La relación de los argentinos con los medios de comunicación atraviesa uno de sus momentos más tensos. Según la encuesta nacional de Trends (mayo de 2025), el 59,1 % de la ciudadanía dice confiar en los medios en general. Pero detrás de ese número aparecen contrastes fuertes: un estudio de Zubán Córdoba (abril de 2024) señaló que apenas el 14,2 % confía en ellos como instituciones, mientras que más del 80 % directamente desconfía.
Los periodistas no corren mejor suerte: ocho de cada diez argentinos dicen desconfiar de su trabajo. El Instituto Reuters (2025) agregó otro dato revelador: solo el 30 % de los encuestados confía en “la mayoría de las noticias en general”, y esa confianza mejora apenas cuando la información proviene de medios elegidos personalmente.
Credibilidad en duda frente al poder
La falta de confianza también golpea la función de los medios como contrapeso político. Para la mayoría, los medios no logran limitar al gobierno ni fiscalizar al poder real. Solo el 28,3 % cree que pueden hacerlo. La mitad de los encuestados opina que tampoco los periodistas tienen esa capacidad, lo que evidencia una pérdida de legitimidad simbólica.
Periodismo precarizado y más vulnerable
A esta crisis de credibilidad se suma la precarización del oficio. El 61 % de los periodistas cobra salarios por debajo de la línea de pobreza, según el SiPreBA. Muchos deben sumar varios empleos para sobrevivir. Y no se trata solo de lo económico: un 27 % sufrió agresiones en el último año, la mayoría en redes sociales, y casi un tercio padece problemas de salud vinculados a la presión del trabajo.
Un periodismo mal pago, hostigado y sin respaldo institucional difícilmente puede ejercer un rol autónomo frente al poder político o económico.
Un claro ejemplo de como se ejerce presion a los periodistas , con diversa operaciones mediaticas que recurren a oscuros intereses
Redes sociales: el nuevo escenario de la opinión pública
La gran diferencia con décadas pasadas está en la irrupción de las redes sociales. Si en los noventa la agenda pública se definía casi en exclusiva en los grandes medios, hoy ese poder se encuentra fragmentado.
Plataformas como X, Facebook, Instagram, TikTok o YouTube no solo son canales de distribución, sino verdaderos espacios donde se forma opinión. Allí la información se mezcla con emociones, desinformación, memes políticos y mensajes virales que, muchas veces, influyen más rápido que una tapa de diario.
La respuesta inmediata que explota en las redes
Además, las redes trasladaron la confianza hacia comunidades digitales y referentes individuales —influencers, streamers o cuentas anónimas virales— que ganan un protagonismo impensado frente al periodismo tradicional. Esto refuerza la fragmentación del espacio público y profundiza la polarización.
Un clima de opinión más frágil y cambiante
La opinión pública argentina ya no se construye únicamente desde los medios tradicionales. Hoy es un terreno líquido, cambiante y altamente emocional. La ciudadanía oscila entre la desconfianza hacia los medios institucionales y la búsqueda de legitimidad en voces digitales más cercanas.
La consecuencia es clara: el poder de moldear el debate ya no pertenece a unos pocos grandes medios, sino a un ecosistema donde conviven noticias, fake news, discursos políticos, comunidades digitales y tendencias virales que en horas pueden instalar un tema en la agenda nacional.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
Caompartir la informacion
La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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