En política, hay cargos que agrandan a las personas… y personas que achican el cargo. A Francisco Azcué, actual intendente de Concordia, le tocó lo segundo. Llegó con la fortuna de haber sido elegido para un puesto ejecutivo que jamás había ocupado, con el aval del voto popular y la expectativa de encarnar la renovación. Pero un año después del famoso “Pacto de Julio”, lo que queda a la vista no es renovación sino improvisación, impericia y soledad política.
Azcué prometió consensos, pero eligió el monólogo. Anunció diálogo, pero prefirió el decreto. Habló de escuchar, pero terminó ignorando. El intendente que decía venir a cambiarlo todo, todavía no arranca. O peor: arrancó mal y parece ir directo a la banquina.
El espejismo del Pacto de Julio
El 17 de agosto de 2024, en un acto solemne, Azcué se vestía de estadista. Prometía mesas de trabajo, respeto institucional y planificación colectiva. Su “Pacto de Julio” quería ser la réplica local del “Pacto de Mayo” de Milei: un acuerdo de gobernabilidad, un gesto de madurez política.
Hoy, a un año, ese pacto luce como una estafa emotiva. No hubo mesas de trabajo, sino decretazos. No hubo consensos, sino choques. No hubo diálogo, sino silencio. El “gran acuerdo” quedó en la foto oficial y en un discurso para la tribuna. En la práctica, el intendente convirtió la política en una cruzada personal.
Del intendente al “Sheriff”
El cambio más evidente no está en las obras ni en la gestión (porque brillan por su ausencia), sino en el estilo. Azcué mutó del joven dirigente sonriente al “Sheriff Azcué”: un personaje rígido, hosco, convencido de que la autoridad se impone con gestos duros y expulsiones.
Despidos masivos de contratados pobres, persecuciones a críticos, la radio pública cerrada de un portazo, gremios unidos en su contra y un Concejo Deliberante convertido en escribanía exprés para aprobar reformas del COUyT, adjudicaciones y excepciones a medida. Eso no es gestión: es una caricatura de poder autoritario.
La soledad del poder
Lo más preocupante no son las peleas —que son muchas— sino la soledad creciente. Azcué rompió con Cresto, maltrató a radicales y referentes del PRO, ninguneó a instituciones y se blindó contra la prensa que no le festeja el libreto. Su frente político cruje. Y lo único que parece sostenerlo es un círculo chico, asesorías porteñas y un relato libertario que ya no convence ni a los propios.
Desde Paraná lo dicen sin vueltas: “Encima que la cosa está difícil, se pelea con todos al mismo tiempo”. Y en la calle el apodo ya hizo escuela: “No arranca”. Dos palabras que, con sorna, resumen la frustración de una ciudad que esperaba mucho más que peleas y decretos.
Promesas que se esfuman
La Concordia de hoy no tiene obras de peso, ni inversiones, ni recaudación saludable. La situación social empeora y la economía local está planchada. Frente a eso, la respuesta oficial fue refugiarse en la narrativa libertaria: culpar al pasado, atacar a los críticos y ensayar discursos de mano dura. Una serpiente que se muerde la cola y desgasta su propio capital político.
El problema no es que Azcué “no haga”. Hace. Pero hace daño. Da la impresión de que nunca entendió que gobernar exige estrategia, planificación y capacidad de generar hipótesis de trabajo. No alcanza con decretos y fotos. No alcanza con el gesto adusto de sheriff de utilería. Gobernar una ciudad como Concordia requiere política de verdad. Y hasta ahora, lo único que mostró es improvisación con aroma a soledad.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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