julio Cobos, figura entre los asuntos principales que discutirá el Congreso. De acuerdo con el texto presentado, el cambio tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. El regreso al huso horario histórico, que se empleaba en la Argentina durante buena parte del siglo XX, aparece en la agenda legislativa en medio de un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios energéticos.
El proyecto plantea que el huso adoptado sería el correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich, tal como establece el Sistema Internacional de Husos Horarios. La discusión adquiere relevancia, ya que la hora oficial está fijada actualmente en -03 GMT, una modificación establecida en 1969 tras décadas de ajustes intermitentes a raíz de políticas de aprovechamiento de la luz solar en verano.
El retorno al horario histórico es considerado por sus impulsores como una solución al “desfasaje histórico” que provoca gastos adicionales y afecta la organización social. Según el diputado Cobos, “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde y esto provoca varios inconvenientes”. Esta visión fue compartida en reiteradas ocasiones a través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), donde defendió la propuesta desde abril de este año.
Entre los antecedentes recientes, la Ley 26.350, sancionada en 2007, implementó el sistema de horario de invierno y verano, alternando entre -03 GMT y -02 GMT según la estación. Sin embargo, la aplicación de estos cambios quedó en suspenso en 2009 y la cuestión horaria volvió a depender de decisiones políticas. Antes, la Ley 25.155 de 1999 había establecido el -04 GMT, aunque fue derogada poco después. Estos vaivenes normativos evidencian la ausencia de un criterio sostenido para fijar la hora oficial en el país.
Un aspecto central de la argumentación reside en el contexto energético global. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el costo de la energía se disparó tras la guerra en Ucrania y los persistentes conflictos en Medio Oriente, lo que elevó los valores del petróleo, el gas y el carbón. Esta situación afecta directamente a Argentina, donde el precio de la energía impacta en la economía y la vida cotidiana.
En respaldo a la propuesta, Cobos citó investigaciones de la doctora Andrea Pattini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) del CONICET Mendoza. Desde el punto de vista científico, uno de los argumentos principales es que un huso horario mal empalmado con el ciclo natural de luz y oscuridad obliga a consumir más electricidad para iluminar hogares y comercios. Según el informe técnico de Pattini, atrasar una hora ayudaría al mejor aprovechamiento de la luz solar en la mañana y reduciría el uso de iluminación por medio de luz artificial en la tarde.
La propuesta también hace foco en la posibilidad de coordinar los husos horarios con los países miembros del Mercosur. El texto invita a los Estados vecinos a consensuar fechas de modificación de la hora oficial, con el propósito de facilitar operaciones bancarias, mercados financieros y el transporte internacional, especialmente con Brasil, país con el que existe una diferencia horaria que suele complicar la logística y la operatoria comercial.
Implementar el cambio al -04 GMT traerá consecuencias inmediatas y visibles en la rutina de millones de habitantes. El retraso de una hora afectará el inicio de la jornada laboral, modificará los horarios escolares y exigirá una adaptación de los servicios públicos. La experiencia internacional sugiere que los primeros días pueden resultar incómodos, aunque a mediano plazo la ciudadanía logra ajustar sus costumbres, y los resultados suelen reflejarse en un consumo energético más eficiente.
El debate legislativo de este miércoles definirá los próximos pasos sobre la hora oficial en Argentina. Mientras tanto, la discusión se instala con fuerza tanto en el Congreso como en la agenda pública, anticipando ajustes que podrían modificar la rutina nacional después de muchos años de estabilidad en la definición horaria.
En política, hay cargos que agrandan a las personas… y personas que achican el cargo. A Francisco Azcué, actual intendente de Concordia, le tocó lo segundo. Llegó con la fortuna de haber sido elegido para un puesto ejecutivo que jamás había ocupado, con el aval del voto popular y la expectativa de encarnar la renovación. Pero un año después del famoso “Pacto de Julio”, lo que queda a la vista no es renovación sino improvisación, impericia y soledad política.
Azcué prometió consensos, pero eligió el monólogo. Anunció diálogo, pero prefirió el decreto. Habló de escuchar, pero terminó ignorando. El intendente que decía venir a cambiarlo todo, todavía no arranca. O peor: arrancó mal y parece ir directo a la banquina.
El espejismo del Pacto de Julio
El 17 de agosto de 2024, en un acto solemne, Azcué se vestía de estadista. Prometía mesas de trabajo, respeto institucional y planificación colectiva. Su “Pacto de Julio” quería ser la réplica local del “Pacto de Mayo” de Milei: un acuerdo de gobernabilidad, un gesto de madurez política.
Hoy, a un año, ese pacto luce como una estafa emotiva. No hubo mesas de trabajo, sino decretazos. No hubo consensos, sino choques. No hubo diálogo, sino silencio. El “gran acuerdo” quedó en la foto oficial y en un discurso para la tribuna. En la práctica, el intendente convirtió la política en una cruzada personal.
Del intendente al “Sheriff”
El cambio más evidente no está en las obras ni en la gestión (porque brillan por su ausencia), sino en el estilo. Azcué mutó del joven dirigente sonriente al “Sheriff Azcué”: un personaje rígido, hosco, convencido de que la autoridad se impone con gestos duros y expulsiones.
Despidos masivos de contratados pobres, persecuciones a críticos, la radio pública cerrada de un portazo, gremios unidos en su contra y un Concejo Deliberante convertido en escribanía exprés para aprobar reformas del COUyT, adjudicaciones y excepciones a medida. Eso no es gestión: es una caricatura de poder autoritario.
La soledad del poder
Lo más preocupante no son las peleas —que son muchas— sino la soledad creciente. Azcué rompió con Cresto, maltrató a radicales y referentes del PRO, ninguneó a instituciones y se blindó contra la prensa que no le festeja el libreto. Su frente político cruje. Y lo único que parece sostenerlo es un círculo chico, asesorías porteñas y un relato libertario que ya no convence ni a los propios.
Desde Paraná lo dicen sin vueltas: “Encima que la cosa está difícil, se pelea con todos al mismo tiempo”. Y en la calle el apodo ya hizo escuela: “No arranca”. Dos palabras que, con sorna, resumen la frustración de una ciudad que esperaba mucho más que peleas y decretos.
Promesas que se esfuman
La Concordia de hoy no tiene obras de peso, ni inversiones, ni recaudación saludable. La situación social empeora y la economía local está planchada. Frente a eso, la respuesta oficial fue refugiarse en la narrativa libertaria: culpar al pasado, atacar a los críticos y ensayar discursos de mano dura. Una serpiente que se muerde la cola y desgasta su propio capital político.
El problema no es que Azcué “no haga”. Hace. Pero hace daño. Da la impresión de que nunca entendió que gobernar exige estrategia, planificación y capacidad de generar hipótesis de trabajo. No alcanza con decretos y fotos. No alcanza con el gesto adusto de sheriff de utilería. Gobernar una ciudad como Concordia requiere política de verdad. Y hasta ahora, lo único que mostró es improvisación con aroma a soledad.
Cerrada la inscripción de listas para las elecciones de octubre, los principales candidatos comenzaron a recorrer medios y a instalar mensajes que buscan seducir a distintos electorados. Sin embargo, no todas las palabras caen en terreno fértil.
Joaquín Benegas Lynch, primer candidato a senador nacional en la lista de la alianza Frigerio-Milei, se pronunció en una entrevista radial a favor de privatizar empresas estatales, mencionando expresamente a Enersa y al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. “Cualquier empresa estatal debería privatizarse”, aseguró, evocando los ’90 con la histórica frase de Roberto Dromi: “Nada que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”.
Un desconocimiento preocupante
Estas declaraciones resultan, cuanto menos, inoportunas para un electorado de esa región, que tiene muy presente lo que significó la construcción de la represa de Salto Grande. No se trata solo de una obra de ingeniería: es un ente binacional, con un complejo entramado legal y político, y con deudas históricas aún pendientes con la región.
La población circundante sabe —y lo recuerda— que Salto Grande dejó promesas incumplidas:
Tarifas eléctricas diferenciadas para las zonas más castigadas por la represa.
Canales de riego para el norte y centro entrerriano.
Un canal de navegación y el dragado del río Uruguay.
Privatizada, cualquiera de estas demandas se volvería lisa y llanamente imposibles de lograr.
El error no calculado
Benegas Lynch parece ignorar no solo la sensibilidad histórica de Concordia y la Costa del Uruguay, sino también el peso electoral de esa región. Concordia, con más de 215.000 habitantes, ni siquiera tiene candidatos propios en lugares expectantes de las listas. Un doble desaire: falta de representación política y ahora un discurso que hiere una identidad colectiva.
En política entrerriana, cuando la pertenencia territorial no se respeta, el costo se paga en silencio: los votantes no gritan, pero dejan de militar, de movilizar y de fiscalizar. Y sin esa estructura mínima, cualquier proyecto se debilita.
Entre el discurso nacional y la realidad local
Mientras Benegas Lynch defiende la gestión de Milei como una “transformación liberal” y habla de un “milagro argentino”, sus palabras sobre Salto Grande generan ruido en un electorado clave. Decir en Concordia que se puede privatizar la represa es como revivir las heridas de los ’90 y mostrarse ajeno a una historia que todavía pesa.
El liberalismo podrá prometer “eficiencia del mercado”, pero en la Costa del Uruguay lo que se escucha es otra cosa: que otra vez la región queda afuera, sin representación en las listas y con la amenaza de que se entregue lo poco que queda como patrimonio común.
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